Por Verónica Zapata:
El lunes 6 de junio la fiscalía de Bolivia imputó y pidió la
detención del ex presidente Evo Morales por “Terrorismo y sedición”. Se
reactivó de esta manera la causa basada en un audio casero atribuido al ex
mandatario, que supuestamente desde México donde se encontraba refugiado,
instruyó al dirigente cocalero Faustino Yutra a bloquear caminos e impedir el
ingreso de alimentos a diferentes ciudades en el marco de los conflictos
desatados en noviembre del 2019, cuyo desenlace fue un golpe de estado.
La investigación había comenzado el 20 de noviembre del 2019
luego de que el gobierno de facto presentó los cargos contra el ex mandatario
por “terrorismo, sedición y financiamiento al terrorismo”. El 20 de diciembre
los fiscales pidieron la detención de Morales que se encontraba en Argentina
con el “estatus de refugiado” por lo que las autoridades argentinas rechazaron
extraditarlo.
Interpol tiene sede regional sudamericana en Buenos Aires,
se espera que se mande un pedido de alerta roja para crear un conflicto
diplomático con Argentina cuyo presidente Alberto Fernández no reconoce a
Jeanine Áñez como presidenta constitucional y legítima del Estado Plurinacional
de Bolivia porque no accedió al poder por el voto democrático. Se autoproclamó
presidenta de Bolivia en una asamblea legislativa semi vacía y la banda
presidencial se la coloco un militar.
Por fuera la asamblea legislativa estaba situada de militares, rodeada de
tanques y helicópteros. La autoproclamación se produjo posterior a la renuncia
del ex presidente Morales a pedido del jefe de las F.F.A.A., Williams kaliman.
Áñez para llegar a ser presidenta de facto, primero se autoproclamo presidenta
del senado, y recién luego presidenta de Bolivia, antes de ello era la segunda
vicepresidenta del senado por lo que no cumplió con la línea de sucesión y su
partido había obtenido el 4% de los votos.
Los abogados de Morales, Raúl Zaffaroni y Gustavo Ferreyra
emitieron un comunicado: “Bolivia es un estado de derecho donde rige la fuerza
bruta. La imputación a Evo Morales constituye la enésima evidencia del estado
policial en Bolivia. Las pruebas no existen, la acusación fiscal es un
disparate, igual que el pedido de detención. No hay cargo penal alguno que deba
incriminar al ex presidente, nuestro defendido. Morales lucha por la
recuperación del estado constitucional y la democracia. El peso de nuestras
razones despeja los señalamientos despreciables, cómo son la imputación y el
pedido de detención”.
Por otro lado, el 15 de junio se reactivó la investigación
en que se acusa a Evo Morales de planificar un fraude en las elecciones del
2019 y se anunció la presentación espontánea de un “testigo clave” cuya
declaración permitiría ampliar las denuncias y los pedidos de captura. Salvador
Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral quién tiene estrecha amistad
con Carlos Mesa candidato de comunidad ciudadana y aparece en diversas
fotografías en redes sociales, se sumó a esta denuncia.
La estrategia golpista es “probar” por medio de jueces
cooptados por el golpismo que hubo fraude sin pruebas y anular la personería
jurídica del M.A.S. Sería una opción para los golpistas que les permitiría
ganar una elección, sacar de competencia electoral al M.A.S.
La persecución política y judicial contra el ex mandatario
no termina ahí, el 25 de junio Arturo Murillo ministro de gobierno de facto,
acusó a Morales disparatadamente de ser el ideólogo de la escandalosa causa de
corrupción por la compra de respiradores con sobre precios en el que se detuvo
al ex ministro de salud golpista Marcelo Navajas. Murillo sostuvo que esta
causa responde a “una conspiración del M.A.S.” y amplió las denuncias al dirigente cocalero
Andronico Rodríguez, y a dos ex ministros, entre otras otras 10 personas más
por presuntos delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al estado y
organización criminal. En esta causa también se habría presentado un “testigo
clave” que brindaría datos que compromete a los dirigentes y a ex funcionarios
del M.A.S.
Proscripción del candidato a presidente, Luis Arce.
El 30 de junio se conoció
la denuncia penal interpuesta por Sergio Flores gerente de la gestora
pública de pensiones contra Luis Arce Catacora, candidato a presidente del
Movimiento al Socialismo por la compra de dos programas informáticos cuando fue
presidente del directorio de la gestora publica, que habría causando un daño
económico en detrimento del estado. La denuncia fue realizada a dos meses de
las elecciones presidenciales fijadas para el 6 de septiembre en el país y en
el contexto en que Áñez anuncia el decreto 4.272 de reactivación del empleo. El
M.A.S. denunció que dicho decreto implica el retorno al neoliberalismo,
favoreciendo a las empresas privadas y excluyendo a las empresas públicas de
recurrir a los fondos del tesoro nacional, condenándolas a la quiebra para su
posterior privatización. De tal manera, se pone en riesgo la existencia de los
bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, cuyo fondo para el pago proviene de las
rentas de las empresas públicas. Además, este decreto determina la
privatización de los servicios básicos: luz, agua, gas, etc., que fueron
declarados como un derecho humano por Morales quién bajo sus precios en el
país.
El ministro de justicia Álvaro Coimbra confirmo que
aceptaran la denuncia contra Luis Arce y solicitó a la fiscalía que reactive
las diligencias para citarlo en el caso del desfalco del fondo de desarrollo
para los pueblos indígenas originarios y comunidades campesinos
(F.O.N.D.I.O.C.), en la que estarían implicados la mayoría de los ex
funcionarios del gobierno del ex presidente Morales. Luis Arce es acusado de
incumplimiento de deberes y otros. Coimbra también relató que se reactivaran
los más de 60 procesos por presunta corrupción durante el gobierno de Morales.
La persecución judicial o lawfare es una estrategia conocida
en la región al que han sido sometidos diversos ex mandatarios como Lula Da
Silva, Rafael Correa y Cristina Fernández de Kirchner para intentar sacarlos de
competencia electoral ante el abrumador apoyo de sus pueblos. El caso brasileño
fue paradigmático.
El 30 de junio desde la dirección nacional del
M.A.S.-I.P.S.P. se emitió un comunicado a nivel nacional e internacional
denunciado el intento de inhabilitar al candidato a la presidencia Luis
Arce por el M.A.S. que se presenta como
ganador indiscutido en las encuetas con el fin de impedir la participación en
los comicios del próximo 6 de septiembre. De tal manera, se proscribiría al
M.A.S. principal fuerza política de Bolivia, mediante un golpe judicial. Se
apuesta a competir en una elección pero sin el principal competidor.
Luis Arce llegó a La Paz, desde el exilio en México para
iniciar su campaña proselitista el 28 de enero pasado, de inmediato fue
notificado por la fiscalía por un caso de corrupción apenas bajó del avión en
un pasillo del aeropuerto de El Alto. Se lo acusa de supuesto incumplimiento de
deberes en el caso del fondo indígena (F.O.N.D.I.O.C.), cuando ejercía como
ministro de economía. Este caso es el que los golpistas advirtieron que
reactivaran en lo inmediato. Anteriormente, Luis Arce también estuvo en
resguardo en la embajada de México en La Paz posterior al golpe de estado del
10 de noviembre del 2019 y se asiló en México luego de obtener un salvoconducto
del gobierno de facto.
Las elecciones en Bolivia están fijadas para el 6 de septiembre,
y todas las encuestas dan por ganador al candidato Luis Arce del Movimiento al
Socialismo. El contexto es de crisis política, económica, social y sanitaria en
el país con una fuerte ofensiva golpista hacia el pueblo boliviano para evitar
las próximas elecciones a toda costa,
pese al establecimiento de la fecha electoral. El golpismo busca evitar los
comicios con acciones violentas para convulsionar el país y en simultáneo se
administra siniestramente la pandemia con el fin de obtener un pico de contagios
de 130 mil contagios para la fecha electoral.
Por este motivo, Añez no tomó las medidas de contención
necesarias y recién luego del colapso sanitario, se empezaron a realizar
pruebas para justificar el disparo en las cifras oficiales. Otra opción sería
llevar a cabo las elecciones, pero eliminando de la competencia al principal
candidato opositor y/o anulando la personería jurídica del M.A.S. También se
advierte la asunción de un gobierno netamente militar que eliminaría la
realización de los comicios en la fecha establecida.
Esta situación se entrelaza y reconfigura en relación al
contexto geopolítico regional e internacional en que EU dejó de ser la potencia
económica del mundo y el jefe Trump de Áñez, también cae estrepitosamente en
las encuestas para su reelección, lo que demuestra que la pandemia puede
llevarse puestos varios gobiernos.
periodista y psicóloga boliviana.
zapataveronica513@gmail.com
