Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:
El gobierno comete un error frente a la sociedad al
pretender que esta valide sin objeción el ejercicio de la violencia que el
produce y ejerce, pero que condene, sin ninguna reflexión, como hecho de terror
cualquier otra violencia similar. Toda violencia es condenable, la del estado y
la de los terceros. El resultado de validar solo un tipo de violencia es
contrario al DIH y a la aplicación de los derechos humanos. En Colombia, a
pesar del anhelo de paz nacional, aún tiene actores armados, a los que no se
puede convertir por disposición normativa o voluntad de poder poner a secas en
la condición de grupos armados delincuenciales. El afán por validar el
ejercicio de la violencia del estado, está arrastrando al poder hegemónico a
tratar de conquistar al precio que sea, voces, grupos, personas, personalidades
y pueblo, que hagan eco de que la razón de estado es la fuerza y que está
autorizado para usarla a su antojo y sin límite.
Usar la fuerza para sostener el poder y concentrarlo más,
pero a la vez profundizar el modelo de despojo de la riqueza nacional y tapar
escándalos de corrupción, ya dejo a su paso una estela de horror, más fracasos
que éxitos y mas sangre y sufrimiento que cohesión social, y degradó la
capacidad de los derechos humanos como limite al poder, porque terminó
persiguiendo a los derechos y a sus defensores y metiendo a la sociedad en la
inhumana disyuntiva entre seguridad o derechos, que reemplazaba la disyuntiva
real que era entre muerte o vida.
La seguridad alineada con la violencia elimina libertades,
fomenta la desigualdad, impide la resolución de conflictos y reinstala en la
sociedad el ánimo de guerra y el destierro de los derechos, de lo que el
presidente y su equipo de gobierno, hacen alarde con sus reiteradas apariciones
mediáticas, a la manera de un tribunal militar, para señalar y emitir anuncios,
que copan todos los párrafos con menciones a la necesidad de la fuerza (hacia
adentro y hacia fuera) y así lo repiten el partido de gobierno, el presidente
del senado, el fiscal, el canciller, los consejeros de paz y derechos y la
vicepresidenta, convertidos en expertos para tensionar las relaciones humanas y
someter a la gente a la dicotomía guerra-paz, cada vez más influenciada o al
menos más visiblemente influenciada por el gobierno de los Estados Unidos, que
ya no parece venir a Colombia, si no vivir en Colombia.
El estado y el gobierno, con algunas excepciones en las
cortes de justicia, al mismo tiempo que invocan a la constitución de la paz y los
derechos y reconocen que Colombia es un estado de derecho, posicionan a la
violencia institucional como el fundamento de su existencia, desentendiéndose
del carácter histórico, que trazo la ruta de que las actuaciones del estado
deben basarse en la razón que es capaz de dubitar, meditar, interpretar y
entender que toda muerte es un síntoma de fracaso del estado.
El pacto constitucional vigente, obliga al gobierno a
privilegiar los derechos de la sociedad ante sus propias pretensiones y con ese
serán juzgadas las acciones del poder. Si el gobierno se obstina en no
reconocer el poder superior de la sociedad, se radicaliza en hacer prevalecer
el monopolio de la fuerza y de usarla a la medida de sus propias intenciones e
intereses sin atender limites, en no reconocer la soberanía de la nación como
asunto colectivo, ni acatar el respeto a la autodeterminación de otros pueblos
como principio universal y se niega a escuchar las voces contra el regreso a la
violencia como única respuesta a los problemas del país, el fracaso del
gobierno está asegurado.
Usar la violencia es invalidar los clamores de las victimas
(cuya cifra supera al conjunto de víctimas de todo el continente), los jóvenes
en movilización que dicen no a ninguna guerra, los partidos y movimientos de
oposición que igualan al número de electores del presidente y en abierta
afrenta propia de un gobierno de facto decide avivar el espíritu de guerra
hasta lograr su materialización, el desastre será irreparable y el país que
tenía como destino las metas de la OCDE será un país paria.
Los derechos humanos son un real y legal límites al poder y
serán los encargados de servir de barrera para tratar de soportar los horrores
de nuevas violencias incontenibles o incluso nuevas luchas revolucionarias y
alzamientos armados, como ha ocurrido cientos de veces por cuenta de causas
similares desde hace doscientos años, que dieron como resultado las luchas de
independencia en Francia, Estados Unidos y la gran Colombia. El gobierno parece
haber perdido la pista de su mandato respecto a tener en cuenta como principio
de poder que “La configuración de los derechos fundamentales como límites al
poder o como verdaderas obligaciones del Estado, y su consiguiente inclusión en
normas jurídicas, no es una condición natural de las libertades, sino una
condición histórica que atiende a una confluencia de circunstancias de índole
económica, política y social” (Asunsolo-Morales, México 2015).
La obsesión por alentar la violencia llamando a la sociedad
a condenar a los enemigos por hacer las mismas cosas que el gobierno hace,
convencido que la violencia institucional es para salvar a la humanidad y la de
los otro para destruirla, es absurda. En este afán frustra los anhelos paz y
produce desesperanza por su no retorno. Se olvida la alianza en el poder, que,
si arranca otra vez la espiral de violencia, esta no tendrá fecha de
vencimiento y como en toda guerra los muertos no serán sus muertos, serán
nuestros muertos.
Es un cruel mensaje pretender convertir a la sociedad en una
prótesis del gobierno, para empoderarse a sí mismo de manera narcisista y
cruel, porque rompe el equilibrio sociedad-estado que garantiza los límites y
pesos y contrapesos necesarios de cualquier democracia real. La convivencia y
la tranquilidad ciudadana se consiguen con la paz como garantía para los demás
derechos, nunca con la violencia. Si el gobierno acosa a la sociedad, se
instituye en participes por acción u omisión de la intimidación a sus
organizaciones, la muerte de sus dirigentes y la negación del justo derecho.
Si el uso de la fuerza letal es la única carta de
presentación del gobierno, como indica serlo, estamos ante un espectáculo de
burla a la constitución y condenados a vivir con derechos de papel por falta de
garantías, que los convierte en “asuntos” a discreción del estado, negándole
toda opción de autonomía y soberanía a la sociedad y poniendo al descubierto la
impotencia y nula legitimidad de los órganos internacionales, utilizados al
antojo de los poderosos, que deciden cual crimen es producto del derecho
implícito de unos a matar y de otros a morir sin posibilidad de reclamo y a
merced y victimas del incumplimiento de los deberes del estados frente a
individuos y pueblos.
mrestrepo33@hotmail.com
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