Hubo acercamiento entre las posiciones del gobierno
argentino y los bonistas, por mediación del FMI y la Casa Blanca. Un acuerdo de
ese tipo por la deuda impondrá muchos sacrificios a los argentinos.
En abril el ministro Martín Guzmán presentó su propuesta de
renegociación de una parte de la deuda externa, unos 68.000 millones de
dólares, a los tres grupos de bonistas acreedores.
Las condiciones ofertadas eran un recorte del 62 por ciento
en los intereses, del 5,4 en el capital y una tasa de interés del 2.5 por
ciento. «De ahí no nos movemos», planteó el gobierno, porque eso es lo que el
país puede pagar. Si en ese ámbito confiaron en reunir una cantidad suficiente
de consentimientos, el resultado fue decepcionante pues menos del 20 por ciento
dio su okey.
A partir del 22 de mayo, como tampoco hubo aceptación de los
bonistas, el país ingresó en default o cesación de pagos. Lo hizo en forma
mitigada porque ambas partes se dieron un plazo hasta el 2 de junio para limar
las diferencias. Ahora ya se advierte que, ante las dificultades, puede
extenderse otros diez días hasta el final-final.
Conscientes de que están agotándose los plazos, ambas
partes, pero especialmente el gobierno argentino, han modificado sus propuestas
originales. La situación es dramática, pero al cronista le viene a la memoria
un tema cree de Les Luthiers donde Marcos Mundstock ponía en boca de un
personaje la frase «de acá no me moveré» y reanudaba el relato diciendo «30
kilómetros al sur…».
La oferta inicial de Guzmán era reconocer a los bonos un
valor de 38 centavos de dólar. Los bonistas reclamaban 55 o más y el fondo más
buitre, BlackRock, 62.
Esas diferencias recorrían toda la arquitectura
financiera-política: en vez de tres años de gracia, el fondo mencionado decía
cero gracias: a garpar ahora.
La nueva propuesta de Economía, presentada el jueves 28 a la
noche, baja a dos los años de gracia, aumenta la tasa de interés y hace otras
concesiones, por lo que, de conjunto, les reconoce unos 48 o 50 centavos de
dólar. En esa mejoría se incluye como «endulzante» (veneno, según se mire) un
pago extra como cupón adicional. No estará ligado al PBI como en la
renegociación de 2005 por la sencilla razón de que ahora no habrá crecimiento
del mismo.
El FMI, la Casa Blanca y el Departamento de Estado han
oficiado de amables componedores. Y lo han logrado, porque las partes están más
cerca. Eso no significa que antes del 2 de junio o del 12, se vaya a anunciar
el acuerdo con bombos y platillos. Hay varios miles de millones de dólares de
diferencia, que están en juego; algunos bonistas están dispuestos a esperar y
ligar en Nueva York para cobrar el precio nominal de sus títulos, más los
intereses, comisiones y honorarios. Así lo lograron en 2015 con la llegada al
gobierno de su aliado Mauricio Macri.
Lo que se pierde.
Alberto Fernández ha reiterado instrucciones a Guzmán para
que parta las diferencias y firme un acuerdo con los acreedores, aún consciente
del precio a pagar. En la misma sintonía, Cristina Fernández de Kirchner,
habría desmentido que ella impulsara a Guzmán en dirección a un default, como
eran las acusaciones de la prensa monopólica.
El sentido común indica que si los dos socios principales
del gobierno, AF y CFK, están contestes en acordar y pagar, y si Kristalina
Georgieva y Wall Street empujan en esa misma dirección, lo más probable es que
al final habría un humo blanco de «haremos acuerdo».
Eso no se puede asegurar hoy.
En primer lugar porque hay bonistas con diferentes
posiciones y algunos no están dispuestos a perder más dinero (en rigor ganar un
poco menos).
Y segundo término, porque aunque el presidente quiera pagar
un alto precio y lo aplaudan miembros de su administración muy afines a
Washington, como el influyente Gustavo Béliz, el canciller Felipe Solá y el
titular de YPF, Guillermo Nielsen, entre otros, pueden surgir voces en contra,
incluso de gente de su mismo palo.
Un ejemplo tomado de las explicaciones oficiales da cuenta
de lo injusto de ese pago. Según Fernández y Guzmán, uno de los argumentos que
usan para rechazar las mayores demandas de los fondos es que con el FMI tienen
acordado un tope de pago de la deuda equivalente a 3 puntos del PBI. Como el
PBI argentino es de 350.000 millones de dólares, 3 puntos equivalen a 10.500
millones de dólares a pagar cada año.
¿El gobierno aceptará abonar semejante cantidad de dinero
por una deuda odiosa e ilegítima, incluso ilegal en varios de sus tramos y
bonos?
No son pocos los argentinos que antes de sellar un
compromiso de ese tipo plantean que se debe analizar sus vicios, sobre todo
acumulados en los cuatro años del macrismo, de unos 150.000 millones de
dólares.
Las dudas sobre aquella legalidad se acrecentaron luego del
informe del Banco Central sobre la fuga de capitales, publicado el 14 de mayo.
Allí se plantea que esa «formación de activos en el exterior» (sic) alcanzó la
friolera de 86.200 millones de dólares. Y el gobierno no puede desconocer de
quiénes se trata, porque el titular del Central tiene toda esa data, aunque se
ha cuidado de darla a publicidad.
De todas maneras, en El Cohete a la Luna y LA ARENA del 17 y
24 de mayo Horacio Verbitsky publicó que los mayores fugadores de divisas
fueron Paolo Rocca, Héctor Magnetto, Marcelo Midlin, Luis Pagani, Miguel
Acevedo y otros monopolistas.
Las dudas son varias. ¿Hay que pagar o auditar primero? En
caso de pagar, no solamente se deben discutir los montos y fechas sino también
de dónde deben salir los fondos para esas erogaciones. ¿Es muy alocado y
patriótico sugerir que los fugadores de divisas aporten de sus peculios para
ese pago?
Vivir con lo nuestro.
Rocca y el clan de los miserables no quieren poner plata
para el aporte extraordinario del impuesto a la riqueza, proyecto que sigue
navegando entre las nubes de Úbeda, diría Vicente Saadi. Tampoco para pagar los
salarios de su propio personal. Es vergonzoso que el Estado haya aportado el 50
por ciento para eso a Techint, Clarín, Vicentín, Arcor y otros fugadores de
capital, en el marco del programa de asistencia ATP que iba a beneficiar a
Pymes y empresas de hasta 800 empleados y luego no tuvo topes.
No pagan los salarios de su personal, no quieren hacer el
aporte excepcional a las grandes fortunas y menos abonar de su bolsillo la
deuda del país que ellos endeudaron y vaciaron sobre todo en los años de Macri,
pero también antes y después.
Si los bancos recibieron del Central el importe de sus
inversiones en Leliq por miles de millones de pesos y fueron a comprar dólares
a 60 pesos que hoy cotizan al doble, y no hicieron ningún aporte. Si los
exportadores están aguantando en los silos en espera de la devaluación para
cobrar sus ventas a un dólar de 120 pesos. Si los ricachones no quieren pagar
el impuesto a la extraordinaria riqueza. Si los monopolios se hacen pagar el
sueldo de sus empleados y jerarcas. Si no se avanza sobre las 950 cuentas de
argentinos con millones de dólares no declarados en el exterior, etcétera.
Si eso es así, y la realidad indica que lo es, entonces el
gobierno, que a su vez ha visto disminuida su recaudación en más del 35 por
ciento, seguirá afrontando los mayores gastos sociales dándole duro a la
maquinita de imprimir billetes. Y eso significa un grave peligro inflacionario
a un plazo no largo sino corto o a lo sumo mediano.
Hoy se supo que en abril de 2020 se perdieron 91.237 empleos
en relación al mes anterior, marzo, cuando empezó la cuarentena. Si la
comparación se extiende hasta abril de 2019, la disminución de empleos llega a
254.244 puestos, un 40 por ciento correspondientes a la construcción.
Si tanta gente perdió el empleo y hoy no puede hacer changas
o lo hace en mínimo grado por la caída de la actividad y la cuarentena,
entonces es posible que la pobreza no afecte al 35 por ciento de la población,
sino que puede rondar el 50 por ciento, como en la peor crisis del 2001.
En estas condiciones económico-sociales es muy equivocado
que el gobierno nacional proponga a los bonistas el mencionado plan de pago.
Aun suponiendo que le aceptaran el inicio de pagos en dos años, en 2022, eso
será una locura, por lo siguiente: la economía argentina caerá 9 puntos en 2020
y se supone que con mucha suerte puede crecer 9 puntos en 2021. O sea que, en
2022, cuando se debería comenzar a pagar esos 3 puntos del PBI (10.500 millones
de dólares anuales), la economía estaría en el mismo nivel de 2019 (menos 9 en
2020 y más 9 en 2021). ¿Cómo pagar en 2022 semejante cantidad de dólares de una
deuda no investigada con la misma y debilitada economía de 2019, que venía de
dos años seguidos de caídas?
No es sólo que las cuentas no dan. No es justo que los
sacrificios vuelvan a reclamarse de hecho a los trabajadores, jubilados,
cooperativas, Pymes y demás sectores populares. Esta vez habría que desobedecer
y patear el tablero de los fondos buitres (hay que llamarlos por su verdadero
nombre). Y entonces pasar a «Vivir con lo nuestro», diría el gran Aldo Ferrer.
Cuando aún no pagaron nada, esos monopolios por medio de
intelectuales orgánicos de decadentes neuronas mienten con que este gobierno es
una «infecta dura» y que «la democracia está en peligro». Aunque usen barbijos,
aquellas patronales y estos tipos contaminan…
ortizserg@gmail.com
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