Por Tony López R.:
Los gobiernos estadounidenses siempre han considerado que
América Latina es su patio trasero y que está sometida a sus designios e intereses, no es menos cierto, que muchos de
los gobernantes latinoamericanos que han sido elegido por su pueblo, salvo
honrosas excepciones, se han puesto al
servicio y obedecido a las políticas de
Washington como lo hacen hoy, ante el
pedido de aislar, sancionar e incluso no descartar la idea del presidente
Donald Trump de intervenir militarmente en Venezuela.
Luego de fracasadas numerosas maniobras políticas y
diplomáticas con el propósito de derrocar el gobierno de Venezuela y su
Revolución Bolivariana, llevadas a cabo por
el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el Departamento de Estado
de los Estados Unidos, apeló a utilizar una vía
alternativa y comisionó al gobierno de Perú y a su presidente Pedro
Pablo Kuczynski, para que convoque a una reunión de cancilleres latinoamericanos
y caribeños.
El pasado 9 de agosto tuvo lugar la reunión convocada por el
presidente de Perú, Kuczynsky a la que
solo asistieron 17 países de los 35 que conforman nuestra región.
De estas 17
naciones, solo 12 firmaron la
llamada “Declaración de Lima” presentada por el canciller peruano Ricardo
Luna y son: Argentina, Brasil, Canadá,
Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y
Perú.
No firmaron dicha declaración los representantes de Jamaica,
Guyana, Granada, Santa Lucia y Uruguay.
La llamada “Declaración de Lima” expresa que Venezuela “Ya no es una
democracia” y “son ilegitimo los actos emanados de la Asamblea Nacional
Constituyente”. Condena además “la violación sistemática de los derechos humanos
y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución
política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres
bajo observación internacional independiente". "Enérgico rechazo a la
violencia y cualquier opción que involucre el uso de la fuerza". Así mismo celebró la acusación de
parlamentarios colombianos y chilenos ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Nicolás
Maduro, mientras que declararon su apoyo
a las acciones de la hoy ex -fiscal
Luisa Ortega Díaz.
La intervención militar de Estados Unidos contra Venezuela
está en marcha y decidida, pero faltan algunos pasos previos para legitimarla y
a eso se ha prestado el presidente
peruano Pedro Pablo Kuczynsky, al convocar a la reunión de cancilleres en Lima,
Perú.
El gobierno peruano violando todo lo establecido en la Carta
de las Naciones Unidas y de la OEA, que plantea y exige el pleno respeto a
la soberanía e integridad de las naciones, se ha prestado al trabajo
sucio y como simple empleado de Washington, se ha coaligado con las oligarquías
y sectores de la derecha latinoamericana con el objetivo de provocar el
aislamiento político, diplomático y económico, contra Venezuela, paso previo y necesario para afianzar el argumento
del presidente Donald Trump de intervenir militarmente en la tierra del
Libertador Simón Bolívar.
Las acusaciones contra Venezuela carecen de todo fundamento
y están montadas sobre grandes mentiras divulgadas por la campaña mediática,
que desde Estados Unidos y otros países latinoamericanos, se han unido para ocultar la realidad venezolana y crear
un estado de opinión desfavorable hacia la Revolución Bolivariana y justificar
todas las acciones contra ella, incluyendo una intervención militar.
La Constitución Nacional de la República Bolivariana de
Venezuela aprobada en 1999, sí establece que el Presidente de la Republica
puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, sin la necesidad de
realizar un plebiscito. La asistencia de más de 8 millones 100 mil votantes que
asistieron a las urnas y eligieron a los constituyentes, fue un acto
democrático y legitimo del pueblo venezolano. El reconocimiento de la
legitimidad de la Asamblea Nacional Constituyente y del Centro Nacional
Electoral, lo constituye el hecho de que para las elecciones regionales, se han
inscrito numerosos candidatos que militan en la opositora Mesa de Unidad
Democrática,(MUD) lo cual desmiente
totalmente lo que recoge la “Declaración de Lima” y estos mismos opositores
venezolanos ponen en ridículo a ese grupo de cancilleres y revela el verdadero
objetivo intervencionista de sus acciones.
De los países firmantes de la “Declaración de Lima” que
vociferan sobre la violación de los derechos humanos, de salvar la democracia,
de acusar y sancionar a dirigentes venezolano, como el caso del presidente Maduro ante la
Corte Penal Internacional, permítanme recordarle algunos sucesos aún por
esclarecer: Ningún parlamentario
colombiano ha acudido a la Corte Penal Internacional, para que se investigue a
los culpables de la masacre del Palacio de Justicia en 1985; tampoco de los más
de 5 mil asesinatos cometidos por la Fuerza Pública y sicarios contra líderes
políticos de izquierda y dirigentes populares y comunales de la Unión
Patriótica.
Más reciente aún, la masacre de Angostura, Ecuador cometida el 1 de marzo del 2008 por un
bombardeo aéreo ordenado por el presidente colombiano Álvaro Uribe Velez, en
territorio ecuatoriano contra un
campamento de las insurgentes FARC-EP, asentado en ese país, donde murieron no solo guerrilleros, también
dirigentes estudiantiles mejicanos y civiles
ecuatorianos. La artera muerte del Comandante en Jefe de las FARC-EP,
Alfonso Cano, quien fue capturado vivo, y ordenado su asesinato, según denunció monseñor Monsalve, obispo de Cali, en su momento. Ese es un
crimen de guerra que debe ser
investigado y sancionado.
Qué derecho le asiste a los legisladores chilenos de acusar
a otros, cuando no son capaces de exigir justicia por los crímenes de Pinochet
y cuyo país es aún gobernado por una constitución pinochetista. Y con que moral
se va a hablar de democracia, violación de los derechos humanos, persecución
política en países, como Honduras cuyos gobiernos han sido elegido al calor o
bajo la protección de un golpe de Estado
y tiene pendiente el asesinato de Bertha Cáceres, o el caso de Méjico, donde estudiantes como
los 43 de Ayozinapa, aún siguen desaparecidos, periodistas asesinados y 32 mil desaparecidos, según las organizaciones
de Derechos Humanos de Méjico.
Democracia en Brasil, cuando Temer y su gobierno es producto
de un Golpe de Estado parlamentario y no
tiene más del 6 por ciento de aprobación a su gobierno. En la Argentina de Macri que debe responder por la
desaparición del joven activista
defensor de derechos humanos Santiago Maldonado.
Y el presidente peruano, convertido en el Caín de América,
debe solucionar el tema de los maestros en huelgas desde hace varios meses y
dejar de usar la represión policial contra mujeres y hombres que solo piden un
salario justo, lo que él dice condenar
en Venezuela lo práctica en su país.
La reunión de este grupo de países latinoamericanos y
caribeños en Lima, Perú, es la prueba más fehaciente de la crisis política,
ética y de valores que aqueja a nuestra región, también la inutilidad de la OEA, la división y la
pérdida de influencia y poder del gobierno de los Estados Unidos en nuestro
Continente.
(+) Periodista,
politólogo y Analista Internacional.
jorgarcia726@gmail.com
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