Por Jorge González
En pocas semanas actores estatales y productores sojeros
violentaron tres comunidades, arrasando múltiples derechos de cerca de 1.200
personas.“Vuelta de tuerca” sobre la tierra
Durante los dos primeros años de gobierno de Horacio Cartes
y su proyecto de “nuevo rumbo” agentes estatales en función de este gobierno
violentaron y criminalizaron a 43 comunidades campesinas, que reclamaban sus
derechos frente a conflictos de tierra o de fumigaciones sojeras. 1 En todos
los casos imputaron, encarcelaron o condenaron a referentes de dichas
comunidades. En la mayoría de los episodios, también, los agentes estatales
actuaron ilegalmente, pues con simples órdenes de detención ejecutaron
desalojos de comunidades enteras, incluido el derribo de viviendas. Todas estas
situaciones y su gravedad fueron difundidas públicamente, mas ningún órgano del
Estado intervino después de las denuncias públicas.
El de Cartes se inscribe entre aquellas administraciones
decididas a encaminar todo tipo de políticas económicas, ambientales, económicas
y de seguridad funcionales al modelo de agro negocios, por lo que podemos
considerarla como una expresión política del modelo. De hecho el mismo
presidente de la República y su vice, Juan Afara, obtienen gran parte de sus
riquezas familiares a partir de la explotación sojera, ganadera y la
especulación con tierras.
Es parte de la naturaleza del modelo sojero expandirse sobre
nuevas tierras para acrecentar sus ganancias, y en Paraguay este crecimiento de
superficie se viene dando sobre tierras fiscales, campesinas o indígenas
históricamente.
Esto es viable a través de un Estado organizado
funcionalmente a los intereses de los sectores acaparadores de la tierra, para
las que las familias campesinas e indígenas que disputan la tierra para recrear
en ella sus derechos, son un estorbo.
Desde hace unos 20 años Paraguay vive una intensa ofensiva
sobre las tierras campesinas e indígenas, pero para la analista Inés
Franceschelli, a partir de agosto último se vive una decisión del gobierno de
apretar el acelerador de este proceso de acaparamiento, como una “vuelta de
tuerca”. En el último mes y medias
autoridades institucionales, fiscales, jueces y policías de Paraguay
protagonizaron, en coordinación con empresarios productores de soja, tres
grandes operativos ilegales de desalojo forzoso contra dos comunidades
campesinas y una indígena, dejando en
situación de emergencia humanitaria a cerca de 250 familias.
En todas ellas el objetivo fue expulsar de colonias del
mismo Estado o de territorios ancestrales a familias campesinas e indígenas
beneficiarias de las políticas de tierra, para que los intereses sojeros
penetren en el lugar. En algunas de estas comunidades se sembró soja el día
después del operativo, mientras las viviendas seguían humeando tras los
desahucios. En la mayoría de estas comunidades el operativo, además, destruyó
infraestructuras del mismo Estado, como pozos, tanques de agua, redes de electrificación,
escuelas, etc. montadas en años anteriores.
Pero el nuevo rumbo y sus intereses “rueda” sobre una
estructura estatal profundamente definida por niveles de corrupción en torno a
la tierra estatal, que involucra principalmente a funcionarios del Instituto de
la Tierra (INDERT) y del Registro de Propiedades, fiscales, jueces y
escribanías privadas. Estas prácticas generan superposiciones de derechos sobre
la tierra, de lo que resulta un escenario de confusión jurídica, que permite
dar el golpe final a quienes tienen influencia económica o política.
Por su signo político-económico, el gobierno de Cartes viene
recreando un clima favorable a los sectores acaparadores de tierra, que le
anima a avanzar sobre nuevas dimensiones que antes eran impensadas.
Esta “vuelta de tuerca” para acumular y hacerse del recurso
central de la tierra ocurre cuando el gobierno cumple más de la mitad de su
mandato y cuando existe una gran incertidumbre sobre lo que va a pasar en las
elecciones de 2018, luego de que el Congreso denegara al presidente la
posibilidad de ser re-electo y luego de que se publicaran encuestas que
presentan como favorito al ex presidente Fernando Lugo, depuesto a través de un
golpe institucional parlamentario en 2012 luego de la masacre de Curuguaty.
redlatinasinfronteras.sur@gmail.com
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