Por Jorge Pedro Zabalza:
Guido Manini Ríos se afilia a la versión más retrógrada de
la historia reciente: el golpe de 1973 fue a pedido del parlamento y consentido
por la mayoría electoral, la que había votado a Bordaberry (apadrinado por
Pacheco Areco) y al general Aguerrondo, cuya logia “tenientes de Artigas” ya
había copado el mando superior del ejército. Manini estima que dicha mayoría se
mantuvo con el correr de los años, indiferente a la barbarie del terrorismo de
Estado y que, en noviembre de 1980, se expresó en el plebiscito: más del 40%
del electorado apoyó la propuesta de la dictadura cívico-militar.
Tampoco disminuyó, piensa él, con la restauración de la
república liberal: en el plebiscito de 1989 se respaldó por mayoría la
impunidad de los criminales uniformados. Por supuesto, ese no es el análisis
visto desde la izquierda, pero, es el relato donde se afirma la acción política
de Manini Ríos.
Antes de librarse de los límites propios del cargo de
comandante del ejército, ya venía creando hechos que, indirectamente, lo iban
aproximando al poder político. Su propósito parece ser desarticular el modo
pacífico de dominación, para reemplazarlo con una pirámide de ordeno y mando a
lo Pacheco Areco o a lo Mourao-Bolsonaro en Brasil, pero, aunque no lo desee,
la actual correlación de fuerzas le impone transitar el laberinto electoral y
parlamentario. Su problema es cómo avanzar por esos recovecos hacia un régimen
autoritario, cómo respetar las reglas del juego liberal mientras va acumulando
y centralizando su base electoral entorno a Cabildo Abierto.
Manini calcula que, dispersa y atomizada, sobrevive la
opinión pública favorable a la dictadura, una masa siempre predispuesta a
alinearse tras un caudillo militar. Simplemente busca marcar las líneas de
acción política para aglutinar lo disperso. No le interesa que se despida al
fiscal de corte ni que se derogue la ley de interpretación obligatoria, solo se
propone enarbolar banderas ideológicas para despejar confusiones y ganar la
confianza del electorado más conservador.
Nacionalismo de cuartel.
Año 1998. El 16 de octubre fue arrestado Augusto Pinochet
por la policía de Londres. Acusado por genocidio, torturas, violaciones,
homicidios y desapariciones forzadas, estaba requerido por el juez Baltasar
Garzón de la Audiencia Nacional de España. Los testimonios de sus crímenes no
sólo vinieron de Chile, sino también de España, Suiza y Francia. Dos semanas después
Pinochet fue internado en un hospital siquiátrico de lujo. Allí disfrutó de la
vida mientras esperaba que se dilucidara su caso y le permitieran regresar a
Chile.
La única forma de condenar judicialmente sus crímenes era en
el plano internacional, lo otro era la impunidad, porque, ¿qué juez chileno se
atrevería a meterlo preso? Sorpresivamente Eleuterio Fernández Huidobro dirigió
sus dardos contra el juez Garzón. Según el dirigente histórico del MLN-T, la
iniciativa del magistrado español entrañaba una intromisión en los asuntos
internos y amenazaba la soberanía y la independencia de las patrias
latinoamericanas.
Año 2006. En el mes de abril, Eduardo Radaelli, Wellington
Sarli y Tomás Casella fueron extraditados a Chile, acusados por asociación ilícita
y el secuestro de Eugenio Berríos. En defensa de los tres oficiales, Eleuterio
Fernández arremetió agresivamente contra el poder judicial uruguayo, lo acusó
de cortar el hilo por lo más delgado, sostuvo que los tres oficiales eran
“presos políticos”. Para él, se trataba del acto inaugural de una nueva etapa
para el Uruguay, pautada por la pérdida de la soberanía nacional, “una especie
de Plan Cóndor al revés”, decía Fernández, embanderado con un “nacionalismo”
ramplón y de baja estofa, a lo “carapintada” en una palabra.
Fernández replicaba sus antiguos devaneos con el
“peruanismo” de los torturadores y asesinos del Batallón Florida, un verso que
utilizaron para debilitar las defensas de los interrogados: “si ambos somos
enemigos de la oligarquía y del capital extranjero… ¿para qué luchar entre
nosotros? ¡Dale, no resistas!”. El artilugio atrapó a un Fernández Huidobro
propenso a aceptarlo desde hacía tiempo. Fueron las mismas redes que tendieron
los comunicados 4 y 7 y que, en febrero de 1973, enredaron al movimiento
sindical y el Partido Comunista.
Apenas fallecido Raúl Sendic y derrotado el Voto Verde en
1989, Fernández Huidobro se sintió libre para reemprender, con renovadas
energías, sus relaciones carnales con los militares de la logia “tenientes de
Artigas”. Hizo sonar nuevamente las campanas del “nacionalismo” de baja estofa
e inició el largo recorrido de infidelidades que lo condujeron al ministerio de
defensa.
Lo designó el presidente Mujica, uno de sus discípulos
favoritos. Entre ambos, el 2 de febrero designaron a Guido Manini como
comandante en jefe del ejército. Fue el regalo que dejaron a Tabaré Vázquez
que, al mes siguiente, cuando asumió la presidencia, mantuvo a Huidobro y
Manini en la cumbre verde. Los hechos posteriores al fallecimiento del ministro
dejaron en evidencia los vínculos entre sus ideas y las que expone el
comandante hoy transformado en líder partidario.
Olvido y perdón.
En diciembre del 2003, durante el Congreso “Héctor
Rodríguez”, el compañero Hugo Cores propuso que el Frente Amplio impulsara la
anulación de las leyes que se contraponían con los tratados internacionales
sobre derechos humanos. Adecuar la legislación uruguaya a la internacional
suponía, de hecho, anular la ley de caducidad. En la comisión del congreso donde
se discutió la propuesta, se opusieron el Movimiento de Participación Popular,
la Vertiente Artiguista, el Partido Socialista y Asamblea Uruguay. En el
plenario final, Hugo Cores y Eleuterio Fernández argumentaron a favor y en
contra del proyecto.
Fernández sostuvo que el Frente debía respetar la voluntad
ciudadana expresada en el plebiscito de 1989 y dejar congelada la impunidad,
como si el resultado del plebiscito fuera eternamente válido. En realidad, era
un argumento falaz: la opinión de los electores es cambiante y se deben
respetar esos cambios, por eso hay elecciones cada cinco años y los partidos se
alternan en el gobierno. Además, sostenía Fernández, la propuesta de Cores
comprometía el triunfo del Frente Amplio y, decía él, se podía renunciar a todo
menos a obtener a la victoria electoral. Fernández estaba mostrando su hilacha,
pero no sólo él, sino también los 746 congresales que acompañaron sus
fundamentos, una mayoría que lo acompañó camino al olvido y perdón. Por el
contrario, 569 delegados levantaron su mano para continuar la lucha para anular
la ley de caducidad.
La línea quedó que bien dibujada: Verdad y Justicia, pero,
no tanta, sin extralimitarse. Aun así, durante el primer gobierno de Tabaré
Vázquez se realizaron las primeras excavaciones y, antes de finalizar ese año,
ya se habían descubierto los cuerpos de Ubagesner Chaves Sosa y Fernando
Miranda. Lástima que el implso inicial se detuvo. En el 2009, junto a las
elecciones presidenciales se plebiscitó nuevamente la anulación de la ley de
caducidad. Recién al finalizar la campaña, a regañadientes, el candidato
progresista José Mujica adhirió a la lucha por Verdad y Justicia. Tal vez sus
reticencias determinaron que no todos los votantes del Frente Amplio apoyaran
la papeleta rosada. Tal vez esa fue la razón de que no se alcanzara el 50%
necesario, pese a que el Frente Amplio ganó con más de la mitad de los votos
emitidos. El sector acaudillado por Fernández Huidobro directamente no ensobró
la papeleta que anulaba la ley de impunidad.
Las ambigüedades continuaron luego de saboteado el voto
rosado. Una notable lentitud del Estado para resolver los crímenes de lesa
humanidad. En el “caso Gelman”, año 2011, la Corte Interamericana de Derechos
Humanos condenó al Estado uruguayo por el incumplimiento en “adecuar su derecho
interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. El país debía
garantizar que la ley de caducidad no volviera a ser un obstáculo para la
investigación de las desapariciones forzadas y el procesamiento y condena de los
culpables.
Tal vez con cola de paja y en respuesta a la condena
internacional (¡vergüenza!), el gobierno de Mujica impulsó la ley que
restableció “el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado para los
delitos cometido en aplicación del terrorismo de Estado”. Sin embargo, otros
apóstatas la rechazaron acaloradamente. Argumentaban nuevamente que el
resultado del plebiscito de 1989, reafirmado en 2009, desvirtuaba para siempre
cualquier tentativa de juzgar y castigar a los criminales. En primera instancia
el diputado Víctor Sempronio, ex tupamaro de sinuosa trayectoria, impidió que
se aprobara la ley al retirarse de sala y dejar sin mayoría al Frente Amplio.
Luego, Fernández Huidobro, ya senador, al quedar en minoría y por disciplina
partidaria, renunció a su banca.
Pocas semanas más tarde, sabiendo de su defensa de la
impunidad y de sus afinidades con sectores de los mandos militares, el
presidente Mujica lo nombró ministro de defensa. Mujica apostaba a Fernández
porque entendía la cabeza de los militares, entendimiento que lo llevó a
pelearse con los frenteamplistas y los que luchaban por Verdad y Justicia,
mientras fortalecía su excelente relación con los militares .
…que te arrancarán los ojos.
El comandante Manini Ríos no tuvo una presencia destacada en
los medios de M
Manini Ríos, comandante en jefe, prácticamente no salía en
los medios de comunicación hasta la muerte del ministro de defensa. No le era
necesario hacerlo: Fernández lo interpretaba al dedillo. Una vez desaparecido
el ministro, el comandante Manini debió llenar el vacío e interpretarse a sí
mismo. Comenzó su carrera pública.
Cabildo Abierto y Guido Manini Ríos surcan el mar de
ambigüedades y desigualdades que caracterizan la república liberal. Aprovechan,
además, la pérdida de perspectiva transformadora del progresismo, la que
conduce al desánimo y la disidencia. La institucionalización del Frente Amplio,
su incorporación al capitalismo financiero transnacional, lo llevaron a
abandonar la tarea de educar conciencias, de profundizar la comprensión y la
organización política de los más desprotegidos. Es en esos espacios vacíos que
crece el huevo de la serpiente.
Criaron el cuervo y hoy caminan ciegos. Sólo se lamentan. No
saben cómo detener la clara ofensiva del monstruo que ayudaron a nacer. El
golpe de Estado podrá o no sobrevenir, todo depende de la resistencia que
encuentre, de que el movimiento popular uruguayo tome el ejemplo del pueblo
chileno y luche para defenderse del autoritarismo que vendrá luego de la
pandemia.
zurdatupa@gmail.com
