Por Eduardo Contreras:
La forma superior de organización política de toda sociedad
humana es el Estado, cualesquiera sean sus formas o tipos conforme sus
específicos orígenes, sus procesos históricos y las respectivas correlaciones
de fuerza.
La sociedad concreta de que se trate designará según proceda
y mediante los respectivos instrumentos jurídicos - en primer término, la
respectiva Constitución Política - los órganos concretos encargados de la administración
estatal, ya se trate de regímenes presidenciales, parlamentarios, u otros.
Punto aparte, pero igualmente con organización jurídica propia, son aquellas
viejas reliquias históricas denominadas monarquías a las que determinados
sectores, pese a la realidad, les atribuyen todavía origen divino.
Obviamente, casos trágicamente distintos y especiales, son
los regímenes dictatoriales en que el poder y control total de la sociedad sólo
es ejercido por la fuerza bruta y el crimen y los órganos del Estado o no
existen o carecen de sentido y eficacia reales.
Lo dicho no explica el asunto de fondo que es el Poder real
en la sociedad. El cual está determinado
por la propiedad de los medios de producción y por la fuerza física, es decir
los ejércitos, las fuerzas armadas del respectivo Estado.
En nuestro caso la debilidad del Estado está dada por un
conjunto de factores a los que no pareciera prestárseles la debida atención
pese a que de ellos depende la estabilidad democrática de la sociedad chilena.
Desde luego aparece contradictorio y absurdo que se pretenda
un desarrollo democrático en un país cuya norma jurídica fundamental, la
Constitución Política del Estado que establece y regula los órganos estatales y
establece deberes y derechos recíprocos entre Estado y ciudadanos, sea aquella
elaborada en dictadura por un pequeño puñado de agentes del régimen más brutal
de la historia de Chile.
Peor aún es que la sociedad en su conjunto no persevere en
su lucha por terminar con este enorme absurdo político y jurídico que sólo
puede explicarse por la circunstancia objetiva que la dictadura nunca fue derrotada,
sino que un determinado sector político pactó esta salida negociada en la que
vivimos.
Aunque se trate de temas que deben ser tratados con mayor
extensión y profundidad, estimamos que dada la actual situación política de
nuestro país al menos corresponde llamar la atención sobre estos asuntos de
fondo y revisar el funcionamiento de algunos de estos órganos. Hay que observar
situaciones que deben ser enfrentadas.
Desde luego constatar y analizar los efectos que acarrea la
grave corrupción que afecta a dos de los elementos del Poder político real de
nuestro país, es decir por una parte a los propietarios privados de los medios
de producción y controladores de la economía nacional, que, en el caso chileno,
no es precisamente el Estado y por otra parte lo que sucede en los institutos
armados, las diversas ramas de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la Policía de
Investigaciones.
La reflexión debe centrarse en estos últimos factores. No
sólo porque al fin de cuentas la corrupción es connatural a la economía
capitalista, parte de su funcionamiento y de la articulación a sus políticos
afines, sino porque además el peligro para la estabilidad democrática del
Estado es mucho mayor cuando se trata del quiebre moral al interior de órganos
del Estado que manejan la fuerza de las armas. Y, muy lamentablemente, de esto
se habla poco o nada en los análisis políticos.
¿Qué tan normal puede ser que un Comandante en Jefe, la
autoridad suprema del ejército del país, esté procesado, detenido, o en prisión
preventiva por malversación de fondos estatales?
¿Y que otro Comandante en Jefe del Ejército, aquel que
proclamó un “Nunca más” con el aplauso de aquellos que le creyeron, ¿esté
procesado por crímenes de lesa humanidad?
¿Qué tan normal que hoy esté querellado criminalmente el
Almirante Jefe de la Armada por su ilegal sabotaje a las investigaciones
judiciales por los delitos de lesa humanidad perpetrados en dictadura por los
marinos? ¿O que la Esmeralda, barco de la muerte siga siendo objeto de
homenajes hasta de parte de gobernantes del país?
¿Qué tan normal es el robo de miles de millones de pesos por
los mandos de todas las ramas de nuestras FFAA, de Carabineros y de la Policía
de Investigaciones?
¿Qué tan normal que varios ex altos jefes de los institutos
armados y Carabineros protesten y ataquen a los tribunales porque se investigue
los crímenes y delitos de otros altos mandos?
¿Qué tan democrático, qué tan normal es todo esto? Lo que
sucede en esos órganos estatales es gravísimo, pone en jaque las instituciones,
es un quiebre al aparato estatal, es la expresión de la colusión de los grupos
económicos y los institutos armados. El largo silencio de algunos sectores en
denunciarlo ¿será compromiso asumido entre quienes pactaron esto que llaman
“transición a la democracia” ?
Otro órgano estatal es la Presidencia de la República. Los
lamentables antecedentes históricos del actual ocupante de La Moneda son de
sobra conocidos. A ellos debe agregarse ahora su gestión de este período y la
de sus ministros.
Piñera es el presidente que citó hace un tiempo a
autoridades judiciales a su despacho para hacerles presente su reproche por
algunas sentencias. ¿Con qué fundamento legal?
Violando todos los Tratados y Convenciones Internacionales,
han reconocido a un sujeto sin sustento legal como “presidente de Venezuela” y
a una señora venezolana radicada en Chile como “embajadora”. Apoyan, junto a
otros del llamado “grupo de Lima”, el intento del gobierno de los EEUU de
Norteamérica de hacerse del petróleo venezolano, como hiciera con el cobre
chileno en 1973.
Todo lo que ha hecho Piñera en apoyo al esfuerzo golpista en
Venezuela es un atropello al Derecho Nacional e Internacional. Ha violado
normas expresas de la propia Constitución pinochetista, entre muchas por
ejemplo las del artículo 32 numeral 15 y ha violado Tratados Internacionales,
como por ejemplo el artículo 7 de la Parte II de la Convención de Viena sobre
el Derecho de los Tratados
El gobierno de Piñera ha llegado a extremos como cuando
dispuso que su embajada en Caracas informara a los chilenos residentes de la
existencia de una realidad que era absolutamente falsa. En efecto, durante los
días de la fracasada maniobra de Cúcuta, la embajada chilena en Venezuela llamó
a nuestros compatriotas a prepararse para una situación muy crítica.
Como si fuera fin del mundo, como si cayera el gobierno,
conminó a los chilenos a acopiar agua, alimentos, medicamentos, limitar sus
movimientos, no moverse de sus casas, etc. Las típicas instrucciones cuando se
está al borde de la guerra. Era lo que esperaban ocurriera el famoso día 23.
Con la escasa excepción de algunas fuerzas políticas que
mantienen respeto real por el Derecho y la Democracia, la derecha chilena y
buena parte de los sectores del llamado “centro político” no parecen
preocupados por estos lamentables sucesos.
Pero lo cierto es que, como si ya no tuviéramos suficientes
y graves problemas con lo que ocurre en esos otros órganos estatales a que nos
hemos referido, la Presidencia de la República, órgano de primerísima
importancia ha violado normas jurídicas de la mayor importancia y
trascendencia, debilitando de esta manera el ya precario Estado.
Concluyo esta nota recordando que hace pocos meses, en una
librería del Puerto de Santa María, Andalucía, España, me llamó la atención un
pequeño librito de Umberto Eco llamado “Contra el Fascismo” que no es sino la
transcripción de su conferencia “El Fascismo Eterno” dictada el 25 de abril de
1995 en la Universidad de Columbia.
Entre muchos interesantes conceptos entregados allí por el
intelectual italiano podemos rescatar su alerta a la nueva ofensiva fascista
que ya entonces se dejaba sentir en diversas partes del mundo y decía “ El
ur-fascismo está aún a nuestro alrededor, a veces vestido de paisano…. Nuestro
deber es desenmascararlo y apuntar con el índice a cada una de las formas
nuevas, todos los días, en todos los rincones del mundo. “
De eso se trata, de no perder la memoria y estar alertas.
Como dice Eco, este fenómeno “no se restringe al ámbito político ni tiene fecha
de caducidad porque tras un régimen y una ideología hay siempre un modo de
pensar y de sentir, un sustrato que puede ser el germen de una nueva ola
fascista”
Uno de los deberes principales de las fuerzas progresistas
de nuestro país es sin duda llamar al respeto de las normas jurídicas, a
terminar con el peligroso juego de pasar por encima de las disposiciones que
regulan las relaciones internacionales, a exigir que se sancione las
violaciones al Derecho, caiga quien caiga, y a defender la dignidad y la
independencia del Estado de Chile a fin
que deje de ser, como es hoy en el caso Venezuela, marioneta de una potencia
extranjera.
eduardocontreras2@gmail.com
