Por Oscar Rotundo*. :
El gobierno popular del Estado Plurinacional de Bolivia, ha llegado a 100 días de gestión, en medio de una serie eventos meteorológicos y sanitarios, que han requerido de la intervención del Estado; con una campaña electoral en desarrollo y con una operación feroz de la derecha y los multimedios de desinformación para minimizar sus logros y tratar de desestabilizar la democracia.
El resurgir de Bolivia, luego del desastre que dejara la
administración de facto de Jeanine Añez, no ha sido sencillo y para llegar al
equilibrio que lo coloque en la senda del porvenir, va tener que pasar algún
tiempo, que no necesariamente será cronológico.
Los tiempos en política y en economía, están recreados por
la firmeza y la justeza de las decisiones que los lideres tomen y por la
conjugación con otros tiempos; los tiempos de la concreción de asociaciones en
el nuevo espacio que se abre, en medio de las crisis.
Así lo demuestra la amalgama solidaria, que en torno a la
del Covid-19, se ha construido entre potencias como Rusia y China y los pueblos
del mal llamado tercer mundo, para que juntos puedan combatir el flagelo de la
pandemia.
Para el gobierno popular de Luís Arce, la lucha contra la
pandemia de coronavirus, es un objetivo estratégico, pues se trata de salvar
vidas, partiendo de una situación sanitaria agravada, por medidas improvisadas
y por la mala utilización de los recursos del Estado, en los que no faltaron
hechos de corrupción, ya identificados.
Según los últimos reportes, al 15 de febrero, el país presentaba 236.732 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, con 11.202 personas fallecidas y 177.775 pacientes recuperados.
Al asumir el presidente Arce, se adquirieron 2.2 millones de
pruebas diagnósticas y se realizaron compras de medicamentos, reactivos,
equipamientos e insumos para el trabajo de los laboratorios; se efectuaron
testeos masivos, y diagnósticos tempranos, para atacar y disminuir la letalidad
de la pandemia.
Se adquirieron un total de 5.2 millones de dosis de la
Sputnik V y cinco millones de dosis del fármaco de AstraZeneca-Oxford y se
gestionaron 5.1 millones de dosis de otros inmunizadores, a través del
mecanismo Covax.
Los primeros días de febrero, la autoridad sanitaria
completó el envío de las dosis de la Sputnik V a los nueve departamentos para
vacunar al personal de salud, administrando 20.000 dosis hasta el momento.
También, para estos días, se espera el arribo de alrededor
de un millón de dosis de vacunas de AstraZeneca-Oxford (900.000) y
Pfizer-Biontech (92.430), y 500.000 dosis de la vacuna producida por la
biofarmacéutica china Sinopharm para reforzar la vacunación masiva.
A esta situación de pandemia, debemos sumar los esfuerzos que el gobierno viene realizando para abordar las consecuencias de las inundaciones que sacuden a 74 municipios y que, hasta la fecha han ocasionado 8 muertes y pérdidas materiales, por lo cual el presidente Luis Arce ha decretado la alerta roja hidrológica en las cuencas de los ríos Mamoré, Isiboro, y la alerta naranja en los departamentos de Ben, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz.
Como no podía ser de otra manera, la oposición fascista y
los sectores económicos que la acompañan en su pretensión de volver al régimen
despótico neoliberal, despliegan su campaña de sabotaje y manipulación hacia la
opinión pública, tratando de sacar beneficios electorales en los próximos
comisión sub-nacionales.
Para fortalecer la gestión de gobierno y atajar las
maniobras de los especuladores, la Asamblea Plurinacional está debatiendo la
promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria que plantea cinco ejes, para
atender la segunda ola de la pandemia del Covid-19; entre ellos, establece la
conformación de un Consejo Nacional Estratégico, para emergencias sanitarias,
políticas de inmunización, control de medicamentos, registros y servicios de
salud, contrataciones y despachos aduaneros, además de un régimen sancionatorio
para enfrentar las actitudes irresponsables y delictivas de quienes pretendan
medrar con la salud del pueblo.
“No podemos abandonar a la población y esta ley busca
facilitar el acceso a la salud ante la pandemia. Es una ley especial que va a
durar por un tiempo determinado. Están polemizando porque estamos en tiempos
electorales”, explicaba el diputado Renán Cabezas del Movimiento Al Socialismo
(MAS), al tiempo que la senadora de Oruro Laura Luján manifestaba que, gracias
a la norma, se regularizarán los precios de los medicamentos, se podrán
contratar a más médicos especialistas y se evitarán los abusos por parte de
algunas clínicas privadas.
La ley como garantía para el acceso a la salud y para la
reparación de las injusticias ocasionadas por el golpe de estado.
Bajo esa premisa, el parlamento aprobó la “Concesión de
Amnistía e Indulto por razones humanitarias y perseguidos políticos” que fuera
enviado por el Ejecutivo de Luis Arce al Parlamento, ocasionando, como era de
esperar, la lógica protesta de quienes apoyaron el golpe de estado, las
masacres y el saqueo del país.
Al concluir el debate, los representantes de la oposición,
en desacuerdo con la norma, comenzaron a gritarle, sin ningún rubor, a la
bancada oficialista, “dictadores”, “democracia sí, dictadura no” y “debate es
democracia”.
Al terminar la sesión, el presidente del Senado, Andrónico
Rodríguez, informó a la prensa que, “la amnistía que beneficiará a quienes
fueron víctimas de «persecución política desde octubre de 2019 hasta octubre de
2020”.
Por otro lado, cabe destacar que, en la justicia se libra
una batalla importantísima para el sostenimiento de la democracia.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, lleva adelante acciones
contra la expresidenta Jeanine Áñez por considerarla como la principal
responsable de las masacres de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto), en
noviembre de 2019, por haber firmado el decreto que eximió de responsabilidad
penal, a los militares para “restablecer el orden”.
En dialogo con los medios expresó “No podemos quedarnos
solamente con un proceso judicial contra un general (Luis Fernando Valverde
Ferrufino). ¿Uno solo? ¡Participaron más! No podemos quedarnos con una
imputación contra (Luis Fernando) López y (Arturo) Murillo (exministros de
Defensa y Gobierno) porque hubo una presidenta, que les ordenó a ellos, y esa
presidenta, transitoria o no transitoria, constitucional o no constitucional,
ella firma el decreto donde se señala las intervenciones policiales y militares
con una suerte de manto de impunidad para los militares con una teoría de
defensa de situación de legítima defensa. Una analogía a los decretos que
sacaba (Jorge Rafael) Videla en la época de la dictadura de Argentina”
En medio de un proceso, en donde “lo viejo y tristemente
conocido” se resiste a morir, la esperanza, la solidaridad y el compromiso con
el futuro se abre paso.
El Ministerio de Hidrocarburos y Energías acaba de informar
que en los próximos meses entrarán en funcionamiento, tres parques eólicos y
tres sistemas de ciclos combinados en plantas termoeléctricas.
Esto, aumentará la capacidad de producción de electricidad a
más de 3.500 megavatios (MW) posibilitándole a Bolivia, exportar energía al
mercado internacional.
También como parte de la diversificación energética, Bolivia
acaba de inaugurar la planta solar fotovoltaica, considerada la más alta del
mundo, con una capacidad de producir 100 megavatios al sistema nacional.
Situada en la población altiplánica de Ancotanga, en el
departamento de Oruro, a más de 3.700 metros sobre el nivel del mar, posee
"más de 300.000 paneles fotovoltaicos emplazados en 214 hectáreas".
La obra fue ejecutada por la estatal Empresa Nacional de
Electricidad Bolivia (ENDE) con recursos estatales, un crédito de la Agencia
Francesa de Desarrollo (AFD) de más de US$ 68,6 millones y otros casi 14
millones donados por la Unión Europea (UE).
Todos estos logros se complementan con la decisión política
del presidente Arce de implementar el Impuesto a las Grandes Fortunas para que
contribuya a la redistribución de la riqueza, dentro del Modelo Económico
Social Comunitario Productivo.
El año pasado, el gobierno puso en vigencia la Ley 1357 de
Impuesto a las Grandes Fortunas, que fija porcentajes graduales para el pago de
la alícuota: 1,4% para personas con riquezas de 30 millones a 40 millones de
bolivianos (de 4,3 a 5,7 millones de dólares); 1,9% de 40 millones a 50
millones (de 5,7 millones a 7,2 millones de dólares) y 2,4% para fortunas
mayores.
En 100 días, el gobierno popular del presidente Arce ejecutó
medidas económicas como el pago del Bono Contra el Hambre, la reprogramación y
refinanciamiento de créditos, la creación de créditos al 0,5 por ciento de
interés, y el Impuesto a las Grandes Fortunas, se puso a la cabeza en la lucha
contra la pandemia, avanzo sobre la impunidad y consolidó la soberanía nacional
frente a los gringos y los israelitas en el tema de las visas, estrecho lazos
con las potencias y países de la región y afianzó la democracia posibilitando
un proceso electoral, salvaguardando la vida de los participantes.
Para muchos políticos, la adversidad es un problema, para
otros un desafío
*Analista político del equipo de Periodismo Internacional
Alternativo PIA Global
rotundointernacional2020@gmail.com
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