Por: Tony López R:
La vergonzosa conducta del gobierno de Donald Trump,
utilizando la lamentable y peligrosa Pandemia del Covid-19, contra gobiernos
latinoamericanos al expulsar a cerca de 2000 emigrantes de 11 países de la
región y muchas de esas personas contagiados con el virus Covid-19, es una
forma de exportar la enfermedad, tal como lo denunciaron los medios locales y
la Agencia de Noticias Telesur.
A esa criminal acción se suma el bloqueo a empresas europeas
y estadounidenses, que no pueden vender medicinas e insumos para la fabricación
de medicamentos y prótesis a Cuba y Venezuela. La opinión pública mundial debe
tomar nota de estos actos que deben ser considerados como un crimen de guerra,
denunciarlos y exigir que los organismos internacionales, tomen medidas y acciones
a estas graves violaciones a los derechos humanos y de los pueblos de nuestra
América Latina Caribeña. No se debe aceptar la impunidad de la que hoy goza y
disfruta EE.UU. contra nuestros pueblos.
El Secretario de Estado, Mike Pompeo, continúa en su campaña
difamatoria contra Venezuela y Cuba, vinculándolos al narcotráfico, sin la más
mínima prueba, la que además no puede tener, porque es una execrable calumnia,
desmentida por la propia agencia antidroga DEA. El objetivo de esta repugnante
mentira es sembrar esta matriz de opinión que justifique la intervención
militar de Estados Unidos en Venezuela.
Por otra parte, Pompeo se ha dedicado a presionar a diversas
naciones que han solicitado a Cuba la compra del Interferón Alfa 2B, importante
medicamento cubano para combatir el Covid-19, y la desvergonzada campaña de
tratar de desprestigiar a la medicina cubana y a nuestros galenos, campaña que
ha sido repudiada nacional e internacionalmente.
En respuestas a la sarta de falsedades de Pompeo, diversos
gobiernos, incluyendo los de Italia y Andorra, solicitaron los servicios
médicos cubanos, en total hoy tenemos 25 brigadas prestando su labor
humanitaria en varias islas del Caribe y en África, una acción que sin
mencionarlo desenmascaran a Pompeo y lo hace caer en un gran ridículo.
En plena campaña contra Cuba, el presidente Trump, su
Secretario de Estado y la mafia contrarrevolucionaria de Miami, alentaron con
su política que se produjera un artero y criminal acto terrorista contra la
embajada cubana en Washington. Las autoridades cubanas, luego de más de 36
horas de los hechos, espera la respuesta y resultados de la investigación por
parte del Departamento de Estado y su gobierno por lo sucedido la madrugada del
pasado 30 de abril, cuando su embajada, fue cobardemente atacada con intenso
fuego de un fusil de asalto AK47, por un terrorista de origen cubano llamado
Alexander Alazo, de 42 años, procedente de la localidad de Aubrey, Texas.
Y como bien señaló el canciller cubano, “este acto
terrorista seguramente está impulsado por esa política hostil hacia Cuba” y le
añado, campaña injustificada de odio, promovida por el actual gobierno de los
Estados Unidos.
Mientras su país atraviesa una grave crisis producto de la
Pandemia del virus Covid-19 y confronta serios problemas económicos, crisis
laboral con 30 millones de desempleados y graves problemas de salud para cerca
de 13 millones de migrantes, Pompeo se dedica a conspirar con los gobiernos de
Colombia y Brasil, sus principales aliados, con el fin de provocar un violento
conflicto en Venezuela, acusando al presidente Maduro de liderar el ingreso de
drogas en Estados Unidos.
Será que Pompeo, ex jefe de la CIA y ahora Secretario de
Estado, desconoce que Colombia produce el 90 por ciento de la cocaína que se
consume en Estados Unidos, introducidas por carteles colombianos y mexicanos,
de acuerdo a informes de la Agencia norteamericana DEA. Por favor, señor Pompeo
no insulte la inteligencia de la opinión pública de nuestra región.
Ignora Pompeo que el ex presidente y senador Álvaro Uribe
Vélez, mentor y guía del actual presidente Iván Duque Márquez, está sindicado
desde 1991 por el Pentágono y su departamento de Defense Intelligence Agency
(DIA) como colaborador del Cartel de Medellín.
El informe del DIA con el registro No 82, expone lo
siguiente “Álvaro Uribe Vélez, un político y senador colombiano dedicado a la
colaboración con el cartel de Medellín, en las altas esferas del gobierno.
Estuvo vinculado a los negocios relacionados con las actividades de narcóticos
en Estados Unidos”. “Uribe ha trabajado
para el cartel de Medellín y es un cercano amigo personal de Pablo Escobar
Gaviria.” (1) Información se encuentra
en http//www. Gwu.edu/ nsarchiv/NSA
EBB/NSA EBB131/index.htm
Desconoce el Secretario de Estado que, en el año 1981
durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala, Álvaro Uribe Vélez fue
nombrado Director de Aeronáutica Civil, y otorgó numerosos permisos para construir pistas de aterrizaje
y cientos de licencia a los pilotos del
Cartel de Medellín, por estos actos fue acusado, curiosamente por el
padre del actual Presidente de Colombia, el entonces gobernador de Antioquia,
Iván Duque Escobar, al otorgarle licencia, para abrir la ruta aérea
Medellín-Turbo, al conocido narcotraficante Jaime Cardona, petición desoída por
el presidente Turbay. O la renuncia de Álvaro Uribe Vélez como alcalde de
Medellín, a los cuatro meses de su nombramiento en 1982, por expreso pedido del
presidente Belisario Betancourt, por sus conocidas relaciones con Pablo
Escobar.
Mike Pompeo desconoce la lluvia de acusaciones que existen
no solo contra Uribe Vélez sino contra numerosos ex miembros de su gabinete y
de altos jefes militares vinculados al paramilitarismo, que cumplieron y otros
hoy cumplen prisión, algunos fueron
extraditados a Estados Unidos y el caso más notorio es el del Jefe de la
Seguridad Personal del presidente Uribe Vélez,
el general Mauricio Santoyo Velázquez, extraditado y condenado a 13 años
de prisión por una Corte de Virginia, por sus relaciones y negocios con la oficina encargada del narcotráfico en
Antioquia conocida como la OFICINA DE ENVIGADO.
Rebajada la pena al general Santoyo por su colaboración, en
abril del pasado año 2019 fue extraditado a Colombia y encarcelado y cumple
prisión, con graves acusaciones por su vinculación a la desaparición de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José
Quintero, pertenecientes a ASFFADE y complicidad en masacres cometidas por los
paramilitares y enriquecimiento ilícito, este último delito estalló esta semana
y ha tenido una amplia repercusión y un gran escándalo titulado La fortuna
escondida del ex jefe de seguridad de Uribe.
La pregunta de la opinión pública colombiana es, cómo con un
salario de un General de la Policía se puede acumular una fortuna de más de
6.193.415.576 millones, o será que Santoyo, no es más que un testaferro. O un
gran capo del narcotráfico.
Otros graves escándalos han estallado en estos días en
Colombia, la revista Semana bajo el título
la Carpeta Secreta, dá cuenta de que
el Ejército colombiano, desarrollaba un amplio trabajo de espionaje telefónico, visual y de
seguimiento, a importantes dirigentes
políticos de izquierda, legisladores, periodistas, congresistas, dirigentes de
los derechos humanos, y magistrados entre otros, que condujo a la separación de
sus cargos a 11 importantes oficiales
del Ejército, según dio a conocer el
ministro de Defensa.
25 congresistas colombianos han solicitado el
esclarecimiento de estos hechos y no se conforman con las declaraciones del
ministro de Defensa Holmes Trujillo, el senador Gustavo Bolívar, expresó a la
agencia de noticia Telesur, que solicitará la renuncia del ministro de Defensa,
y se pregunta: ¿cómo es posible qué, si desde del pasado año se conocían estas
actividades, solo ahora las den a conocer y sea, en este momento, cuando lo
revela la revista Semana.
Muchos escándalos han surgidos en los dos últimos meses en
Colombia, las declaraciones del Jefe militar en el departamento del César, el
coronel Publio Hernán Mejía,
recientemente condenado a 19 años
de cárcel, por sus relaciones con el narco paramilitarismo y especialmente por
su participación en una brutal masacre de jóvenes que acusaban falsamente de
pertenecer al ELN, preguntado por el tribunal, de quien le dio la orden de
ejecutar dicha masacre, sin ninguna duda
respondió que la recibió directamente del presidente Álvaro Uribe
Vélez.
El coronel Mejía reveló además las relaciones y absoluta
coordinación e incluso de acciones conjuntas del Ejército y los paramilitares a
las órdenes de Jorge 40 y Hernán Giraldo, los importantes dos jefes
narcotraficantes de la costa atlántica, hoy cumpliendo cárcel en Estados
Unidos. Las relaciones de sectores de las FF-MM con el paramilitarismo es
conocido, Puerto Boyacá es su más fiel ejemplo.
Otro gran escándalo que vincula al ex presidente y actual
senador Uribe Vélez, es el del renunciante embajador en Uruguay Fernando
Sanclemente, a quien le encontraron dos laboratorios de procesamiento de
cocaína en una de sus fincas y, según la Nueva Prensa, “tiene a Uribe contra
las cuerdas, por las relaciones Sanclemente- el clan Cifuentes-Villa- la
Oficina de Envigado y Uribe Vélez. Y
quien por cierto en el primer mandato de la presidencia de Uribe Vélez en el
2005, nombró a Sanclemente como director de Aeronáutica Civil, cargo
estratégico, desde cuando el propio Uribe Vélez fue director y otorgo licencias al narcotráfico, con la
diferencia que, en este periodo, la enorme estructura del narcotráfico pasaría
a operar desde el aeropuerto El Dorado de la Capital”
El clan Cifuentes-Villa está vinculado familiarmente al
expresidente Uribe, teniendo en cuenta que su hermano menor Jaime Alberto,
fallecido en el 2011, fue durante algunos años compañero sentimental de Dolly
Cifuentes, con la que tuvo dos hijos, la mayor Ana María Uribe Cifuentes, ambas
detenidas y extraditadas a Estados Unidos y acusadas de ser operadoras
financieras del Cartel de Sinaloa para varios países de Sur América; Cartel con
el que actualmente se relaciona Fernando Sanclemente. Lo que indica de manera
clara que estas dos personas eran el enlace clave de dicho Cartel mexicano con
los carteles de narcotraficantes colombianos.
Los Cifuentes-Villa, familia que abrió las puertas al cartel
de Sinaloa en Colombia y asociados al Chapo Guzmán, relación que se concertó
en el elitista Club el Nogal, según
relata el periodista Daniel Mendoza, expone lo siguiente: “el narcotraficante Salvatore
Mancuso, se reunía con importantes
empresarios, grandes hacendados y terratenientes , el Clan Cifuentes Villa, fue
presentado en el Club por Álvaro Uribe, como socios, a través de una de sus
empleadas , la Cónsul de Colombia en los Países Bajo, y ante la junta directiva
de dicha corporación que aplaudió su ingreso, reconociendo a esta familia de
narcotraficantes, el estatus de industriales muy prestantes”. Así fueron
presentados.
Sobre esta situación, coincidente con la permanencia de
Sanclemente como director de la Aerocivil, existe una larga entrevista donde el
ex jefe de informática del DAS, Rafael García, confiesa haber administrado
personalmente este gran Eje de narcotráfico en coordinación con Jorge Noguera,
ex director del DAS condenado por nexos con el paramilitarismo durante el
segundo Gobierno de Uribe. Jorge Nogueras como jefe de la Seguridad del Estado
era subordinado directo del presidente de la República, quien lo había enviado
de cónsul a Italia, pero cuando estalló el escándalo del DAS, fue retirado,
procesado y condenado.
También sobre este hecho, según la “Nueva Prensa” “se
presentó una sospechosa coincidencia, ya que el allanamiento de la finca de
Sanclemente se realizó justo cuando la mencionada Dolly Cifuentes Villa
anunciaba su decisión de declarar en contra de El Chapo Guzmán jefe del Cartel
de Sinaloa, lo que indicaría que las autoridades colombianas se adelantaron a
los acontecimientos para tratar de darle algún tipo de manejo a la grave
situación que se estaba fraguando en el exterior”.
De esta manera se configuró la gran estructura del
narcotráfico cuyo epicentro para varios países de Sur América es Colombia, y
cuya impunidad está hoy en peligro por cuenta de las confesiones de la pariente
del mismo Uribe, Dolly Cifuentes Villa, entre otros factores derivados del
proceso contra El Chapo Guzmán, de manera lógica por fuera del control de la
mafia colombiana.
Como se puede apreciar estos son solo algunos de los casos que vinculan al
presidente Uribe Vélez, con los carteles de la droga y el paramilitarismo y
como queda bien claro, no es Venezuela ni Cuba los que suministran la cocaína,
son nada menos que sus aliados más íntimos y
sobre estos graves hechos ni Trump
ni Pompeo se pronuncian, ellos continúan con sus planes de agresión
militar desde Colombia contra Venezuela y el ejemplo más claro lo tienen con el
intento de desembarcar mercenarios y armas por La Guaira, Venezuela, en la madrugada de este 3 de mayo, acción que
les ocasionó 8 bajas, 2 detenidos y un
sin número concreto de desaparecidos de esta incursión mercenaria con fines
desestabilizadores y cuyos directivos y organizadores son los gobiernos de
Estados Unidos y Colombia.
La desmoralización del gobierno de Iván Duque Márquez y la
impunidad son tan visibles y horrorosa, que el general de la policía Juan
Carlos Buitrago, en un acto de valentía y honradez presentó su renuncia ante
las amenazas contra su vida, al desarrollar diversas operaciones, en su
condición de jefe de la policía fiscal y aduanera, contra el lavado de activo,
contrabando y el enriquecimiento ilícito, a poderosas familias cercanas al
gobierno y la mafia narco paramilitar.
Lo que colmó la copa, según el general, fue conocer que el
bufete de abogados de Abelardo de la Espriella es el mismo que representa al
ministro de defensa Carlos Holmes Trujillo y al mafioso Alex Saap, quien se
encuentra prófugo. Él hizo estas
denuncias y no recibió ningún apoyo de su jefatura, tampoco trasladarlo a otras
funciones, su vida obviamente corre peligro, como bien lo señaló en este
informe titulado “Mafia narcoparaca en el Alto Gobierno Uribista” de la
periodista D’ Arcy Quinn, de Radio Caracol.
Valore usted querido lector donde está la verdad, resulta
aberrante los ridículos y los falsos argumentos del gobierno de los Estados
Unidos para justificar una intervención militar en Venezuela. El presidente
Donald Trump, Mike Pence, Mike Pompeo y Elliot Abrams, deben tener muy bien
claro que una intervención militar o por cualquier vía ilegal y tratar de
forzar un cambio de gobierno en Venezuela puede costarle muy caro a los Estados
Unidos y además nunca logrará sus propósitos.
Sus relaciones con el fallido gobierno de Colombia los debe
llevar a la reflexión y modificar su apoyo a un escenario donde gobierna el
narco paramilitarismo, hoy se puede decir que el embajador estadounidense Lewis
Tambs tenía razón, Colombia hoy sí se ha convertido en una “narco
democracia”. Con este artículo pongo
punto final a este serial de cinco. Pero les prometo escribir otros artículos
dedicados al tema narcotráfico y la lucha insurgente en Colombia.
(*) Periodista, politólogo y analista internacional. (QUEDESE EN CASA)
jorgarcia726@gmail.com
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