El gobierno turco envió por correo los restos de un
guerrillero, ultimado en 2017, a su familia, en una nueva demostración de hasta
dónde llega el nivel de desprecio estatal por las vidas.
La mirada de Halime Aksoy, la madre de Agit Ipek, está
perdida en algún punto lejano y doloroso. Sobre sus rodillas, los restos de su
hijo tratan de descansar dentro de una caja envuelta en una bolsa. Si no
sabemos qué contiene esa caja, podríamos pensar que es un regalo o algunas
cosas viejas que siempre terminan en un depósito. Pero la mirada de esa mujer
kurda revela una realidad que, en Turquía, por momentos, parece no tener fondo
y siempre es escalofriante.
La semana pasada, la familia de Agit recibió por correo esa
caja. A Halime la llamaron desde el juzgado de Diyarbakir, la capital histórica
de Kurdistán. La madre de Agit llegó a los tribunales y le entregaron la caja.
En unas breves declaraciones a la prensa, Halime dijo: “Vi que el paquete con
mi Agit estaba allí. Así que tomé los huesos y me fui a casa”.
Este hecho, perdido en el bombardeo noticioso por la
pandemia del coronavirus, solo puede tomar magnitud concreta al observar la mirada
de esa madre kurda que hacía dos años esperaba recuperar el cuerpo sin vida de
su hijo.
Agit İpek era un guerrillero de las Fuerzas de Defensa
Popular (HPG}, por sus siglas originales), el brazo armado del Partido de los
Trabajadores de Kurdistán (PKK). El joven, que, en la insurgencia, era conocido
como Kemal Berxwedan, fue abatido por las fuerzas militares turcas el 23 de
mayo de 2017 en la provincia de Dersim, en el sudeste del país. Desde esa
fecha, el Estado turco le negó a la familia de Agit despedir sus restos y
celebrar su memoria. Recién en mayo del año pasado, los familiares del
guerrillero tuvieron noticias: las autoridades les informaron que habían
encontrado el cadáver. Entonces, su familia dio una muestra de ADN y, así,
pudieron confirmar la muerte de Agit.
Luego de conocerse la noticia, el Congreso de la Sociedad
Democrática (DTK) –una de las principales organizaciones kurdas de Turquía-
difundió una declaración en la que relata la “travesía” del cuerpo del
guerrillero. Según el DTK, los restos de Agit fueron enviados, por primera vez,
desde el Instituto de Medicina Forense de Estambul a la Fiscalía de Dersim y de
ahí a la Oficina del Fiscal General de la provincia, que trasladó el cuerpo a
la Oficina del Fiscal General de Diyarbakir. El 2 de marzo de este año,
puntualizó el DTK, el Fiscal Jefe entregó los restos del combatiente al correo,
desde donde enviaron la caja a la familia de Ipek.
En la declaración, el DTK recordó que el respeto a los
muertos es una ley no escrita durante miles de años, pero el partido gobernante
AKP, encabezado por el presidente Recep Tayyip Erdogan, “muestra que su racismo
no tiene límites”. “El objetivo de tales prácticas es el caos y la tensión
social –agregaron desde el DTK-. Nosotros y nuestro pueblo hemos pagado y
defendido los costos de la paz y la democracia durante años, aunque los cuerpos
de nuestros hijos hayan sido destrozados”.
Ante el horror generado por el gobierno, quienes también se
pronunciaron fueron los integrantes del Comité de Solidaridad con las Familias
Mártires del PKK. En un comunicado, señalaron que el Ejecutivo turco “no conoce
límites cuando se trata de inmoralidad: persigue el fin de toda la sociedad con
sus prácticas inmorales y fascistas sin escrúpulos, pensando que, de esta
manera, prolongará su poder”.
“Preguntamos: ¿saben en qué guerra, en qué Estado, hubo una
práctica brutal tan vengativa, inhumana e inmoral? –inquirieron desde el
Comité- ¿En qué ley tiene cabida esa aplicación? El gobierno del AKP (y su
aliado, el partido) MHP, que no conoce límites en la inmoralidad, destruye los
valores sociales y quiere acabar con toda una sociedad con sus prácticas
inmorales y fascistas”
.
Por su parte, la asociación de abogados kurdos (ÖHD, por sus
siglas originales) anunció que presentará una solicitud legal, a nivel nacional
e internacional, en relación con esta práctica llevada adelante por el
gobierno. Desde la ÖHD, recordaron que, durante más de dos años, los
funcionarios gubernamentales no dieron ninguna información a la familia de Ipek
y solo lo hicieron en 2019, cuando pidieron que se enviara una muestra de ADN.
La asociación de abogados expresó que “el respeto del legado
de la humanidad es superior a cualquier norma y el Estado está obligado a
respetar esta moral”, y aseguró que se hará todo lo posible “para llevar a los
responsables ante la ley”.
Desde la prestigiosa Asociación de Derechos Humanos (IHD),
también se pronunciaron. Murat Melet, uno de sus integrantes, declaró que,
hasta ahora, en Turquía, nunca se había “llevado a cabo ninguna práctica tan
inhumana”. “Ningún cruel dictador y gobernante ha enviado los restos de una
persona a su familia por correo”, remarcó Melet. A su vez, Kemal Bülbül,
diputado del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), declaró que el gobierno
de Erdogan debería calificarse como nebbaş (asalta tumbas). Para el legislador
del HDP –la tercera fuerza política en el país, que aglutina al pueblo kurdo, a
otras minorías étnicas y a sectores de la izquierda turca-, el Ejecutivo se
transformó en una organización criminal.
Desde la creación de la República de Turquía, en 1923, la
represión contra el pueblo kurdo y otras minorías étnicas es moneda común. Con
la llegada de Erdogan al poder, el plan sistemático de aniquilación se aceitó
hasta puntos nunca imaginados. El presidente turco sabe que la base social que
lo sostiene –islámica radical y conservadora- tiene un peso profundo en el
país. Frente a eso, el pueblo kurdo no se detiene a la hora de demandar sus
derechos, ya sea con los fusiles en manos, organizando barrios o abrazando la
mirada perdida de Halime Aksoy.
leandroalbani@gmail.com
0 comentarios:
Publicar un comentario