Por Sergio Rodríguez Gelfenstein:
Con bombos y platillos se anunció hace unos meses que el fin
de la pandemia significaría un “nuevo comienzo”, algo bastante indefinido que
evidentemente para América Latina ya no se producirá en este 2021 toda vez que
la mutación del virus ha producido novedosas variantes que tienen a Brasil como
su epicentro más reconocido ante la alarma de la OMS que ha declarado la
emergencia sanitaria para toda la región.
Por otra parte, hasta el momento la vacunación en América
Latina y el Caribe alcanza al 2,8% de su población, mientras que en el mundo
llega a 3,5%. Esa cifra es muy baja si nos atenemos a que la población de la
región es 8,1% del total del planeta. Esto da cuenta de cómo el proceso de
inoculación se ha concentrado en muy pocos países.
Tal vez ningún hecho de la historia de los últimos 250 años
como el manejo de la pandemia y en particular la producción y distribución de
las vacunas para contrarrestar el virus, haya evidenciado con tanta
transparencia el verdadero talante de la sociedad capitalista.
Para los que todavía no logran determinar la nimia
importancia que la vida humana y la paz tiene para las empresas transnacionales
y las potencias capitalistas, basta hacer una revisión de las condiciones que
se imponen para el suministro de las vacunas.
Se ha sabido que la farmacéutica estadounidense Pfizer ha
intimidado a los gobiernos latinoamericanos en las negociaciones para venderles
la vacuna contra el Covid-19. Pfizer exigió a algunos países que pongan activos
soberanos, tales como edificios de embajadas y hasta bases militares en calidad
de garantía para reembolsar los costos de cualquier futuro litigio.
Estos requisitos impuestos en la “negociación” llevaron a
que Argentina y Brasil rechazarán comprar la vacuna de esta empresa. No
obstante, los acuerdos para obtenerla están cubiertos por clausulas de
confidencialidad que se han hecho públicas por el escándalo que significa que
Pfizer obligara a una serie de indemnizaciones contra reclamaciones civiles,
tanto por efectos adversos de la vacuna como por su propia negligencia.
Es así, que la empresa estadounidense exige que sean los
gobiernos quienes paguen los costos potenciales de los juicios civiles que se
puedan iniciar por negligencia, fraude o malicia. Esto incluye la garantía de
las empresas que se cubren para el caso en que bajo su responsabilidad se
interrumpa la cadena de frío, se entreguen las vacunas incorrectas o si las
mismas se dañan. También, si se provoca la muerte, discapacidad o una
enfermedad anexa al paciente. Es decir, son los gobiernos los que deben pagar
por los errores de las empresas si los primeros entablan una reclamación formal
ante la justicia.
Estas condiciones que ponen en primer lugar los intereses de
las empresas y en un segundo plano la salud de los ciudadanos fueron aceptados
por Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Panamá, Perú y
Uruguay gobernados por la derecha neoliberal y lamentablemente también por
México, sin que se conozcan con certeza los términos de los acuerdos.
De otra parte, y en una actitud francamente distinta, el
Ministerio de Relaciones exteriores de China ha anunciado que su país seguirá
promoviendo una distribución equitativa de las vacunas, poniendo en primer
término la seguridad y eficacia de las mismas, por lo que ha instado a las
empresas productoras del país a llevar adelante las investigaciones y
desarrollo de las vacunas en estricta aprobación de los métodos científicos y
los requisitos reguladores.
De la misma manera, China se ha comprometido a hacer de las
vacunas contra el COVID-19, bienes públicos mundiales y ha proporcionado o está
proporcionando ayuda en vacunas a 53 países, al mismo tiempo que farmacéuticas
chinas han exportado o están exportando los medicamentos a otros 27 países,
entre ellos 11 de América Latina sin ningún tipo de condicionante.
En esta situación, la colonialidad y el eurocentrismo han
permeado los debates acerca de la “nueva normalidad”. Para América Latina y en
general para los pueblos del sur, hablar de ello es rebobinar el discurso de la
dominación y el control de las potencias. De esta manera, “nueva normalidad”
dice relación con un discurso que se es propio del norte, a su seguridad y
estabilidad en detrimento del sur que otra vez es visto como un estorbo para el
logro de los objetivos trazados por Washington, Bruselas o Londres.
Dicho de otra manera, el concepto de “nueva normalidad” para
unos, está asociado con el de “riesgo” para ellos, lo cual implica nuevos
métodos de control y explotación para la mayoría del mundo. En esa medida, esta
idea vincula la necesidad de sobrevivencia de Estados Unidos y Europa como
potencias dominantes a cualquier costo, incluyendo el de la vida de millones de
ciudadanos.
Este entorno ha conducido a un reposicionamiento de la
globalización desde otra perspectiva toda vez que el virus se ha instalado en
todas las latitudes y longitudes del planeta, mostrando la putrefacción en las
entrañas del sistema, cuando sin importar la salud de la humanidad han
concentrado en 10 países más del 90% de las vacunas hasta ahora producidas,
incluso llegando a tener en algunos países como Canadá cantidades 5 veces
superiores a la de las necesidades de su población.
La globalización de la pandemia hizo sentir por primera vez
a los pueblos de los países del norte, la miseria de las políticas de sus
gobiernos, percibiendo los miedos, las angustias y las amenazas cotidianas que
viven los países del sur. Eso, sin llegar a los extremos que por ejemplo
expresan las políticas del gobierno de Estados Unidos que prohíbe a los
laboratorios -so riesgo de sanciones- venderle vacunas a Venezuela e impedir
que los recursos robados y retenidos del país puedan ser utilizados para la
obtención de la vacuna.
Hoy, ya es posible predecir que se producirán cambios
trascendentes en términos geopolíticos, los que ya estando en curso a comienzos
de 2020, fueron acelerados por la pandemia. El más importante de todos es el
fortalecimiento de la potencialidad económica de China y su creciente capacidad
de inserción en la problemática mundial.
Por otro lado, la pandemia ha hecho evidente la distancia
entre la periferia y los centros de poder mundial, cuando estos, lejos de
aprovechar el nefasto evento como lugar de encuentro humanitario en salvaguarda
de la vida a través de la cooperación y el encuentro, han privilegiado los
intereses de lucro que anuncian una mayor profundización de las diferencias en
un mundo en el que el sistema capitalista ha mostrado su total incapacidad de
conducir el proceso de enfrentamiento, lucha y derrota del virus.
En este contexto, el sistema multilateral ha puesto en
evidencia notorias imperfecciones e insuficiencias, comenzando por el accionar
de la propia Organización de Naciones Unidas (ONU) que se ha visto incapaz de
manejar y conducir el proceso, ya sea por debilidad, subordinación o temor a la
furia de las potencias y laboratorios que ven mermados sus negocios.
De la misma manera, los únicos bloques regionales y
subregionales que han sido capaces de articular políticas conjuntas han sido
los asiáticos, el resto se ha perdido en actitudes particulares de los
gobiernos y en acuerdos secretos que ocultan complicidad, subordinación y
defensa de los grandes laboratorios transnacionales. En particular, en este
aspecto, América Latina ha sido señera – una vez más- en mostrar las
debilidades de sistemas de salud marcados por prácticas neoliberales que
exponen la cara visible de oligarquías que no escatiman en sacrificar vidas
cuando se trata de defender sus mezquinos intereses de grupo o sector.
Lo cierto es que el manejo de la pandemia, las prioridades
en la atención de los ciudadanos para la salvaguarda de su vida, la decisión
sobre la utilización de recursos de todo tipo para enfrentar el virus y la
producción y distribución de la vacuna puso sobre el tapete los fundamentos
filosóficos sobre el cual los gobiernos se preocupan o no de garantizar el
derecho a la salud y a la vida de todos los ciudadanos como mandata la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU.
sergioro07@hotmail.com
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