Por Verónica Zapata:
Desde que Jeanine Añez se autoproclamó como presidenta el 12
de noviembre del 2019, se registraron más de 35 casos de corrupción en el país,
los más resonantes fueron los que incluyen a personas de confianza del gobierno
de facto dentro las principales empresas estratégicas como BoA, E.N.T.E.L.,
Y.P.F.B. El caso que causó mayor escándalo y repudió fue la compra con sobre
precios de respiradores que son inservibles para el tratamiento de pacientes críticos
con Covid-19. Pero cuando se pensaba que no se podía superar ese vil negociado,
se suma otro negociado repudiable que adquirió carácter de escándalo
recientemente en el país.
Se conoció que el gobierno de facto lucra hasta con la
compra de agentes químicos con los que reprime al pueblo boliviano. El 25 de
noviembre del 2019 el ministerio de gobierno a la cabeza de Arturo Murillo, le
pidió a la empresa Cóndor un presupuesto técnico- económico por la compra de
agentes químicos para la fuerza policial y militar. El 26 de noviembre del 2019
el ministerio de gobierno manifiesta a la empresa Cóndor que la compra de los
agentes químicos se realizaría a través de la empresa intermediaria brasileña
Bravo Tactical Solutions LLC que tiene sede en EEUU, y no con otro distribuidor
que dicha empresa tuviera en Bolivia. En ambas oportunidades la carta estuvo
firmada por Sergio Zamora, director de asuntos administrativos del ministerio
de gobierno.
El 19 de diciembre del 2019 en el marco del decreto supremo
4.116 con fecha 12 de diciembre del 2019, el ministro de defensa Luis Fernando
López y el representante legal de Bravo Táctica Solutions LLC, Brayan Samuel
Berkman firmaron un contrato de compra directa de agentes químicos por
5.649.137 millones de dólares equivalente a 39.317.998 millones de bolivianos.
La cantidad y descripción de la compra en el contrato refiere a: 50.000
proyectiles de largo alcance, 50.000 proyectiles de corto alcance, 11.500
granadas cuádruple acción, 11.500 granada triple acción, 12.000 aerosoles,
11.500 perdigones de goma, 69.647 cartuchos de pólvora.
El gobierno boliviano compro dos productos químicos al
siguiente valor: se pagó por un proyectil de largo alcance 37/38 mm 38,80
dólares (270 bolivianos) por unidad y se adquirió 50.000 unidades, por el
proyectil de triple acción 37/38 mm se pagó 35,92 dólares la unidad (250
bolivianos) y se adquirió también 50.000 unidades. El gobierno de la República
Bolivariana de Venezuela compro los mismos productos a la misma empresa
brasileña. Por el proyectil de largo alcance 37/38 mm pagó 13,55 euros (112
bolivianos) por unidad, por el proyectil de triple acción 37/38 mm 14 pagó 55
euros (116 bolivianos) por unidad.
Por lo tanto, el gobierno boliviano pagó más del doble de lo
que pagó el gobierno venezolano por los mismos productos y a la misma empresa.
De acuerdo a la orden de compra de Venezuela respecto a 100 mil gases
lacrimógenos, hay una diferencia de sobreprecio de 2.126.436,78 millones de
dólares (14.800.000 bolivianos) en detrimento al estado boliviano.
El ministerio de gobierno designó un intermediario para
comprar 215.000 agentes químicos por el valor de 5.650.000 millones de dólares
de forma directa a través de la empresa brasileña Bravo Tactital Solutions,
cuyo representante legal es el hijo del dueño Luis Brerkman Littmann, quién
fuere procesado el 2001 por el delito de tráfico de armas por 50 fusiles, ese
entonces logró salir de la cárcel con medidas sustitutivas, se fugó a EU, fue
procesado por ese delito. Aquí la clave, Luis Brerkman Littmann es amigo de
Rodrigo Méndez Mendizábal hombre de confianza de Arturo Murillo y actual jefe
de gabinete del ministerio de gobierno que eligió la empresa intermediaria para
realizar dicha compra. Rodrigo Méndez Mendizábal aparece en fotos en reuniones privadas
y actos de campaña junto a Jeanine Áñez.
La modalidad delictiva en la
compra de respiradores y en agentes químicos.
En ambos casos se repite la modalidad delictiva, las compras
se realizaron con sobreprecios elevados y se utilizaron intermediarios “a dedo”
para realizar la compra, tiene como protagonistas a altos funcionarios del
gobierno de facto implicados en una red de corrupción, y hay implicados que cuentan en su haber con
condenas por la justicia. También, en ambos casos se expresó la C.I.D.H.
El caso de los “agentes químicos” tiene como principales
protagonistas a altos funcionarios como el ministro de gobierno, Arturo
Murillo, al jefe de gabinete de dicha cartera Rodrigo Méndez Mendizabal y al
ministro de defensa Luis Fernando López.
Arturo Murillo reconoció la compra mediante un comunicado, pero sostuvo
que se realizó dentro del marco legal, aunque las pruebas de los contratos lo
contradicen. Solicitó rectificar las acusaciones por el caso al periodista
junior Arias: “No vamos a descansar hasta que el Sr. Arias rectifique y
restaure la dignidad e imagen de las apersonas dañadas”.
Por su parte, el periodista ratificó las denuncias y
confirmó que solicitará medidas cautelares de protección ante las amenazas a la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (C.I.D.H.). Por otra parte, el relator
especial para la libertad de expresión de la C.I.D.H. Edison Lanza manifestó su
“grave preocupación” por la respuesta del ministerio de gobierno a un
periodista. Sostuvo: “Calificar de “guerra sucia” o “guerra política” a un
medio es estigmatizador, en lugar de rendir cuentas sobre el tema de fondo”,
señalo en su cuenta de Twitter.
En el caso participo una empresa intermediaria “amiga” como
en el caso de los respiradores. Rodrigo Méndez Mendizábal, actual jefe de
gabinete del ministerio de gobierno, es amigo de Luis Brerkman Littmann, dueño
de la empresa intermediaria que vendió los agentes químicos y que tiene
antecedentes delictivos por venta de armas de guerra. Lo cual no fue impedimento para que la
empresa no fuera elegida como intermediaria. El escándalo amenaza con salpicar
a la presidenta de facto porque a Rodrigo Méndez Mendizábal se lo observa en
fotos en reuniones privadas y en plena campaña electoral junto a Áñez.
En las próximas horas, se espera que se investigue el valor
de compra de los cinco productos restantes que figuran en el contrato, que
elevaría el monto de compra con sobreprecio en detrimento al estado. Y si en la
compra de este tipo de productos, que se disparó pos golpe de estado, se
prosiguió con esta modalidad delictiva en todos los casos.
En el “casos respiradores” fueron detenidos hasta el ex
ministro de salud Marcelo Navajas, entre varios otros. Están implicados en el
caso funcionarios de primera línea. Navajas tenía en su haber una condena por
la venta con sobreprecios de medicamentos para el cáncer en el momento de
asumir como funcionario y esto no fue impedimento para ocupar el cargo. Su
esposa involucró a la presidenta de facto, Jeanine Áñez y al ministro de
gobierno Arturo Murillo de ser responsables por la compra de los respiradores,
dado que su marido: “No tenia poder de autorizar transferencias de dinero para
compras” y amenazó con hablar si mantenían en la cárcel al ex ministro de salud
Navajas, por lo que fue liberado pocas horas luego de su detención.
El caso, volvió a ser noticia con la detención del juez Hugo Huacani, quién le iba a tomar declaración al ex ministro de
salud, quién detenido sin una orden de
aprehensión, ni causa penal abierta en su contra por Iván Rojas director
general de la fuerza especial de lucha contra el crimen (F.E.L.C.C.) por orden
del ministro de gobierno Arturo Murillo que desató un escándalo a nivel
mundial, cuando dicho juez escribió en un papel improvisado su propia acción de
libertad, lo que se conoce como un “hábeas corpus” y rememoró a Bolivia que en
1972 el abogado Reynaldo Peters redactó un hábeas corpus en papel higiénico cuando fue detenido por la
dictadura de Hugo Banzer. La C.I.D.H. se expresó:
“La independencia judicial es vital para un estado de
derecho”. Finalmente se designó otro juez en el caso, allegado de Soledad
Chapetón, alcaldesa de El Alto, aliada de Áñez. En el medio apareció Fernando
Húmerez, un “testigo clave” que se presentó de forma espontánea y que adujo
tener pruebas para demostrar que el gobierno de facto fue estafado por las
empresas españolas en su buena fe. Si tal es el caso, llama la atención que el
ministerio público solicitara a la autoridad judicial la reserva del caso.
(*) periodista y psicóloga boliviana.
zapataveronica513@gmail.com
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