Por José Antonio Vera
Arena:
Las cárceles del país, donde hay alrededor de 20 mil
personas encerradas, apenas un cuarto condenadas, coexistiendo en penosas
condiciones por excesivo hacinamiento, malos tratos, pésima alimentación, y
falta de material y espacios básicos de higiene y sin ningún programa de
formación profesional, desde el pasado fin de semana están bajo custodia
militar, con armamento de guerra y vehículos blindados, en un dispositivo que
anuncia controles más severos de la población.
EL Parlamento paraguayo, con aplastante mayoría colorada,
debería tratar esta semana un proyecto de ley presentado por el presidente
Mario Abdo Benítez, para que las fuerzas armadas tomen a su cargo la seguridad
ciudadana, es decir, ocupen las calles, para impedir las protestas contra el
gobierno, y también de los edificios públicos y privados que escojan las
autoridades estatales, en comunión con las unísonas cámaras empresariales.
La presencia militar, junto con una secundona policía, desde
hace más de una década, es protagonista en la ocupación de las regiones
campesinas donde hay más resistencia a la política rural del Estado, con un
colosal acaparamiento de tierra que mantiene el 85 por ciento de los 400 mil
kilómetros cuadrados del territorio nacional, en manos del apenas 2.5 % de la
población, de siete millones de residentes, con cerca de tres millones más
emigrados a diversos países, es especial Argentina y España.
Ambiente espeso, sembrador de miedos, rememorando los
horrores de la tiranía de 35 años del General Alfredo Stroessner, de quien es
confeso admirador Abdo Benítez, homónimo e hijo de quien fue un cuarto de siglo
secretario privado de ese tenebroso socio de la Operación Cóndor, asociado con
los sátrapas Pinochet de Chile, Videla de Argentina, Banzer de Bolivia, Álvarez
de Uruguay y muchos brasileros y otros criminales y ladrones que ensangrentaron
Suramérica entre 1964 al 1998.
La expulsión policial violenta, con apoyo de fiscales, de
miles de familias asentadas en tierras públicas, que carecen de títulos de
propiedad privada, constituye un trauma social desde hace muchos años, en
particular en los departamentos más rebeldes a la tenencia ilegítima de la
tierra por personeros del régimen, drama que se ha ido trasladando a la
periferia de Asunción después del derrocamiento de Fernando Lugo, en junio del
2012, fenómeno peligroso, cuya agravación es inminente, porque el parlamento
acaba de eliminar una normativa que permitía cierta tolerancia con los humildes
ocupantes.
Seis militantes políticos de izquierda, suman 13 años de
cárcel en dos períodos, con breve paréntesis, acusados de un secuestro que
siempre han negado. Su impotencia ante los tribunales judiciales que poca
amistad tienen con la justicia, los impulsó a refugiarse en Argentina desde
donde fueron repatriados bajo los gobiernos de Cristina Fernández y Fernando
Lugo.
Entre los miles de presos, no hay ningún delincuente
importante, pero sí muchos humildes, jóvenes hijos de familias campesinas
expulsadas de sus chacras, heredadas de sus padres o abuelos, que hoy pueblan
los cordones de miseria de las ciudades.
Por obra de cientos de ciudadanos que conforman el
movimiento “escrache” que durante meses vienen denunciando en sus propios
domicilios a narcotraficantes, contrabandistas y a parlamentarios con
influencia en los estrados judiciales para proteger sus fechorías, un diputado
y tres senadores han perdido sus bancas. Ninguno de ellos está condenado, al
igual que jueces y fiscales probadamente implicados. Varios más están
denunciados, pero todavía logran mantenerse lejos de los tribunales, fruto de
la probidad del Poder Judicial.
La mayoría de presos, sin condena y por hechos de poca
monta, también deberían ser considerados presos políticos, pues son víctimas
del sistema político y económico, injusto y desigual que impera. Cuando salen,
sin dinero y sin profesión, no encuentran posibilidad de reinserción y buen
porcentaje reinciden. El antecedente policial les dificulta hallar empleo, en
medio de una acelerada desocupación laboral y empobrecimiento general.
Otra injuria estronista, llamada oficialmente reforma
agraria, que enarbolan los acólitos del régimen como uno de los grandes aportes
al desarrollo nacional de Stroessner, en asociación con el Partido Colorado y
las Fuerzas Armadas, fue la entrega de miles de hectáreas (la Comisión Verdad y
Justicia enumeró hace 20 años entre nueve y doce millones) a las familias más
allegadas al tirano, cuyos herederos, entre ellos Abdo Benítez, conforman el
tejido latifundista actual.
Los campos de la Patria registran un tenebroso historial del
accionar de los uniformados, y son numerosos los testimonios que confirman el
horror de los abusos cometidos por agentes al servicio de los potentados contra
el campesinado pobre y pueblos nativos desde la mitad del siglo pasado,
crímenes prolongados en la década y media última, con la incursión de las
Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), asesoradas por expertos de Colombia, EE.UU.,
Israel y de algunos otros países y servicios de inteligencia extranjera, con la
misión de combatir la guerrilla, el narcotráfico y el contrabando.
Abundan las denuncias de las organizaciones campesinas y de
aborígenes, contra el comportamiento de grupos militares y policiales que
irrumpen en las viviendas para sembrar terror y robarles los pocos animales que
poseen e, incluso, comidas y otras pertenencias, además de consignarse
violaciones de mujeres y el asesinato de más de cien dirigentes, mayoría
jóvenes emergentes, sólo en los últimos 30 años. En los 35 del totalitarismo
que condujo Stroessner, suman miles.
El costo diario de las FTC, con su arsenal de guerra,
burocracia, prostitución y fraudes administrativos, absorbe un elevadísimo porcentaje del
presupuesto nacional de la nación y, a través de los años y de los cambios de
gobiernos, transita por el más absoluto fracaso, salvo para el grueso de sus
jerarcas que engrosan sus cuentas bancarias, muchos travestidos en jefes
paramilitares, protectores de los geófagos y de las diversas organizaciones
narcotraficantes, mezcladas con el contrabando más diverso.
El poder de esas fuerzas delictivas ha llegado con su
matonaje a Asunción y a otras ciudades importantes del país, convertidas en
teatros de asesinatos entre hampones, que superan la vocación de poder de los
cabecillas del Estado y de su propio arsenal de guerra, lo cual no aparece en
la interpretación de Abdo Benítez y su argumentación ante el parlamento al
presentar el proyecto de librar el control ciudadano al Ejército.
Aparato “ocioso”, dice, olvidando que esas tropas bien
podrían efectuar obras sociales, en primer lugar, alfabetizarse, y cultivar los
miles de hectáreas que las FFAA poseen, buena parte alquiladas a extranjeros,
que bien deberían servir para cosechar alimentos para esa misma masa
uniformada. Numerosas escuelas y hospitales se caen a pedazos.
La realidad desmiente los informes oficiales, los discursos
del enjambre jerárquico del país y de la prensa funcional, cuando hablan de
combatir la lucha armada, en referencia al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP),
entelequia guerrillera que no pasó de una ilusión hace década y media y hoy
sólo sirve como pretexto para mantener presos y cubrir las fechorías de la
delincuencia institucionalizada, que lo utiliza como una mecha que le da lumbre
mediático o apaga, según ordene la
Embajada de Estados Unidos.
Por lo demás, el contrabando, al igual que el narcotráfico,
gozan de muy buena salud, alimentando un grosero lavado de dinero que permite
llenar el país de vehículos suntuosos, con escasísima venta, como se observa en
los miles playas de venta que hay por todos los terrenos, de lujosas e inmensas
torres de apartamentos y locales comerciales, vacíos, de small, convertidos en
paseos familiares y de expendedores de combustible, cada 500 metros, donde
jamás hay una fila esperando atención.
Un informe del Banco Itaú, difundido desde su sede en San
Paulo, Brasil, ha revelado en las últimas horas que la economía paraguaya está
en -1.5 (0-1.5), la más baja caída desde el 2000, agravando esa situación un
generalizado descreimiento ciudadano de la política, de cuyos actores
oficialistas no esperan ninguna solución, abriéndose paso la idea de que la
salida del caos nacional sólo será posible si el pueblo se organiza, al menos
para frenar esta escalada partidaria irresponsable, absolutamente insensible al
hambre de cientos de miles, en un país con inmensas riquezas.
Esa distorsión de la realidad social aparece en cuanto
discurso pronuncian los voceros del Banco Central que citan 1.5 por ciento de
crecimiento del PIB y, como no van nunca a las góndolas de los supermercados,
niegan la tremenda inflación del costo de los productos básicos, cuyos
propietarios, un pequeño número, casi todos dueños, además, de las empresas de
comunicación, se benefician con la ausencia de control ministerial de precios y
de calidad de las mercaderías, buena cantidad ingresada ilegalmente.
Junto a unas decenas de familias oligárquicas, el único
sector que, más o menos, acepta la política del gobierno, aunque le exigen
extremar las medidas para aumentar sus ganancias, es el que está empotrado en el
agronegocio, en particular las transnacionales exportadoras de soja y otros
transgénicos, exoneradas de impuestos, y los grandes ganaderos, sobresaliendo
poderosos capitalistas extranjeros, mayoría brasileros que, según diversas
fuentes cuasi oficiales, ya estarían ocupando 33 por ciento del territorio
nacional. A nivel de restaurantes y
otros negocios, conviene falar.
arguruco@gmail.com
