Por Carolina Vásquez Araya:
Las decisiones inconsultas de gobernantes ineptos suelen
causar daños irreparables.
Uno de los países más violentos y pobremente administrados
del continente se ha convertido –con un golpe de puño en el despacho oval- en
refugio de migrantes, para tranquilidad del presidente estadounidense. Este,
empeñado en quitarse de encima a los miles de seres humanos que cruzan sus
fronteras en busca de una mejor calidad de vida, no dudó en hacer pacto a punta
de amenazas con el más débil de los gobiernos de la región. Ambos mandatarios,
Donald Trump y Jimmy Morales, plenamente conscientes del despropósito de
semejante acuerdo, utilizaron -como la mano del gato que saca las castañas del
fuego- a sus ministros del interior para así poner obstáculos a la nulidad del
documento que declara a Guatemala como Tercer País Seguro, TPS, mediante el
cual sellaron el infausto destino de sus ciudadanos, pero también de las
familias de migrantes que huyen de sus países.
Que Guatemala es un país seguro, depende de la perspectiva.
Seguro para las mafias que lo gobiernan y cuyas maniobras han convertido al
país centroamericano en el símbolo de la corrupción y la impunidad. Seguro para
las redes de trata, ancladas en instituciones del Estado mediante las cuales se
garantizan una operación sin consecuencias. Seguro también para las
organizaciones criminales, que mediante el patrocinio de las campañas
electorales y su generoso financiamiento para políticos tradicionales se han
consolidado como una fuerza indestructible entre los círculos de poder.
Guatemala es el paraíso de seguridad para su cúpula
empresarial, la cual no ha vacilado en amarrar vínculos con lo más podrido de
la institución castrense, su histórica aliada en la eliminación de líderes
comunitarios y ciudadanos con potencial político capaz de poner en peligro sus
privilegios. Los grandes empresarios, coludidos con gobernantes corruptos, han
retrasado el desarrollo de Guatemala como un mecanismo propicio para mantener a
su población intimidada, carente de oportunidades de educación, sujeta a trucos
legislativos que la convierten en una masa vulnerable a la explotación laboral
y sin posibilidad de escapar de ese círculo perverso.
Pero quienes aprovechan de modo indiscutible la seguridad
que les ofrece Guatemala son los cárteles de la droga, cuyo inmenso poder les
ha dado paso libre por sus puertos, aeropuertos, pistas de aterrizaje en
amplias regiones sin vigilancia y en sus fronteras permeables y sensibles al
soborno. Como país-pasadizo para estas organizaciones criminales, es el menos
adecuado para constituirse en centro de concentración de migrantes quienes, además
de su estatus vulnerable, estarán obligados a buscar sustento por sí mismos,
sin la menor ayuda del Estado que los acoge, y mucho menos su protección.
Guatemala tiene los indicadores más bajos en desarrollo
social y los más altos en desnutrición crónica y violencia criminal. Su
congreso –la máxima entidad de representación ciudadana- está conformado en su
mayoría por diputados cuyas decisiones dependen de cuán abultado es el sobre
mediante el cual los centros de poder compran su voto. Su ciudadanía, conformada
en su gran mayoría por personas decentes y deseosas de un cambio profundo en el
quehacer político, se encuentran acorraladas por estructuras legalizadas a
capricho de quienes mueven las palancas legislativas y judiciales. Por lo
tanto, el compromiso adquirido por el Estado de Guatemala, sin consenso popular
y sin consideración alguna por sus previsibles consecuencias, ha sido la
puñalada final de quien dejará en unos meses el más vergonzante y lamentable
gobierno de la historia de ese sufrido país.
Un país seguro depende de un Estado bien administrado,
transparente y ético.
elquintopatio@gmail.com
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