Por Marcos Roitman R:
Pensar que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de
Naciones Unidas, Michelle Bachelet, presentaría un informe sobre Venezuela
positivo hacia el gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro sería
ingenuo. Creer que su elaboración estaría exenta de prejuicios, temerario. La
manipulación, entraba en los cálculos. Así, tenemos un resultado a medida. Para
la Alta Comisionada los hechos constatan la violación de los derechos humanos.
Hay escasez de productos básicos, un aumento de la violencia, detenciones de
políticos de oposición, y un sin fin de problemas que afectan la convivencia de
los venezolanos. Faltan medicinas, los alimentos escasean y la corrupción está
a la orden del día. Proliferan las manifestaciones, los cortes de luz, las
huelgas. Resultado: crisis humanitaria. Culpable del deterioro de los derechos
humanos: el gobierno.
Max Weber, sociólogo nada proclive a tendencias
izquierdistas, socialistas o marxistas, cuando se encontraba con afirmaciones
tan rotundas, dudaba. A tanta contundencia respondía: si bien todo hecho es una
realidad particularmente evidente, no toda realidad particularmente evidente es
explicación causal de los hechos. Si una persona tiene cáncer, el cáncer no
explica cuáles han sido las causas de su emergencia. Si obviamos sus orígenes
no adelantamos nada.
Todos los hechos sociales tienen una direccionalidad y
apuntan una matriz institucional. Es decir, responden a una construcción
política, son expresión de un campo de fuerza, sujetos y voluntades, relaciones
sociales, nuevamente Weber, de lucha de clases e intereses antagónicos. Hablar
de los derechos humanos al margen de lo político, es un sin sentido.
Es tanto como afirmar que saber leer y escribir son hechos
naturales y respirar una conquista social. Sin embargo, eso parece estar en la
base del argumentario de la alta Comisionada cuando medita sobre el espíritu de
su informe: Un sacerdote católico me dijo en Caracas: no se trata de política,
sino del sufrimiento de la gente. Este informe tampoco trata de política,
geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los
derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho. (sic) Su papel de
árbitro se difumina. Al decir de Simmel, el mediador, si este fuese el caso,
debe articular propuestas, abrir espacios políticos, apoyar soluciones
negociadas y facilitar consensos. No puede favorecer a una de las partes. Si lo
hace, rompe su papel mediador y actúa con intenciones mezquinas y perversas.
Veamos un ejemplo. El informe señala la realización de 558
entrevistas. Debemos presuponer que Bachelet pudo reunirse sin ningún tipo de
cortapisa con todas las organizaciones de la sociedad civil y sus
representantes políticos en su visita al país. De hecho, se fotografió con el
autoproclamado presidente Juan Guaidó y también con el presidente
constitucional y legítimo Nicolás Maduro. Pero vaya fiasco. De las 558
entrevistas a las que alude el informe, 460 se realizaron en el exterior. Los
países elegidos: España, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Brasil, México y
Perú.
Es decir, 82 por ciento de los encuestados no vivía en
territorio venezolano. Dato que fue ocultado en el informe. Igualmente se
menciona la terrible persecución ideológica y la censura a los medios de
comunicación opositores, el cierre de periódicos, radios, medios de
comunicación. Ni una palabra de las 32 nuevas licencias de radio a emisoras
privadas. Tampoco se menciona que la televisión por cable, opción mayoritaria
entre los venezolanos, está en manos de la empresa privada. Se oculta que la
prensa escrita privada, ronda 75 por ciento y que las radios públicas no
superan 30 por ciento del conjunto nacional. Por otro lado, la Alta Comisionada
desestimó las informaciones obtenida a petición propia sobre la situación de
los derechos humanos a ministerios, organismos oficiales e instituciones
públicas. Mintió al señalar que sólo existe un centro penitenciario de mujeres,
cuando en realidad están funcionando 17 en todo el país.
Resulta inexplicable que la Alta Comisionada redactase un
cuestionario ad hoc para las autoridades venezolanas recabando datos de las
denuncias por violación de los derechos humanos realizadas por los partidos de
oposición y las desestimase como información para elaborar su informe. En él no
se mencionan las guarimbas, pero si la violencia de las fuerzas de seguridad
del Estado. ¡Cómo olvidar que se trata de un informe apolítico, neutral y
equilibrado! Y lo más grave: manipula y distorsiona los hechos al no explicar
sus causas. Nada del sabotaje, las sanciones, el bloqueo económico y los
llamados a las fuerzas armadas a romper el orden constitucional. Esos datos no
aplican a la violación de los derechos humanos.
Poco creíble un informe donde desaparecen los motivos y no
se investigan las causas de la crisis. No se trata de negar los hechos, sino de
explicarlos y buscar salidas. Lamentablemente, el informe tiene un objetivo,
ser un arma en manos de la oposición y sus aliados internacionales para seguir
violando los derechos humanos eso sí, con el aval de la Alta Comisionada para
los Derechos Humanos de la ONU.
Tomado de La Jornada de México
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