Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez :
Desfinanciar constituye una violación a derecho humano
La conclusión es contundente: La universidad pública,
pensada como el medio para afianzar la paz, no le interesa al gobierno, los
recursos que ofrece son para salir del paso, dividir, separar, acallar y evitar
la movilización, que le genera incomodidad y no para atacar el problema de
fondo o fortalecer su existencia pública. Los montos aplazan la fecha de
vencimiento, pero no detienen el avance hacia su liquidación total.
La Des
financiación programada, es perfectamente asimilable a una violación al derecho
humano ya ganado, formulado en la Declaración de los Derechos del hombre y del
ciudadano de 1793, en el artículo 22, que la anuncia (educación) como una
necesidad para todos y llama a la sociedad a favorecer con todo su poder los
progresos de la razón pública y colocar la instrucción al alcance de “todos” y
que fue reinventado con la Declaración Universal de 1948, que en el artículo 26
afirma, que “los estudios superiores serán igual para todos, en función de méritos”
(no de capacidades económicas) porque se supone que todo derecho humano implica
la obligatoria financiación estatal.
El gobierno no puede desconocer que la educación es un
derecho fundamental, un bien público y una condición esencial para la paz del
país y la vida con dignidad, hacerlo es omitir su obligatorio cumplimiento y
empujar a la sociedad para defenderla en resistencia. Mantener al sistema
universitario de educación pública desfinanciado y controlada su autonomía (que
es otro derecho fundamental) indica sin lugar a objeción, que existe de facto,
una violación a derechos humanos, que podría y debería ser sancionada por las
cortes de justicia local, atendiendo que sí hay ante quien reclamar, sí hay
donde reclamar, cómo reclamar y suficiente material probatorio de la
sistemática vulneración, que también puede ser atendida por el sistema
interamericano de derechos humanos.
Antecedentes: Un plan
estratégico para aniquilarlas
Las enormes masas humanas, que protestan en las calles
durante el mes de octubre están lideradas por estudiantes, jóvenes en rebeldía,
que las volvieron parte de la coreografía política y social del país. El motivo
es la legitima, justa y legal, defensa de la Universidad Pública, a la que
asisten especialmente jóvenes procedentes de sectores populares, de regiones
olvidadas y que son los hijos de trabajadores y empleados. La movilización es
una respuesta a la sistemática arremetida de políticas de estado surgidas de
centros económicos y de poder político, que la mantienen bajo la amenaza de una
“dictadura presupuestal” y atadas a compromisos distintos a su naturaleza
científica y cultural.
Los últimos 25 años han sido azarosos para las 32
universidades públicas que atienden a la tercera parte de los estudiantes del
país, mientras más de 200 privadas atienden al resto, a precios de libre
mercado y baja calidad, en el quinto país más desigual del mundo, en el que las
mafias compran la inocencia de quienes les resultan prescindibles. Las
universidades publicas fueron premeditadamente debilitadas, vaciadas de su
esencia, sus plantas de personal desmontadas, queda uno de cada tres en la
nómina de profesores, los otros dos son contratados de manera precaria, la
situación se repite con los trabajadores públicos y oficiales, que dieron paso
a funciones contratadas con empresas privadas.
La política social y el bienestar se tradujo a sistemas de
compensación selectiva; la producción de la ciencia fue amarrada a voluminosos
indicadores que miden todo menos los impactos reales en la transformación de la
sociedad y la creación de bienestar; la extensión volvió a la universidad una
contratista social, ajena, que dejó de ser el puente que conectaba con la
sociedad y se redujo a formula mercantil sin compromiso con el tejido social y;
la Des financiación la lleva a comportarse como “empresa rebuscadora” de
recursos a como de lugar, sin ética, sin política. La autonomía fue usurpada
por clientelas políticas regionales y la movilización académica y social
tratada como factor de guerra, que deja desapariciones forzadas, torturas y
asesinatos de profesores y estudiantes, en la lucha por controlarlas, usar sus
bienes, saquear sus presupuestos y eliminar las ideas libres de padrinazgos.
La indiferencia estatal, es la directa responsable de que
ocurra la movilización, entendida como recurso efectivo, ante el ataque
sucesivo a su función esencial de creadoras de conciencia crítica y pensamiento
libre para forjar el desarrollo de la nación, para lo cual debe ser totalmente
financiada con recursos públicos y protegida su capacidad de influencia
intelectual. Al contrario el gobierno con la política estatal trata de
mantenerlas relegadas cumpliendo tareas inútiles por mandatos de poder y
garantizado su sobrevivencia compitiendo en mercados desiguales, vendiendo
programas y siguiendo el estricto trazado de la llamada apertura económica
(basada en el consenso de Washington) instalada en Colombia a comienzos de la
última década del siglo XX, que entrego la venta del servicio educativo a
inversionistas y negociantes de toda especie, que crearon decenas de
universidades (de garaje) y miles de programas sin mayores exigencias de
calidad, ni respeto por el saber y la universalidad del conocimiento y menos
por la dignidad docente y de sus trabajadores. Algún sector de narcotraficantes
de la época entró al negocio y de la misma manera que crearon equipos de
futbol, lo hicieron con universidades a las que después les limpiaron el pasado
y las llevaron a la legalidad.
Resultado: Movilización de Dignidad, ni espontanea, ni inmediata
La movilización universitaria representa una lucha por la
dignidad, por el saber y por la autonomía y el gobierno como respuesta reparte
desprecio, hace enredados cálculos económicos que desorientan y seduce al
sector más débil de la movilización (los rectores) con pírricos presupuestos
dirigidos a confundir a la sociedad y estigmatizar al movimiento, no a darle
solución a sus demandas que son también de autonomía, de dignidad. Detrás de
las cifras está el afán de perpetuar la guerra, enterrar los anhelos de paz y
responder con violencia a las luchas por la justicia. En su actuar inmediato,
el presidente miró a otro lado, con arrogancia se fue al vaticano a pedirle
ayuda al papa para derrocar al gobierno vecino, como ya lo había hecho en la
asamblea de la ONU y de la OEA; luego fue a la OTAN a hablar de ciber seguridad
y buscar consejo para mejorar los estándares de participación de las mujeres en
las fuerzas armadas y a su regreso anuncio con ánimo vengador el envió para la
conflictiva zona campesina del Catatumbo de 2500 soldados de una fuerza
especial (FUDRA) de la que un militar de alto rango dijera que esta es para
“atacar porque hay gente que solo entiende plomo” y después en palacio con
guiños dio apoyo a las trampas tendidas a la JEP y la Comisión de la verdad.
La movilización, es de dignidad y supera la espontaneidad de
otros movimientos de indignados. Es de largo aliento y tiende a convertirse en
conciencia, para que la universidad pública no quede convertida definitivamente
en otro modelo de centro de negocios. La movilización, en 10 días de presión
social, alcanzó como primera conquista la promesa de una adición presupuestal
suscrita y aceptada por los rectores y puso al descubierto que la confrontación
es al poder hegemónico, que desde hace 200 años emplea la ignorancia como
receta para sostener su despotismo, según se refleja cuando en minutos
encuentra fuentes de recursos para revitalizar la guerra, reactivar la
alimentación escolar operada por privados, reacomodar el programa de ser pilo paga
que cofinancia en universidades privadas a cerca de 40.000 estudiantes con un
alto costo, en cambio de financiar a menor costo a los cerca de 100.000
estudiantes que en el mismo lapso ingresaron a la universidad pública.
En instantes después de diez días de protesta sin atención,
encontró recursos para la fuerza Fudra cuyo objetivo es aniquilar, no resolver;
los empresarios tributaron con exoneración; el fiscal habló de 12 billones en
bienes incautados tirados en el abandono; la ministra de minas habló de 30
billones esperados por regalías; los sistemas de corrupción enquistados en los
partidos de gobierno recibieron buenas noticias del congreso que no afectará su
manjar de 50 billones para saquear; los grandes inversionistas mantienen sus 10
billones en exoneración; el precio del barril de petróleo aumenta produciendo
por cada dólar cerca de 350.000 millones de pesos y; el aumento del dólar
beneficia al pequeñito grupo de exportadores.
mrestrepo33@hotmail.com
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