Por Rafael Ángel
Ugalde Quiro:
Cuando en agosto del año anterior, el presidente de México,
Andrés Manuel López Obrador, confirmó la existencia de una red de espionaje,
montada en el Gobierno conservador de Enrique Peña Nieto, jamás imaginó que los
tentáculos de esta alcanzaran también a muchos de los llamados países
democráticos del “Grupo de Lima”.
Tres tecnócratas –identificados como Alberto Bazbaz,
extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF); Alfredo Castillo
Cervantes, exdirector de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte
(Conade); y Wálter Meade, primo de José Antonio, e proveedor de equipos de
inteligencia militar– pusieron su cabeza para salvar al “gran jefe”, mientras
se señalaba a Peña Nieto como principal responsable. Él negaba cargos y solo
atinó a decir: “Todos nos sentimos espiados”.
Trascendió, entonces, que las poderosas élites mexicanas
conocían que el fin de este espionaje era mantener a raya a periodistas y
personalidades opuestos al proceso de saqueo seguido durante 30 años
consecutivos por las élites neoliberales. Pero una vez que la red quedó
desnuda, no hubo medio de comunicación ni representantes de la burguesía
mexicana que salieran a rasgarse la vestidura.
Sin embargo, López Obrador desconocía que aquel supuesto
“hecho aislado” era una práctica común entre algunos de los países miembros del
“Grupo de Lima”, como si ahora se tratase de un remozado “Plan Cóndor”, solo
que bajo de la égida de los fundamentos democráticos esgrimidos para
deslegitimar los Gobiernos populares de Nicaragua y la República Bolivariana de
Venezuela, electos constitucionalmente con cerca del 70% de los electores
inscritos, en sus respectivos países.
El “Plan Cóndor” fue ideado por el diplomático
estadounidense Henry Kissinger y puesto en práctica por las dictaduras de
Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, entre 1970-1980, para
apoyar y defender, precisamente, lo que ellas llamaban “la democracia”.
Kissinger fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz el
10 de diciembre de 1973. Los llamados “Archivos del Terror”, hallados en Paraguay
en 1992, documentan formas de torturas, detenciones arbitrarias y hasta venta
de niños en gestación, con las cifras de 50.000 personas asesinadas, 30.000
“desaparecidas” y 400 000 encarceladas.
Cuando en octubre pasado el presidente ecuatoriano, Lenin
Moreno, se vio envuelto en denuncias de “espionajes” y protestas populares
(rebelión del pueblo ante aumentos en el precio de los combustibles), echó mano
al estribillo de la “amenaza izquierdista” y atribuyó a su antecesor Rafael
Correa la red de espionaje en su nación.
De esta red ni siquiera escaparon los legisladores
ecuatorianos, a juzgar por lo dicho por la presidenta de la Asamblea Nacional,
Elizabeth Cabezas, quien pidió una investigación a fondo, tras la filtración de
una conversación telefónica que sostuvo con la ministra del Interior, María
Paula Romo.
En Colombia, en la amplia red de espionaje –ojo: este país
vende servicios de seguridad en Centroamérica a diversos Gobiernos– ya ni se
investigan estos hechos; y si lo hacen en nada terminan, dados los profundos
entresijos de paramilitarismo, sicariato, narcotráfico, lavado de dinero y
política. Por eso, en su oportunidad, se dijo en la prensa que el “poder en
Colombia nos vigila a todos y a sí mismo”.
Todos son ejemplares países del “Grupo de Lima” y, hasta
diría, son los “chineados” de Mike Pompeo, secretario de Estado de los Estados
Unidos. ¿Qué malo tiene que el presidente Carlos Alvarado, arropado en diversos
momentos por todo Liberación Nacional, Socialcristianos y otras agrupaciones de
ligas menores, tenga su humilde oficina de recopilación de datos? Gracias a la
Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) nos enteramos de cuáles
maestros jalaron de viaje durante la huelga magisterial de 2018. Mañana, con
esa eficiencia, sabremos en “tiempo real” a cuáles dirigentes sindicales hay
que levantárselos antes de que anuncien protestas y amenacen la “estabilidad de
nuestra democracia”. ¿No es una maravilla?
Ya en el pasado Edward Joseph Snowden, exanalista de la CIA,
había advertido sobre los fines políticos de este tipo de información. Más
recientemente se dejó en evidencia el verdadero uso de estos datos personales,
cuando se trata de controlar a quienes ven distorsiones profundas entre los
discursos de las élites y las realidades de sus pueblos. Tranquilos: La UPAV se
cerrará, se prometerán “investigaciones profundas” y el escandalillo murió.
Joseph Goebbels, el padre de la propaganda hitleriana,
estaría feliz con tanta novedad hemisférica; hasta exclamaría: ¡El fascismo
recorre América!
rafaelangeluq@yahoo.com
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