Por William Castillo Pérez:
Dos tareas que la revolución debe acometer después del 20M
es meter en cintura a la inversión privada, regulando la economía con criterio
socialista humanista y comunista por un lado y por otro, realizar una
adecuación de los medios de comunicación para coadyuvar efectivamente en el
proceso socialista, abandonando definitivamente la pugna entre la comunicación
oficial, legal, adecuada y oportuna, y el hecho comunicacional aberrado, que
lo constituye la desobediencia de la ley y el orden y que deviene en una
contradicción o negación del objetivo de la información.
Bajo el uso y abuso sesgado e interesado del gran poder
económico mundial, la economía y la comunicación han trastocado su objetivo
principal, y han sido convertidos en elementos de la estructura del
Estado-nación, que la contrarrevolución hace gravitar negativamente sobre la
vida del pueblo, para afectar y descalificar la revolución bolivariana.
Aunque, verdaderamente son
factores o disciplinas subalternos frente a lo político y social, han
cobrado preeminencia, preponderancia y
fuerza en la vida de los pueblos, creando un caos, en el cual todos los
factores que deberían actuar armoniosamente, hacen lo contrario (caos)
ocasionando un incremento del costo de la vida en dinero, y un gran daño de la
paz necesaria en la vida diaria del ciudadano, y además producen importantes
utilidades ilegales a perpetradores y operadores de la agresión delictual
económica.
De allí observamos, que el caso transporte deriva en un
problema económico, que puede destruir la revolución bolivariana si no se
controla adecuadamente. Se tergiverso el objetivo principal, que era trasladar
al pueblo de un sitio a otro. Lo cual es una necesidad o sea un problema
social. Aun cuando el Estado nación mediante el uso de herramientas e
instrumentos legales (leyes y normas,) diseña todo lo concerniente a la
prestación del servicio de transporte e informa (comunicación) por los medios
necesarios a los involucrados,, cómo, por cual pago y cuáles condiciones, se
prestará el servicio.
Está información cuando llega a los dos actores del problema
( beneficiario y prestador del servicio) es desacatada por el prestador del
servicio, quien aumenta el precio del servicio,
aduciendo razones de si inciertas pero
manipuladas con el fin de negar
la información oficial, se evidencia
entonces una guerra comunicacional. Se constituye, entonces, el desacato
contumaz del prestador del servicio, en un hecho comunicacional, que se opone a
la orden legal del Estado venezolano.
Por otro lado el
beneficiario, en una decisión coyuntural inmediata admite -por necesidad- el
pago arbitrario del servicio, ya de esta forma, la ley informada, es violado de
facto. Ya en este momento, se ha establecido el caos, solo hay que mantener
esta situación caótica. Sumemos a esta aberración, el hecho cierto que tampoco
se ha corregido la anomalía por parte
del Estado.
Como consecuencia la comunicación oficial fue anulada. Pero,
es aquí donde apreciamos la presencia evidentemente perniciosa, de otro hecho
comunicacional poco ponderado al momento del análisis, que es la contra
comunicación o aberrada comunicación, la cual, es el hecho del desacato en sí
mismo, o sea, la desobediencia justifica el delito de la alteración del precio
y así desgraciadamente el usuario asume el delito y la contumacia del prestador
de servicio, como algo inevitable, mientras lo pueda soportar.
Aquí encontramos la otra aberrante acción del poder
económico, que al final, en este caos deviene en el factor más importante como
rector, ductor y principal beneficiario del caos que oprime al pueblo.
Demostrando, que dos factores, que de si, y originalmente
debían estar subordinados a la política. Ahora, por causa del inducido caos
provocado por el gran poder económico mundial. Son los que detentan todo el
poder. Y éste poder económico, actúa y mueve su influencia negativa en otros
aspectos de la vida del pueblo.
Lo del transporte es solo un ejemplo. Ellos los delincuentes
económicos, mediante el uso y abuso de sus medios de comunicación, colocan en
principal lugar de importancia, como
razones para aumentar los precios, sus gastos en repuestos, baterías y cauchos.
Sin tomar en cuenta la inversión en la infraestructura vial, en seguridad,
combustible, agua y otros gastos que corren por cuenta del Estado, como la
exoneración de impuestos, y cuyo propietario es el beneficiario del servicio de
transporte. Lo cual viene siendo para el transportista un subsidio indirecto.
Eso no lo toman en cuenta.
De éste análisis, se desprende, que la solución a la crisis
económica inducida en Venezuela, solo se concretará cuando el Estado venezolano
logre limitar la exagerada influencia de la inversión privada en los asuntos
políticos y sociales del diario devenir
de la nación venezolana.
El Gobierno nacional debe, convocar a un diálogo de Paz a
todo el sector de la inversión privada, para establecer la acción de dicho sector
en el país, con un desempeño responsable, respetuoso y limitado sólo a la
prestación del servicio correspondiente.
Por el cual, recibirá un pago justo.
¡Independencia y Patria Socialista y Soberana!!
¡Chávez vive!!!
¡La Patria sigue!!!!
¡Viviremos y Venceremos!!!!!
(El indio) pereznarw@gmail.com
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