Por Iván Oliver Rugeles:
Solamente queremos indagar, como parte de una inquietud, de
la que estamos absolutamente seguros que es compartida por cientos de miles de
compatriotas Bolivarianos-Chavistas, y también por muchos otros que no lo son,
y todo ello a propósito de esta nueva mafia de corruptos que fue detectada en
la empresa “Pdvsa Gas Comunal”, acerca de las Declaraciones Juradas de
Patrimonio que de forma obligatoria, conforme a la Ley Anticorrupción, deben
presentar los venezolanos que deciden desempeñar cargos en la administración
pública, tanto para la fecha en que inician la gestión, como cuando se retiran,
independientemente de las causas que se presentaren, y, además, si estas
declaraciones son revisadas periódicamente; si esa revisión es exhaustiva o
selectiva, y, en caso de que fuese selectiva, ¿cómo se lleva realiza esa
selección, cuál es su alcance y cómo logran cerciorarse de que los inculpados
utilizaran testaferros o interpuestas personas para ocultar lo robado a la
Nación?
En resumen, queremos preguntarle al ciudadano Contralor, el Dr. Elvis Hidrobo Amoroso, qué está ocurriendo con las Declaraciones Juradas de Patrimonio, de quienes, en su condición de funcionarios del Estado, terminan convertidos en grandes y adinerados pillos, pues ya hemos visto que son cientos los sujetos de esa calaña que, año tras año, terminan siendo imputados por la Fiscalía General, pero al pueblo, a la ciudadanía, jamás se le informa de los detalles de cada uno de los juicios seguidos a sus respectivos responsables, lo que creemos no es una buena decisión, en el interés de encarar frontalmente, el terrible flagelo de la corrupción.
Consideramos que si la estrategia del desconocimiento, se
sustituye por una que imponga la obligación de informar a la ciudadanía sobre
los detalles y pormenores de cada causa
de corrupción, no solamente suministrando el nombre y fotografías del o de los
corruptos que hayan sido juzgados y sancionados por la justicia, es decir, que
tengan sentencia firme por los delitos que hayan cometido, sino que se le
agreguen a los respectivos reportes de prensa, todos los detalles de cómo
fueron fraguados los robos al patrimonio público, así como incluir a cuánto
ascendió el monto de lo robado, cuál era el patrimonio de los burócratas
corruptos para la fecha en que tomaron posesión del cargo y a cuánto se elevó
ese patrimonio para el momento en que fueron descubiertos como grandes e
indignos ladrones del erario público…
Sobre esta petición que hoy hacemos pública, sería
interesante que la misma Contraloría General o la Fiscalía General abrieran una
página oficial en la red Internet, sobre dichas causas por corrupción, la cual
debería ser actualizada de manera permanente, página que, sin dudarlo, tendría
un claro efecto disuasivo, pues se hace obvio que nadie quisiera que su nombre
apareciera en esa página, como un zafio ladrón del patrimonio de todos los
venezolanos.
En relación a esta sugerencia, vale revisar la experiencia
de nuestra hermana República Argentina en ese tema, pues durante el Gobierno de
Néstor Kirchner (2003/07), la Corte Suprema de Justicia ese país, creó el
Centro de Información Judicial (CIJ), “sitio web oficial dedicado a difundir la
actividad de los tribunales, que permite que las decisiones de los jueces de
todo el país puedan ser divulgadas y explicadas a toda la sociedad.”
Es lo que queremos saber, por boca del Señor Contralor
General de la República o de quien él autorice.
No está demás agregar que le hacemos públicamente esta pregunta al Señor Contralor, con base en el artículo 62 de nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que reza así: “Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.”
ioliverrugeles@gmail.com
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