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martes, 16 de junio de 2020

Conspiraciones y divisiones en las FF:MM colombianas. (1ra Parte)



Por Tony López R (*):
Severas críticas han recibido el gobierno de Colombia y su presidente Iván Duque Márquez, de diversos sectores políticos y sociales y de la opinión pública nacional e internacional por la próxima llegada al país de una brigada élite de la 82 División Aerotransportada del ejército de los Estados Unidos, conformada por 800 marines, y con esta llegada la evidente pérdida de soberanía porque fue la embajada de los Estados Unidos en Bogotá la que anunció, a los colombianos, tal noticia.


El anuncio no lo hizo la cancillería que es a quien le corresponde, obviamente, luego de cumplimentar los trámites constitucionales con el Senado de la República, como establece la ley, pero no lo hicieron y desconocieron la Constitución, no es al Ministerio de Defensa, que para colmo aparece firmando   un comunicado conjunto con la embajada de Estados Unidos, en la práctica, recibiendo una orden de una potencia extranjera. 

Esta unidad militar estadounidense cuyo nombre es “Security Forces Assistance Brigade”, en opinión del analista colombiano Felipe A Priast : “es una fuerza nueva creada en el 2018 y está encargada de entrenar y asistir a naciones aliadas de Estados Unidos que tienen problemas al interior de sus ejércitos, ya bien sea que esos estados ven a esos ejércitos como una amenaza o bien porque los quieren usar como  fuerza de choque  contra otro estado que considera enemigo”.

No es descartable que los marines vengan a verificar si hay o no crisis interna en las FF.MM colombiana, el argumento del combate al narcotráfico   es poco creativo y nada diferente de los que fue el Plan Colombia, un plan contrainsurgente y es claro que vienen a preparar condiciones para una, no desechable, acción militar contra Venezuela.

Por la ubicación de esta fuerza en los departamentos de Santander del Norte y Arauca, su accionar apunta a explorar el terreno, realizar actos hostiles utilizando a los paramilitares y mercenarios con vistas a provocar una respuesta venezolana y le brinde el argumento a Estados Unidos, para iniciar un conflicto militar contra Venezuela invocando al TIAR y la desprestigiada OEA.

Esta zona durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos e Iván Duque, fueron territorios ocupados por los narco-paramilitares, que operaban y operan actualmente con la plena complicidad de sectores de las Fuerzas Militares colombianas, precisamente, uno de los temas del conflicto al interior de las fuerzas castrenses, pero esas bandas paramilitares pueden ser utilizadas para promover la provocación.
Existe una importante corriente interna dentro de la oficialidad del ejército que están en contra de esos vínculos con los narco-paramilitares que tanto daño les ha causado al prestigio del ejército, entre otras razones, porque la narco-política aplicada por el ex presidente y actual senador Álvaro Uribe Vélez, desde su época de gobernador de Antioquia, los llevó a corromper a una parte de la alta oficialidad y a muchos de ellos los  enriqueció con dinero del narcotráfico y los indujo a una demencial política con criminales asesinatos a inocentes jóvenes que tratan de encubrir  bajo el nombre de “falsos-positivos”. Esos asesinatos deben ser llamado como lo que son, crímenes de guerra. 

Los escándalos públicos que se han venido conociendo en los últimos tiempos, vienen de lejos, no olvidar que fue durante la gobernación del departamento de Antioquia de Uribe Vélez y en pleno maridaje con el ministro de Defensa Fernando Botero Zea, promovieron una ley y se aprobó en el Congreso,  la creación de las Cooperativas de Seguridad Rural Privadas, conocidas como Convivir, estas cooperativas  están consideradas la madre del narco-paramilitarismo,  respaldadas por sectores importante del estamento militar.
Como lo señala el mayor Bermúdez Rossi “fue la legalización y apoyo a los capos al narcotráfico, las Cooperativas de Vigilancia Rural (Convivir) no fue más que insertar a la población civil en la guerra y contradictorio con el protocolo II de Ginebra, para seguridad de terratenientes, ganaderos, casas tenientes, y narcotraficantes, el conflicto interno se degrada hacia una guerra civil no declarada”. Los grupos de justicia privada, según el decreto 356 de 1994, articulo 39, buscan insertarse a todo trance, legalmente, en tales “Cooperativas” (1).

Fue en ese período que se dieron varios escándalos de algunos altos mandos militares vinculados al narco-paramilitarismos, como lo fue el del Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares Camilo Zúñiga, los generales Rito Alejo del Rio, Yanine Díaz, varios coroneles, algunos encarcelados y otros   fuera de servicio.
Como bien señala el colega venezolano Ernesto Salazar sobre la crisis militar colombiana en la revista On Line Pueblo en Armas, “los altos mandos de las Fuerzas Militares de Colombia no conocen hoy a Simón Bolívar, ni lo estudian ni mucho menos lo hacen conocer a las tropas: el Pentágono prohíbe su estudio en las escuelas militares latinoamericanas y en el documento Santa Fe IV; lo declara su enemigo”. Una gran ofensa para nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños.

No es casual que quien fuera Comandante en Jefe de las Fuerzas Militares durante el gobierno de Uribe Vélez, el general Carlos Alberto Ospina, comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, en entrevista que concedió a El Espectador…, “declare que no es “un especialista en Bolívar”, pues “no tengo un conocimiento profundo de él” …; reconociendo, en cambio, que “me gustan las películas de guerra. Por ejemplo, Las boinas verdes con John Wayne”.

” El entrevistador, Libardo Cardona Martínez, le pregunta al general Ospina: “¿Cuál es su ídolo?”, y éste le responde: “El mariscal Rommel, un hombre noble, un buen soldado, valiente. Es un hombre muy parecido a nosotros”. Aquí tienen nuestros amigos lectores el fiel retrato de nada menos que el máximo jefe de las FF.MM colombianas cuyo ídolo no es Simón Bolívar, ni tan siquiera Santander, sino el mariscal nazi fascista Erwin Rommel (1891-1944) quien fue derrotado por el Mariscal británico Bernard L Montgomery (1887-1976) en la batalla de El Alamein en 1942.

No es un secreto que dentro de las Fuerzas Militares colombianas hay un sector importante que no está muy de acuerdo en ser utilizado para iniciar una guerra contra Venezuela, no es una posición de este momento sino de hace mucho tiempo.  Hace muchos años que dentro de las Fuerzas Militares hay una fuerte posición de importantes sectores y mandos militares, incluso, en el alto mando, que no comparten la idea de inmiscuirse en acciones que conduzcan a un enfrentamiento militar con Venezuela. Los ex Comandantes en Jefe de las Fuerzas Militares, generales Fernando Tapia y José M Bonnet, nunca fueron partidario de tal aventura.

No existe ningún argumento político, económico, ni fronterizo, que se pueda utilizar para declarar una guerra con Venezuela, por otra parte, las FF:MM colombianas son conscientes que militarmente en una guerra convencional, los venezolanos están, no solo, mejor preparados, sino mejor armados, y que los supera en poderoso armamento con tecnología muy avanzada y además conscientes que defienden su país, mientras Colombia es el agresor. 

Desde hace años, las Fuerzas Armadas Bolivarianas Venezolanas están preparadas en la lucha regular, que es el déficit del ejército colombiano, que sí  es numeroso y tienen buena preparación, pero han sido preparados en lucha irregular y la estrategia y táctica de lucha , así como los medios de combates son distintos y diferentes.

Venezuela cuenta con 3 millones de milicianos, fuertemente armados, y con algo que es muy importante, empuñan un fusil defendiendo su patria, es el agredido y las víctimas son los venezolanos y venezolanas, y los colombianos en qué se convierten, en puros mercenarios y carne de cañón al servicio de una potencia extranjera para buscar sus beneficios imperiales, de los cuales Colombia no recibirá nada a cambio, solo muerte y destrucción.

O se van a creer el cuento de que el teatro de operaciones será solo en territorio venezolano, no, creo que, el ideólogo contra el chavismo Álvaro Uribe y su pupilo Duque, se equivocan y lo han dicho altas figuras del chavismo, si nos atacan e ingresan a Venezuela estamos en el perfecto derecho de contraatacar y entrar en Colombia. Aunque también hay que decir, que las relaciones, entre el presidente Duque y el ex presidente Uribe, hoy no parecen andar muy bien, lo cual no se tiene un buen escenario interno.

Como explica Duque que llama al debate de control político y es de ese debate que sale una nueva investigación de la Corte Suprema contra Uribe Vélez, lo hizo consciente e interesadamente, la respuesta solo la tiene él.  El gran escándalo por el espionaje de sectores de las FF:MM, cuya información iba a Uribe y no al presidente es un hecho grave, no solo por el desconocimiento al Jefe de Estado, sino por el uso de esa información le pueda dar Uribe que no es Jefe de Estado y las razones que tuvo para compartimentarlo es sospechosa. 

Será que a Duque se le ha despertado la conciencia, porque fue, precisamente, su padre, don Iván Duque Escobar, cuando era gobernador de Antioquia, el que le pidió al presidente Turbay Ayala que sustituyera al joven Álvaro Uribe Vélez como director de Aeronáutica Civil, por sus vínculos con el Cartel de Medellín.

Por otra parte, sí creen que el gobierno de Trump va a implicarse directamente en esa aventura, de invadir a Venezuela, se equivocan, en Estados Unidos la cosa como dice el dicho “el horno no está para galleticas”.  La crisis que tiene con el Covid-19 y los disturbios anti raciales por el asesinato de George Floyd y la intención de usar al ejército contra los manifestantes enardeció más al pueblo estadounidense, el Secretario de Defensa y el generalato le dijo no a Trump. No parece que EE. UU se impliquen directamente en una agresión, aunque del psicópata Trump puede esperarse cualquier cosa.

Y en la hipótesis de un ataque y una guerra desde Colombia contra Venezuela, hay que preguntarse qué va a pasar con la guerrilla del ELN, los frentes del EPL y de las FARC-EP, porque las propias Fuerzas Militares colombianas, han reconocido públicamente, en cerca de 7000 combatiente hoy se encuentra en la fila de las disidencias de las FARC y en los frentes formados por FARC-EP Segunda Marquetalia que comanda Iván Márquez y que estos ya han recuperado sus viejos territorios.

De acuerdo a los comunicados y objetivos de estas fuerzas insurgentes es lograr la paz con justicia social, y acusan al gobierno de Duque y Uribe de haber traicionado e incumplido los Acuerdos de Paz de la Habana, de presionar a la JEP y tratar de modificar lo acordado sobre la Justicia Transicional, así como la masacre que se está cometiendo contra sus ex combatientes y con lideres sociales, afrocolombianos e indígenas que sobre pasan ya los 1300 asesinados.

Desde hace muchos años, las Fuerzas Militares colombianas, han tenido sus problemas internos y sobre todo porque una oligarquía liberal-conservadora los ha abusado y usado para sus fines políticos. Las Fuerzas Militares, en todos los países, se crearon para la defensa de sus fronteras y siempre para enfrentar cualquier acción que venga de otro país y en defender la soberanía e independencia. Nunca por política de Estado usar esa fuerza por razones política interna contra sus ciudadanos. Para esos hay otras dependencias policiales o las llamadas Guardias Nacionales.

En Colombia el manejo interno e independiente  Estado-FFMM  ha sido respaldado por la Constitución de  1886  y   la oligarquía liberal y conservadora  la usaron distintamente  en su beneficio, esas políticas se apreciaron con la guerra de los Mil Días, el asesinato  del general Rafael Uribe, y se acentuaron aún más desde,  él también asesinato del presidente Olaya Herrera, pasando por Alfonso López Pumarejo en la década del 30 a quien intentaron deponer en 1936 y luego en el 40 el desangre entre liberales y conservadores, el magnicidio contra el líder revolucionario y popular Jorge Eliecer Gaitán fue estremecedor, tal como él lo predijo, que su muerte podría provocar graves conflictos en los próximos 50 años,  esa guerra interna provocó 300,000 muertos de 1946 a 1958 (2), no se equivocó él carismático y preclaro líder.

Líder cuyo ejemplo y pensamiento tratan de ocultar, así como su historia, hace unos años visité la casa museo Jorge Eliecer Gaitán estaba muy bien atendida y hoy he tenido noticias de que la Casa Museo ha sido prácticamente destruida, pese a las reclamaciones de su familia y de su hija Gloria Gaitán.

Fue en el gobierno de Uribe Vélez, cuando la oligarquía liberal-conservadora inició una política de arrasar con la Casa Museo y el pensamiento e ideas de Jorge Eliecer Gaitán, abusando de su poder.  Es el pueblo colombiano el que debe exigir respeto al gobierno y la recuperación de la memoria histórica de sus líderes y pueblos.  Pueblo que no defiende su historia termina esclavizado por los grandes señores del poder autoritario y monárquico.

El tema de la crisis militar en Colombia y los diversos problemas que han confrontado en los últimos años, serán reflejado en la segunda parte de esta historia, que hoy es, además de la grave pandemia, un tema muy serio, no solo para Venezuela y Colombia, sino para la región.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.
jorgarcia726@gmail.com

miércoles, 17 de abril de 2019

La “masacre silenciosa” en la vecina Colombia


Por Iván Oliver Rúgeles: 

No cesan en el país vecino los asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos

Ante esa terrible tragedia que no ha tenido tregua en más de 50 años en ese país, la “comunidad internacional”, esa misma que no pierde un segundo en planear agresiones de toda naturaleza a Venezuela, simplemente porque nuestra Revolución Bolivariana no se rinde ante las pretensiones  del imperialismo yanqui de ponerle las manos a nuestro país para robarle su petróleo y el resto de sus inmensas riquezas, como lo hizo durante casi todo el siglo veinte, se hace la desentendida y tanto ha sido su silencio que hasta sus voceros de la SIP, los llamados “grandes” medios de comunicación del Continente, esa “masacre silenciosa” en el vecino país no constituye en ningún momento importancia alguna como para que ocupen sus páginas…


Veamos esa atroz realidad de la que casi nada se le informa al mundo: 
Según informe de la ONU de marzo de 2019, 257 líderes sociales fueron asesinados entre la firma del acuerdo de paz entre las Frac-Ep y el gobierno de Colombia, suceso de gran relevancia que ocurrió el 24 de noviembre de 2016 y el 31 de julio de 2018.
Un informe del programa Somos Defensores, el Cinep, la Universidad Nacional de Colombia, la Comisión Colombiana de Juristas y el portal Verdad Abierta, investigó qué está pasando y a estas conclusiones ha llegado:

Casi el 50% de los asesinatos se realizaron en las viviendas de los líderes sociales, lo cual muestra un patrón que indicaría la sistematicidad en estos siniestros, debido a que las violaciones a la vida serían el resultado de unas actividades de seguimiento y planeación por parte de los victimarios.

La sistematicidad, agrega el informe, se puede ver en que los ataques, además de ser reiterados y continuos, también muestran indicios de planeación” y la otra, que la mayoría de los asesinatos a líderes sociales y defensores de derechos humanos habrían sido cometidos por paramilitares, fuerzas criminales que, a pesar de que el gobierno de Duque, niega que esos grupos existan, pues alega que fueron  desmovilizadas por el gobierno de Uribe Vélez en 2006, las organizaciones sociales del país, nos referimos a aquellas que hacen vida en el medio rural y en los sectores urbanos de más bajos recursos, aseguran todo lo contrario, que están más vivas que nunca y que, además, están aupadas y apoyadas por sectores de las fuerzas armadas regulares del país. Operan bajo distintas denominaciones como las Águilas Negras, Los Rastrojos, Grupos Armados Organizados (GAO) y los Grupos Delincuenciales Organizados (GDO), los que antes se les conocía como las Bacrim.

El programa “Somos Defensores” tiene documentado 609 homicidios entre 2010 y junio de 2018.
El último informe presentado por la oficina de Derechos Humanos de la ONU, de fecha 14 de abril último,  reveló que desde enero fueron asesinados 29 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, mientras que en 2018 se presentaron 113 homicidios. De otra parte, los medios alternativos del vecino país nos informan que a esta fecha y desde que se inició el año 2019, ya van más de 38 dirigentes sociales asesinados.

La oficina de Derechos Humanos de la ONU asegura que en Colombia no se han implementado medidas eficaces para proteger a los voceros comunales.
Señala ese informe de las ONU que las zonas rurales son las más afectadas, y en el 96 por ciento de los casos las víctimas habían manifestado su oposición a la acción de los grupos criminales y su apoyo al proceso de paz, el cual, como sabemos, el gobierno de Duque intenta aniquilarlo, siguiendo la política de guerra arrasada que siguió durante su mandato Uribe Vélez y que hoy éste, como su mandante y ductor, lo que para nadie es un secreto, se la impone…!!!

Agrega en su informe la ONU que una de las causas de estos homicidios es la falta de presencia estatal en las regiones en las que hacen presencia los grupos armados y al hecho de la no implementación del acuerdo de paz en lo concerniente a la reforma rural integral y la sustitución de cultivos.
Ese organismo precisó que los responsables de estos homicidios son las organizaciones de la guerrilla del ELN, el EPL, los disidentes de las Farc y la fuerza pública.

Sobre este último punto, la ONU afirmó que en el 2018 se registraron once casos de ejecuciones extrajudiciales de los cuales se les atribuyen seis a la Policía y cinco al Ejército. Esas ejecuciones extrajudiciales se registraron en Antioquia, Huila, Arauca, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander y se pudo conocer, agrega la ONU, que algunos casos se desarrollaron en el marco de protestas sociales, otros se relacionan con el uso excesivo de la fuerza y otros ocurrieron en medio de operativos de control.

En el caso de las afectaciones a la libertad de prensa, la ONU aseguró que las cifras van en aumento, ya que el año pasado se registraron 3 homicidios de periodistas, 200 amenazas y 477 agresiones.
El organismo internacional hizo un llamado al Gobierno y a la guerrilla del ELN para se acuerde un cese al fuego bilateral que permita construir confianza para avanzar en la construcción de paz.

Mientras tanto, el asesinato por encargo sigue siendo en Colombia y lo reiteramos ya por más de 50 años ininterrumpidos, una lamentable realidad, pero en absoluto la misma constituye preocupación alguna para esa llamada “Comunidad Internacional”, integrada por 54 países de los 193 que hacen parte de las ONU, la cual sólo tiene sus mirillas apuntando hacia nuestro país…   
rumbos200@gmail.com

miércoles, 15 de noviembre de 2017

¡A recuperar para ambos pueblos los territorios usurpados por Colombia!

Por Carlos E. Lippo:

Como es sabido por muchos, el “Utis Possidetis Juris” (del latín: "como poseías de acuerdo al derecho, poseerás"), es un principio del derecho internacional en virtud del cual los estados conservan el territorio poseído hasta antes de su independencia, con el objeto de asegurar que las fronteras puedan mantener los límites de los viejos territorios coloniales de los cuales se originaron.



Con arreglo a este principio la constitución venezolana de 1830, promulgada una vez desintegrada “La Gran Colombia”, establecía que el territorio del Estado de Venezuela, nombre que se daba por aquellos días a la actual República Bolivariana de Venezuela, comprendía todo aquel que hasta 1810 se denominó Capitanía General de Venezuela, entidad territorial creada por el imperio español en 1777, separándola del virreinato de Santa Fe  o de la Nueva Granada y adscribiéndola judicialmente a la Real Audiencia de Santo Domingo hasta la creación de la Real Audiencia de Caracas en 1786.

El territorio de la Capitanía General de Venezuela que alcanzaba en 1777 a unos 2.500.000 Km2, ha sido objeto de grandes despojos por parte de los más ruines imperios del siglo XIX (el británico, el holandés, el portugués y el brasilero), y hasta del mismísimo imperio español, autor del laudo arbitral de 1891, descarada e impúdicamente favorable a Colombia, como resultado de los cuales la superficie del territorio de la actual República Bolivariana de Venezuela alcanza apenas a 916.445 Km2. El despojo perpetrado por el imperio español en favor de Colombia, por medio del laudo arbitral de 1891, constituye  el objeto de este artículo; de los despojos perpetrados por los otros imperios habremos de ocuparnos en posteriores notas.

Antes de entrar a analizar en detalle los diferentes intentos por delimitar la frontera con Colombia, que con arreglo al mismo principio de derecho internacional indicado antes, debería poseer sólo el territorio del antiguo virreinato de Santa Fe, es necesario señalar que, tal como se muestra en el mapa anexo, la Capitanía General de Venezuela se extendía por el noroccidente desde el cabo La Vela, en la península de la Guajira; por el suroccidente, más allá del Orinoco, abarcando los territorios de Casanare, Arauca, Vichada y Guainía; y por el sur hasta el Rio Negro. Siendo oportuno resaltar que dicho mapa, a pesar de su simplicidad, muestra de manera incontrovertible dos hechos de suma importancia, tales hechos son: que la península de la Guajira, en el extremo noroeste, pertenecía íntegramente a la Capitanía General de Venezuela; y que las fronteras del virreinato de Santa Fe distaban de la orilla occidental del río Orinoco una distancia de consideración, aun en el punto en el que éste, que es el tercer río más caudaloso  del planeta (1), vira en dirección noreste enfilándose en busca de su desembocadura en el océano Atlántico.

Al separarse Venezuela de la Gran Colombia quedaba pendiente la definición de: los linderos con la Nueva Granada (actual Colombia); la navegación de los ríos cuyos cauces o caudales eran del interés binacional; y la carga de la deuda pública común (2). La negociación para un convenio sobre dichas cuestiones corrió a cargo de Santos Michelena por Venezuela y Lino de Pombo por la Nueva Granada. El proyecto del tratado Michelena-Pombo concluido el 14 de diciembre de 1833, que entre sus aspectos fundamentales definía el inicio de  la frontera norte en cabo de Chichivacoa, en el lugar del cabo de La Vela, y mantenía la frontera sureste a considerable distancia de la orilla occidental del Orinoco, no fue ratificado por el congreso venezolano de la época por estimar que al no iniciarse la frontera en el cabo de La Vela, Venezuela resultaba despojada de 62 millas de costas marítimas y de una gran porción de la península de la Guajira.

Hubo quienes dijeron en Venezuela, con esa actitud irresponsable y conciliadora que tanto daño nos ha causado, que el congreso de la época cometía un gran error al no suscribir este proyecto de tratado; por el contrario, nosotros decimos que hubiera sido irresponsable y hasta criminal entregar unos territorios que aparecen plenamente identificados en los documentos según los cuales Carlos V, aquel emperador felón que para pagar unas deudas de juego contraídas con los banqueros alemanes de la Casa Welser, les dio la exclusividad para la conquista y colonización de la provincia de Venezuela, cuyo territorio se definía claramente entre el cabo de la Vela, al occidente y Maracapana al este, en fecha tan remota como el año 1528 (3).

En 1844 se reanudan las negociaciones limítrofes pero ya Colombia, en flagrante desconocimiento de los títulos españoles que acreditan los límites de la antigua Capitanía General de Venezuela, había abandonado el enfoque del proyecto Michelena-Pombo y pretendía que por el sur su territorio llegase hasta el Orinoco, corriendo en ángulo hacia el río Meta.

Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo y en gesto de suprema irresponsabilidad e ingenuidad por parte de nuestro gobierno de la época, en 1886 se acepta la mediación de la corona de España. Cuando digo responsablemente que fue en gesto de suprema ingenuidad lo hago basado en que sería altamente improbable que la corona española no tomase retaliación en contra de Venezuela por el hecho de haber sido el ejército venezolano el que derrotó al más formidable ejército que ella enviase a América, al mando del “Pacificador” Pablo Morillo, vencedor en dos oportunidades del ejército napoleónico invasor de la península.

Como era de esperarse, el laudo español sobre la materia, publicado en 1891, acoge todas las propuestas colombianas y define una línea fronteriza coincidente con ellas en toda su extensión. Resulta imposible dejar de considerar que esta decisión se haya producido como contraprestación al apoyo diplomático colombiano a la pretensión española de conservar sus colonias americanas de Cuba y Puerto Rico y en retaliación por la acusación de que Venezuela favorecía la independencia de dichos territorios (4).

Para aplicar el laudo español fue designada en 1898 una comisión mixta colombo-venezolana que sobre el terreno fijaría los hitos correspondientes. La dichosa comisión se atribuyó con frecuencia facultades que no le correspondían y en prueba de ello podemos citar un caso gravísimo, como lo es el que ante la dificultad para ubicar en la península de la Guajira el sitio denominado “Mogote de Los Frailes”, la misma, de manera inconsulta y sin fundamentos legales, estableció la línea divisoria a partir de Castilletes.

En 1916 la demarcación de la frontera fue sometida al arbitraje del Consejo Federal Suizo, el cual ratifica en 1922 la frontera definida en 1891.

El 5 de abril de 1941 el general Eleazar López Contreras, presidente de Venezuela, firma con el presidente de Colombia, Eduardo Santos, el vigente tratado de límites, basado íntegramente en el laudo suizo de 1922, que a su vez ratificaba el laudo español de 1891. El citado tratado consagra el despojo de un territorio que hemos estimado como no menor de 300.000 Km2, constituido con al menos gran parte de los actuales departamentos de La Guajira y El Cesar, al noreste colombiano; del Norte de Santander y del Arauca al centroeste; así como de los departamentos de Casanare, Vichada, Guainía y Guaviare, al sureste. Este inmenso despojo territorial se hace evidente con la simple comparación visual de nuestro mapa actual con el de la Capitanía General de Venezuela.

Como justificación para haber firmado tal esperpento a 30 días de tener que entregar el mando a su sucesor, el también general Isaías Medina Angarita, y sin haber sido aprobado aún por el congreso de Venezuela, el general López Conteras adujo que había recibido importantes amenazas de Colombia en el sentido de que estaba dispuesta a invadir los territorios en disputa y que el ejército venezolano de aquellos días no estaba en condiciones de combatir con el ejército colombiano.

¡Valiente general éste, que sin haber disparado un tiro entregó a Colombia tan importante porción del territorio patrio!

Como aspectos resaltantes de este acuerdo, con miras a poder juzgar apropiadamente ulteriores reclamaciones territoriales de Colombia, podemos señalar el hecho de que el mismo consagra que  “todas las diferencias sobre materia de límites quedan terminadas” (artículo 1°) y que si bien otorga a Colombia una pequeña porción de costas sobre el Golfo de Venezuela, lo hace bajo el concepto de “costa seca”, según el cual a partir de la playa todas las aguas continuarían estando bajo la jurisdicción venezolana (5).

Muy poco tiempo respetó Colombia un tratado de límites que le era tan favorable ya que en 1952,  el buque insignia de su armada, la fragata "Almirante Padilla", incursionando ilegalmente en aguas venezolanas, inició unas supuestas pruebas de tiro de entrenamiento en las cercanías de los islotes de Los Monjes, de resultas de las cuales impactó a dos embarcaciones pesqueras venezolanas así como el territorio de uno de los islotes (6). Ante una no tan rápida pero efectiva respuesta armada venezolana la nave invasora se retiró, no sin antes haber puesto en riesgo inútilmente las necesarias relaciones cordiales entre ambas naciones. Siendo necesario señalar que en noviembre del mismo año el presidente encargado de Colombia, Roberto Urdaneta Arbeláez, ante un reclamo de Venezuela y después de consultar a sus asesores reconoció la soberanía de Venezuela sobre los mencionados islotes (7).

A pesar de lo anterior  y a pesar de haber aceptado según el tratado de 1941 que su porción de costa en Castilletes tenía el carácter de “costa seca”, Colombia siguió presionando para obtener soberanía sobre una parte de las aguas marinas y submarinas del Golfo de Venezuela y es así como el 9 de agosto de 1987 la corbeta Caldas penetra en aguas territoriales venezolanas aduciendo que se encontraba en la Zona Económica Exclusiva de Colombia; después de varios días durante los cuales ambas naciones movilizaron sus tropas hacia la zona fronteriza de la Guajira y Castilletes, se retira en compañía de la corbeta Independencia, ante la manifiesta superioridad venezolana en materia de efectivos de tropa y sistemas de armas (8). ¡En aquella oportunidad se dijo en ambas naciones que habíamos estado a un pasito de ir a la guerra!

No está de más el decir que este inusitado interés de Colombia en unas aguas sobre las cuales había acatado, respetado, sostenido y admitido repetida y consistentemente  la soberanía venezolana al menos durante los 394 años que van desde 1528 a 1922 obedece a la intención de las transnacionales petroleras de ponerle la mano a las ingentes reservas de petróleo y gas natural yacentes en el subsuelo de esa región.

Aun no siendo un jurista, como todos mis lectores saben, soy capaz de reconocer que a pesar del tiempo transcurrido existen razones éticas y legales para denunciar el infausto tratado de límites de 1941. Entre las primeras podría mencionar que el tratado fue firmado por López Contreras sin contar con la aprobación del congreso que sólo se produjo semanas después, así como que el proyecto de tratado fue aprobado sin discusión alguna por parte del senado de la época y bajo el abuso de una mayoría antidemocrática en la cámara de diputados. Entre las segundas puedo señalar que se trata de un tratado que violaba la constitución de 1936, vigente en 1941, así como todas las constituciones vigentes desde aquella época, que consagran el carácter inalienable del territorio nacional.

No tengo duda de que han de existir numerosos y válidos argumentos de orden legal para denunciar el tratado, tomando en consideración que eminentes juristas venezolanos de la talla del Dr. Agustín Ascanio Jiménez y el Dr. Aquiles Monagas introdujeron ante la Corte Suprema de Justicia, en 1971 y 1974, sendas demandas de nulidad de la ley aprobatoria del mismo firmada el 18 de junio de 1941 (9). Por tal motivo solicito respetuosamente a la Asamblea Nacional Constituyente, por esta vía, se sirva exhortar al Tribunal Supremo de Justicia, a sentenciar sin más dilación sobre el fondo de este asunto.

Tengo la firme convicción de que Venezuela ha salido perjudicada en los tratados de límites con Colombia, todos celebrados a espaldas de ambos pueblos, porque  así  convenía  a  los  distintos  sectores oligárquicos de los dos países.

Por ello, cuando estoy proponiendo la denuncia del tratado para intentar recuperar nuestros territorios usurpados no me anima ningún interés crematístico; me anima sólo el intentar promover un rico proceso de discusiones con participación popular en ambas naciones, que pudiese conducir a lograr establecer el uso y usufructo de esos territorios por parte de los preteridos de siempre, de ambos lados de la actual línea fronteriza.

Considero que el planteamiento anterior es mucho más que una utopía deseable, a partir del hecho plenamente comprobable de que en nuestro país conviven con nosotros más de 6 millones de hermanos colombianos, de los cuales 4,5 millones detentan además la nacionalidad venezolana por naturalización, que les fuese otorgada generosamente por esta Revolución.

¡Hasta la Victoria Siempre!
¡Patria o muerte!
¡Venceremos!

(1)          https://www.aporrea.org/imprime/a255010.html
(2)          http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/problemas-fronterizos-colombo-venezolanos/problemas-fronterizos-colombo-venezolanos.pdf
(3)          https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_Welser
(4)          https://www.aporrea.org/internacionales/a181028.html
(5)          https://es.wikipedia.org/wiki/Costa_seca
(6)          http://un-roa.blogspot.com/2011/08/conflicto-entre-venezuela-y-colombia.html
(7)          https://es.wikipedia.org/wiki/Archipi%C3%A9lago_Los_Monjes
(8)          http://www.venelogia.com/archivos/8962/

(9)          http://institutodeestudiosfronterizos1.blogspot.com/2009/05/tratado-de-1941-costas-en-el-golfo.html