miércoles, 17 de abril de 2019

La “masacre silenciosa” en la vecina Colombia


Por Iván Oliver Rúgeles: 

No cesan en el país vecino los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Ante esa terrible tragedia que no ha tenido tregua en más de 50 años en ese país, la “comunidad internacional”, esa misma que no pierde un segundo en planear agresiones de toda naturaleza a Venezuela, simplemente porque nuestra Revolución Bolivariana no se rinde ante las pretensiones  del imperialismo yanqui de ponerle las manos a nuestro país para robarle su petróleo y el resto de sus inmensas riquezas, como lo hizo durante casi todo el siglo veinte, se hace la desentendida y tanto ha sido su silencio que hasta sus voceros de la SIP, los llamados “grandes” medios de comunicación del Continente, esa “masacre silenciosa” en el vecino país no constituye en ningún momento importancia alguna como para que ocupen sus páginas…


Veamos esa atroz realidad de la que casi nada se le informa al mundo: 
Según informe de la ONU de marzo de 2019, 257 líderes sociales fueron asesinados entre la firma del acuerdo de paz entre las Frac-Ep y el gobierno de Colombia, suceso de gran relevancia que ocurrió el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2018.
Un informe del programa Somos Defensores, el Cinep, la Universidad Nacional de Colombia, la Comisión Colombiana de Juristas y el portal Verdad Abierta, investigó qué está pasando y a estas conclusiones ha llegado:

Casi el 50% de los asesinatos se realizaron en las viviendas de los líderes sociales, lo cual muestra un patrón que indicaría la sistematicidad en estos siniestros, debido a que las violaciones a la vida serían el resultado de unas actividades de seguimiento y planeación por parte de los victimarios.

La sistematicidad, agrega el informe, se puede ver en que los ataques, además de ser reiterados y continuos, también muestran indicios de planeación” y la otra, que la mayoría de los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos habrían sido cometidos por paramilitares, fuerzas criminales que, a pesar de que el gobierno de Duque, niega que esos grupos existan, pues alega que fueron  desmovilizadas por el gobierno de Uribe Vélez en 2006, las organizaciones sociales del país, nos referimos a aquellas que hacen vida en el medio rural y en los sectores urbanos de más bajos recursos, aseguran todo lo contrario, que están más vivas que nunca y que, además, están aupadas y apoyadas por sectores de las fuerzas armadas regulares del país. Operan bajo distintas denominaciones como las Águilas Negras, Los Rastrojos, Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), los que antes se les conocía como las Bacrim.

El programa “Somos Defensores” tiene documentado 609 homicidios entre 2010 y junio de 2018.
El último informe presentado por la oficina de Derechos Humanos de la ONU, de fecha 14 de abril último,  reveló que desde enero fueron asesinados 29 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, mientras que en 2018 se presentaron 113 homicidios. De otra parte, los medios alternativos del vecino país nos informan que a esta fecha y desde que se inició el año 2019, ya van más de 38 dirigentes sociales asesinados.

La oficina de Derechos Humanos de la ONU asegura que en Colombia no se han implementado medidas eficaces para proteger a los voceros comunales.
Señala ese informe de las ONU que las zonas rurales son las más afectadas, y en el 96 por ciento de los casos las víctimas habían manifestado su oposición a la acción de los grupos criminales y su apoyo al proceso de paz, el cual, como sabemos, el gobierno de Duque intenta aniquilarlo, siguiendo la política de guerra arrasada que siguió durante su mandato Uribe Vélez y que hoy éste, como su mandante y ductor, lo que para nadie es un secreto, se la impone…!!!

Agrega en su informe la ONU que una de las causas de estos homicidios es la falta de presencia estatal en las regiones en las que hacen presencia los grupos armados y al hecho de la no implementación del acuerdo de paz en lo concerniente a la reforma rural integral y la sustitución de cultivos.
Ese organismo precisó que los responsables de estos homicidios son las organizaciones de la guerrilla del ELN, el EPL, los disidentes de las Farc y la fuerza pública.

Sobre este último punto, la ONU afirmó que en el 2018 se registraron once casos de ejecuciones extrajudiciales de los cuales se les atribuyen seis a la Policía y cinco al Ejército. Esas ejecuciones extrajudiciales se registraron en Antioquia, Huila, Arauca, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander y se pudo conocer, agrega la ONU, que algunos casos se desarrollaron en el marco de protestas sociales, otros se relacionan con el uso excesivo de la fuerza y otros ocurrieron en medio de operativos de control.

En el caso de las afectaciones a la libertad de prensa, la ONU aseguró que las cifras van en aumento, ya que el año pasado se registraron 3 homicidios de periodistas, 200 amenazas y 477 agresiones.
El organismo internacional hizo un llamado al Gobierno y a la guerrilla del ELN para se acuerde un cese al fuego bilateral que permita construir confianza para avanzar en la construcción de paz.

Mientras tanto, el asesinato por encargo sigue siendo en Colombia y lo reiteramos ya por más de 50 años ininterrumpidos, una lamentable realidad, pero en absoluto la misma constituye preocupación alguna para esa llamada “Comunidad Internacional”, integrada por 54 países de los 193 que hacen parte de las ONU, la cual sólo tiene sus mirillas apuntando hacia nuestro país…   
rumbos200@gmail.com

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