Colombia: A otro con ese cuento, ministro Holmes Trujillo

 Por Tony López R (*):

Este pasado sábado 12 de septiembre el ministro de Defensa Carlos Holmes, Trujillo, afirmó que las violentas protestas y ataques a la policía se produjeron por la infiltración de las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC, incluyendo “anarquistas y terroristas” y son ellos los culpables de los sucesos en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Popayán, Pereira, Tunja y muchas otras ciudades, la respuesta de Juan Pueblo fue decirle: Holmes a otro con ese cuento.

En sus declaraciones desde la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, precisó: “Hay que señalar que el carácter organizado y sistemático de lo que hemos vivido recientemente es producto, también, de las infiltraciones y agregó: “Infiltraciones del ELN, de las disidencias de las FARC y de otros grupos con distintas denominaciones de anarquistas y terroristas que no hacen más que destruir la propiedad pública y la infraestructura ciudadana dedicada a la seguridad, como ocurrió recientemente en Bogotá y en otras capitales”.

Las declaraciones del ministro de Defensa, no debe sorprender a nadie, pero debemos detenernos en analizar cada una de sus palabras, para interpretar porque el pueblo responde, a “otro con ese cuento”, históricamente la oligarquía gobernante en Colombia ha responsabilizado a la guerrilla de las FARC y el ELN como los agentes perturbadores de la paz y de todas las acciones violentas que se presentan en el país. Pero si el ELN, las FARC, anarquistas y terroristas, movilizaron a esos miles y miles ciudadanos en esas capitales departamentales, entonces el gobierno debe preocuparse, porque esto no es más que expresión de la ingobernabilidad que impera en ese país y define a Colombia como un Estado Fallido.

Estos gobiernos oligárquicos y burgueses, no son capaces de mirarse hacia adentro y evaluar porque un pueblo sale enardecido a la calle, y clama por justicia, nada se parece más de sucedido con Javier Ordoñez, a lo que está sucediendo en las calles de los Estados Unidos, con el asesinato de George Floys, y que igualmente culpan de vandalismo a las masas populares que salen a exigir justicia y no a la impunidad. Basta de desprecio y brutalidad a los pueblos. Hasta en estos trágicos hechos, el gobierno de Colombia imita al de Estados Unidos.

Pero como siempre  el ministro no presenta pruebas,  es solo el discurso macartista de la época de la “guerra fría”,  culpar  a “ la guerrilla, a los  anarquistas y terroristas”,  especialmente en Colombia, donde los medios de prensa  levantan ese discurso desde hace 50 años y  siempre con el objetivo de sembrar la matriz de opinión y culpar a la oposición  con  hechos, vandálicos, que según el ministro de Defensa, tiene el fin de  “destruir la propiedad pública y la infraestructura ciudadana dedicada a la seguridad, se refiere  a los Comandos de Atención Inmediata (CAI) de la policía,  solamente en Bogotá fueron incendiados decenas de CAI por una enardecida  población, cansada de los abusos, la corrupción y brutalidad de la policía.

Estos CAI son pequeñas casetas de la policía, que tiene una pequeña dotación, cuyo objetivo era apoyar a la población y cuidar el orden público, pero se han convertido, según denuncias públicas, en centros de violaciones a mujeres y de torturas a jóvenes líderes de la comunidad. Como ha sido el caso de Javier Ordoñez que en la madrugada del 9 de septiembre, la golpiza fue tan brutal que murió a causa de ella, y que provocó este levantamiento popular, o lo sucedido a Wilder Andrey Téllez, un líder comunal, quien en el CAI Arborizadora Alta, en ciudad Bolívar, le destrozaron la cara, incluyendo la pérdida de su dentadura, todo esto ha provocado el levantamiento popular los días 9 y 10 pasado y que Holmes, sin prueba alguna se lo atribuye al ELN, FARC, anarquistas y terroristas.

Lo que no dice Holmes, es que los 14 jóvenes civiles muertos, los más de 260 heridos y 600 detenidos, han sido provocado por la policía, como consecuencia de la brutal represión a que han sido sometidas las protestas y manifestaciones pacíficas del pueblo colombiano contra la actuación criminal de la policía y de su cuerpo represivo el SMAD.

Policía que por cierto a desacatado la autoridad de la alcaldesa Claudia López, la que con todo derecho a pedido explicaciones al presidente y a las Fuerzas Militares por estos graves hechos y ella debe exigir se haga justicia y paguen los culpables ante los tribunales.  Acción represiva de ayer domingo 13 en la plaza Bolívar, Bogotá contra la convocatoria que hizo la alcaldesa por la reconciliación y que fuera dispersada con gases lacrimógenos, por la acción de unos vándalos que “nunca la policía puede detener”. La consigna popular es, no más impunidad del uribismo.

En Colombia históricamente, la oligarquía liberal-conservadora dominante, se ha dedicado con el apoyo de los medios de comunicaciones, a descalificar a la oposición sean de centro izquierda, izquierda y por supuestos a las organizaciones insurgentes, por lo que no es nueva esta estrategia mediática del ministro de Defensa, de señalar al ELN y a las FARC, Anarquistas y Terroristas como los responsables de los sucesos del 9 y 10 S.

Pero pongan atención, que el ministro de Defensa Holmes Trujillo no haya mencionado a los paramilitares como presuntos culpables, esa omisión evidencia que el gobierno y el paramilitarismo son muy buenos aliados.  Los paramilitares son los responsables de las decenas y decenas de masacres cometidas, solo en lo que va de este año se han cometido 55 masacres y el gobierno de Duque Márquez, no ha presentado ante los tribunales a un solo sospechoso. El paramilitarismo históricamente ha desarrollado el trabajo sucio a favor de los poderosos intereses políticos, existe suficiente información pública ofrecida incluso por jefes paramilitares, entre ellos Carlos Castaño sobre el tema.

Lo que no se puede descartar que haya sido la policía la que, utilizando a delincuentes, bandidos y paramilitares, hayan cometidos esas en acciones vandálicas, infiltrándolos dentro de esas manifestaciones populares opositoras al gobierno y a los abusos de la policía. Ese es un viejo método de la policía, no solo en Colombia, también en otros países, incluyendo los Estados Unidos.

Nunca en este gobierno ni en los anteriores,  se han presentado pruebas contra acciones del ELN, las FARC y de presuntos anarquistas,  muy por el contrario, la Fiscalía ha incurrido en el delito de falsedades, al   atribuirle actos terroristas a jóvenes inocentes, algunos de los cuales han pagado  años de cárceles y otros han tenido que ser liberados por carecer de pruebas, como lo sucedido con el caso de la bomba del Centro Andino, donde perecieron dos personas y culparon al ELN, encarcelando por más de 20 meses a varios jóvenes y nunca pudieron probar nada de lo que les acusaban y por tanto los jueces que conocieron del caso los absolvieron y liberaron. 

Pero sí se ha denunciado la existencia de   una justicia corrupta, sobre todo la Fiscalía que en esa época  dirigía Néstor Humberto  Martínez Neira y que ahora dirige Francisco Barbosa y se prestaban a esos  manejos porque se trata de un sector de la justicia subordinada a las acciones política del gobierno de turno, política que es conocida como el Cartel de la Toga y denunciadas por líderes políticos como Gustavo Petro, Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Gustavo Bolívar, todos senadores de la República.

En mis años de estudio sobre Colombia y en decenas y decenas de conversaciones que sostuve con dirigentes políticos, académicos, empresarios, historiadores, alcaldes, gobernadores,  siempre recuerdo, que los dirigentes de los partidos liberal y conservador, me decían  cuando se firme con la guerrilla la paz, tendremos la posibilidad de que él país, se encause y que todos los colombianos nos reconciliemos y los que esgrimieron las armas, puedan por medio de la política, trabajar y proponer sus plataformas políticas y electoralmente  lograr el poder y hacer los cambios propuestos en su programa.

La realidad ha sido otra, el 24 de noviembre del 2016 se firmaron   los Acuerdos de Paz de La Habana, lo que permitió que en base a los acordado se cumplieran de manera transparente y constructivamente en un escenario donde reinara la tranquilidad, la paz y la reconciliación. En diciembre del 2016 el Congreso y la Corte Constitucional, aprobó uno de los importantes acuerdos, la amnistía de los presos políticos, acuerdo que fue cumplido en parte, aún mas de 300 ex guerrilleros cumplen prisión.

Las FARC-EP realizó su 10ma Conferencia en los Llanos del Yari y determinaron, convertirse en un Partido político y competir en las elecciones del 2018. En un gesto de confianza o de ingenuidad, nunca recogido, en los anales de la historia de nuestra región, con el acompañamiento de la ONU y del gobierno de Santos y una comisión verificadora, las FARC-EP entregó las armas, más de 9 mil fusiles y otros artefactos de guerra. Y concentraron a sus combatientes en las llamadas zonas veredales, custodiadas por el ejército, todo en ese año 2017 y luego estas zonas devenidas en los llamados Espacios Territoriales de Educación y Reconciliación. Por cierto, de esos combatientes desmovilizados en lo que va del proceso, 260 han sido asesinados entre ex guerrilleros y familiares, incluyendo niños.

Se constituyeron las diversas comisiones para la implementación de los acuerdos y al día de hoy, esos acuerdos se han incumplidos en su casi totalidad, salvo el de la Justicia Especial de Paz (JEP), pero por ahora solo han sido  los guerrilleros los convocados, y  algunos militares, pero todos de baja graduación, y solo al general Montoya, pero a ninguno de los miembros del Alto Mando militar y mucho menos a magnates y terratenientes que financiaron el paramilitarismo, tampoco a los ejecutivos del  gobierno, bajo cuyo mandato se produjeron las masacres de más de 5000 inocentes jóvenes, que eufemísticamente le han dado el nombre de falsos-positivos, todos ejecutados bajo el manto de la política de Seguridad Democrática. 

Aquellos planteamientos de dirigentes liberales y conservadores, alguno de los cuales, no dudo que estaba comprometidos con una reconciliación nacional y un proceso de paz, estable y duradero, pero la realidad fue otra.  Las FARC-EP se convirtieron en un partido político Fuerzas Alternativa Revolucionaria del Común, se eligió entre los suyos el candidato a la presidencia, Rodrigo Londoño c/p Timochenko, pero este tuvo que abandonar su aspiración, en cada lugar y territorio donde asistía a presentar su proyecto, se aparecían  vándalos pagados y apedreaban o armaban revueltas para impedir la realización del acto electoral, con esa situación y una muy desproporcionada ofensiva mediática en contra de la campaña “Timochenko presidente”, incluyendo un plan de atentado personal,   ese fue el escenario “democrático” y “la garantía” que el gobierno y la oligarquía dio a dicha campaña.

Aquella idea de una aspiración presidencial, era un sueño, pero lo que sí quedó   demostrado, que, en Colombia, la democracia está muy lejos de ser real, desde hace 200 años que en este bello y rico país ha imperado una dictadura, que se expresa en la disputa por el poder, entre liberales y conservadores desde 1830.  En Colombia se fraguó y ejecutó el asesinato del mariscal Antonio José de Sucre y se intentó asesinar al Libertador, Simón Bolívar, detrás de estos hechos se sabe y es público que estuvo el traidor Francisco de Paula Santander, cuyo pensamiento impera aún en la oligarquía colombiana, la subordinación de Uribe y Duque a Estados Unidos hoy, es una clara expresión de ese pensamiento.

Luego de esa inaudita e incompresible desmovilización y entrega de armas de la FARC, sin garantías, sobre la base de unos acuerdos que nunca se cumplieron, como hoy afirma uno de los abogados más prestigioso de España, Enrique Santiago que fuera asesor del proceso de paz de La Habana en su Twitter del pasado 12 de septiembre, afirmó. “finalmente harán trizas la paz: no hubo reforma rural, no erradican la violencia de la política, continúan las masacres y crímenes de Estado y los ataques a la justicia. No se entiende la obcecación de las elites colombianas por destruir su país, por negarse a modernizarlo”.

Pero los sucesos del 9 y 10 S, es un campanazo y todo hace indicar que Juan pueblo ha despertado y ojala que sus protestas pacíficas y llamamiento a que se haga  realidad una paz estable en Colombia, cesen los crímenes y masacres contra la oposición y se haga realidad un cambio de modelo que  beneficie al pueblo en salud, educación, vivienda, empleo y salario justo, que se elimine el decreto laboral 11 74, que solo beneficia a los empresarios y lleva al hambre y miseria a los obreros y trabajadores colombianos, por eso, solo cuando se haga esos cambios estructurales, será entonces,  cuando  alcanzaran la verdadera democracia en Colombia.

 

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

 

jorgarcia726@gmail.com