Al mismo tiempo que el Congreso de la República aprobó la
pena máxima de 60 años de cárcel, también reconoció como delitos la presión, la
amenaza y el soborno a testigos en procesos penales. De lo primero se puede
establecer que 60 años de cárcel son per-se una cadena perpetua, conforme a la
esperanza de vida de 76 años y el ingreso a la cárcel a partir de los 18 años
de edad. El objetivo de una cadena perpetua desborda la justicia y se mete en
la venganza. Se necesita tener una ideología autoritaria para creer hacer
pudrir a alguien en el encierro acaba una tipología de delito atroz. Quienes
llegan a la cárcel aprenden a reproducir la vida biológica, a ser muertos que
sueñan que están vivos como en el poema, y sobreviven en precarias condiciones,
sin comida sana, sin aire limpio, sin orinales, sin derechos, sin garantías
para humanos (muy distantes de los privilegios de unos pocos abrigados en
guarniciones o establecimientos públicos).
Mientras el presidente anuncia traer al debate social la
cadena perpetua, creyendo que el encierro definitivo resuelve los problemas el
jefe del partido de gobierno es llamado a juicio por el otro cuerpo de delitos
asociados al soborno a testigos y deja oír que solo le teme a dios, en
coherencia con las elites que desde hace doscientos años evitan el pecado
aplicado por la ley divina, pero manipulan pruebas y eliminan testigos en la
ley penal. Como sea los dos tipos de actos criminales, los de cadena perpetua y
los otros, son parte de un sistema social circular, del que las elites
compuesta por políticos, funcionarios, togados y empresarios, son
corresponsables de las causas del horror que victimiza a niños y niñas y de la
barbarie de la guerra que enfermó a la sociedad y descompuso algunas de sus
partes que ya están podridas.
Aunque no resulte fácil acusar a las elites de violaciones
directas, han sido artífices de la presión, violencia, explotación y
marginación de niños y niñas abusados y asesinados, gracias a su condición de
debilidad que los mantiene expuestos a múltiples agresiones, sometidos al
riesgo cotidiano de continuar padeciendo otras violencias, reclutamiento para
oficios criminales o estar disponibles a merced de mafiosos que sacan ganancia
de la humillación.
El gobierno se aferra a la obsesión del populismo punitivo
americano y equivocadamente cree que mediante la judicialización y el castigo
sin retorno a la vida social podrá recuperar la convivencia y el respeto a la
vida y dignidad humana, sobre todo para el grueso de población excluida,
marginada, a la que en las políticas públicas desconoce y niega. La impunidad
superior al 95% y el ánimo vengativo de la pena perpetua, le quita el sentido
como herramienta disuasiva de la criminalidad.
El gobierno al politizar la pena olvida que las causas de la
tragedia son muy hondas y exigen más estudio y comprensión de la realidad del
país, para evitar la mala copia de fórmulas ajenas que no fijan valores si no
temores, a la vez que confunden y distorsionan la capacidad de la justicia
real, imparcial, que se requiere en el contexto nacional de desigualdad,
violencia, saqueo y miserias que se repiten.
El debate por la cadena perpetua propuesto por el gobierno,
no es social, ni informado. Es una trampa jurídico-política, que sigue la
lógica de manipulación de la conciencia indignada del mismo sector de población
victimizada. Que es la misma que cree en la paz pactada que el gobierno le
esconde y que ha venido enterrando a un líder social y a un niño asesinados
cada día. La reacción espontánea ante sucesos repudiables que tocan el fondo de
sus corazones, no puede ser aprovechada por el poder, para hacer llamados a
estar de acuerdo con reglas nuevas que ocultan tanto las causas como a los
responsables de la ideología que acecha y ataca a los débiles y de paso
desaparece al estado de su condición de responsable de la tragedia colectiva de
deshumanización y barbarie.
El gobierno y el partido en el poder no pueden pretender
poner en la agenda publica el llamado a usar el derecho penal como artefacto de
venganza, ni aprovecharse del dolor para convocar al repudio, al odio o al
linchamiento a delincuentes. Su papel es crear democracia para cerrarle
espacios al crimen. La cadena perpetua en el siglo XXI, es una obsesión de los
Estados Unidos, que a 2009 mantenía a más de 140.000 personas en esta
situación, incluidos 2500 menores de 18 años (proyecto sentencia ONG)
justificados en la naturaleza excesivamente punitiva de su sistema de justicia,
que los hace pensar que con cada sentencia mandan un mensaje disuasivo, que sin
embargo nunca les ha dado resultados como lo muestra su promedio cercano a una
masacre diaria en su país, en el que también la pena de muerte es la mancha
reluciente de su condición de estado legalmente asesino. Seguir la obsesión
ajena lleva a creer que el gobierno y el partido en el poder no buscan que el
estado sea respetado, si no temido y eso no es justicia si no venganza,
inocencia violentada por lo siniestro.
El gobierno sabe que su obligación es proteger y Unicef le
recuerda que “los niños y las niñas que viven en la pobreza sufren una
privación de los recursos materiales, espirituales y emocionales necesarios
para sobrevivir, desarrollarse y prosperar, lo que les impide disfrutar sus
derechos, alcanzar su pleno potencial o participar como miembros plenos y en
pie de igualdad en la sociedad”.
A 2017 eran 869.000 niños explotados laboralmente (U del
Rosario, elespectador.com) y las condiciones no han cambiado, habitan la calle,
carecen de oportunidades de escuela y vida digna, y que con una educación
abierta, inclusiva y de calidad, podrían modificar el curso de su camino a ser
víctimas del horror y evitar que se repita la tragedia. Los niños y niñas que
viven la niñez en contextos de pobreza y sin derechos, tienen mayor riesgo de
ser humillados porque “igualmente existe una fuerte asociación entre pobreza y
desnutrición, mortalidad, abandono escolar, soledad, trabajo infantil,
exposición a situaciones de riesgo y otras circunstancias que constituyen
obstáculos para el bienestar y el desarrollo de los niños y las niñas en sus
primeros años” (Mustarf, 2002), modificar esas condiciones es la tarea del
gobierno, nunca amenazar con ayudar a
pudrir más lo que está podrido.
P.D. Los hornos crematorios eran para desaparecer los
muertos y evitar que a los militares les reclamaran por sus crímenes, dijo
alias el Iguana, ex jefe paramilitar en audiencia de agosto de 2019. Así mismo
indicó que en el Catatumbo habría entre 50 y 100 fosas comunes de asesinados
por ellos.
mrestrepo33@hotmail.com
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