Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:
La negación, eliminación o puesta en riesgo de derechos
humanos, constituye una violación por parte del estado y define
responsabilidades, que exigen ser tramitadas. El hecho de que la constitución
defina a Colombia como estado social de derecho, implica una obligación
superior para ofrecer garantías a los llamados DESCA (derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales) creados en 1966 para asegurar la igualdad.
Ocurre sin embargo que el gobierno a pesar de repetir que se declara protector
del estado social, los balances y realidades del bienestar colectivo, indican un
grave retroceso y desprecio a la igualdad.
El partido de gobierno ha fracasado en la realización de
derechos, en especial, por las actitudes del partido de gobierno, que ha
convertido a la violencia en una finalidad útil para asegurar su propia
existencia (y supervivencia de su jefe supremo) a costa de inequidades. El
déficit de democracia es lo común que impide acceder a los bienes materiales
básicos para vivir con dignidad e incide en la reducida satisfacción de todos
los derechos. La igualdad promovida y proclamada por los catálogos de derechos
económicos, es para el gobierno un asunto marginal, por la primacía del interés
privado y la apertura sin reglas a inversionistas, que, en contravía del
interés nacional, afirman su propósito de asegurar y proteger, por vías de
hecho o derecho, su beneficio personal con los recursos públicos.
Los derechos sociales relacionados con salud, educación,
empleo, seguridad social, jubilación, alimento, vivienda, trabajo, son
desatendidos y, están arrastrando al país hacia una época de miseria extendida,
-peor que la de los jóvenes venezolanos, atraídos con engaños a cumplir un
sueño, que se les convirtió en pesadilla-, mientras los reclamantes y
defensores de estos derechos son asesinados sistemáticamente, como preaviso del
anunciado regreso del paramilitarismo tradicional, vitoreado por el partido del
gobierno.
Los derechos culturales descubren crecimiento en la
extinción por exterminio y olvido de pueblos indígenas, raizales y originarios,
tratados como infrahumanos y; el patrimonio es tomado como próspero negocio.
Ambientalmente el ecocidio es imparable y la riqueza el motivo del horror, del
que reciben parte las transnacionales protegidas por el estado. El eje
trasversal en la destrucción paulatina de los DESCA es la corrupción, que de
tanto repetir su repugnancia, se ha convertido en un tema de fascinante ficción
con villanos, señores, fugas, cinismo y nexos de sangre, honor y barbarie,
donde ser corrompido da status.
Si los derechos civiles y políticos están en alto riesgo y
la paz otra vez acorralada por la guerra, los DESCA están seriamente
amenazados, empujados al exterminio con propuestas como trabajo por horas y
protestas los domingos. El resultado de su negación se refleja en el producto
interno, efectivamente bruto, por escasez de estado de derecho y por el
abandono real a la atención de los DESCA, que en el papel parecen efectivos,
pero que apenas son consignados en pactos, acuerdos y actas de compromiso
traicionadas. Inútiles para detener la degradación de la vida humana, asediada
por múltiples violencias de raíz económica, que deterioran la forma de ser
humanos con sentido de humanidad e impiden respetar la organización social y
cultural para realizar la vida con dignidad que ofrecen los DESCA. Para estos derechos
no operan con eficacia las excusas de que el narcotráfico, el comunismo, la
banda criminal o la delincuencia organizada son los responsables, como ocurre
para justificar la muerte violenta y criminal contra adversarios.
Como consecuencias de la negación de estos derechos hay
muertes por desatención médica, desnutrición, abandono, indigencia, exclusión
del sistema de educación, desempleo, inseguridad de los jubilados, entre otros,
y hay causas como el robo de los recursos de la salud, y de la comida de niños
y ancianos, o la destrucción del aparato productivo. La obsesión política del
poder hegemónico, tomó partido por otras cosas, menos por los derechos humanos
y la búsqueda del bienestar colectivo. Al contrario, disfruta llevando a la
nación colombiana a una polarización sin límites, por el control político de
las regiones, las ciudades y las instituciones que terminará por controlar
recursos, transferir los bienes públicos a particulares e impedir la
realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La
polarización augura más violencia y profundización de la desestructuración
social, afianzada por problemas sin solución, opacados con experimentos de
engaño, falsedades y bipolaridad estatal, evidente en dobles discursos, dobles
raseros, dobles morales, y dobles combinaciones de todas las formas de ejercer
el poder y hasta dobles presidentes.
mrestrepo33@hotmail.com
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