Por Carolina Vásquez Araya:
Acabar con todo resto de institucionalidad, el objetivo
final de las mafias.
El tema de la cooptación de las Cortes del sistema de
justicia en Guatemala no es objeto de gran atención por parte de la ciudadanía
de ese país. De hecho, en estos meses, cuando la población se encuentra
sumergida en el mundo surrealista de una amenaza viral de dimensiones
planetarias con la perspectiva de perder el empleo, ver reducidos sus ingresos
y temerosa del contagio, pocos son los temas que alcanzan a penetrar en su
pensamiento y adquirir cierta preponderancia.
Por ello, lo que se negocia actualmente en el Congreso de
Guatemala con relación a la elección de las Cortes y los intentos de cooptar,
neutralizar y finalmente eliminar a la Corte de Constitucionalidad -cuyo
desempeño aún se mantiene dentro de los parámetros del orden legal- son hechos
que fácilmente escapan a la atención de la ciudadanía, lo cual aun siendo
comprensible es altamente peligroso.
Guatemala ha sufrido una violencia extrema –física y
psicológica- de larga duración; el conflicto armado marcó con sello indeleble a
más de una generación y creó una atmósfera espesa de miedo y desconfianza cuya
presencia incide, aún después de tantos años de intentos de democracia, en la
actitud apática y poco proclive a la participación política dentro de la
sociedad civil. Los abusos de poder y los vínculos entre los cárteles del
narcotráfico y las esferas empresariales, políticas y castrenses, han dado como
resultado la consolidación de las mafias en las instituciones del Estado, con
especial énfasis en el aparato de justicia, del cual dependen las garantías de
impunidad para quienes cometen toda clase de delitos bajo la salvaguarda del
poder.
Una de las razones por las cuales existe esa apatía en
relación con el desempeño de las instituciones del Estado es, precisamente, el
absurdamente elevado índice de impunidad en el sistema de administración de
justicia, en donde quienes se animan a denunciar delitos en su contra suelen
ser objeto de represalias y de pérdidas económicas producto de un desempeño
pobre del aparato de justicia. Este ha sido históricamente marcado por el
soborno, las presiones desde centros de poder y de las mafias en la elección de
jueces y magistrados. Ante este escenario, la población está indefensa y sobre
todo impotente frente a un aparato poderoso cuyos entresijos le resultan
incomprensibles. Una de las causas de esta falta de comprensión respecto de uno
de los pilares del sistema democrático ha sido el bloqueo sistemático de los
grupos de poder hacia la educación de calidad –una de las herramientas
fundamentales para el empoderamiento ciudadano- y las restricciones al derecho
de acceso a la información.
Estas limitaciones a la formación ciudadana y a la
información han sido cruciales para mantener a la población ajena a las
maniobras de sus legisladores quienes, además, han sido electos de acuerdo con
una ley diseñada ad hoc para impedir la participación plena de la ciudadanía y,
por lo tanto, aun cuando su presencia en la asamblea sea legal, en el fondo es
ilegítima.
Todo esto se traduce en una dinámica de círculos concéntricos
por medio de la cual los grupos cuyos nexos y acuerdos han logrado capturar
todos los hilos del poder, pretenden consolidar el secuestro total de las más
importantes instituciones del Estado y así neutralizar, de modo definitivo,
todo intento de reforzar la incipiente democracia actual. Por si faltaba algún
detalle en este cuadro escabroso sobre la elección de las Cortes, es importante
añadir que algunos de los personajes más influyentes en ese proceso se
encuentran actualmente guardando prisión preventiva por gravísimos actos de
corrupción.
La cooptación del sistema de justicia es el primer paso
hacia la dictadura.
elquintopatio@gmail.com
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