Por: Tony López R.:
Hace cuatro años en el teatro Colon, en la ciudad de Bogotá,
el presidente Juan Manuel Santos Calderón y Rodrigo Londoño, Comandante Jefe de
la FARC-EP, firmaban los acuerdos de paz de La Habana. Un proceso accidentado y
complicadas conversaciones que tuvo una larga duración en la capital cubana y
al final y a cuatro años de firmados, los enemigos de la paz, han logrado sus
objetivos, al hacer prácticamente trizas los Acuerdos, por el incumplimiento de
los 6 puntos de la agenda suscrita y firmada.
El proceso de paz, concebido por la oligarquía liberal conservadora y sus ejecutores, para lograr su objetivo estratégico, desarmar y desconcentrar al movimiento guerrillero, más grande y poderoso que ha tenido América Latina e impedir los cambios estructurales y de justicia social por la que venia combatiendo desde hacia mas de 50 años este movimiento revolucionario.
Durante el gobierno de Uribe lograron dar baja a los
comandantes miembros del Secretariado, Raúl Reyes, Jorge Briceño, Iván Ríos y
la muerte por enfermedad de su histórico Comandante en Jefe Manuel Marulanda,
esos lidere guerrilleros eran considerado por el enemigo el sector duro del
Secretariado y estimaban que su desaparición debilitaba a dicha organización,
solo faltaba quebrar al comandante Alfonso Cano, considerado uno de los
ideólogos de las FARC-EP que había quedado como máximo jefe de la
organización.
El 4 de noviembre del 2011, apresaron herido al comandante
Alfonso Cano y ordenaron su asesinato, a pesar de que él había comenzado
conversaciones con vista a iniciar un proceso de paz con el gobierno de Juan
Manuel Santos, quien ordenó su asesinato, no podían permitir que sobreviviera y
fuera llevado a un juicio, pues sería muy peligroso y en un juicio ante una
Corte, pondría en evidencia a un sistema cruel, un Estado corrompido y una
sociedad abandonada y dirigentes
políticos seriamente vinculados al narcotráfico. Tenia que morir.
Luego de ese crimen y a pesar de tan dramática situación, la
dirección de la FARC-EP aceptó, continuar conversando y aceptaron realizar un
proceso de paz en el exterior y bajar los 10 puntos de la agenda de paz, que se
había aprobado en la 8va Conferencia del Estado Mayor Central y lo redujeron a
6 puntos de la agenda. O sea, bajaron los dos puntos que Marulanda y Cano
defendían para iniciar cualquier negociación.
Esa concesión la hizo las FARC-EP, no por estar derrotadas
militarmente, sino porque estaban realmente interesados en una paz con justicia
social. Las propias FF.MM estaban convencidas que por la vía militar no
derrotarían a las fuerzas guerrilleras colombianas, no solo a las FARC-EP,
tampoco al ELN.
Ambos temas, fueron sometidos a un largo debate desde
principio del año 2011, el primero en la frontera colombo-venezolana y luego de
varios encuentros en la Isla de Orchila, Venezuela, se llegó al acuerdo de
abrir el proceso de paz en Cuba, y que Noruega y Cuba fueran países garantes, y
Venezuela de observadora y más tarde se sumó Chile en esa misma categoría.
Las conversaciones entre las partes, gobierno y guerrilla,
se iniciaron en La Habana el 24 de febrero del 2012, los primeros seis meses
con carácter muy secreto, y en noviembre del ese año, se dio a conocer el
inicio oficial de la Mesa de Dialogo de paz en Oslo, Noruega, y allí se anunció
a La Habana como sede principal. De febrero 2012 hasta el 24 noviembre del 2016
que terminaron en la firma de los Acuerdos de La Habana.
Durante los cinco años, que duraron en La Habana los
diálogos de paz, la oposición al proceso de paz, liderado por el ex presidente
Álvaro Uribe Vélez, el Partido Centro Democrático, Conservador, Cambio Radical
y sectores del Partido Liberal, que concentra a la derecha y ultraderecha
política colombiana, con el apoyo de la gran mayoría de los medios de prensa
desarrollaron una descomunal cruzada contra la Mesa de Diálogo de Paz de La
Habana.
La campaña propagandística estaba basada en atacar al
gobierno de Santos Calderón, acusándolo de estar entregado a las FARC-EP y
propagar que un exitoso Acuerdo de Paz, terminaría llevando a Colombia a un
régimen Castro-chavista y a Timochenko, jefe de la guerrilla FARC-EP, al sillón
presidencial.
La campaña resultó en un exitoso efecto cuando al ser
sometido en un plebiscito celebrado el 2 de octubre del 2016, entre el SI y el
No. Ganó el NO a pesar de que el 26 de septiembre ya se había firmado en
Cartagena los Acuerdos de La Habana, pero se argumentó que no era un problema,
porque el Plebiscito no era vinculante, lo cual resultó una gran mentira de
Santos, Uribe Vélez, exigió que una Comisión revisara los acuerdos ya firmados
y el gobierno presionó para que las FARC-EP accediera, por lo tanto, lo No
vinculante fue un cuento.
Con el argumento de no poner en peligro las negociaciones de
paz, después de haber logrado los importantes acuerdos del 26 de septiembre,
las FARC-EP aceptó la revisión, pero lo que sucedió solo lo saben los
protagonistas, pero Iván Márquez, que era el Jefe de la delegación guerrillera,
se apartó de esa revisión y Timochenko encabezo esa tarea, mientras que por el
Gobierno lo asumió la canciller María
Angela Holguín y el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, y Humberto de
La Calle y Sergio Jaramillo, jefe negociadores del Gobierno salieron del
escenario.
Muchos de los acuerdos importantes fueron modificados,
incluso pretendieron eliminar el acuerdo sobre la Justicia Especial de Paz,
(JEP) pero no lo logaron, aunque modificaron algunos temas como el referido a
que los expresidentes y gobernadores, altos mandos militares y los llamados
“terceros” fueran llamados a testificar, hoy solo es a voluntad de cada uno de
ellos, y estos últimos algunos son los grandes empresarios y terratenientes que
financian el narco-paramilitarismo.
Hoy Álvaro Uribe Vélez y el Centro Democrático, están
proponiendo eliminar la JEP e incluso al actual sistema de Justicia de Colombia
y planteando convocar a un plebiscito y modificar lo que fue ganado con la
Constituyente del año 91, lo que sería un retroceso a un pasado bochornoso y
plagado de impunidad.
La campaña y toda esa acción política anticomunista, estaba
también respaldada por el gobierno de los Estados Unidos, gobierno que afirmaba
en Colombia su base para provocar el derrocamiento del gobierno de Chávez y
luego de su muerte, al de Nicolas Maduro, a lo que se prestó y presta el actual
el gobierno del presidente Iván Duque.
En esos casi cinco años de conversaciones no todo era color
de rosa hubo muy fuertes debates, los principales temas no estuvieron referidos
a cambios estructurales que debió ser el objetivo principal de las
conversaciones de paz. No se trataba de hacer cambios revolucionarios ni muchos
menos socialistas, pero si cambios estructurales en cuanto a temas estratégicos
incumplidos en los 6 puntos de la agenda y que a continuación les voy a referir
brevemente cada uno de ellos.
El primer punto de la agenda aprobada era la ley de tierra,
o lo que es lo mismo la reforma agraria integral, de este punto solo se ha
cumplido solo en un casi 1 por ciento. De los 5 millones de hectáreas, que
debieron ser distribuidas entre el campesinado, garantizándole los medios
técnicos y la garantía de que sus productos se comercializaran, solo se han entregado
35 mil hectáreas, o sea no llega ni al 1 por ciento de los 5 millones que se
debieron distribuir. Un punto totalmente
incumplido.
El segundo punto de la agenda acordado, se relacionaba con
la reforma política que entre otros aspectos se vinculaba a la reforma
electoral y judicial, en este último basado en la idea de la democratización
mediante las elecciones en el sector judicial de los altos cargos en las Cortes
y no por la terna que propone el ejecutivo. Respeto y garantías a los partidos
políticos minoritarios y apoyo a los movimientos y organizaciones integradas
por las minorías étnicas. Este punto ha sido sepultado.
El tercer punto relacionado con el fin del conflicto, ha
sido también incumplido, ciertamente hubo una desmovilización y entrega de
armas por parte de las FARC-EP, en ese periodo del año 2017 y parte del 2018.
No así sucedió con un sector de las FARC-EP que no se desmovilizó y mantuvieron
sus armas.
Mientras que, por el montaje dirigido por el Fiscal General
Néstor Humberto Martínez y la DEA, contra el comandante Jesús Santrich, que involucró al comandante Iván Márquez,
provocó una profunda división en las FARC-EP y este sector volvió a la lucha
armada y ha conformado un creciente Bloque Guerrillero. Esa operación del
Fiscal buscaba y logró hacer trizas el Acuerdo de Paz. Por eso lo premian y lo nombran embajador en
España, burlando la justicia y haciendo patente la impunidad de un régimen
dictatorial.
Estas operaciones contra los Acuerdos de Paz no son ajenas
al gobierno de Iván Duque quien además se ha negado a restablecer las
conversaciones con el Ejercito de Liberación Nacional, los que, a pesar de la
insistencia de los insurgentes en retomar las conversaciones, el gobierno se ha
negado y lejos de ello, hace reclamos violatorios de los tratados
internacionales, reclamándole a Cuba la extradición de los integrantes de la
delegación del ELN.
Esa pretensión del gobierno de Duque, no hace más que
demostrar la carencia del más mínimo respeto por el derecho internacional y de
lo establecido en los protocolos firmados por el gobierno colombiano, ante los
gobierno del Reino de Noruega y de Cuba, para acoger en Cuba a las partes y
continuar los diálogos de paz en La Habana y ante una ruptura o divergencia, la
delegación insurgente seria trasladada y llevada al territorio colombiano de
donde fueron recogido con toda las
garantías y seguridad.
El cuarto punto de la agenda, sobre la sustitución de
cultivos ilícitos por la vía de erradicación manual y no utilizar la fumigación
aérea con el glifosato, no se cumplió, tampoco se les entregó el subsidio a los
cultivadores de coca y amapola, puro engaño.
Las siembras de coca aumentaron y se calculan en más de 220 mil
hectáreas. En la actualidad el gobierno se apresta al uso de la fumigación
aérea, lo que ha recibido el rechazo de la población campesina.
El quinto punto de la agenda trata el tema de las víctimas y
no repetición, así como aplicar la justicia a los violadores por parte de la
JEP, tampoco se ha cumplido debidamente y se inclina a juzgar a los ex
guerrilleros, y limitadamente a los agentes del Estados y a los financieros de
los grupos paramilitares, siendo este último los dos sectores los que han
provocados la mayor cantidad de víctimas. Las 16 curules que debían ocupar los
representantes de las víctimas, no han sido otorgadas. Este punto es otro de
los graves incumplimientos y la tergiversación de los acuerdos de paz.
Por último, el sexto punto, sobre la implementación de los
Acuerdos de Paz de La Habana, por lo ya explicado, es razonable afirmar que el
gobierno del presidente Duque y del ex senador Álvaro Uribe, son los máximos
responsables de los incumplimientos y la inacción de una correcta y real
implementación de los Acuerdos de Paz.
En Colombia lejos de existir un clima de paz, es hoy un
verdadero escenario de guerra, crímenes e injusticia social, e impunidad el
gobierno y las fuerzas de seguridad y el orden son los promotores y ejecutores
de la violencia y la impunidad.
(*) Periodista, politólogo y analista internacional.
jorgarcia726@gmail.com
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