Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:
La construcción de la paz estable y duradera, es un
compromiso de estado y no puede ser omitido por el gobierno, ni eliminado de la
agenda de estado, a riesgo de caer en una falta gravísima, por tratarse de la
atención urgente a un derecho humano y fundamental y de un principio y valor
sustancial a la democracia y al estado de derecho. Las garantías para
fortalecer la articulación del sistema de justicia especial de paz, comisión de
la verdad, amnistía prevista, conexidad de delitos, reconocimiento y reparación
a las víctimas y des escalamiento de toda violencia son imperativos, mandatos
que debe cumplir el gobierno de manera incondicional, sin pretender la
renegociación de nada, en tanto lo pactado, se firmó y ha de cumplirse, a
secas, sin objeción. La implementación del acuerdo de paz no un compromisos
opcional ni electivo, y se requiere con urgencia incrustar el espíritu y
acciones de paz en el plan de desarrollo y en las agendas institucionales
legales, administrativas y financieras.
La paz es un derecho todos los días reiterado en discursos,
documentos y directrices del gobierno y de los otros poderes del estado y su
práctica exige materialización. La paz tiene el triple rasgo de ser un derecho
humano, presente en la declaración universal de 1948 y en todo el sistema de
derechos universal y regional; un derecho fundamental, expuesto en la
constitución nacional de 1991 y; un bien común en el nivel de valor esencial,
invocado en la totalidad de compromisos del estado con la comunidad
internacional. No resulta congruente, que el estado se comprometa retóricamente
a sacar adelante las tareas de la paz, pero aparezca alentando salidas de
guerra, para su propio país y para la región entera.
El grupo político en el poder, ministros y delegatarios que
se muestran huraños, esquivos, agresivos, intolerantes y desafiantes ofreciendo
la guerra, están amenazando la paz, poniendo en riesgo su ejercicio. Olvidan que
la guerra es condenable y lesiona la dignidad de toda la humanidad y es
rechazada en los pactos y compromisos democráticos suscritos por el estado (que
aunque “ellos” no los hayan firmado, juraron cumplir con sus cargos) y les
genera responsabilidades éticas y penales, ante las cortes de justicia, CPI,
OEA, ONU y tratados y convenios de todo orden.
El común de los pactos firmados es el compromiso de
garantizar la convivencia como razón de ser de la civilización, siguiendo
fielmente el espíritu de que “el desconocimiento y el menosprecio de los
derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia
de la humanidad, y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada del
hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del
temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de
creencias y los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a
fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra
la tiranía y la opresión” (DUDH, preámbulo).
Ese es el fin incondicional de todo gobierno y sus
funcionarios del nivel que sean, sin consideración alguna de ideología o
política, sea de izquierda, derecha, centro, ateo o creyente, hombre o mujer.
Para toda la sociedad y el estado está por encima la obligación ética, moral,
política y jurídica, de asumir la paz como meta central. Así ha de entenderlo
el gobierno Duque y el centro democrático como partido de gobierno y tanto la
negación a dar continuidad a las negociaciones políticas para cerrar el
conflicto armado con el ELN, como promover y liderar una confrontación y
derrocamiento del gobierno vecino, son una omisión flagrante una y delito la
otra. Negarle condiciones a la paz interna es abofetear los derechos humanos y,
hacer injerencia en el país hermano es destruir con premeditación el tejido del
derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Al país hermano lo polarizaron y está listo para que sobre
sus odios creados, puedan correr los ríos de sangre que piden nuestros
generales, que en su propio país miran a otro lado para no ver como asesinan a
sus líderes o “matan a la gente para quedarse con el rio y después matan al
rio”.
La barbarie como fuente del temor y la humillación están
proscritas desde el fin del holocausto nazi y el establecimiento del tribunal
de Núremberg y desde entonces promover o hacer la guerra es un crimen y cuando
un gobernante la asume para sostener su legitimidad y beneficiarse de ella para
mantener el ejercicio del poder, se convierte en un tirano, que podrá ser
juzgado cuando los limites de su poder traspasen la barrera de lo moralmente
permitido y su poder cese. La historia de este siglo da cuenta de cerca de una
docena de expresidentes juzgados por crímenes de guerra o genocidio como:
Charles Taylor deLiberia inculpado en
2003 por crímenes en Sierra Leona, que
dejó 120.000 muertos; Laurent Gbagbo deCosta de Marfil, detenido en 2011 (CPI), “coautor indirecto” por mas de
3000 muertes cometidas por sus fuerzas; Slobodan Milosevic, de Yugoslavia
juzgado en 1999 por el Tribunal Penal Internacional, por más de 200.000
muertos.; Milan Milutinovic deSerbia inculpado en 1999; Khieu Samphan de
Kampuchea, detenido en 2007; Omar El Beshirde Sudán, acusado en 2009 por la CPI
por mas de 300.000 muertos en Darfur, según la ONU.
Así mismo varios ex presidentes Suramericanos como Pinochet,
Fujimori y Videla fueron a prisión, aunque cuando condujeron la barbarie,
contaron con el irrestricto apoyo de los Estados Unidos, que contribuyó a
fortalecer la versión de que eran promotores de derechos humanos y que sus
indicadores de éxito (asesinatos, desapariciones) acciones democráticas
necesarias para salvar la patria de enemigos.
P.D. La ayuda humanitaria solo existe cuando es prestada por
organismos independientes y no afecta la autodeterminación de un pueblo, ni
enfrenta la voluntad del gobierno legítimo. Los Principios de la ayuda
humanitaria son: A. Independencia operativa: No entremezclase con cuestiones
políticas, culturales, militares, ideológicas o religiosas, ni influir en los
acontecimientos para inclinar hacia un lado u otro la acción de los organismos
de atención. B. Imparcialidad:
La atención y asistencia inmediata no es excluyente. C.
Neutralidad: Las misiones no pueden, bajo ningún concepto, tomar partido en lo
que sucede en el entorno. En casos de guerras o conflictos internos su labor no
será alimentar discrepancias ni mostrarse favorables a uno u otro de los
bandos. D. Humanidad y atención: atender el sufrimiento y necesidades de las
personas, salvar vidas es el principal objetivo de cualquier programa de ayuda
humanitaria en el mundo. Los principios de imparcialidad, neutralidad y
humanidad fueron confirmados en la resolución 46/182 de la asamblea General
aprobada en 1991, el principio de independencia se añadió en 2004 por
resolución 58/114.
mrestrepo33@hotmail.com
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