Un infierno que dejará profunda e irreparables heridas en la
sociedad.
Por Antonio Guillermo García Danglades
“Anoche, ordené fuerzas militares estadounidenses a Panamá.
(…) Durante casi dos años, Estados Unidos y los países de América Latina y el
Caribe trabajamos juntos para resolver
la crisis en Panamá. Los objetivos de Estados Unidos habían sido salvaguardar
la vida de los estadounidenses, defender la democracia en Panamá, combatir el
tráfico de drogas y proteger la integridad del Tratado del Canal de Panamá.
Muchos intentos han sido hechos para resolver esta crisis a través de la
diplomacia y las negociaciones. Todos fueron rechazados por el dictador de
Panamá. (…)”
"Hace un año, el pueblo de Panamá vivía con miedo bajo
el yugo de un dictador. Hoy, la democracia ha sido restaurada. Panamá es
libre”.
Presidente George H.W. Bush (1989)
El 20 de diciembre de 1989, el entonces presidente
norteamericano George H.W. Bush, ordenó la movilización de unos 24 mil marines
a territorio panameño, quienes en horas de la madrugada atacaron sin clemencia
instalaciones públicas, civiles y militares, en una invasión unilateral e
ilegal, falazmente llamada “Operación Causa Justa”, con el objeto de deponer al
presidente Manuel Noriega, otrora aliado y agente de la CIA durante la guerra
fría, e instalar un gobierno sumiso a los intereses transnacionales de
Washington.
Diversos analistas han coincidido en que la cobertura
mediática nacional e internacional de la invasión a Panamá, se realizó en plena
colaboración con el gobierno norteamericano con el fin de dirigir a la opinión
pública. Durante y después de la invasión hubo una ausencia total de
objetividad y equilibrio, ocultando la perspectiva mayoritaria del país opuesta
a la invasión.
El investigador y ex diplomático panameño Humberto Brown,
sostiene que la gran mayoría de afectados por el ataque fueron personas de
bajos recursos provenientes de zonas urbanas. Durante la primera media hora de
la invasión, asegura Brown, el ejército estadounidense lanzó cerca de 400
bombas sobre los barrios pobres de El Chorrillo, Marañón y Caledonia, mientras
que las zonas más adineradas se encontraban perfectamente protegidas. Sin
embargo, la tragedia vivida por el pueblo panameño, las muertes y asesinatos
provocados por las fuerzas militares estadounidenses, fueron ocultados
sistemáticamente por los medios de comunicación que concentraron su atención en
la persecución y posterior captura de Noriega y el “restablecimiento de la
democracia” en ese país.
En efecto, la “restitución de las libertades” y el “fin de
la dictadura” fueron los argumentos esgrimidos por Washington para justificar
la invasión. Para el laureado profesor
de historia de la Universidad de Nueva York, Greg Grandin, la invasión de
Panamá, además de haberse llevado a cabo de manera unilateral, constituyó una
violación a la soberanía nacional “en nombre de la democracia”, bajo la premisa
de que la “soberanía nacional estaba subordinada a la democracia”.
En ello ha coincidido Peter Kornbluh, Director del National
Security Archive de la Universidad George Washington, encargada archivar y
publicar documentos desclasificados, quien argumenta que Estados Unidos ejerció
en Panamá la “doctrina del poderoso-hace-lo-correcto”: invade países pequeños,
obtiene lo que quiere y “deja a las
personas que viven allí en una especie de putrefacción”. Para Kornbluh, “Panamá
es otro ejemplo de cómo destruir un país para salvarlo.”
Veintiocho años después, también en nombre de la
“democracia”, el imperio norteamericano y sus socios en Venezuela y el mundo,
han desatado una campaña mediática internacional en contra del gobierno del
Presidente Nicolás Maduro, logrando calar en la opinan pública la falsa idea de
que Venezuela vive un régimen totalitario conducido por un dictador déspota que
reprime las libertades y viola sistemáticamente los derechos humanos de la
población. Esta noción artificial ha sido cimentada por la OEA y los países
neoliberales de la región de manera conjunta y coordinada, ante la pésima
política venezolana en el área comunicacional y relacionamiento internacional
con la sociedad, y los propios errores institucionales del Tribunal Supremo de
Justicia en sus sentencias contra las competencias del parlamento, aunado a la
denuncia de la Fiscalía General de la República sobre una "ruptura del
orden democrático", haciéndose eco de lo que desde afuera se ha estado
promoviendo.
De manera inteligente, el Presidente Maduro pudo solventar
la situación que, insólitamente ha caído en oídos sordos. Para la OEA,
oposición, medios de comunicación y, por supuesto, Estados Unidos, las
sentencias revocadas continúan siendo válidas, en tanto y cuanto las mismas
ofrecen la posibilidad de demostrar que Venezuela padece una “dictadura” que
debe ser depuesta en breve.
Esta es la gasolina que nutre a la extrema derecha
venezolana que, aun sabiendo las grandes posibilidades que tiene de llegar al
poder en poco tiempo, dado la pésima valoración que tiene la población en la
gestión del gobierno y su incapacidad para doblegar la guerra económica, está
decidida a sumir el país en la violencia y extirpar el chavismo de raíz, acabar
con las instituciones democráticas nacidas y desarrolladas en revolución, y
restaurar el sistema neoliberal y de sumisión al imperio estadounidense previo
a la Revolución Bolivariana.
Una vez incendiado el país, las condiciones exigidas por
Washington estarán dadas. Así lo reflejarán cabalmente los medios
internacionales, y a la administración Trump, aupado por las oscuras y
retrogradas figuras del anticastrismo mayamero encarnadas por el senador del
Tea Party, Marco Rubio, no le temblará el pulso para hacer nuevamente gala de
su extremismo y repetir la invasión a Panamá de 1989, esta vez en suelo
bolivariano.
No hay que ser experto para saber que el costo de esta
aventura será muy alto. La irresponsabilidad de la patética y apátrida
oposición abre las puertas de un inferno de incalculables proporciones, que
dejará profunda e irreparables heridas en la sociedad.
agd1967@gmail.com
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