Por Iván Oliver Rugeles:
Esta es la pregunta que cada día nos hacemos los
venezolanos:
¿Quiénes estarán reseñados en la próxima lista de corruptos
que nos hará conocer el Fiscal General de la República esta semana o la próxima
cuando, una vez más, se dirija al país por las pantallas del canal VTV, para
darle pormenores y resultados de su lucha frontal e incansable contra ese
terrible flagelo que tanto daño le hace a la Patria?
El Camarada Tarek William Saab ha puesto muy en evidencia
que la explicación de mayor peso de los hechos de corrupción que su Despacho ha
destapado desde que asumió la responsabilidad de su rectoría, sin género de
duda alguna, radica en que nuestra legislación contralora no contempla por
parte de entidades externas el ejercicio de la revisión previa de los respectivos
compromisos financieros presupuestarios, ni la de sus pagos correspondientes,
sino que, aun cuando resulte increíble que ello ocurra, deja en manos de los
propios responsables del manejo de los dineros y bienes públicos esa revisión,
es decir, que ellos mismos se auto controlen, pues la norma prescribe que
quienes ejerzan dichas tarea de control preventivo, lo sean funcionarios
subalternos adscritos a su misma dependencia administrativa (leer aquí los
artículos 35 al 39 de la Ley:http://www.cgr.gob.ve/pdf/leyes/LOCGR.pdf).
Esa genial idea fue impuesta en la reforma de la Ley de la
Contraloría de 1995, durante el gobierno de Rafael Caldera II, pero lo
sorprendente, debemos decirlo en muy alta voz, es que desde entonces a esta
fecha, dicha ley ha tenido dos reformas, en 2001 y 2010, y esa barrabasada allí
permanece… ¡Zamuro cuidando carne…!!!
¿Cómo les parece, amigos lectores…? Por ello queremos
repetir nuestro planteamiento que hicimos recientemente por estos mismos
medios, más allá de que nos ganemos los calificativos de tercos indomables e
irreductibles…
Frente a esta realidad, hemos querido ver como bien oportuna
la realización del 4º Congreso de nuestro Partido Socialista Unido de
Venezuela, durante los venideros días 28, 29 y 30 de julio, para sugerirle a
los voceros del pueblo, que allí deberán estar, que sea incorporado como tema
de la agenda, para su urgente e impostergable aprobación, la propuesta que
seguidamente consignamos, la cual está dirigida hacia el objetivo de disminuir
a su mínima expresión los ilícitos en el manejo de los recursos y bienes
públicos, todo esto enmarcado dentro de la tercera, de las siete líneas de
acción, que el Presidente Nicolás Maduro ha establecido para la conducción de
su segundo mandato, como lo es la “lucha renovada y frontal contra la
corrupción”, de manera que la misma sea elevada para su discusión y aprobación
de urgencia por ante la Asamblea Nacional Constituyente.
Veamos, en lo que sigue, nuestra propuesta que va en la
dirección de disminuir a su mínima expresión los hechos de corrupción en los
estamentos del Estado y debemos resaltar, además, que la misma la hemos venido
formulando reiteradamente a través de estos medios digitales desde hace muchos
años, pero también es necesario decirlo, que hasta la fecha ninguna reacción ha
provocado en el ámbito público, y ni siquiera en las instancias que tienen la
inmensa responsabilidad de ejercer tareas del control de los ingresos y gastos
de los dineros y bienes de la Nación. La propuesta comprende:
1) Reforma de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, con la finalidad de que
el ente Rector -La Contraloría General-,
retome las competencias del Control Preventivo del Gasto y del Pago, que
mantuvo por muchos años en el ámbito de la Administración Central. Y que las
amplíe sobre la ejecución presupuestaria de todos los organismos de los Poderes
del Estado, pudiendo el órgano exceptuar de dicho control sólo temporalmente y
mediante Resolución fundamentada, a los organismos y entes de los Poderes
distintos del Ejecutivo Nacional, dejando a salvo muy claramente la potestad no
sólo de dejar sin efecto dicha excepción sin previo aviso, sino de ejercer
también los controles perceptivos que considere necesarios, cuando así lo
disponga, sin que medie para ello la previa participación.
Los sorprendentes adelantos tecnológicos en el campo de la
informática, garantizan no solamente la viabilidad de ese tipo de controles,
sino que aseguran por demás la imposibilidad de que los mismos pudieran generar
retardos en el cumplimiento de los procesos administrativos respectivos, pues
esos controles digitales pueden hasta programarse para evitarlos e, inclusive,
permitir que sea factible detectar en segundos donde y quien pudiera ser el o
los responsables de las demoras injustificadas e indebidas…
2) La reforma de la indicada Ley de la Contraloría deberá
incluir el agregado de un dispositivo que obligue a hacer públicas las
declaraciones patrimoniales en la página digital de la Institución
Contralora, de libre acceso público, de
aquellos funcionarios que tengan la exclusiva competencia para y en el manejo y
destino de los dineros y bienes
públicos, sin excepción.
Estamos convencidos que con esta decisión se logrará que el
país nacional sienta que, efectivamente, la gestión del máximo órgano Rector
del Control Público, hace hasta lo indecible porque la función pública sea lo
más transparente y pulcra posible, pues se muestra como muy obvio que ello se
constituye en un formidable disuasivo que frena toda posible tentación de
aprovecharse de un cargo en el Estado para robar dineros y bienes públicos.
De otra parte, vale observar que quien decide ingresar al
servicio público es porque lo hace por voluntad propia, nadie está obligado a
ser burócrata del Estado, de manera que
al aceptar esa responsabilidad, queda
advertido que se hará público su patrimonio,
y que su respectiva declaración será periódicamente fiscalizada.
3) Revisar el régimen de sanciones previsto para quienes
incurran en delitos de corrupción con los dineros y bienes públicos, pues las
penas de cárcel contempladas frente a un sinnúmero de graves faltas son
realmente ridículas y nos eximimos de relacionarlas debido a que son muchas las
tipificaciones (leer la Ley Anticorrupción:
http://www.cgr.gob.ve/pdf/leyes/Decreto_Reforma_ley_Contra_Corrupcion.pdf).
Es inconcebible que quienes estafen o roban los dineros
públicos sean sancionados con una pena máxima de apenas 10 años de cárcel…!!!
Para esos delincuentes de cuello blanco la máxima condena que contempla nuestro
Código Penal de 30 años es, también, demasiado poco. Nuestro grande Héroe
Patrio, el Libertador Simón Bolívar, decretó en 1824 la Pena de Muerte a los
corruptos y más, aún, la misma pena a los jueces que optaran por no aplicarla…
(https://www.conelmazodando.com.ve/en-1824-bolivar-decreta-la-pena-de-muerte-para-los-corruptos).
4) Aprobar una Ley Especial para la protección de
denunciantes y testigos en el tema de la corrupción.
Se trata de un instrumento fundamental dentro de una real y
efectiva política de Estado para combatir con éxito a los corruptos, pues con
dicha norma legal se alejan los temores para quitarle la careta a los zánganos
corruptos que tanto daño le hacen al país… Sobre esta propuesta, vale que resaltemos
estas reflexiones que surgen respecto de las denuncias:
a) Los ladrones del erario público hacen lo indecible por no
dejar rastros de sus fechorías, de manera que a la hora de prescribir los
requisitos para la admisión de una denuncia, en absoluto se pretenda con ellos
que quien la formule lo haga con el expediente probatorio de los supuestos
hechos delictuosos que va a denunciar, lo cual no descartamos que pudiera
ocurrir en determinados y muy contados casos, pero que en la mayoría de ellos,
usualmente no tienen pruebas para sustentarlas, porque como ya hemos dicho, el
ladrón borró las “huellas”, quemó los “papeles” y ese denunciante solamente
maneja la sospecha basada en razones de mucho peso, como son aquellas que se
derivan de ver a determinados burócratas cómo de la noche a la mañana han
cambiado radicalmente sus ‘modos de vida’ y, de ciudadanos sencillos que lo
eran antes de asumir un cargo público (nacional, estatal o municipal), y
solamente devengaban ingresos suficientes para llevar una vida modesta, sin
excesos, porque además no disponían del dinero para cubrirlos, ahora se los ve
exhibiendo una exuberante riqueza, sorprendente en extremo, llevando una vida
dispendiosa y, además ostentosa. No olvidar ese sabio dicho que sostiene que la
riqueza mal habida es como la gripe, imposible de ocultarla…
El propio Comandante Chávez abordó esa realidad en muchas
ocasiones y leamos esta reflexión muy pertinente que hizo en un Aló Presidente
de abril de 2009: "…si yo, por ejemplo, en este momento renunciara a la
Presidencia de la República y bueno, me voy. Dentro de un mes o una semana o
mañana mismo aparezco yo en Apure con un hato, yo que no tengo una hectárea, ni
nunca tuve. Ah, Chávez ahora tiene un hato, mira las camionetas que carga, mira
y ahora anda en un avión, Chávez, oye, el tipo compró allá en las islas del
Caribe, por allá en cualquiera de ellas, ahora tiene una mansión. Bueno,
resulta que sin duda Chávez robó, se robó la plata del pueblo. ¿Quién puede
dudarlo? Mira, pero no hay pruebas. La prueba son sus bienes, la prueba es su
estilo de vida. ¿No es así, señor Contralor, verdad? Si él no demuestra de
dónde sacó dinero y de dónde saca dinero para sostener un nivel de vida de ese
tipo, pues Chávez tiene que ir a prisión, hay que decomisarle o quitarle todos
los bienes que adquirió. Bueno, hagámoslo, hagámoslo…".*
b) Quienes se atreven a formular las denuncias, asumen una
gran responsabilidad, pues no olvidemos que corren el grave riesgo de que si su
objetivo fue hacer sólo daño a terceros, tendrán que vérselas con la justicia,
ya que la Ley Contra la Corrupción, en su artículo 82, contempla de uno a tres
años de cárcel para quienes así actúen.
c) Un indicio es más que suficiente para escudriñar y llegar
a detectar evidencias y pruebas necesarias, que permitan identificar a los
directos responsables de una determinada irregularidad. Y esto lo sabe hasta el
más bisoño de los expertos en investigaciones y tareas de inteligencia, lo cual
es perfectamente verificable con quienes manejan esas estructuras estatales de
policía contra el crimen organizado. De manera que hasta una simple sospecha ya
es una magnífica ocasión para que se ordene la apertura de las investigaciones
de rigor y, de una vez y para siempre,
los responsables del control público
dejen de seguir advirtiendo que jamás las abrirían por “oficio”.
d) Conocemos de varios casos de denuncias en nuestro país,
que se han manejado sobre la estrategia de “montarle”, luego de un laborioso
trabajo de inteligencia, una “trampa” a la persona que ha sido denunciada, y que concluye, cazándolo, en el preciso momento en que
recibe la coima. Durante nuestra
permanencia en el Organismo Contralor (1961/1985), específicamente en el área
del Control Previo, fuimos parte de equipos gerenciales que pusieron en
práctica ese modus operandi, tan “normal” en muchos países, y recordamos que
siempre se obtuvieron óptimos resultados…
¿Habrá acaso, otras muchas ideas que coadyuven a garantizar
aún más el objetivo de disminuir al mínimo la corrupción en el país?
Por supuesto que las hay, como serían -por ejemplo-, estas dos que se nos
ocurren, por ahora:
1) Que se abran espacios, tantos como sean posibles, para
que los venezolanos podamos interponer denuncias de corrupción, por supuesto,
en los términos como lo hemos propuesto en el punto tres …
2) Es impostergable incorporar al pueblo de manera efectiva
en las tareas de contraloría y fiscalización del gasto público, y para ello es preciso pensar en la urgente
elaboración de una normativa legal que haga realidad esa posibilidad. Con ello estaríamos dándole realidad concreta
a lo que debe ser una práctica activa y muy viva de su derecho a participar y
ser protagonista de primera línea de la democracia socialista que debemos construir
cada día. Y…,
3) Las declaraciones patrimoniales que correspondan a los
funcionarios que tengan la responsabilidad exclusiva del trámite integral de
los ingresos y gastos públicos, deben ser revisadas periódicamente y, en cada
caso, de manera exhaustiva…
Cerramos esta nota con esto: el Fiscal Tarek Wiliam Saab,
como lo hemos estado viendo, donde mete la lupa en la lucha contra la
corrupción, lo que encuentra son ladrones de marca mayor y de todas las
categorías. Desde el más alto jerarca de la entidad o empresa pública sujeta a
revisión y fiscalización, hasta los funcionarios de más bajo rango, debiéndose
resaltar que en estos casi diez meses que tiene en el cargo, del total de encanados por corruptos, el mayor porcentaje se lo llevan los de mayor
jerarquía. No olvidemos que en ese numeroso grupo que, entendemos, ya superan
los cien, aparecen ex ministros, ex presidentes, ex vice presidentes, ex gerentes generales y
sectoriales…
Nos preguntamos, ¿Será la corrupción el destino fatal de la
Patria…? No aceptamos que lo sea, nos
negamos a admitir que sigan apareciendo corruptos por docenas todas las
semanas, y año tras año, y nos quedemos
con los brazos cruzados, viendo con
inmensa frustración que los mecanismos de contraloría que tenemos no funcionan,
pues el propio Fiscal Tarek nos ha dicho en sus partes periódicos, de manera
muy sucinta y sin remilgos, que los
robos que han sido detectados hasta la fecha,
se han producido por la falta de controles preventivos: Nos habló, por
ejemplo, de una impresora que tenía como precio en el mercado internacional 500
dólares y se pagó para su adquisición una factura por la cantidad de QUINIENTOS
MIL DÓLARES…!!! Y en la última podredumbre que destapó su despacho en la
Federación de Triatlón (Fevetri) y que la hizo pública el pasado martes 3 de
julio en curso, se incurrió en una enorme estafa con divisas preferenciales por
más de 770 mil dólares, la cual se fraguó sobre la base de un documento falso
“o trucho”, como lo llaman los argentinos
(https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201807031080108954-arrestan-triatlonistas-venezolanos-por-corrupcion/).
En ambos casos, camaradas y amigos lectores, de haber
funcionado la contraloría preventiva, ninguno de esos robos habría sido posible…
Nota:
(*) Tomado del
artículo "Lineamiento de Hugo Chávez Frías: guerra a muerte contra la
corrupción", publicado en el portal de Aporrea el 1 de agosto de 2009,
bajo la firma de Henry Escalante).
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