Colombia: En el 4to Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz

 Por: Tony López R.:

Hace cuatro años en el teatro Colon, en la ciudad de Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos Calderón y Rodrigo Londoño, Comandante Jefe de la FARC-EP, firmaban los acuerdos de paz de La Habana. Un proceso accidentado y complicadas conversaciones que tuvo una larga duración en la capital cubana y al final y a cuatro años de firmados, los enemigos de la paz, han logrado sus objetivos, al hacer prácticamente trizas los Acuerdos, por el incumplimiento de los 6 puntos de la agenda suscrita y firmada.

El proceso de paz, concebido por la oligarquía liberal conservadora y sus ejecutores, para lograr su objetivo estratégico, desarmar y desconcentrar al movimiento guerrillero, más grande y poderoso que ha tenido América Latina e impedir los cambios estructurales y de justicia social por la que venia combatiendo desde hacia mas de 50 años este movimiento revolucionario.

Durante el gobierno de Uribe lograron dar baja a los comandantes miembros del Secretariado, Raúl Reyes, Jorge Briceño, Iván Ríos y la muerte por enfermedad de su histórico Comandante en Jefe Manuel Marulanda, esos lidere guerrilleros eran considerado por el enemigo el sector duro del Secretariado y estimaban que su desaparición debilitaba a dicha organización, solo faltaba quebrar al comandante Alfonso Cano, considerado uno de los ideólogos de las FARC-EP que había quedado como máximo jefe de la organización.  

El 4 de noviembre del 2011, apresaron herido al comandante Alfonso Cano y ordenaron su asesinato, a pesar de que él había comenzado conversaciones con vista a iniciar un proceso de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, quien ordenó su asesinato, no podían permitir que sobreviviera y fuera llevado a un juicio, pues sería muy peligroso y en un juicio ante una Corte, pondría en evidencia a un sistema cruel, un Estado corrompido y una sociedad  abandonada y dirigentes políticos seriamente vinculados al narcotráfico. Tenia que morir.

Luego de ese crimen y a pesar de tan dramática situación, la dirección de la FARC-EP aceptó, continuar conversando y aceptaron realizar un proceso de paz en el exterior y bajar los 10 puntos de la agenda de paz, que se había aprobado en la 8va Conferencia del Estado Mayor Central y lo redujeron a 6 puntos de la agenda. O sea, bajaron los dos puntos que Marulanda y Cano defendían para iniciar cualquier negociación.

Esa concesión la hizo las FARC-EP, no por estar derrotadas militarmente, sino porque estaban realmente interesados en una paz con justicia social. Las propias FF.MM estaban convencidas que por la vía militar no derrotarían a las fuerzas guerrilleras colombianas, no solo a las FARC-EP, tampoco al ELN.

Ambos temas, fueron sometidos a un largo debate desde principio del año 2011, el primero en la frontera colombo-venezolana y luego de varios encuentros en la Isla de Orchila, Venezuela, se llegó al acuerdo de abrir el proceso de paz en Cuba, y que Noruega y Cuba fueran países garantes, y Venezuela de observadora y más tarde se sumó Chile en esa misma categoría.

Las conversaciones entre las partes, gobierno y guerrilla, se iniciaron en La Habana el 24 de febrero del 2012, los primeros seis meses con carácter muy secreto, y en noviembre del ese año, se dio a conocer el inicio oficial de la Mesa de Dialogo de paz en Oslo, Noruega, y allí se anunció a La Habana como sede principal. De febrero 2012 hasta el 24 noviembre del 2016 que terminaron en la firma de los Acuerdos de La Habana.

Durante los cinco años, que duraron en La Habana los diálogos de paz, la oposición al proceso de paz, liderado por el ex presidente Álvaro Uribe Vélez, el Partido Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical y sectores del Partido Liberal, que concentra a la derecha y ultraderecha política colombiana, con el apoyo de la gran mayoría de los medios de prensa desarrollaron una descomunal cruzada contra la Mesa de Diálogo de Paz de La Habana.

La campaña propagandística estaba basada en atacar al gobierno de Santos Calderón, acusándolo de estar entregado a las FARC-EP y propagar que un exitoso Acuerdo de Paz, terminaría llevando a Colombia a un régimen Castro-chavista y a Timochenko, jefe de la guerrilla FARC-EP, al sillón presidencial.

La campaña resultó en un exitoso efecto cuando al ser sometido en un plebiscito celebrado el 2 de octubre del 2016, entre el SI y el No. Ganó el NO a pesar de que el 26 de septiembre ya se había firmado en Cartagena los Acuerdos de La Habana, pero se argumentó que no era un problema, porque el Plebiscito no era vinculante, lo cual resultó una gran mentira de Santos, Uribe Vélez, exigió que una Comisión revisara los acuerdos ya firmados y el gobierno presionó para que las FARC-EP accediera, por lo tanto, lo No vinculante fue un cuento.

Con el argumento de no poner en peligro las negociaciones de paz, después de haber logrado los importantes acuerdos del 26 de septiembre, las FARC-EP aceptó la revisión, pero lo que sucedió solo lo saben los protagonistas, pero Iván Márquez, que era el Jefe de la delegación guerrillera, se apartó de esa revisión y Timochenko encabezo esa tarea, mientras que por el Gobierno  lo asumió la canciller María Angela Holguín y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, y Humberto de La Calle y Sergio Jaramillo, jefe negociadores del Gobierno salieron del escenario.

Muchos de los acuerdos importantes fueron modificados, incluso pretendieron eliminar el acuerdo sobre la Justicia Especial de Paz, (JEP) pero no lo logaron, aunque modificaron algunos temas como el referido a que los expresidentes y gobernadores, altos mandos militares y los llamados “terceros” fueran llamados a testificar, hoy solo es a voluntad de cada uno de ellos, y estos últimos algunos son los grandes empresarios y terratenientes que financian el narco-paramilitarismo.

Hoy Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático, están proponiendo eliminar la JEP e incluso al actual sistema de Justicia de Colombia y planteando convocar a un plebiscito y modificar lo que fue ganado con la Constituyente del año 91, lo que sería un retroceso a un pasado bochornoso y plagado de impunidad.

La campaña y toda esa acción política anticomunista, estaba también respaldada por el gobierno de los Estados Unidos, gobierno que afirmaba en Colombia su base para provocar el derrocamiento del gobierno de Chávez y luego de su muerte, al de Nicolas Maduro, a lo que se prestó y presta el actual el gobierno del presidente Iván Duque.

En esos casi cinco años de conversaciones no todo era color de rosa hubo muy fuertes debates, los principales temas no estuvieron referidos a cambios estructurales que debió ser el objetivo principal de las conversaciones de paz. No se trataba de hacer cambios revolucionarios ni muchos menos socialistas, pero si cambios estructurales en cuanto a temas estratégicos incumplidos en los 6 puntos de la agenda y que a continuación les voy a referir brevemente cada uno de ellos.

El primer punto de la agenda aprobada era la ley de tierra, o lo que es lo mismo la reforma agraria integral, de este punto solo se ha cumplido solo en un casi 1 por ciento. De los 5 millones de hectáreas, que debieron ser distribuidas entre el campesinado, garantizándole los medios técnicos y la garantía de que sus productos se comercializaran, solo se han entregado 35 mil hectáreas, o sea no llega ni al 1 por ciento de los 5 millones que se debieron distribuir.  Un punto totalmente incumplido.

El segundo punto de la agenda acordado, se relacionaba con la reforma política que entre otros aspectos se vinculaba a la reforma electoral y judicial, en este último basado en la idea de la democratización mediante las elecciones en el sector judicial de los altos cargos en las Cortes y no por la terna que propone el ejecutivo. Respeto y garantías a los partidos políticos minoritarios y apoyo a los movimientos y organizaciones integradas por las minorías étnicas. Este punto ha sido sepultado.

El tercer punto relacionado con el fin del conflicto, ha sido también incumplido, ciertamente hubo una desmovilización y entrega de armas por parte de las FARC-EP, en ese periodo del año 2017 y parte del 2018. No así sucedió con un sector de las FARC-EP que no se desmovilizó y mantuvieron sus armas.

Mientras que, por el montaje dirigido por el Fiscal General Néstor Humberto Martínez y la DEA, contra el comandante Jesús Santrich,  que involucró al comandante Iván Márquez, provocó una profunda división en las FARC-EP y este sector volvió a la lucha armada y ha conformado un creciente Bloque Guerrillero. Esa operación del Fiscal buscaba y logró hacer trizas el Acuerdo de Paz.  Por eso lo premian y lo nombran embajador en España, burlando la justicia y haciendo patente la impunidad de un régimen dictatorial.

Estas operaciones contra los Acuerdos de Paz no son ajenas al gobierno de Iván Duque quien además se ha negado a restablecer las conversaciones con el Ejercito de Liberación Nacional, los que, a pesar de la insistencia de los insurgentes en retomar las conversaciones, el gobierno se ha negado y lejos de ello, hace reclamos violatorios de los tratados internacionales, reclamándole a Cuba la extradición de los integrantes de la delegación del ELN.

Esa pretensión del gobierno de Duque, no hace más que demostrar la carencia del más mínimo respeto por el derecho internacional y de lo establecido en los protocolos firmados por el gobierno colombiano, ante los gobierno del Reino de Noruega y de Cuba, para acoger en Cuba a las partes y continuar los diálogos de paz en La Habana y ante una ruptura o divergencia, la delegación insurgente seria trasladada y llevada al territorio colombiano de donde  fueron recogido con toda las garantías y seguridad.

El cuarto punto de la agenda, sobre la sustitución de cultivos ilícitos por la vía de erradicación manual y no utilizar la fumigación aérea con el glifosato, no se cumplió, tampoco se les entregó el subsidio a los cultivadores de coca y amapola, puro engaño.  Las siembras de coca aumentaron y se calculan en más de 220 mil hectáreas. En la actualidad el gobierno se apresta al uso de la fumigación aérea, lo que ha recibido el rechazo de la población campesina.

El quinto punto de la agenda trata el tema de las víctimas y no repetición, así como aplicar la justicia a los violadores por parte de la JEP, tampoco se ha cumplido debidamente y se inclina a juzgar a los ex guerrilleros, y limitadamente a los agentes del Estados y a los financieros de los grupos paramilitares, siendo este último los dos sectores los que han provocados la mayor cantidad de víctimas. Las 16 curules que debían ocupar los representantes de las víctimas, no han sido otorgadas. Este punto es otro de los graves incumplimientos y la tergiversación de los acuerdos de paz.

Por último, el sexto punto, sobre la implementación de los Acuerdos de Paz de La Habana, por lo ya explicado, es razonable afirmar que el gobierno del presidente Duque y del ex senador Álvaro Uribe, son los máximos responsables de los incumplimientos y la inacción de una correcta y real implementación de los Acuerdos de Paz.

En Colombia lejos de existir un clima de paz, es hoy un verdadero escenario de guerra, crímenes e injusticia social, e impunidad el gobierno y las fuerzas de seguridad y el orden son los promotores y ejecutores de la violencia y la impunidad.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

jorgarcia726@gmail.com

Leer más

Colombia. A 56 años de la fundación de las FARC-EP. ( 5ta parte)

Por  Tony López R:

En mi anterior artículo afirmé que los Estados Unidos y la oligarquía liberal-conservadora colombiana, tenían mucha paciencia y concibieron un plan de largo plazo, hábilmente conducido con el objetivo de desarmar a la guerrilla, con especial atención a la FARC-EP.  Movimiento guerrillero que llegó a sobrepasar los 20 mil hombres armados y controlar cerca de 300 municipios de los 1050 que tiene el país.

El plan, cada uno con sus característica y condiciones, tal como lo describe el ex presidente Juan Manuel Santos Calderón en su libro “La batalla por la paz”, se ha venido cumpliendo por etapas y ha tenido una duración de 16 años para concretar su objetivo, el que, por cierto, no puede calificarse de exitoso, porque si bien desarmaron a una parte de las FARC-EP, no se puso fin al conflicto social y armado.

Lamentablemente, el gobierno de Duque ha incumplido y violado los acuerdos y protocolos internacionales como es el caso del ELN, todo agravado, por la ola de crímenes de dirigentes sociales y ex combatientes desmovilizados, desplazamientos, represión brutal a las protestas sociales, corrupción. desmoralización en las Fuerzas Militares y en sus altos mandos, por sus vínculos y complicidad con el narco paramilitarismo denunciados por sus propios subordinados, graves violaciones de niñas por militares colombianos y como colofón la total violación del Estado de Derecho de un gobierno, ahora señalado de ilegitimo y comprado por el dinero del narcotráfico.  Los sueños prometidos han terminado en una negra pesadilla. 

Los Acuerdos de La Habana, firmados el 27 de septiembre del 2016 en Cartagena de Indias, en presencia del Secretario General de la ONU Ban Ki- moon, y varios Jefes de Estado, fueron modificados después del triunfo del No a la Paz, en el plebiscito del 2 de octubre, y aunque este no era vinculante, el ex presidente Uribe Vélez exigió revisar y cambiar contenido de lo ya acordado. Para algunos un paso en falso del gobierno de Santos, que provocó no pocas incomprensiones en el seno de las FARC-EP, y que hoy observamos como se manifiesta en las diferencias y divisiones dentro de lo que fue, este movimiento. El debate sobre modificaciones y cambios duró dos meses y finalmente los Acuerdos definitivo se firmaron en Bogotá, el 24 de noviembre del 2016.

Pero si bien esa entrega de armas y concentración de las fuerzas de las FARC que respaldaban sus posiciones a favor de la paz, sin que se pusieran en práctica y se aprobaran las leyes que debía poner en ejecución el gobierno de los puntos principales de los Acuerdos de La Habana. No hubo reciprocidad del gobierno de Santos, que en el tiempo que le quedaba de mandato de noviembre del 2016 al 6 agosto de 2018, (1 año y 7 meses) pudo haber dejado aprobadas varias leyes y en ejecución la implementación y cumplimiento de la mayoría de los acuerdos, entregando la presidencia a un mandatario y partido, que fue y es el mayor opositor y jurado enemigo de la paz en Colombia. 

Resulta evidente, que ese escenario era el más conveniente para ejecutar el plan de derrotar a las FARC-EP y así ha sido. Esto explica la negación del gobierno de Santos a que los Acuerdos de La Habana, fueran sometido a una Asamblea Nacional Constituyente Corporativa, sin ese instrumento aprobado por el soberano, los Acuerdos quedaban a merced del Congreso y de la Corte Constitucional, por cierto, nada favorables para la insurgencia.  Mientras que por otra parte y al finalizar el mandató, quedaba en manos de un gobierno y un poder legislativo a fines a los intereses de la oligarquía liberal conservadora y totalmente subordinado a la política de Estados Unidos. Los hechos están allí y son irrefutable. 

Según el ex presidente Santos en 1997 medio centenar de colombianos representantes de “todos los sectores de la sociedad debatieron e imaginaron cuatro escenarios posibles para el futuro del país y que estos imaginados escenarios fueron proféticos”. (1)

El primer escenario le llamó “amanecerá y veremos” este era el que se presentaba en el gobierno de Samper, que condujo a la perdida de autoridad estatal, el recrudecimiento de la violencia y al incremento de la pobreza y la inequidad social. Situación real heredada de los gobiernos anteriores y campaña en su contra liderada por el embajador Myles Frechette, quien con mucha habilidad desconocía la autoridad presidencial y militar, luego de ilegitimar  al gobierno de Samper por el ingreso de dinero a su campaña presidencial del Cartel de Cali, información proporcionada  por la DEA, a través de la Inteligencia de la Policía a Pastrana, quien hasta hace muy poco ocultó esa información, una clara conspiración, contra el gobierno de Samper, quien se proponía una política exterior y económica  independiente  de EE:UU.

Ese estado de cosa era el que beneficiaba  las posibilidades de lograr el segundo escenario, un debilitamiento del poder ejecutivo y de las Fuerzas Militares, que provocó que Estados Unidos suspendiera el apoyo a los militares y se lo proporcionara a la Policía Nacional, supuestamente abanderadas de la lucha contra el narcotráfico, un  crecimiento y fortalecimiento  de la insurgencia, también  del narco-paramilitarismo y una acrecentada corrupción en el poder legislativo y judicial, fue la coyuntura propicia para pasar al segundo escenario, luego de las elecciones de 1998.

El segundo escenario, según Santos, la denominaron “Mas vale pájaro en mano” y señala: “aludía a las concesiones ofrecidas a los grupos armados con tal de iniciar un proceso inmediato de reconstrucción de la democracia y de frenar el ciclo ascendente de muerte y violencia”. “Ya se verá cómo ese escenario – que equivale al proceso de paz del Caguán del gobierno de Pastrana, fracasó”

Este segundo escenario, fue el que se utilizó, para lograr  la “reconstrucción de la democracia y de frenar el ciclo ascendente de muerte y violencia” entiéndase ganar tiempo para  recomponer a las Fuerzas Militares y reactivar las relaciones y apoyo de Estados Unidos, no para llegar a un acuerdo de paz con la insurgencia, se trataba de  parar  “el ciclo de ascendente de muerte y violencia” era la manera perversa de presentar este segundo escenario, para no aceptar, que se trataba de evitar el triunfo de  una Revolución que sí produciría profundos cambios estructurales políticos, económicos y sociales.

Para lograr ese objetivo, había que buscar el diálogo con las dos fuerzas guerrilleras más importantes del país, especialmente con las FARC-EP, porque equivocadamente la oligarquía colombiana, siempre ha pensado que neutralizada o derrotada las FARC, el ELN por la supuesta debilidad que le endilgan, sería más fácil acabar con ella.  Por esa razón con el proceso del Caguán, se buscaba sí una solución política, pero el gobierno de Pastrana, había aceptado y firmado 12 puntos, que, aunque no cubría todos los intereses de lo que puede considerarse una Revolución radical, sí, conllevaba a cambios estructurales profundos en temas económicos, políticos y sociales, que el establishment y Estados Unidos no podían permitir.

Fueron tres años y dos meses, de conversaciones en el Caguán con un apoyo de la comunidad internacional muy importante, y a petición de las partes se crearon  dos Comisiones de Facilitación de Paz, conformadas por diez países, para el proceso de las FARC-Gobierno y  la Comisión  de Amigos, integrada por  cinco países para el ELN, está última pudo funcionar muy poco, porque no se logró concretar la llamada Zona de Encuentro, porque el lugar escogido en el departamento de Santander, estaba prácticamente por el paramilitarismo y el Gobierno no busco alternativa. Aunque se le pidió apoyo al gobierno de Cuba en su condición de miembro de la Comisión de Amigo, desarrollándose varias reuniones de delegados del Gobierno con el ELN en la Habana.

En esos tres años y dos meses en el Caguán, la Mesa de Dialogo de Paz, no pudo tratar a fondo ni el primer punto, que estaba relacionado con la Reforma Agraria Integral y Económica, ese punto planteaba fortalecer la industria nacional, así como la preservación minero-energética en favor del Estado y apoyar la inversión extranjera que no dañara al sector productivo nacional y una defensa irrestricta a los intereses económicos nacionales.

Tampoco pudo tratar el tema de la Reforma Política que conllevaba a un cambio en el sistema electoral, las garantías para los partidos y organizaciones políticas; Reforma Judicial, cuyo principio era que jueces y magistrados fueran elegidos por elecciones del gremio judicial y que las Altas Cortes no dependiera de la terna que escogía el presidente. Así como reforma en la política militar, que modificara la actual estrategia y que estos se concentraran en la defensa contra amenazas externas y fortalecer una Policía Nacional de defensa y preservación del orden público interior. Y no como ha venido sucediendo desde hace años que es el Ejército junto con la Policía el que se encarga del orden público interior.

También el combate al cultivo ilícito, cuyos instrumentos estarían vinculados a la Reforma Agraria Integral que favorecería al campesinado, que no tendrían que depender de los cultivos ilícitos y no usar la aspersión aérea con el glifosato, un peligroso veneno que acaba con la fauna, la flora y muy grave para los pobladores expuestos a esa criminal práctica. 

Esta era la manera más efectiva de combatir el narcotráfico y exigir a los países consumidores que ejecuten una política de reprimir y eliminar los Carteles de la Drogas en sus territorios, de los que, por cierto, nadie habla. Por último, una política exterior independiente y soberana del país y favorecer el principio bolivariano de la integración latinoamericana.

Nada de estos puntos pudo discutirse, que de haberse logrado hubiera provocado un vuelco sustancial al sistema imperante de explotación, miseria, violencia e inequidad y se hubiera establecido una justicia jurídica y social lejos de la corrupción y con una verdadera defensa de los intereses del pueblo y de la nación colombiana.

Lamentablemente durante todo ese tiempo, se produjeron errores graves de ambas partes, acciones violentas que sindicaban a la FARC-EP con hechos falsos, atribución de acciones terroristas como la bicicleta bomba, el collar bomba, la bomba del Nogal, atribuidos a las FARC-EP y con el tiempo se ha conocido que fueron acciones cometidas por los Carteles de la Drogas por sus luchas internas. 

El intento del golpe de estado o el ruido de sable, por parte de lo militares en mayo de 1999, con la renuncia del ministro de Defensa y de altos mandos militares, sofocado por la intervención del embajador de los Estados Unidos y de una muy prudente y patriótica conducta del general Fernando Tapia. Acciones brutales y masacres de los paramilitares con la complicidad de las Fuerzas Militares, como los cerca de 200 campesinos asesinados entre el 8 al 20 de enero de 1999 ordenado por Carlos Castaño, acusados de colaboradores de la guerrilla, que provocó el primer congelamiento por parte de las FARC-EP del proceso de paz en protesta por dichos crímenes.

La retención de los técnicos alemanes por las FARC  y de otras muchas personas llevadas a la zona de distención, unas secuestradas y otras con intención de sumarse a la guerrilla,  unos con sanas intenciones de incorporarse a la lucha, pero otros orientados por la Inteligencia Militar, no se podía pensar que un aparato con tanta  experiencia, no aprovecharía el momento para llevar a cabo un plan de penetración para buscar información y tratar de escalar posiciones y desde adentro, sugerir y desarrollar acciones que representaran acciones repudiadas por la opinión pública y repercutieran negativamente contra las FARC-EP.

El asesinato por el décimo frente de las FARC-EP de los tres indigenistas estadounidenses, en momentos que se había abierto conversaciones entre las FARC-EP y altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos en Costa Rica provocó la ruptura de dichos diálogos.  O el secuestro de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, una desconocida y fracasa dirigente política, colombo-francesa, cuyo plagio la convirtió en un personaje mundial.  Las FARC que había tenido un exitoso trabajo en Europa, lo perdió y la campaña interna en su contra le creo un efecto políticamente negativo, que se acrecentó con la llamada Operación Jaque, que benefició la popularidad de Álvaro Uribe y de su ministro de defensa Juan Manuel Santos. Solo hay que preguntarse ¿A quiénes favoreció esas acciones?

Todos esos graves errores fueron factores utilizados por los enemigos de la paz para desarrollar una fuerte campaña contra ese proceso del Caguán, de nada sirvió el gesto de paz cuando las FARC- EP liberó a casi 300 militares y policías prisioneros de guerra y que la prensa llamaba secuestrados.  Los militares que caen en manos de su adversario en el marco del conflicto son prisioneros no secuestrados. Prisionero implicaba reconocer el conflicto armado interno y el estado de beligerancia sujeto a las convenciones internacionales, pero los gobiernos colombianos, y especialmente, el de Uribe Vélez, no reconocía el conflicto armado y denostaba a la insurgencia tratándolos de bandoleros o, siguiendo la orden de Washington, los calificaba de terroristas.

Por su parte frente al gesto de las FARC, el Gobierno de Pastrana se había comprometido en liberar a 70 presos políticos de una lista entregada por las FARC-EP, entre ellos el comandante en jefe del EPL, Francisco Caraballo, prisionero en la cárcel de Itagüí, que el propio comandante Marulanda lo había incorporado en dicha lista, de ellos, solo liberaron a 14, la mayoría líderes comunales y sociales, acusados de colaboradores de la guerrilla, Caraballo siguió preso en Itagüí por varios años.

Esta es una breve y resumida historia de lo que ha significado este 56 Aniversario de la Fundación de las FARC-EP, aún faltan por dar a conocer lo interno de la brusca ruptura del proceso del Caguán y del tercer y cuarto escenario que, en 1997, se fijaron medio centenar de colombianos, representantes de diversos sectores. En este taller del Recinto Quirama, en Antioquia y que según el ex presidente Santos, se llamó “Destino Colombia”. Espero hacerle llegar muy pronto el sexto capítulo de está doloroso, pero apasionante historia.

(*) Periodista, politólogo y analista internacional.

Bibliografía utilizada.

1)            La batalla por la paz. Edic. Planeta Colombia. 2019 1ra Edic.  Pág. 75-76.

Autor. Juan Manuel Santos Calderón

jorgarcia726@gmail.com

Leer más