Por Rafael A. Ugalde Quiros:
“La burguesía financiera costarricense, cuya única patria es
la ganancia, apostó por un proyecto que ahora “hace agua”. Pretende salvar a sangre y fuego el plan que
está desgastado”, enfatizó el
investigador de la más antigua y
prestigiosa casa de estudios superiores
del país y dirigente del Sindicato de Empleados de la Universidad
de Costa Rica (SINDEU), Trino Barrantes, al referirse a los ingentes esfuerzos
del gobierno del presidente Carlos Alvarado de “desactivar” la protesta social
mediante un ambicioso “dialogo nacional intersectorial” y el “consenso”,
aprovechando la crisis acelerada aquí por la Covid 19 y tres décadas pérdidas
en cuanto a desarrollo humano..
Aunque dicho “dialogo ” ilusionó a una amplia gama de líderes empresariales, cooperativistas, organizaciones femeninas, dirigentes comunales y sindicales – estos últimos impulsaron la idea que su presencia en la mesa de negociación podría detener el endeudamiento externo del país y una serie de medidas que amenazan seriamente a los sindicatos- lo cierto del caso para otras organizaciones sociales es que, según ellas, no “asistimos a estas negociaciones porque “previnimos la cruel emboscada política que nos tenían preparada ”.
En declaraciones especiales para Barómetro Latinoamericano,
el investigador Barrantes explicó que en
actualidad en su país hay dos corrientes fiscales enfrentadas: una que busca la
tabla de “ salvación” en el
endeudamiento externo, entregando la nación al Fondo Monetario Internacional
(FMI); otra encaminada a que el Estado acabe de una vez por todas con el
contrabando, las exenciones y la evasión “descarada” de impuestos por parte
de las familias más acaudaladas, gracias
a 34 años de neoliberalismo .
Añadió que el modelo socioeconómico dibuja dos Costa Rica: una de unos pocos millonarios y otra mayoritariamente compuesta por personas sin casa, desempleadas, sin centros estatales de educación y pobre.
Según el “Informe del Estado de la Nación 2020” –
diagnóstico realizado por el independiente Consejo Nacional de Rectores
(CONARE) de todas las Universidades Estatales- en el país el 26,2% de los
costarricenses pasaron a engrosar el rubro de “pobreza”.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
(INEC) oficializó que el desempleo para el trimestre junio-julio-agosto del
2020, se disparó 11,8 puntos
porcentuales respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzando la cifra
récord de 23,2%, el mayor porcentaje en
los últimos 30 años. . Eso equivale a 544 mil personas desempleadas, 264 mil
más respecto al periodo en comparación.
Aunque los principales voceros de las élites gobernantes a
solo horas de concluido el “dialogo intersectorial” de tres semanas se
atribuyeron una “victoria” sobre los
grupos populares, cierto es también que
la ausencia de importantes movimientos sociales promete desde ahora la
reactivación de la protesta, conforme se profundice la crisis y haya un
endurecimiento contra quienes desaprueben en las calles el custodiado
modelo socioeconómico.
Para el economista
neoliberal, Gerardo Corrales, en el “dialogo intersectorial” el empresariado
evitó la confrontación directa con los sectores populares, con la esperanza,
añadió, que sea el congreso el encargado
de llevar a cabo las reformas más profundas no alcanzadas en dichas
conversaciones. En la Asamblea Legislativa las élites controlan el oficialista
Partido Acción Ciudadana, la agrupación Liberación Nacional, que en algún
momento se vendió como socialdemócrata y los denominados socialcristianos,
alejados totalmente de las tesis cristianas y sus encíclicas papales.
El empresariado, según Corrales, buscará que los diputados
aprueben un régimen único de empleo público, un salario global para los
trabajadores estatales, cambios profundos en
las convenciones colectivas dentro del Estado para reducir gastos
fiscales e imponer un gravamen sobre un decimocuarto sueldo que se otorga a los
asalariados, llamado “salario escolar”; así como acabar de “rediseñar” el aparato
estatal.
El rediseño del Estado no es otra cosa que dejar al capital
financiero los negocios que antes estaban a cargo de las instituciones
estatales, cuya actividad merma al quitarles financiamiento.
El conservador diario La Nación (22/11/2020) – en la
presente administración del presidente Alvarado defendió su gobierno de “unidad
nacional”- se quejó que el foro solo recortó el faltante fiscal en 767.000
millones de colones - $128 millones -, equivalente a 2,18% del Producto Interno
Bruto (PIB), y no de un 2,5% planeado.
Lograron, empero, reducir aún más la actividad del Estado, acordando un recorte
del gasto público permanente para este y el otro año– afectará la cultura, el
deporte, la educación, la ciencia etc- por 474.00 millones de colones - $ 79
millones - algo así que un 1,36% del PIB.
La ilusión que a lo mejor del diálogo saldría “humo blanco”
a favor de quienes pretendían salvar algunas viejas conquistas dentro del
sector estatal, pareciera no ocurrió y ahora “legitimado” por el foro, el gobierno
se encamina a la aprobación de un crédito por $ 1700 millones proveniente
del FMI. Este organismo impone aún una
mayor reducción de la actividad pública y la creación de tributos, entre otros.
El Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO),
que asistió al foro junto con otras organizaciones gremiales de tendencias
“independientes”, socialcristianas o
socialdemócratas, como la Confederación Costarricense de Trabajadores
Democráticos (CCTD), defendió en un comunicado los acuerdos del dialogo
intersectorial, recordando que se modernizará la recaudación tributaria, se
garantizó que no se seguirá con la venta de activos del país y se garantiza el
derecho a la salud, entre otros.
Sin embargo, el consenso mayoritario entre otras
organizaciones sociales es que, estuvieron en dicha mesa de negociación
aquellos grupos surgidos durante los gobiernos socialdemócratas desde 1948,
utilizados en las nacientes instituciones creadas entonces por la llamada
Segunda República a favor de la guerra fría y una sostenida campaña
anticomunista durante más de 50 años.
Para el experimentado analista político costarricense, Oscar
Barrantes, del “Circulo Bolivariano Yamileth López” y el “Centro de Estudios
Populares”, acudir a dicho encuentro con lo más rancio de las élites del poder,
fue un error lamentable cometido por algunas organizaciones que no ven que el
neoliberalismo ya no los ocupa, pues éste solo está al servicio del capital
“neocolonialista” encabezado el FMI.
En entrevista exclusiva con Barómetro Latinoamericano añadió
que, en el contexto de la realidad costarricense, donde se agudizan las
contradicciones internas, se profundizará inexorablemente la desigualdad social
y se exacerbará la crisis del capitalismo. “No es posible, enfatizó, hablar de
“pacto social” entre los sectores populares y las clases dominantes”.
Consideró que los tiempos que vivimos exigen a los sectores
populares y las fuerzas políticas de avanzada, dentro de la gran patria
Latinoamericana y el Caribe, caminar hacia un verdadero proyecto social
alternativo al neoliberalismo, debidamente articulado, internacional y
cohesionado.
En cuanto a Costa Rica abogó por una urgente “refundición de
las diversas plataformas políticas que supere errores, falsos liderazgos y
egocentrismos del pasado, para propiciar así
la reconquista de una sociedad más justa, verdaderamente democrática,
con derechos plenos, libertad, dignidad y soberanía”, dijo.
En este sentido, el Secretario General de la Asociación
Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas emplazó a
quienes asistieron el “dialogo multisectorial” para que expliquen si con dicho
coloquio se descartó el programa del FMI para Costa Rica.
Vargas, quien enfrenta acusaciones judiciales al
criminalizarse aquí las protestas sociales, es además un enconado crítico
contra lo que él denomina “cleptocracia”, introducida prácticamente en todos
los altos estamentos de Estado. “Los asistentes a este foro deben explicar
cuáles son los beneficios para los trabajadores”, aseveró en sus redes
sociales.
Lo singular del caso es que, una vez terminadas las
conversaciones entre gobierno, empresarios y algunos sectores gremiales,
ampliamente promovidas por la matriz mediática, los telenoticieros consignaron
que a menos seis protestas (incluido un muerto en la zona norte del país,
tiroteado por la policía, según vecinos), fueron reprimidas en diversos puntos
de la nación centroamericana.
En un comunicado la Comisión de Derechos Humanos llamó al
Estado a dejar de “criminalizar” el descontento popular. El Ministro de
Seguridad, Michael Soto, se vanaglorió durante la transmisión de un noticiero,
en el sentido que un joven detenido en una anterior protesta “fue condenado a
nueve meses de cárcel”.
Periodista, abogado y
notario por la UCR.
rafaelangeluq@yahoo.com
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