Menos mal que la crisis del Covid-19 sorprendió a los
argentinos con un presidente sensible que no fuera Mauricio Macri. AF tomó
varias medidas positivas. En otras se quedó a mitad de camino. ¿Profundizar o
retroceder?
Se dice que la guerra es un asunto muy serio para dejarlo
sólo en manos de generales. Y una pandemia no puede ser puesta sólo bajo
conducción de médicos, con todo el respeto que la mayoría de éstos se merece, a
diferencia de los generales donde se puede rescatar a unos pocos.
Una buena conducción política en el Estado se hace más
necesaria cuando el país, además de sufrir el Covid-19 y otras enfermedades
como el dengue y el sarampión, padece una grave recesión de los últimos dos
años macristas hasta la médula.
Es para festejar que en Balcarce 50 y Olivos estuviera desde
el 10 de diciembre Alberto Fernández y no el empresario que en buena parte
vivió a expensas del Estado, pero propagando el virus del neoliberalismo.
Acá se ha elogiado la cuarentena en línea con la definición
de pandemia adoptada por la OMS el 11 de marzo y varias medidas conectadas. A
saber, el aumento al menos en algo de las jubilaciones mínimas y el Ingreso
Familiar de Emergencia para trabajadores informales y monotributistas, los
aumentos para personal sanitario y de fuerzas de seguridad, etc. Ahora hay
decreto impidiendo los despidos por 60 días y los afiliados de PAMI pueden
retirar los remedios en farmacias sin tener que llevar la receta en papel.
Siguió el Comité de Crisis sanitaria liderado por el ministro GGG, aunque se
desistió de un plan que englobara y obligara al sector privado. La gravedad
sanitaria amerita ahondar en las medidas, como suponía ese plan estatal
centralizado, ahora abandonado: hasta ayer había 1.363 contagios y 42 muertos.
Los enfermos pueden ser bastante más porque no se hacen test
rápidos masivos y hay pacientes asintomáticos. Se espera el pico de la
enfermedad para mediados de mayo, lo que posibilita, pero a la vez demanda la
adopción de nuevas medidas.
El viernes 3, con tremendas colas y aglomeraciones de
jubilados y muchas otras personas que pugnaban por cobrar en los bancos, siendo
muchas personas de riesgo, significó un traspié en varios sentidos.
El presidente declaró que nadie esperaba semejantes colas en
las entidades bancarias. Error político suyo, sobre todo de los funcionarios
relacionados con el caso. Si 11 millones de personas perciben jubilaciones,
pensiones, AUH, por embarazo, subsidios al desempleo, etcétera, era previsible
que la reapertura de los bancos, luego de varios días de cierre, podía provocar
esos amontonamientos.
Dos responsabilidades.
En ese escándalo – las cosas anduvieron mejor en la apertura
de bancos del sábado- la responsabilidad política mayor recae sobre el Banco
Central y la Anses, sin excluir otras culpas. El rol de los bancos, el actor
principal de esa película de terror, se verá a continuación.
Los titulares de aquellas dos entidades, Miguel Pesce y
Alejandro Vanoli, fueron sorprendidos y sobrepasados por la masa humana que
corrió a percibir sus pobres haberes.
No son malos funcionarios ni por ese fracaso deben dejar sus
puestos. Pero tienen que reflexionar y usar su segunda oportunidad. El Indec
informó el miércoles que la pobreza urbana y rural fulmina a 16 millones de
argentinos, y al 35 por ciento de la población. Dentro de ese universo
desprotegido gran parte debió dejar de hacer changas y estuvo recluido en sus
hogares, en pobreza y una parte de indigencia, sin reservas monetarias ni
alimentarias. Ellos no pueden esperar para hacerse de sus pesitos. A lo sumo
pueden aguardar según terminación de DNI maldiciendo su mala suerte si termina
en 9. Caso contrario estará como ese viernes desde la madrugada haciendo
desordenadas colas.
¿Todos los funcionarios del Central y Anses tienen
conciencia cabal del polvorín social que dejó Macri y que se agudizó con el
coronavirus? ¿No tomaron nota de la expresión de Juan Grabois, militante de
este gobierno, de que la bomba tiene «la mecha corta»?
La mayoría de los directivos del Central y Anses serían
personas honestas, aunque descontando algunos puestos allí por amiguismo y
sentido de secta. También hay una minoría que viene de la gestión de Cambiemos,
como los directivos «topos» que denunciaba un programa de Crónica TV.
Esos agentes del enemigo, con representación del Estado en
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se repiten en empresas monopólicas
donde el Estado tiene algunas acciones del mencionado FGS. Por ejemplo, el
espía Miguel Ángel Toma, ocupa un sillón en el directorio de Techint y
justificó los 1.450 despidos del pulpo siderúrgico contra trabajadores de la
construcción.
Un Estado nacional y popular debería echar a esos
funcionarios macristas. Esos despidos sí que están justificados, no así el de
trabajadores. ¿Por qué no se lo hizo hasta ahora? Por dos razones políticas.
La primera es que entre Techint y los gobiernos peronistas
siempre hubo roces, pero también acuerdos. Los que se enojan porque Toma fue
ubicado por Macri deberían recordar las alianzas que Paolo Rocca tuvo con
Néstor y Cristina a partir de 2007. Éstos intercedieron ante Hugo Chávez para
que le pagara una indemnización millonaria por la expropiación de la
Siderúrgica del Orinoco. El gobierno actual debería poner distancias con
monopolios como ese.
La segunda razón que explica la amistad presidencial con la
plana mayor de la Unión Industrial, de la AEA, el Cicyp, etcétera, es la
errónea creencia de que la salida «es con todos». Esa idea fue muy empleada en
la campaña electoral y se reitera ahora frente al coronavirus. Y es errónea.
«Es con la mayoría». No es con todos. Tenderle una mano al monopolio termina en
un abrazo del oso siderúrgico.
Nacionalizar la banca.
Aquellas críticas a los pesos pesados de la economía, con
quienes el presidente volvió a departir el viernes (UIA y Cámara Argentina de
Comercio) no deben generalizarse. Hay un conjunto de miles de Pymes, empresas
medianas y algunas grandes, todas nacionales, merecedoras del mayor apoyo del
Estado, en especial las más pequeñas.
Argentina viene de dos años recesivos y el 2020 siguió en la
misma tónica por la línea timorata de Fernández durante la primera etapa de
negociación con el FMI. Y luego vino la pandemia a complicar todo, con lo que
la recesión será más grave y por tres años.
Las Pymes se quejan porque ven cerca el corte de la cadena
de pagos. Dicen que el crédito decidido por el Estado para que los bancos
presten al 24 por ciento de interés para pagar sueldos no es concedido por
éstos.
La «Patria Financiera» está en el ojo de la tormenta, no
sólo por el papelón del viernes 3 de abril cuando varios bancos privados, y
sobre todo extranjeros, no abrieron. En general no prestan servicios a los
jubilados porque no es la parte interesante de su negocio: captar depósitos,
pagar bajos intereses y prestarlos a otros más elevados y comprar las
tristemente célebres Leliq, etcétera.
Según Sergio Palazzo, titular del gremio bancario, hay en el
país 4.334 sucursales bancarias y no todas dan aquel servicio. Quedó
demostrado. Los banqueros, haciendo causa común con funcionarios
gubernamentales anónimos, le endilgaron el problema a los trabajadores
bancarios. El cronista, puesto a elegir entre creerle a Palazzo o a los banqueros,
opta por lo primero. Aclaró que Fernández recién el lunes 30 habló con él para
ver si podían trabajar otra vez el viernes 3 y que respondió que sí.
La pandemia puso sobre el tapete el rol de los bancos, que
en la Argentina vienen a ser un factor destructivo de la economía real y de la
gente muchísimo peor que el Covid-19.
La «Patria Financiera» se sigue rigiendo por la ley de
entidades financiera de 1977, de Adolfo Diz y José A. Martínez de Hoz. Tuvo
modificaciones y reformas, pero nunca fue derogada, como correspondía, en 37
años de democracia burguesa.
Es un negocio fácil y altamente concentrado entre entidades
extranjeras agrupadas en Asociación de Bancos y las privadas «nacionales» y
algunos provinciales en Adeba, pues otros públicos y el único cooperativo,
Credicoop, están en Abappra. Algunos nombres son conocidos por la mala
experiencia de sus clientes: HSBC, francés, Santander y Citi, extranjeros; y
Galicia, Macro e Hipotecario, «argentinos».
Pagar a los depositantes a un interés y comprar Leliq y
prestar al Central por el doble de aquél, dar créditos a altas tasas y
beneficiarse de las devaluaciones al tener parte de su cartera en divisas, les
rindió pingües ganancias.
El Banco Central informó en febrero que en 2019 los bancos
ganaron $314.044 millones de pesos, 51% más que en el año anterior. Y agregó:
«el aumento de los depósitos del sector privado resultó el origen de fondos más
destacado para el conjunto de bancos. Estos recursos se destinaron
principalmente a incrementar la tenencia neta de Leliq y, en menor medida, a
aumentar el saldo del financiamiento al sector privado y de las cuentas
corrientes que los bancos tienen en el BCRA».
Las razones vienen desde el fondo de nuestra historia, para
la nacionalización de la banca. La pandemia dio más razones concretas y
actuales para ello. A quienes pidan más argumentos los remitimos a Bertolt
Brecht: «¿qué es robar un banco en comparación con fundarlo?».
ortizserg@gmail.com
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