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martes, 20 de junio de 2017

Sobre amenazas de Ortega Díaz contra libertad de expresión

Comunicadores alertan

Plataforma de Periodistas y Comunicadores de Venezuela

La plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela entregó en el Ministerio Público un comunicado en el cual alertan sobre la grave amenaza a la libertad de expresión en Venezuela, a través de la campaña de manipulación que ha emprendido la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, contra los periodistas que han denunciado su parcialidad política a favor de la oposición venezolana.
A continuación comunicado íntegro:



Fiscal General pretende cercenar libertad de expresión
La plataforma de periodistas y comunicadores de Venezuela denuncia y alerta a los pueblos del mundo y a las organizaciones gremiales y sindicales que agrupan a los trabajadores de la prensa, como a la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) que en la República Bolivariana de Venezuela se cierne una grave amenaza a la libertad de expresión y al derecho a recibir información oportuna y veraz.

Las amenazas provienen de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha emprendido una campaña de mentiras y manipulación contra los periodistas y comunicadores, quienes han denunciado su parcialidad política a favor de la oposición de derecha y terrorista que con su actuación hay dejado como saldo casi un centenar de personas asesinadas.

La funcionaria pretende “normar” o cercenar la libertad de expresión y de información con la amenaza de judicializar a periodistas y comunicadores que informen sobre su actuación parcializada. Uno de los casos es contra el programa “Zurda Konducta”, dirigido por jóvenes comunicadores, quienes tratan temas de actualidad y denuncias contra los manifestantes violentos que la funcionaria evita investigar e imputar por los graves delitos contra las personas. Inclusive, aseguró que el vídeo donde aparece el joven quemado vivo por la oposición fue “manipulado” por el ministro para la Comunicación e Información, colega Ernesto Villegas .
La Fiscalía tiene como función garantizar el Estado de Derecho, es decir, velar por el cumplimiento de la legalidad, pero ahora en función de opositora tergiversa la verdad, con lo cual impone que los autores intelectuales materiales de los crímenes queden impunes.

Los periodistas tenemos como “norma irrenunciable la verdad”, establecida en nuestro código de ética, y la libertad de expresión con rango constitucional, por la cual han caído varios periodistas con el correr del tiempo, preceptos a los cuales no renunciaremos. El Artículo 58 expresa: La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se vea afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho recibir información adecuada para su desarrollo integral.
La fiscal Ortega Díaz pretende volver a las tinieblas, a la barbarie cuando los periodistas en nuestro país, en la época de la llamada “Democracia Representativa”, que ella criticó por los miles de asesinatos, desaparecidos y torturados cometidos por los gobiernos de AD y Copei, eran sometidos a juicios militares y brutalmente golpeados por ejercer el derecho universal a la libertad de expresión y a buscar, recibir y divulgar información.

Sus más recientes actuaciones niegan y reniegan absolutamente el rol que jugo al frente de la Comisión por la Justicia y la Verdad, que investigó los crímenes entre 1958 y 1998, lapso en que numerosos periodistas fueron víctimas de los atropellos que ella misma denunció.

Alertamos a los pueblos del mundo, a las organizaciones gremiales y sindicales de la prensa, a estar vigilantes ante esta nueva amenaza contra el derecho humano de la libertad de expresión por parte de la funcionaria que hoy defiende a la oposición terrorista y permite que reine la impunidad de los autores intelectuales de estos crímenes.
Afiliada a la FELAP
plataformaperiodistas0912@gmail.com


miércoles, 14 de junio de 2017

La Fiscal habría salido de la lista de sancionados por EEUU

Por Antonio Guillermo García Danglades

El 8 de mayo de 2014, el Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense llevó a cabo una audiencia para abordar la situación en Venezuela con el fin de justificar un proyecto de ley impulsado por los senadores ultraderechistas Robert Menéndez y Marco Rubio que, una vez aprobado, permitió que el gobierno de Barak Obama sancionara a funcionarios del Estado venezolano. (1)


 
Luego del relato distorsionado de los eternos inquisidores, tales como Roberta Jacobson, Tom Malinowski, Patrick Duddy, Moisés Naím y José Miguel Vivanco, el senador Rubio tomó la palabra para justificar la aplicación de sanciones y compartir su lista inicial de nombres a ser sancionados.

Para el senador republicano era necesario imponer sanciones de forma inmediata a funcionarios venezolanos que, según su propuesta, torturan, asesinan y violan de manera grotesca los derechos humanos en Venezuela, y al mismo tiempo pasan sus fines de semana en Miami, alardeando en sus lujosos automóviles y apartamentos, gastando enormes sumas de dinero y riéndose de todos los senadores en la cara.

Un dato curioso, que hoy salta a la vista, es que entre los funcionarios venezolanos mencionados específicamente por el propio Rubio durante la audiencia, se encuentran la Fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, la entonces Defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, y el ex Ministro de Interior Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, quienes recientemente se han manifestado expresamente contra el Gobierno Venezolano luego de su pública identificación con el chavismo.

En junio de 2014, el Congreso estadounidense aprobó el proyecto de Ley contra Venezuela, mientras el Senado hacía su parte el 8 de diciembre del mismo año, a pesar de la débil reticencia mostrada por la administración Obama. Dos días más tarde, el Congreso aprobó una versión enmendada que permite la imposición de sanciones como la congelación y exclusión de activos, la revocación de visas y otros documentos, y penalidades monetarias. El entonces presidente Obama procedió a su promulgación definitiva el 18 de diciembre de 2015 (2), horas más tarde de anunciar el restablecimiento de las relaciones con Cuba con la apertura de embajadas en ambos países.

Luego de hacer pública la lista inicial de personalidades venezolanas a ser sancionadas que elaboró el senador Rubio, principal arquitecto del proyecto de Ley, la Fiscal Luisa Ortega Díaz anunció la designación de un abogado para defenderse de dichas sanciones, arremetiendo duramente contra el gobierno de ese país. (EFE, 5/2/2015)

Sería muy audaz afirmar cómo se llevaron a cabo las gestiones del abogado de la Fiscal, ya que las mismas no han sido del conocimiento público. Sin embargo, éstas parecen haber sido exitosas en lograr que la Fiscal Ortega Díaz evitara, como dicta la ley norteamericana, la congelación y exclusión de activos, en caso de poseerlos, la revocación de su visa, si la tuviera, y penalidades monetarias.

El listado actual de personalidades sancionadas por Estados Unidos que publica la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, no incluye a la Fiscal Ortega Díaz, como tampoco a Ramírez, ni a Rodríguez Torres. Tampoco se encuentran los gobernadores de Bolívar y Táchira, mencionados en esa primera lista, pero sí aparece el de Trujillo, nombrado inicialmente por Rubio. Sí están los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y el Vicepresidente de la República, recientemente objetos de estas ilegales sanciones.

Notas:

(1) El proyecto de ley del Senado de Estados Unidos “Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act of 2014 asegura que el Gobierno de Venezuela respondió a protestas pacíficas con violencia y asesinatos por parte de sus fuerzas de seguridad, y en este sentido, en su sección sexta dedicada al “Apoyo para la Sociedad Civil en Venezuela”, dispuso, entre otros, “construir la capacidad organizativa y operacional de activistas y organizaciones de la sociedad civil en Venezuela, a nivel nacional y regional”, y autoriza la entrega a la derecha venezolana de 15 millones de dólares, sólo para 2014, para sus actividades de desestabilización, adicionales a los recursos que reciben del gobierno y congreso estadounidense, la NED y la USAid, entre otras agencias y organizaciones. No obstante, toda esta sección fue eliminada cuando la Ley fue enmendada y aprobada por el Senado el 8 de diciembre de 2015. En su lugar, fue incluida así como una instrucción a la “Broadcasting Board of Governors” - agencia de inteligencia encargada de supervisar las transmisiones de la reaccionaria “Voz de América” y las transmisiones ilegales en Cuba de Radio Martí y TV Martí - de elaborar un informe sobre los obstáculos que supuestamente tiene la población venezolana en la transmisión y distribución física y digital de información, a fin de diseñar una estrategia para incrementar y expandir el financiamiento a los medios de comunicación y periodistas opositores.

(2) En el contexto de esta Ley, Obama decretó el 9 de marzo de 2015, la Orden Ejecutiva que declara a su país en “emergencia nacional” porque Venezuela constituye “una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos”.

Referencias:

US Senate (May 8, 2014) “Assessing Venezuela's Political Crisis: Human Rights Violations and Beyond” [min: 03.09.55] https://www.foreign.senate.gov/hearings/assessing-venezuelas-political-crisis-human-rights-violations-and-beyond

Lista de Venezolanos Sancionados (Office of Foreign Assets Control, OFAC):
https://www.treasury.gov/ofac/downloads/ctrylst.txt

EFE (5/2/2015) “Fiscal general venezolana nombrará abogado para defenderse de sanción de EE.UU.” http://www.efe.com/efe/america/politica/fiscal-general-venezolana-nombrara-abogado-para-defenderse-de-sancion-ee-uu/20000035-2529464

agd1967@gmail.com