Por Manuel Humberto Restrepo Domínguez:
La Justicia Especial
de Paz (JEP), construida como herramienta para entender la degradación humana
padecida, es un instrumento de esperanza en la justicia, que por estar construida
con múltiples voces, historias y verdades, podrá esclarecer el relato del
horror vivido, para que la sociedad toda, pueda entender las consecuencias que
la espiral de violencia ha producido. Sus conclusiones servirán de base para
insistir en que todos deben saber de la crueldad vivida, para que de tanto
oírla cobre sentido y al fin el país comprenda la destrucción de tal
degradación moral y ética y haga causa común por la defensa de la vida con
dignidad y la búsqueda de verdad y castigo.
Pero a la vez tiene legitimidad para enjuiciar a los
responsables de determinar el horror, cuyo mayor triunfo, como en el nazismo,
ha sido saber borrar las huellas, lograr que la sociedad no perciba la
totalidad y profundidad de lo ocurrido, que por su crueldad desafía la
imaginación y ofende la inteligencia y la misma idea de ser humano. La táctica
de la negación del exterminio, ha consistido en presentar cada hecho en
solitario, aparte, fragmentado, aislado y contado por épocas, regiones o
pequeños grupos, en una lógica de poder que impide comprender la magnitud del
horror y desatar la fuerza de la indignación.
Al ponerle historia y memoria colectiva a las cifras, emerge
la posibilidad, no solo hipotética, si no real, de calificar parte de lo
ocurrido como genocidio (que es el crimen más grave entre todos los crímenes de
lesa humanidad) al menos sobre tres grupos sociales. Ha habido sistematicidad,
intencionalidad y cálculo para destruir y afectar parcialmente sus modos de
existencia y cultura. Sobre los tres grupos hay innumerables hechos de
barbarie, que permiten trazar una línea de conducta brutal del poder, planeada
y ejecutada con actos dirigidos a eliminarlos, impedir su preservación y
desarrollo y destruir las características esenciales de sus modos de vida, cosmovisión
e identidad. Los agresores se justifican con el rechazo mismo a su existencia
histórica como Indígenas, Afro, Campesinos. La JEP por su composición, función
y capacidad, podrá entrar en este terreno de tipificación, hasta ahora negado
por la falta de herramientas adecuadas o a veces producidas por los mismos
agresores.
I. Con la constitución de 1991 el país volvió a saber de la
existencia de los blos indígenas, con la voz del Taita Lorenzo Muelas, quien en
el Congreso de la Republica, con identidad y cultura propia, con palabras
cortas pero honestas, simples y profundas, empezó a contar otra vez la historia
olvidada. Tres décadas después se volvió a saber de ellos por las mingas que
caminan la palabra y por los insistentes bombardeos sobre ellas, ordenados por
terratenientes a veces disfrazados de funcionarios y gobernantes. Aunque el
estado anuncie reconocerlos los niega como pueblo. Ahora vienen a la JEP a
contarle que 39 de los 102 pueblos indígenas están en vía de extinción física y
cultural (Según Corte Constitucional), que han sufrido 123 masacres y que 2954
lideres han sido asesinados, aparte de los miles de agresiones para aislarlos,
engañarlos, separarlos, dividirlos, tenerlos bajo amenaza, impedir su vida en
calma. Son pruebas de un plan sistemático de exterminio, con una
intencionalidad clara y un modus operandi para asesinarlos y usurpar sus
territorios, eliminar su lengua y su cultura y borrar la memoria de esos
pueblos. Esos rasgos definen un genocidio, que los tribunales de justicia ordinaria,
difícilmente podrán determinar, porque los principales responsables y agresores
de la tragedia, lo impiden, controlan el poder y la riqueza e imponen la ley
desigual, de que defender territorio y cultura basta para ser asesinados. Ese
genocidio esta presente en el cuerpo mutilado de cada colombiano, al que se le
impide recuperar su memoria de luchas y olvidos.
II. Con la misma sistematicidad e intencionalidad ocurre
otro genocidio contra las comunidades afro, cuyas realidades ponen al
descubierto que 32 de cada 100 personas fueron víctimas del conflicto armado,
que 813.000 negros, raizales y palenqueros han padecido el rigor de esa
barbarie (RUV) que sigue vigente, y que han sido asesinados mas de 34000 afros.
En los límites entre la mar y la tierra exuberante de riqueza, la violencia
genocida se mueve como una ola de sangre que va y viene, alimentando la
crueldad. Es otro genocidio, evidente, sistemático, intencional, con ánimo de
destrucción y convertido en parte del juego morboso, discriminatorio y
excluyente de las palabras de odio de las mismas elites que se niegan a
entender que las conquistas de resistencia hace tiempo derrotaron a la
institución de la esclavitud y se resisten a perder su condición de amos y raza
superior.
III. El campesinado, que corresponde a la otra parte del
olvido, es degradado como pueblo por la ambición de las elites por controlar la
tierra y también, con los mismos rasgos, de sistematicidad, intencionalidad y
animo de destrucción de su cultura y modos de existencia, ha sufrido otro
genocidio. La barbarie reconoce al campesino como su objetivo, pero la
democracia lo niega como sujeto histórico y al desconocerlo en su condición,
ocurre una honda alteración política que impide la realización de su dignidad
humana como grupo, siendo esta la mayor señal de violación a derechos humanos.
Los campesinos hechos colonos han sido expulsados, despojados y eternamente
condenados a sobrevivir como excluidos, salvo para legitimar con votos a las
elites que provocan su desgracia. Para despojarlos les han inventado guerras en
sus territorios, creado ejércitos depravados que degüellan, descuartizan e
invaden hasta sus propios cuerpos.
Los han desterrado y
convertido unas veces en mano de obra barata, otras son raptados de los campos
de cultivo y llevados a servir en el ejercito mas poderoso de américa, pero
también el que más lisiados, locos, enfermos y mercenarios deja, y otras tantas
veces, han sido sometidos a la voluntad criminal de narcotraficantes que los
ponen a merced de sus fusiles, como obedientes y silenciados sobrevivientes,
sin otro derecho que aprender a morir en medio del terror y la humillación.
Solo con el inicio de la seguridad democrática (2001-2002) fueron asesinados
2221 campesinos (Cinep 2011, IDH 2011), como parte del genocidio en marcha, que
en su etapa anterior (1948-1958) había dejado 200.000 campesinos muertos, en
ambos momentos por la misma causa de desigualdad, que impide la lucha por el
derecho a vivir con dignidad, a cuidar de la tierra y cosechar comida, a ser tratados
como pueblo, como humanos de primera clase.
¿Qué cosechar entonces cuando la tierra está sembrada con
los mismos odios, que han producido tres genocidios a grupos sociales? Las apuestas del estado y sus instituciones
no pueden ser en favor de más odio y campos sembrados de muerte, los campos
requieren nuevas siembras, de derechos con garantías de realización, de
democracia, de justicia con juicio y castigo a los responsables, de honestidad
de los gobernantes y funcionarios, de sustitución de las elites en el control
del estado. El poder del estado no puede estar convertido en un fortín de
fuerzas oscuras, que, agazapadas entre mayorías decisorias, arrogantes y
temerarias, llegan a empujar el genocidio y debilitar aún más la democracia,
que es la que sufre daño cada vez que los insensatos y guerreristas triunfan
por vitorear la muerte y ofrecer más guerra, mientras los que reclaman por la
vida con dignidad son perseguidos y asesinados. Es hora de otras siembras y
cosechas de afectos, solidaridades y esperanzas y la JEP junto a la Comisión de
la Verdad serán dos efectivos y necesarios instrumentos de Paz.
P.D. Difuso y peligroso lenguaje del sí y el no del poder en
ejercicio, porque el presidente dice que sí a la paz (y la condiciona a su
medida), a la lucha anticorrupción (a su voluntad), a la reconciliación (a su
antojo); y su partido (del No) alienta otra guerra. Hay acuerdo, astucia,
estratagema, estrategia, calculo, plan, ¿para que él (presidente) diga sí y su
partido (AUV) diga no? ¿Hay una lógica de: ¿confunde, engaña, miente y
reinarás?
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