viernes, 4 de septiembre de 2020

Los procesos de globalización económica y la expansión de las políticas neoliberales



Por Diego Olivera Evia: 
Que han servido para construir un entramado político, económico, jurídico y cultural, a escala global, del que las grandes corporaciones han resultado ser las principales beneficiarias.
Las compañías multinacionales han pasado a controlar la mayoría de los sectores estratégicos de la economía mundial: la energía, las finanzas, las telecomunicaciones, la salud, la agricultura, las infraestructuras, el agua, los medios de comunicación, las industrias del armamento y de la alimentación la crisis capitalista que hoy vivimos no ha hecho sino reforzar el papel económico y la capacidad de influencia política de las grandes corporaciones, que tan pronto hacen negocio con los recursos naturales, los servicios públicos y la especulación inmobiliaria, como con los mercados de futuros de energía y alimentos, las patentes sobre la vida o el acaparamiento de tierras.



Las enormes ganancias acumuladas por las empresas transnacionales tienen su origen en los mecanismos de extracción y apropiación de la riqueza económica que están en la base del funcionamiento del capitalismo. La creciente explotación de trabajadores y trabajadoras y la constante devaluación salarial, la presión ilimitada sobre el entorno en busca de materias primas y recursos naturales, la especulación financiera tanto con el excedente obtenido como con todo aquello que pueda ser comprado y vendido, la mercantilización de cada vez más esferas de las actividades humanas y la absoluta prioridad de la que gozan los mecanismos de reproducción del capital frente a los procesos que permiten el sostenimiento de la vida han servido, efectivamente, para que los principales directivos y accionistas de las grandes corporaciones se conviertan en multimillonarios.

Pero, del mismo modo que Amancio Ortega es el tercer hombre más rico del mundo a la vez que Inditex produce sus prendas en fábricas textiles con pésimas condiciones laborales en Bangladesh y en talleres que utilizan trabajo esclavo en Brasil y Argentina, estos extraordinarios beneficios empresariales no serían posibles sin la generación de toda una serie de impactos socioambientales que afectan directamente a las poblaciones y los ecosistemas de todo el planeta.
Dice David Harvey que, en el nuevo imperialismo, “para mantener abiertas oportunidades rentables es tan importante el acceso a inputs más baratos como el acceso a nuevos mercados”.

Caracterizando los impactos socio ecológicos de las multinacionales

Las escuelas de negocios y los think tanks vinculados a las compañías multinacionales, por su parte, han elaborado estudios y análisis para vincular la presencia internacional de las empresas transnacionales con el logro de los objetivos de desarrollo y bienestar que se prometieron para justificar su llegada a los países periféricos. Ante el aumento de la pobreza y las desigualdades a nivel mundial y el creciente rechazo social que han ido generando, las grandes corporaciones pretenden construir un relato con el que no pueda cuestionarse su centralidad en la economía global:

 En términos generales, las empresas, más que los gobiernos y la sociedad civil, están mejor preparadas para ser catalizadoras de innovación y transformación hacia un mundo sostenible”, afirma el presidente del BBVA  Así, con objeto de aumentar su legitimación social y posicionarse como un actor imprescindible para “salir de la crisis”, presentan teorías revestidas de objetividad y neutralidad que pretenden demostrar los impactos positivos de sus actividades en aspectos como la transferencia de tecnología, la mejora de la provisión de bienes públicos y privados, el incremento del empleo, el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y el fomento de la inversión como motor de desarrollo.

Primero, que las empresas transnacionales no han contribuido a una mejora de la cantidad y la calidad del empleo, ni tampoco de la prestación de los servicios que ofrecen, prácticamente no han realizado inversiones en mantenimiento, apenas han favorecido los procesos de transferencia tecnológica y, al fin y al cabo, no han traído de la mano el progreso y el bienestar para las poblaciones de la región, que era lo que se prometía con su llegada después de las privatizaciones y las reformas neoliberales de los años ochenta y noventa.

Segundo, que junto con las consideraciones económicas hay toda una lista de graves efectos sociales, políticos, ambientales y culturales que van asociados a la internacionalización de los negocios de estas empresas. Y, en tercer lugar, que quienes han salido ganando con ello no han sido precisamente las clases trabajadoras y las mayorías sociales, sino los dueños de esas compañías, los beneficiarios de las rentas del capital y los políticos y empresarios que se han hecho de oro atravesando las puertas giratorias que conectan el sector público y el mundo empresarial.

Tribunal Permanente de los Pueblos

A la hora de avanzar tanto en la denuncia de los abusos cometidos por las empresas transnacionales como en los procesos de movilización y resistencias que permitan construir alternativas al dominio de las grandes corporaciones, una de las experiencias más interesantes es la que, en los últimos años, se ha venido articulando en torno al Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP). Y es que las distintas sesiones de este tribunal de opinión que se han dedicado a juzgar los impactos de la presencia de las compañías multinacionales en América Latina han contribuido a fomentar la investigación y la sistematización de los efectos negativos producidos por estas empresas.

Los ejemplos van desde las consecuencias de la extracción a toda costa de los recursos naturales, puestas de manifiesto con los casos de la minera Gordor en Guatemala, la papelera Botnia en Uruguay o la petrolera Repsol en Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador; hasta los efectos ambientales de la construcción de grandes infraestructuras, ilustrados con el caso de la empresa alemana Thyssen Krupp y su macro complejo industrial para la exportación de acero en Río de Janeiro; pasando por la financiación del Santander y BBVA a proyectos muy agresivos socioambiental mente en Brasil y Perú, junto a los efectos de la privatización de los servicios públicos, con Aguas de Barcelona en México, Proactiva-FCC en Colombia y Unión Fenosa en Colombia, Guatemala y Nicaragua. Y todos estos casos, según la sentencia final del TPP, “deben ser considerados no simplemente por sus elementos de unicidad, sino como expresión de una situación caracterizada por lo sistemático de las prácticas”

A través de las dinámicas de lucha y resistencia que se expresan en la realización de las citadas audiencias del TPP y las campañas de movilización que las han acompañado, otros centros de estudios, observatorios y organizaciones sociales an venido trabajando en esta misma línea y, de este modo, han desarrollado diversas herramientas para la caracterización de los conflictos socio ecológicos generados por las multinacionales

La realidad de las economías del Cono Sur

La leve recuperación económica de América Latina este año será contrarrestada por una creciente presión fiscal en medio de una desaceleración económica global y riesgos políticos.

Se espera que la región crezca 1,7%, frente a 0,8% en 2019, según la agencia de calificaciones Fitch. Las tres principales economías latinoamericanas: México, Brasil y Argentina, debieran recuperarse este año, con una contracción en Argentina inferior a 2% (en contraste con la baja de casi 3% en 2019) y con avances en Brasil y México de más de 2% y 1%, respectivamente. Se espera que el crecimiento de 2019 haya sido de 1% y 0%.

Los factores clave que podrían hacer que Chile pierda el grado de inversión incluirían una desaceleración más larga de lo previsto (Fitch cree que el crecimiento se recuperará a partir de 2021), un déficit fiscal más alto de lo esperado o una relación deuda/PIB que aumenta demasiado rápido. Otra alarma sonaría si Chile aprovechara su fondo de estabilización económica y social, un amortiguador construido con los ingresos del cobre que protegen al país de golpes repentinos.

"Si la respuesta política a los disturbios no es la correcta, esto podría dañar la credibilidad ganada [por Chile]. Hay que tener en cuenta que la popularidad presidencial es muy baja, menos del 10%, y ha habido una fuerte caída en el apoyo a todas las instituciones del país, por lo que claramente existe un riesgo allí”, manifestó Francis.

En Uruguay, la agencia de calificación considera positivo un plan de la nueva administración para asumir el cargo en marzo y reducir los gastos anuales de US$900mn. "Si es alcanzable y de antemano, eso podría ser muy positivo para la calificación de Uruguay", dijo el analista Todd Martínez. Pero eso podría resultar difícil, ya que la ley uruguaya rige el gasto de manera estricta. Otro punto de discusión es si los ahorros se mantendrían o se asignarían a otras prioridades del gobierno de Luis Lacalle Pou, como una mayor seguridad.

Una mejor perspectiva será posible una vez que el nuevo gobierno publique su proyecto de plan presupuestario quinquenal a mediados de 2020. El presupuesto de US$14.200mn para 2018 se centró en seguridad social, educación, atención médica, gestión financiera, servicios públicos, seguridad pública e incentivos a la producción, según el Ministerio de Hacienda de Uruguay.

Pero es bueno analizar los objetivos trazada por los 6 ejes trazados por
1. Entorno propicio para la creación y desarrollo de empresas sostenibles.
2. Desarrollo productivo y empleo.
3. Calidad del empleo y formalización laboral.
4. Protección social y seguridad y salud en el trabajo.
5. Derechos fundamentales en el trabajo y diálogo social. 6. Cultura del trabajo para el desarrollo y futuro del trabajo. Este informe presenta en forma abreviada las principales actividades llevadas a cabo entre 2015 y principios de 2020 en cumplimiento del mencionado acuerdo marco y sus seis ejes de trabajo prioritarios.

El equipo de trabajo de la OIT desea manifestar su reconocimiento a los constituyentes tripartitos de Uruguay por la confianza depositada en la Oficina para implementar el programa de actividades y valorar su compromiso y colaboración para dar respuesta a las necesidades y expectativas de trabajadores y empresas por más y mejor trabajo

(*) Periodista, Historiador y Analista Internacional
diegojolivera@gmail.com


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