Por Tony López R.:
Esta es la interrogante que muchos estudiosos, analistas,
académicos y el propio pueblo colombiano se plantea a diario. Claro que existe
una gran confusión sembrada por los medios hegemónicos de comunicación con toda
intencionalidad y creado en el imaginario de la opinión pública que: “desarmada
y desmovilizada la guerrilla se ponía
fin al conflicto”, lo cual es
absolutamente falso. La realidad objetiva para alcanzar la paz tiene que partir de un principio fundamental,
estratégico y real es y será la voluntad
política que tenga la oligarquía colombiana de emprender cambios estructurales
que permitan lograr justicia social, equidad y una distribución de la riqueza
equilibrada.
Desde hace muchos años se ha sembrado la idea de que
desarmada y desmovilizada las FARC-EP el conflicto armado terminaba, los hechos
actuales han demostrado todo lo
contrario, los grupos de poder político,
económico y militar en Colombia, han considerado que vencidas las FARC-EP, las otras fuerzas guerrilleras existentes en
el país se exterminaban, por considerarlas
fuerzas militarmente débiles y
por tanto en cuestión de muy poco tiempo los sentaban en una mesa de
conversaciones y estas aceptaban las
condiciones que impone el Gobierno.
Es precisamente lo que ha planteado el presidente Iván Duque
al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de que dejen de “delinquir, entreguen
las armas y se sometan a las condiciones que el gobierno proponga” y bajo ese
principio la Casa de Nariño aceptaría
sentarse en la mesa a dialogar, ordenando a las Fuerzas Militares que en los
cien primeros días de su Gobierno estas debían de aniquilar militarmente a la
guerrilla del ELN.
Craso error, en primer lugar es no conocer al ELN,
organización cuya fundación data del 4 de julio de 1964 y cuya formación,
militancia y composición siempre ha partido de abrazar un pensamiento político
e ideológico nacional liberador, bolivariano y guevarista y si en más de 50
años no han podido derrotar al ELN, dudo de que en cien días, las Fuerzas
Militares puedan lograrlo, esa es una guerrilla fogueada en el combate y armada
política e ideológicamente. Lo que sí puede lograr Duque es enlutar más a su
pueblo bombardeando y ametrallando indiscriminadamente los territorios que
consideran ocupa la guerrilla.
Desde la fecha en que fue creado el ELN este se caracterizó,
no solo por desarrollarse en el campo militar,
también lo hizo en lo político, social, de masas, juvenil, estudiantil,
académico y cristiano, y ese principio se ha mantenido como una organización
político-militar. Los colombianos no deben
olvidar que cuando las Fuerzas Militares comandadas por el coronel
Hernán Hurtado Vallejo en 1973 le
propinaron un severo golpe al ELN en
Anorí, muchos, incluido el entonces Jefe del Ejército, el general Álvaro
Valencia Tovar, declaraban que los “elenos” estaban exterminados, solo había
quedado un pequeño destacamento de no más de 80 guerrillero, bajo el mando del
comandante Fabio Vázquez Castaño,
fundador del ELN. La realidad fue otra, como ave fénix el ELN renació,
se recompuso, creció y se fortaleció política, social y militarmente.
Esta es una fuerza política-militar importante, que desde
hace muchos años ha levantado las banderas de la paz, siempre bajo el principio
de un diálogo que logre el consenso de las partes y con la participación del pueblo representado por
el movimiento social y comunitario. Han sido los gobiernos los que con diversos
e injustificables argumentos nunca han aceptado sentarse seriamente a dialogar
y buscar una paz justa, duradera y definitiva, el ejemplo más palpable es el
incumplimiento de los Acuerdos de Paz firmados con las FARC-EP y que con
deshonesta conducta con su pueblo, la comunidad internacional, los países garantes, las Naciones Unidas y
con los pueblos de la región, han enterrado lo que fue el sueño de todos los
amantes de la paz.
A la oligarquía le es más rentable mantener el conflicto
armado porque se benefician del enorme
presupuesto que el Estado invierte en la guerra y reciben pingues
ganancias. Resulta realmente vergonzoso
e impúdico que se despilfarre el dinero del Estado en bombas, balas y medios de guerra, en detrimento de la salud,
educación, cultura y vivienda del pueblo, guerra que solo ha servido para
enlutar al país, sépase que el conflicto armado en Colombia según el Centro de
la Memoria Histórica (CNMH) de 1958 al
2012 deja una cifra de 262,197 muertos,
de los cuales el 80 por ciento eran civiles.
Para entender la actual conducta del gobierno de Iván Duque
debe tenerse presente que este representa
al Centro Democrático, partido
político de extrema derecha, cuyo
máximo jefe es Álvaro Uribe Vélez, quien históricamente se ha
opuesto a la paz en Colombia y furibundo enemigo de la Mesa de diálogo
de La Habana, apoyado en su campaña guerrerista y mentirosa por los
medios de prensa oligárquicos y hegemónicos
que fueron sembrando la idea, de que el Gobierno de Santos
entregaría a la guerrilla el sillón presidencial en la Casa de Nariño, así lo
repetían una y otra vez, o que el castro-chavismo se impondría en Colombia, esa
era la matriz de opinión que esparcían diariamente y repetían hasta el
cansancio los alabarderos del uribismo, del cual era fiel exponente el hoy
presidente Iván Duque.
Uribe Vélez, mentor del actual Presidente, cuando ejerció la
presidencia, basó su discurso político
bajo el slogan de “mano dura y corazón
ardiente” y aplicó la política que llamó “Seguridad Democrática” traducido a la realidad no era más que desarrollar una feroz política
contrainsurgente y antidemocrática, enemiga de todos los sectores democráticos,
progresistas y de izquierda en Colombia,
con el apoyo político y militar
ilimitado de los gobiernos republicanos y demócratas de los Estados Unidos. El
servilismo de Uribe llegó a tal desatino que autorizó, con el apoyo de
un corrupto Congreso, el establecimiento de varias bases militares de los
Estados Unidos en su territorio. y permitió
que la Jefatura del Comando Sur, participara activamente en operaciones
castrense en el sur del país
contra las FARC-EP entre ellas, la
conocida Operación Tanatos.
La obsesión del presidente Uribe Vélez (2002-2010) por
exterminar a la guerrilla lo condujo a ofrecerle a los mandos militares y
soldados recompensas monetarias por cada guerrillero muerto, ese ofrecimiento
condujo a los llamados “falsos-positivo”,
un eufemismo condenado internacionalmente para referirse a las
ejecuciones extrajudiciales de civiles inocentes, cuyas cifras se ubican en más
de 3000 asesinatos cometidos por las
Fuerzas Militares entre el 2002 y el 2008 y que tiene pendiente que la Fiscalía
de la República entregue la información que posee a la Corte Penal
Internacional.
Puede afirmarse que los Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno de Santos y las
FARC-EP no han sido cumplido y en general desconocidos por el régimen del
presidente Duque, pues solo se han
interesado en modificar el acuerdo sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP),
tal como declarara el ex comandante de las FARC
Andrés Paris a la agencia de noticia API, “para beneficiar a los agentes del Estado
vinculados a graves delitos y a terceros elementos que se conocen están
vinculados al latifundismo, a los paramilitares y al narcotráfico, al ex
presidente y actual senador Álvaro Uribe a quien no le conviene que altos
mandos militares declaren todo lo que conocen de los “falsos-positivos” y de
otras acciones que le vinculan a los paramilitares y a los capos del
narcotráfico” concluyo Paris.
Los 3 millones de hectáreas de tierras acordados para la entrega a los campesinos
pobres no se ha cumplido, ni los acuerdos
relacionados a los cultivos
ilícitos, la amnistía aprobada por el
Congreso y la Corte Constitucional se
cumplió a media y hoy aproximadamente
unos 600 miembros de las FARC se encuentran aún en prisión. No se han
tomado en cuenta los acuerdos relacionados con
la reforma política, electoral, judicial y militar y de ellos ni se hablan. Las ansias de
reincorporarse a la vida normal de los cerca de 7000 desmovilizados de la
organización guerrillera no se han logrado y se sienten traicionados por el
Gobierno de Santos y de Duque, teniendo en cuenta, que ellos sí cumplieron lo
acordado como lo fue la entrega de las armas,
su desmovilización y
concentración en las zonas veredales y para colmo dicen, tienen la prohibición
de salir del país a visitar a sus familiares, considerándose prisioneros. El paramilitarismo no ha sido combatido y los
territorios que antes ocupaban las FARC-EP han pasado a ser ocupados por estas
bandas criminales, quienes imponen a la comunidades campesinas su “ley y
su orden” de terror.
Un hecho incomprensible para la mayoría de los estudiosos de
los procesos de paz en la región y en
otros continentes y para la opinión pública nacional e internacional, ha
sido la entrega de las armas, y
concentración de las tropas guerrilleras,
sin que antes no se hubiera correspondido con la implementación de los
Acuerdos, lo que ha quedado marcado para
la historia de Colombia como una gran
traición al pueblo amante de la paz. Ese será el estigma que llevará por
siempre el hoy expresidente Juan Manuel Santos, al no
cumplir lo firmado el 24 de
noviembre del 2016 y manchará al actual
Gobierno por no asumir una conducta política firme y honesta al servicio de la
paz. La credibilidad del Estado
colombiano ha quedado en entredicho,
maltrecho y desprestigiado ante su pueblo y la comunidad internacional, los organismos
multilaterales y las organizaciones sociales y de derechos humanos, pues se
trata del incumplimiento de un tema tan sensible como el de la paz.
En definitiva, además de la entrega de las armas, la gran falencia de las FARC-EP fue no acordar
la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa, para
someter los Acuerdos de la Mesa de Dialogo a la votación del soberano y así
convertir los Acuerdos en una política
de Estado y no llegar a un acuerdo final
solo con el supuesto respaldo del Gobierno y más teniendo como precedente un plebiscito por el
Si o el No, y por el cual ni el Gobierno
hizo campaña para que el SI ganara, pues
en definitiva no era vinculante, pero al ganar el No, el Centro Democrático
y el senador Uribe Vélez exigieron
revisar, modificar y eliminar algunos temas ya acordados en La Habana, lo cual fue aceptado y así se
hizo.
Al final como esto fue un acuerdo del Gobierno de Juan
Manuel Santos y las FARC-EP y cuyos acuerdos para hacerlos efectivos tenían que
pasar por la aprobación del Congreso y de la Corte Constitucional, la gran
mayoría no han sido aprobados y otros modificados a la imagen de semejanza de
los interese del sistema y a pesar de ello no se han implementado. Con estos no
pocos elementos le dejo a los amigos lectores que se respondan la pregunta con la que títule este
artículo: ¿Ha fracasado, sí o no el Acuerdo de Paz en Colombia?.
(*) Periodista,
politólogo y analista internacional
jorgarcia726@gmail.com
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