Por Iván Oliver Rúgeles:
No cesan en el país vecino los asesinatos de líderes
sociales y defensores de derechos humanos
Ante esa terrible tragedia que no ha tenido tregua en más de
50 años en ese país, la “comunidad internacional”, esa misma que no pierde un
segundo en planear agresiones de toda naturaleza a Venezuela, simplemente
porque nuestra Revolución Bolivariana no se rinde ante las pretensiones del imperialismo yanqui de ponerle las manos
a nuestro país para robarle su petróleo y el resto de sus inmensas riquezas,
como lo hizo durante casi todo el siglo veinte, se hace la desentendida y tanto
ha sido su silencio que hasta sus voceros de la SIP, los llamados “grandes”
medios de comunicación del Continente, esa “masacre silenciosa” en el vecino
país no constituye en ningún momento importancia alguna como para que ocupen
sus páginas…
Veamos esa atroz realidad de la que casi nada se le informa
al mundo:
Según informe de la ONU de marzo de 2019, 257 líderes
sociales fueron asesinados entre la firma del acuerdo de paz entre las Frac-Ep
y el gobierno de Colombia, suceso de gran relevancia que ocurrió el 24 de
noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2018.
Un informe del programa Somos Defensores, el Cinep, la Universidad
Nacional de Colombia, la Comisión Colombiana de Juristas y el portal Verdad
Abierta, investigó qué está pasando y a estas conclusiones ha llegado:
Casi el 50% de los asesinatos se realizaron en las viviendas
de los líderes sociales, lo cual muestra un patrón que indicaría la
sistematicidad en estos siniestros, debido a que las violaciones a la vida
serían el resultado de unas actividades de seguimiento y planeación por parte
de los victimarios.
La sistematicidad, agrega el informe, se puede ver en que
los ataques, además de ser reiterados y continuos, también muestran indicios de
planeación” y la otra, que la mayoría de los asesinatos a líderes sociales y
defensores de derechos humanos habrían sido cometidos por paramilitares,
fuerzas criminales que, a pesar de que el gobierno de Duque, niega que esos
grupos existan, pues alega que fueron
desmovilizadas por el gobierno de Uribe Vélez en 2006, las
organizaciones sociales del país, nos referimos a aquellas que hacen vida en el
medio rural y en los sectores urbanos de más bajos recursos, aseguran todo lo
contrario, que están más vivas que nunca y que, además, están aupadas y
apoyadas por sectores de las fuerzas armadas regulares del país. Operan bajo
distintas denominaciones como las Águilas Negras, Los Rastrojos, Grupos Armados
Organizados (GAO) y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), los que antes
se les conocía como las Bacrim.
El programa “Somos Defensores” tiene documentado 609
homicidios entre 2010 y junio de 2018.
El último informe presentado por la oficina de Derechos
Humanos de la ONU, de fecha 14 de abril último,
reveló que desde enero fueron asesinados 29 líderes sociales y
defensores de Derechos Humanos, mientras que en 2018 se presentaron 113
homicidios. De otra parte, los medios alternativos del vecino país nos informan
que a esta fecha y desde que se inició el año 2019, ya van más de 38 dirigentes
sociales asesinados.
La oficina de Derechos Humanos de la ONU asegura que en
Colombia no se han implementado medidas eficaces para proteger a los voceros
comunales.
Señala ese informe de las ONU que las zonas rurales son las
más afectadas, y en el 96 por ciento de los casos las víctimas habían
manifestado su oposición a la acción de los grupos criminales y su apoyo al
proceso de paz, el cual, como sabemos, el gobierno de Duque intenta
aniquilarlo, siguiendo la política de guerra arrasada que siguió durante su
mandato Uribe Vélez y que hoy éste, como su mandante y ductor, lo que para
nadie es un secreto, se la impone…!!!
Agrega en su informe la ONU que una de las causas de estos
homicidios es la falta de presencia estatal en las regiones en las que hacen
presencia los grupos armados y al hecho de la no implementación del acuerdo de
paz en lo concerniente a la reforma rural integral y la sustitución de
cultivos.
Ese organismo precisó que los responsables de estos
homicidios son las organizaciones de la guerrilla del ELN, el EPL, los
disidentes de las Farc y la fuerza pública.
Sobre este último punto, la ONU afirmó que en el 2018 se
registraron once casos de ejecuciones extrajudiciales de los cuales se les
atribuyen seis a la Policía y cinco al Ejército. Esas ejecuciones
extrajudiciales se registraron en Antioquia, Huila, Arauca, La Guajira,
Magdalena y Norte de Santander y se pudo conocer, agrega la ONU, que algunos
casos se desarrollaron en el marco de protestas sociales, otros se relacionan
con el uso excesivo de la fuerza y otros ocurrieron en medio de operativos de
control.
En el caso de las afectaciones a la libertad de prensa, la
ONU aseguró que las cifras van en aumento, ya que el año pasado se registraron
3 homicidios de periodistas, 200 amenazas y 477 agresiones.
El organismo internacional hizo un llamado al Gobierno y a
la guerrilla del ELN para se acuerde un cese al fuego bilateral que permita
construir confianza para avanzar en la construcción de paz.
Mientras tanto, el asesinato por encargo sigue siendo en
Colombia y lo reiteramos ya por más de 50 años ininterrumpidos, una lamentable
realidad, pero en absoluto la misma constituye preocupación alguna para esa
llamada “Comunidad Internacional”, integrada por 54 países de los 193 que hacen
parte de las ONU, la cual sólo tiene sus mirillas apuntando hacia nuestro
país…
rumbos200@gmail.com
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