Por Juan Pablo Cárdenas S.:
No son precisamente coincidencias ideológicas las que
provocaron una amplia mayoría en el Congreso Nacional para aprobar el retiro
del 10 por ciento de los ahorros previsionales de los trabajadores a objeto de
encarar la grave crisis sanitaria y económica del país. De no haber sido por la
pandemia y sus trágicas consecuencias en la vida de la población, difícilmente
un espectro tan amplio de legisladores le hubiese doblado la mano al presidente
Piñera en su empeño de proteger el sistema de AFP, que en cuatro décadas de
ejecución manifiesta su fracaso en las miserables pensiones que paga a los
jubilados chilenos, versus las más millonarias utilidades que arroja a favor de
un puñado de empresas y bancos la administración de estos multimillonarios
fondos.
Se hizo tan mayoritaria la propuesta de recurrir a estos
recursos para hacer frente al hambre, la desocupación u otros fenómenos que
golpean a los sectores más pobres y de clase media, que solo unos pocos
insensatos o encaprichados se opusieron hasta el final a aprobar esta medida.
Una tozudez y desvergüenza que sin duda pondrá en jaque sus aspiraciones
político electorales y los llenará de descrédito público. Tanto que más de un
80 por ciento de los ciudadanos encuestados recientemente manifiesta ahora su
repudio al actual mandatario, con seguridad el gobernante más desacreditado
ante el pueblo en toda nuestra historia republicana.
Los partidos de derecha no pudieron disuadir a aquellos
legisladores que terminaron dándole sus votos a la iniciativa. La renuencia de
La Moneda y de algunas cúpulas partidarias se explica naturalmente en su
insensibilidad social, pero sobre todo en los ingentes recursos destinados por
las administradoras de los fondos de pensiones para financiar los procesos
electorales y ofrecer cargos y prebendas horizontalmente a la clase política.
Habiendo quienes hasta han llegado a compartir sus funciones públicas con las
de directores y asesores de éstas y otras sociedades anónimas.
Como un atropello a la autonomía que deben tener los
diputados y senadores, varios de estos rebeldes parlamentarios han sido
denunciados ante los tribunales de honor o disciplina de sus partidos. Es
decir, arriesgan por su díscola posición la posibilidad de ser suspendidos y
expulsados de sus colectividades. Aunque muchos reconocen que será muy difícil,
ya, que se les apliquen sanciones muy drásticas, por el temor del oficialismo
de quedar definitivamente en minoría en ambas ramas del Congreso y dificultar
con ello la posibilidad de que Piñera pueda seguir gobernando con algún
ascendiente frente al Poder Legislativo.
Sería muy insensato pensar que con la aprobación del retiro
de apenas un 10 por ciento de los fondos previsionales los parlamentarios hayan
enfrentado una disyuntiva doctrinaria o siquiera ética. Lo cierto es que en
esta solución se impuso el mal menor cuando debieron ser el Estado, los grandes
empresarios y los chilenos más ricos los que se hicieran cargo de enfrentar la
crisis sanitaria y económica, como ha sucedido en las democracias serias.
A esta altura, habría que reconocer que recurrir a los
fondos del retiro es un despropósito que solo se explica en la existencia de un
estado cicatero, un empresariado sin conciencia social alguna y en la
responsabilidad de los propios legisladores renuentes a aplicar, por ejemplo,
un impuesto a las más altas fortunas del país. Mientras mantienen el desenfreno
del gasto militar y la codicia de las grandes transnacionales enseñoreadas en
toda nuestra geografía y recursos naturales.
En vez de buscar sanciones para los que obedecieron a una
gran demanda social, el conjunto de los partidos políticos debiera proponerse
denunciar y separar de sus filas a quienes en estos años han demostrado su
colusión con los grandes intereses de la industria y el comercio,
protagonizando los incesantes escándalos de corrupción como aquellos
bochornosos atentados contra los consumidores chilenos. Una connivencia
desembozada y cotidiana entre políticos e inversionistas nacionales y
extranjeros extendida largamente.
Aludimos a los múltiples episodios ya prescritos por las
leyes o que se ventilan muy latamente en los tribunales. Con mucha cara de que estos procesos terminen
impunes o sancionados con multas risibles que no se compadecen con la cuantía
de sus estafas y tráfico de influencia ejercido sin tregua durante treinta
años. Se puede decir, que cada uno de los despropósitos cometidos en este
sentido por la dictadura ha tenido sus correspondientes réplicas en todos los
gobiernos que sucedieron al de Pinochet. El autor, como sabemos, de la
ilegítima Constitución de 1980 y la mayoría de las leyes que amparan estos
delitos vinculados al poder; esto es por la institucionalidad que muchos
denuncian como ilegítima y antidemocrática cuando son candidatos, pero que
luego juran respetar irrestrictamente en posesión de los altos cargos públicos.
“Cuando vayas a cobrar tu 10 por ciento, se dice en las
redes sociales, acuérdate del 18 de octubre…” Es decir, asume que esta pequeña
reforma constitucional que tanto irritó a La Moneda y a su férula de
empresarios y economistas se debe nada más que a los altos índices de consenso
e irritación popular. Como a aquella rebelión nacional suspendida por el Covid
19, que todavía está constituido en el principal aliado y gendarme del “orden
establecido”.
juanpablo.cardenas.s@gmail.com
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