Por Tony López R.:
Durante el gobierno del Dr. Julio César Turbay Ayala
(1978-82), y frente al crecimiento del movimiento revolucionario de las
organizaciones tales como el M-19, ELN, y FARC-EP, se aprobó el Estatuto de
Seguridad, un mamarracho jurídico, copia del Estatuto de Seguridad Nacional,
que se enseñaba en la Escuela de las América a los militares latinoamericanos y
que en esencia teórica y práctica, no
era más que aplicar crueles torturas y asesinatos a los militantes de organizaciones de
izquierda y de los partidos socialistas
y comunistas o sea le otorgaban: licencia para matar.
Testigos de esas atrocidades, fue y es la opinión pública
colombiana, que en la Decimotercera, la Cuarta y Quinta Brigadas, de Bogotá,
Medellín y Bucaramanga, y otras unidades militares, se cometieron graves violaciones a los
derecho humanos y fueron denunciadas
públicamente por muchos de esos hechos. Aún las victimas de esos crímenes
esperan que la Justicia Colombiana, juzgué no solo a los militares que
ejecutaron esos crímenes, sino a los
mayores culpables que forman parte de la elite aristocrática y oligarquía colombiana, que hicieron de esa
política grandes negocios y dejaron
sentada la política del miedo y terror,
que hoy impera en esta gran Nación. De igual forma esperan por los
crímenes cometidos contra los Magistrados y personal administrativo del Palacio de Justicia.
Hoy hay un despertar y aún
una tímida perdida del miedo,
cientos de miles de colombianos han salido a denunciar esta política criminal,
que desde la época de Turbay Ayala, se ha venido aplicando contra la población
civil, líderes comunales, afrodescendientes y etnias originarias, estas
minorías debían ser las más protegidas, porque forman parte de nuestros
orígenes, y tan grave como estos crímenes lo es
también el incumplimiento de los
Acuerdos de Paz, el asesinato de 60
combatientes de las FARC-EP acogidos a la firma de los Acuerdos de Paz, es muy
grave porque la credibilidad de los desmovilizados e inermes combatientes se
perdió y no tienen otra opción que
volver al monte y de nuevo empuñar las armas.
De acuerdo a mis estudios y experiencias de otros procesos
de paz en Centroamérica, en el caso de Colombia, la conducta del Gobierno desde que comenzaron los diálogos hasta que
se firmaron los acuerdos, estuvieron muy
hábilmente conducido para de manera legal y si comprometerse, ir desmontando lo
acordado, pero este tema y análisis será para otra entrega.
Los tiempos han cambiado y aunque mediante la técnica
mediática de terror y miedo influyó en las elecciones de segunda vuelta del 17
de junio pasado para que la candidatura presidencial del candidato de Álvaro
Uribe Vélez triunfara, también recibió el apoyo de los líderes de los Partidos Liberal, Conservador y de la U, cuya traición
tendrá un alto costo político y lo
veremos en el futuro. Lo insólito de estas masacres y crímenes que de noviembre
de 2016 a la fecha de hoy han cobrado más de 400 asesinatos políticos, la OEA y el Secretario General Luis Almagro, ni la CDIH, ni la Unión Europea, se
han pronunciado condenando estos
alevosos e impune crímenes, una grave violación a los Derecho Humanos.
Lo más insólito de este comprobado y macabro escenario es
que en días pasado en un alocución desde el sur del país, el Presidente aseveró
que dentro de la implementación de los Acuerdos de Paz, el que está más avanzado es el de las Victima, sin
embargo de acuerdo a la Comisión que tiene que ver con este tema, señalan que
está muy retrasado el cumplimiento de ese Acuerdo. El tema de los más de 3 mil víctimas conocido
ampliamente como falsos-positivos, que
señalan las acusaciones como una Política de Terrorismo de Estado y
caracterizados como Crímenes de Lesa Humanidad, no se ha movido ni un ápice.
Si bien el actual Gobierno no ha cumplido con la mayoría de
los Acuerdos y solo con un 20 por ciento de ellos, muchos además incompletos,
como el de la Amnistía, las Víctimas y otros,
que puede esperarse cuando el Presidente
se encuentra a menos de 26 día entregar el poder y de asumir el nuevo Gobierno.
La nueva administración
que pública y de manera firme y clara ha manifestado que revisará los
Acuerdos firmados por la anterior administración. Se sabe que el Centro Democrático que
comienza a gobernar es enemigo de ese proceso, de tal modo que poco o nada
quedará de los Acuerdos firmados por el Premio Noble de la Paz y le pasara la antorcha el que seguramente
ganará el premio de la Guerra.
En la entrevista del prestigioso profesor de la Universidad
Pedagógica de Bogotá, Renan Vega, del periodista Mario Hernández de Rebelión de
España, caracteriza muy bien lo que se viene para el pueblo colombiano. Sus
señalamientos son los siguientes: “Lo que acaba de pasar en Colombia expresa la
reconstitución en el bloque de poder, y esto es lo que me parece más importante
y a la vez lo más peligroso para el país y para el continente”.
“La clase dominante tradicional había recurrido a los
paramilitares, a los asesinos, como una cosa efímera, pero se había separado de
ellos. En el gobierno de Duque viene una reconstitución en el poder que
involucra a los asesinos y criminales como parte de la clase dominante. Tenemos
entonces una burguesía mafiosa reconstituida, donde se mezclan los
terratenientes, el capital financiero, los ganaderos, los exportadores, los
pocos industriales que quedan, unidos a los narcos, a los paramilitares y a los
asesinos y ese es el nuevo bloque de poder que hay en Colombia y cuya
consolidación va a tener consecuencias inmediatas en este país y en el resto de
América Latina”. Está muy claro en
Colombia el Estatuto de Seguridad y los paramilitares al poder.
La denuncia del centro de investigación independiente
"National Security Archive" con sede en Washington, cita a varios
extrabajadores de la finca "La Carolina". Los nuevos testimonios que
han emergido sobre la finca de Uribe parten de una investigación sobre el
fugitivo jefe paramilitar y ex comandante de la Policía, Jorge Alberto Osorio
Rojas, alias Rodrigo y El Mono.
El NSA consideró que estas revelaciones pueden avivar las
investigaciones de la Corte Suprema de Colombia, que en mayo pasado declaró de
lesa humanidad los delitos asociados a las masacres perpetradas por
paramilitares en las localidades de El Aro, San Roque y La Granja, como parte
de una indagación contra Álvaro Uribe.
Solo un gran movimiento de pueblo y masas organizadas y
unidas en la alianza Colombia Humana, podrán parar el horror y los crímenes aún
por sancionar como los responsables de
estas masacre, la sociedad colombiana
debe darle seguimiento a ese proceso, porque si cae en manos del Cartel de la
Toga y más con uno de los importantes implicados que ahora formara parte del
nuevo Gobierno y con mucho poder, como lo es el senador Álvaro Uribe Vélez, se
revelara si la impunidad continuará en nuestra sufrida Colombia.
Este también debe ser una alerta a los pueblos
latinoamericanos y denunciar los planes del gobierno de Donald Trump, contra
los gobiernos progresistas y revolucionarios de América Latina. Venezuela, Nicaragua hoy es víctima del Plan
Maestro dirigidos desde el Comando Sur y de la aplicación del modelo Sirio.
Modelo que tiene en lo inmediato el objetivo de derrocar a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua y en
lo mediato a Bolivia y Cuba. Y como
elemento de interés debe tomarse en
cuenta que aún sin asumir el poder, también están atacando al elegido
presidente de México, Andrés López
Obrador. Por cierto ni la OEA ni las Unión Europea se han pronunciado por la
ola de crímenes políticos cometidos contra candidatos en las elecciones
mexicanas.
Tampoco han dicho una sola palabra contra el crimen de
separar a los niños de los padres de indocumentados, y la irracionalidad de
llevar ante un juez a un niño de 1 año y seis meses a declarar. El Juez según
la prensa quedó estupefacto y se negó atender semejante locura.
Solo la resistencia de los pueblos, la permanente y firme
defensa de los derechos de los pueblos a darse soberanamente el gobierno que
elige y a repudiar aquellos gobiernos
que se subordinan cobardemente a los intereses de Washington, y denunciar los graves crímenes que se
cometen contra líderes populares, en
nombre de la democracia como sucede en Colombia, Argentina, Brasil, México,
Honduras, Paraguay y Guatemala y
exigiendo a los organismos internacionales que se pronuncien y atiendan a esos
pueblo víctima de estos gobiernos lacayos.
(*) Periodista, politólogo y analista internacional.
jorgarcia726@gmail.com
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