Por Juan Pablo Cárdenas S.:
Entre las curiosidades de la política chilena destaca la
aprobación por amplia mayoría en el Congreso Nacional de leyes que casi todos
estiman inconvenientes. Es lo que ha ocurrido con las dos reformas
constitucionales que les permiten a los trabajadores hacer uso de sus fondos de
pensiones. Dos retiros que suman el equivalente al 20 por ciento de sus ahorros
previsionales, cuando ya se habla de una tercera iniciativa al respecto siempre
con la intención de aliviar la situación de los millones de hogares afectados
por la crisis sanitaria.
Todo esto no sería tan absurdo si se considera que uno de los grandes problemas nacionales radica en el miserable monto de la jubilaciones que pagan las usureras administradoras de fondos previsionales (AFPs) y que con estas sustracciones podrían deteriorarse aun más. “La necesidad tiene cara de hereje” dice el refrán y explica en este caso la negativa del Gobierno de Piñera de otorgar más subsidios a los dos millones de trabajadores que continúan sin empleo e imposibilitados de cubrir siquiera sus necesidades más elementales. Un reciente informe del Banco Mundial estima que después de la Pandemia al menos 800 mil personas van a dejar de pertenecer a la clase media, reincorporándose a la ya enorme cantidad de pobres e indigentes. Muchos de los cuales, como anotan algunos expertos, padecen actualmente hambre, pierden sus bienes y se sumen en la desesperanza. Con todo lo cual, la población naturalmente se muestra iracunda y más violenta que antes.
No es que la clase política esté verdaderamente conmovida
por el dolor y la impotencia que sufren tantos habitantes. Lo que pasa es que
tiene miedo a que retorne el Estallido Social y que, en los próximos comicios
parlamentarios, municipales y para elegir gobernadores los resultados puedan
resultarles transversalmente muy adversos. Ya el reciente plebiscito, que
aprobó por casi un 80 por ciento la necesidad de una nueva Constitución, tuvo
como resultado agregado que todavía más electores rechazara la idea de que la
futura Convención Constituyente tenga representantes del Poder Legislativo. Una
manifestación muy explícita del repudio que hoy existe hacia nuestros
gobernantes cuanto del deseo que la nueva Carta Fundamental sea redactada
únicamente por representantes del pueblo y elegidos ad hoc por la ciudadanía.
No deja de llamar la atención que los mismos parlamentarios
que pospusieran por treinta años la promesa de una nueva Constitución,
dilataran por tanto tiempo la demandada reforma del sistema de pensiones,
siguieran privatizando empresas públicas y estratégicas, como otorgándole a los
capitales foráneos la explotación de los yacimientos, reservas acuícolas y
forestales, hoy consientan en reformas que hasta pudieran parecer
revolucionarias bajo un gobierno de derecha y de corte empresarial. Cuando los
antecesores de Sebastián Piñera presumían de socialistas o social cristianos y
se mantuvieran complacidos por el país exitista que se aparentaba.
“La derecha y la izquierda unidas nunca serán vencidas”
decía sarcásticamente el poeta Nicanor Parra,
y no es que se haya producido un sincretismo ideológico y moral, sino
solo el terror que le produce a todos el levantamiento popular que, como se
sabe, no reconoce líderes en partido político alguno y muestra en la Araucanía
y, especialmente en las concentraciones capitalinas, una ira inédita en nuestra
historia republicana, donde lo que siempre se impuso es la brutal represión
policial y militar. Si hasta los altos mandos castrenses le han hecho ver a las
autoridades que el Chile de hoy ya no es el de 1973 y dificultan mucho que
todos sus efectivos puedan hacer frente a la rebelión que avanza. Mientras se acongojan por las “turbas” que
ostentan cada vez más armas de guerra y recursos del narcotráfico, el nuevo
referente que hace gala hoy en las poblaciones marginales.
Por cierto, que en el Parlamento también hay muchos que lo
que más les preocupa es perder sus cargos, estipendios e influencias, en una
especie de confianza ciega en que siempre los efectivos de la FFAA y de las
policías serían capaces de salvarlos, poner orden y proteger sus intereses.
Muchos, por supuesto, le están poniendo fichas al proceso constituyente que se
abrió con el último plebiscito, sin considerar que, además del deseo de un
nuevo orden institucional, lo que la inmensa mayoría exige es pan, trabajo,
pensiones justas, salud, educación y libertad. Recuperación, también, de
nuestras riquezas básicas y efectiva soberanía sobre los generosos recursos de
nuestro territorio y mar. Más todavía cuando ya quedan en evidencia las trampas
que el Ejecutivo y los parlamentarios les dejaron puestas a la libre elección
de constituyentes, como los quórums establecidos para aprobar la nueva Carta
Magna. De todas las zancadillas que se les están poniendo, por ejemplo, a la
postulación de candidatos no militantes y del mundo social, a fin de mantener
el monopolio de los partidos.
De allí que muchos quieren aprovechar este tiempo a adviento
electoral para propiciar leyes que favorezcan la equidad social, terminen con
los privilegios empresariales y la impunidad en los procesos de corrupción
política y empresarial. Entre las múltiples demandas que exigen terminar,
además, con las abusivas exenciones tributarias, el abultado gasto militar, el
fin de las millonarias utilidades de la salud privada, las AFPs y hasta las
elevadas tarifas de las carreteras concesionadas y del agua potable, gas,
electricidad y otros servicios en manos foráneas. Ya se habla de aprovechar
esta curiosa convergencia política cupular para imponer un impuesto patrimonial
que grabe a los más ricos no solo para obtener recursos destinados a las
víctimas de la pandemia, sino para empezar a acortar las siderales brechas
existentes entre ricos y pobres.
También es curioso comprobar cómo los propios ex ministros
de Hacienda y Economía de los gobiernos de la Concertación y la Nueva Mayoría
descubren las groseras evasiones y elusiones tributarias que le han hecho
perder al Fisco enormes recursos para enfrentar las catástrofes naturales y
fomentar, entre otras inversiones la construcción de carreteras, hospitales y
establecimientos educacionales. Ahora descubren ellos mismos los
multimillonarios recursos en que se funda el peculio de un puñado de chilenos
que forman parte de la extrema riqueza nacional. Una actitud desvergonzada si
consideramos todo el tiempo de connivencia con empresarios tan abominables como
un Julio Ponce Lerou y aquellos protagonistas de las colusiones para elevar los
productos farmacéuticos, alimenticios y hasta del papel higiénico. Los mismos
que les evitaron a los inversionistas extranjeros, además, pagar debidos
royalties por la explotación de nuestros recursos no renovables.
Lo razonable es
entender que las convocatorias electorales no debieran suspender o aminorar la
presión social, la presencia del pueblo en las calles de todo el país. En
ningún caso dejarse ilusionar por la disposición pasajera de la política, ni
por la prácticamente imposible convergencia de los sectores llamados
vanguardistas, de cuyo canibalismo electoral para nada se han zafado.
La unidad debe ser, por, sobre todo, social y moral.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
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