Perú en resistencia (IV)

 Por Oscar Rotundo:

CAPITALISMO Y DESAFÍOS CONSTITUYENTES EN PERÚ.

El 14 de enero de este año, el FMI, en su informe “última evaluación económica anual”, describía la situación de Perú, como la de “una de las economías con mejor desempeño de América Latina”, pero aclaraba, su “crecimiento ha perdido impulso en los últimos años, debido a factores internos y externos”. Pese a la crisis social y económica, que aceleró la pandemia del covid-19 y a la inestabilidad política que vive el país desde hace treinta años, el informe preveía la posibilidad de que “en 2020 la actividad económica repunte en cierta medida, respaldada por un desempeño más sólido de las exportaciones y la demanda interna” *[1]

Sería importante preguntarse a que Perú se refiere el Fondo Monetario Internacional, que durante 2020 ha entregado al gobierno de turno, prestamos “por US$ 11 000 millones a Perú debido a sus sólidos fundamentos macroeconómicos” *[2]

Quizás esos fundamentos, a los que se refiere el FMI, sean, los que hicieron que cientos de trabajadores de empresas agroindustriales, realizaran duras jornadas de protesta, al costo de vidas, hasta que se derogara la famosa Ley de Promoción Agraria; un régimen que existía desde hacía muchos años y que la clase política quería prorrogar hasta el año 2031.

Esta Ley de Promoción Agraria, fue promulgada en el año 2000 para impulsar al sector agroexportador a costa de la miseria y la explotación de los trabajadores rurales y después de 20 años de crecimiento exponencial del sector, el gobierno pretendía mantenerla por 10 años más.

Gracias a medidas planteadas en la ley, La Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP) declaraba que, para el primer trimestre del año 2020, las agro-exportaciones peruanas habían registrado un crecimiento del 8%, equivalente a US$ 1.623 millones, promovido especialmente por los envíos de productos del subsector frutas y hortalizas (F&H) frescas, cuya cifra total fue de US$ 983 millones, 19% más que el mismo periodo durante el año 2019, agregando risiblemente “Ojalá que el Gobierno no exija tanto protocolo exagerado, ni tanto permiso ni licencias como se viene observando para que permita operar a las empresas”. *[3]

Tampoco fueron todas las empresas, las que obtuvieron beneficios durante casi dos décadas, “Según datos de la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo de 2017, el 49% de los trabajadores comprendidos en la Ley de Promoción Agraria (unos 132 mil) estaba concentrado en solo 15 de las 1.205 empresas beneficiadas con dicha norma. En la lista sobresalen Virú, Camposol, Danper Trujillo, Complejo Agroindustrial Beta, El Pedregal, Gandules INC, Tal S.A. y Sociedad Agrícola Drokasa, entre otras”, que además gozaban de “privilegios fiscales que, solo en los últimos 16 años, le exoneraron del pago de S/ 2.901’139.000 por Impuesto a la Renta, al aportar 15%, mientras el régimen general abona 29,5% por el mismo concepto. Ese monto era suficiente para cubrir, por ejemplo, el 81% del presupuesto del Ministerio de Agricultura de este año” *[4]. 

Otro dato a tener en cuenta es que, según el Banco Central de Reserva, en los últimos diez años, la producción para agroexportación creció un 6,4% en promedio anual, por encima del crecimiento de la economía total, pero para 2019 registraba una tasa de informalidad del 31.9%, según la Encuesta nacional de hogares (GEC), con sueldos menores a la remuneración mínima vital, sin derecho a vacaciones, CTS, ni pago de horas extras.

O sea, pocas empresas, con mayores beneficios, utilizando al Estado para incrementar su capital a consta del sufrimiento y la explotación de los trabajadores. Una ecuación odiosa en un país con muchas posibilidades de crecer y generar bienestar para la población y para palear las urgencias de los sectores más vulnerables.

Esto, sin tener en cuenta la realidad de la explotación minera (de la cual nos ocuparemos en próximos artículos).

El capitalismo, con sus políticas neoliberales y sus especulaciones fondomonetarista, que contemplan los “sólidos fundamentos macroeconómicos” de los países, sin tener en cuenta a la gente, alientan el endeudamiento del Estado para fortalecer a los grupos concentrados de la economía nacional, que terminaran con sus capitales depositados en algún “paraíso Fiscal” o invertidos en lugares donde la precariedad laboral y las exoneraciones impositivas les permitan mantener su tasa de ganancia.

 El historiador holandés Jean Lust en su artículo “Las condiciones laborales de los trabajadores y empleados en las microempresas en el Perú: 1990-2018” reafirma lo que se plantea en esta nota, con absoluta contundencia, al expresar, “Concluimos que el Perú está a la vanguardia del trabajo indecente. En cierta forma, el Estado peruano estimuló y profundiza esta situación a través de diferentes regímenes laborales. Las condiciones laborales para la gran mayoría de trabajadores y empleados son muy preocupantes. Esta situación es estructural como también la situación precaria del microempresario. En este contexto hablamos sobre el surgimiento de una economía capitalista de subsistencia en el Perú. La investigación demuestra que, en general, las condiciones laborales de personas que laboran en microempresas no han mejorado en los últimos 28 años. Respecto a la cuestión laboral, a veces parece que aún el Perú se encuentra al comienzo del siglo XX” *[5].

Es por ello que el planteamiento de una refundación de Perú, como la de otros países de la región, se torna necesaria y urgente. Es el sistema capitalista el que está en crisis y si esa crisis no se trata como corresponde, los daños serán irreversibles para los sectores populares.

No se trata de ensayar salidas dogmáticas, se trata de ajustar las leyes de un nuevo contrato social a los intereses colectivos y no a las apetencias de los sectores que históricamente se han vistos privilegiados a costillas de los demás.

No es sólo un cambio de gobierno, ni una reforma constitucional, lo que posibilitara el despegue de los países dependientes, de la lógica transnacional que a través de la globalización, licua el rol del Estado como defensor de los intereses nacionales y populares.

Se trata de una refundación constitucional, consagrada desde un gobierno popular, con la participación de todos los sectores de la sociedad y de las colectividades y comunidades educativas, laborales, culturales, empresariales, etc; que vaya más allá de la formalidad y generen un compromiso ético, moral y patriótico entre los que le dan vida a la nación.

Notas:

*[1]https://www.imf.org/es/News/Articles/2020/01/14/NA011420-Six-Things-to-Know-About-Peru-Economy-in-2020

*[2]https://www.bcrp.gob.pe/docs/Transparencia/Notas-Informativas/2020/nota-informativa-2020-05-28-3.pdf

*[3]https://agraria.pe/noticias/agroexportacion-del-peru-es-el-unico-sector-que-sigue-crecie-21618

*[4]https://ojo-publico.com/2311/agroexportacion-exoneracion-de-impuestos-llego-los-s3-mil-millones

*[5] https://www.pucp.edu.pe/profesor/jan-lust-

https://www.facebook.com/rotundo.rotundo.12

Para Periodismo Internacional Alternativo (PIA Global)