Por Carolina Vásquez Araya:
Un proyecto vital para la niñez de Guatemala, carente de
recursos y marginado por falta de interés.
Como una oportunidad para reducir la mortalidad
materno-infantil se lanzó en 2013, con gran pompa, la Ventana de los Mil Días,
iniciativa respaldada por organismos internacionales y cuyo objetivo es
satisfacer las necesidades nutricionales de madres y sus bebés desde la etapa
de gestación, porque “la desnutrición en niños menores de 2 años tiene efectos
irreversibles en el desarrollo físico y mental, y atenta contra el futuro de
una sociedad”, como acotó la doctora Guadalupe Verdejo, representante de OPS/OMS.
Mucho ha pasado desde entonces y esa estrategia nunca prosperó.
La niñez guatemalteca es el último de los eslabones de la
cadena. A ella llegan apenas los sobrantes del banquete y muchas veces ni
siquiera eso. Como prioridad cero, tampoco los programas destinados a
favorecerla experimentan una fiscalización estricta y, por ende, la desviación
de los fondos destinados al desarrollo integral de la niñez pasa por debajo del
radar.
Cuando se habla de corrupción se suele enfocar el objetivo
en los detalles del saqueo sin poner el dedo en el problema central, que es la
impunidad consecuente. Es decir, el pago por los delitos contra la integridad
de las instituciones queda como una tarea pendiente mientras la ciudadanía gira
su atención hacia otro escándalo y otro más, sucesivamente, perdiendo el hilo
esencial de la acción de la justicia por los que ya hicieron titulares de
portada.
De ese modo se van acumulando las deudas ante la ley, un
nudo gordiano capaz de entorpecer durante décadas todo intento de avance en la
labor de la justicia y la reparación de los daños cometidos contra la
población, especialmente de menores recursos. Y así como sucede en el caso de
este programa tan valioso para las nuevas generaciones, acontece con otros de
mayor o menor impacto y queda en el imaginario social la idea de la
imposibilidad de luchar contra la impunidad, porque ésta es ya parte de una
subcultura imperante en todos los ámbitos.
El incumplimiento del programa de los Mil Días se podría
catalogar como un crimen de lesa humanidad al condenar a un numeroso grupo de
madres e hijos a una desnutrición forzada, privándoles de su derecho a lo que
muy claramente les garantiza la Constitución Política de la República de
Guatemala en su Artículo 1º. “Protección a la persona. El Estado de Guatemala
se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la
realización del bien común.”
Por si quedara alguna duda, el Artículo 2º. Insiste:
“Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el
desarrollo integral de la persona.”
Muchos escándalos acaparan titulares. Innumerables casos de
corrupción, algunos casi anecdóticos y otros de dimensiones grotescas mantienen
en vilo la atención ciudadana. Sin embargo, la pérdida de capacidades físicas y
mentales de miles de niñas y niños menores de 2 años ocasionados por falta de
nutrientes y baja calidad de vida, queda únicamente señalada en estadísticas
tan frías como insuficientes si se desea dimensionar el problema para ponerle
un alto definitivo.
El país ha quedado señalado como uno de los más incumplidos
en objetivos mundiales destinados al desarrollo integral de la persona. Sin
embargo, no es únicamente por su incapacidad para ejecutar los fondos
destinados a programas sociales, sino también porque los presupuestos fluyen
hacia destinos ajenos y fuera de la vista pública. Detener el régimen de
impunidad es tarea de todos, pero también lo es restaurar la confianza en las
instituciones garantes del estado de Derecho.
La niñez ha sido prioridad de los gobernantes durante las
campañas electorales, pero desde entonces, nunca más.
elquintopatio@gmail.com
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