Por Eduardo Contreras:
En Chile todos estamos conmovidos por el horroroso crimen de
Ámbar Cornejo, la dulce muchacha asesinada y destrozada por un psicópata
depravado que, a pesar que era el asesino de una anterior pareja y de su hijo,
deambulaba libre por el país porque había sido favorecido por una resolución
judicial que le otorgó la libertad anticipada antes de cumplir su condena. Lo
cual es legal y es un tribunal el que debe decidir si es procedente el
beneficio.
La justa indignación generalizada es tanto por el horror del
crimen como por la decisión judicial y también por la disposición jurídica que
autoriza ese procedimiento empleado para el término anticipado de su anterior
condena.
Pero lo que resulta inaceptable es que los personeros de la
derecha, incluidos altos funcionarios de gobierno y algunos de sus
parlamentarios y además la prensa derechista que es abrumadoramente
mayoritaria, más no pocos representantes del “centro”, que hoy rasgan
vestiduras por este abominable delito, en cambio guarden silencio respecto de
que por estos mismos tiempos y desde hace ya varios años, hayan sido liberados
criminales mucho peores como fueron los de la dictadura chilena que encabezó el
genocida Pinochet.
El paso del tiempo, o la edad de los salvajes asesinos de
verde uniforme, no puede ser pretexto para que callemos tan aberrante
situación. Jamás debemos olvidar, por ejemplo, que los uniformados de Pinochet
– militares o carabineros - quemaron vivos a Rodrigo Rojas de Negri, y Carmen
Quintana, que degollaron a sangre fría a Guerrero, Parada y Nattino, que, a
decenas de sus miles de prisioneros, como el caso de Víctor Díaz, les
torturaron salvajemente durante varios meses para luego asfixiarlo y lanzar su
cadáver al mar desde un avión. Método este último que utilizaron lanzando al
mar a muchos prisioneros, muertos o vivos, atados a rieles para que se fueran
al fondo y no aparecieran.
Son muchos miles los ejecutados políticos, los detenidos
desaparecidos, los torturados, los prisioneros por largo tiempo en campos de
concentración…Entre las terribles torturas aplicadas a sus prisioneros, los
uniformados usaron la violación sexual de mujeres y hombres. Lo hacían los
propios torturadores o usaban perros que violaban, o introducían por la vagina
o el ano de sus víctimas palos de escoba o trozos de madera; en las mayorías de
los casos destrozando otros órganos de sus prisioneros.
Y bien, pasaron los años y ninguna sanción a estos
monstruosos crímenes. Arreglines políticos, pactos con el dictador,
caracterizaron eso que se llamó la transición a una democracia que todavía no
termina de ser plenamente real.
Es más, si no hubiese sido por la querella del Partido
Comunista de Chile que un 12 de enero de 1998 presentamos un grupo de abogados
a cuyo frente estuvo nuestra histórica dirigente Gladys Marín, jamás hubiera
existido ni siquiera la precaria justicia que ha existido y Pinochet no habría
sido desaforado de su cargo de senador, un privilegio conque le premiaron los
cobardes de ese acuerdo. Y nunca hubiera sido procesado, como lo fue.
Llega la hora de hablar claro a propósito del cobarde
asesinato de Ámbar. Porque en nuestro país ha habido casos mucho peores, pero
que se callan. Veamos sólo algunos ejemplos. Fue un 20 de agosto de 2005 que el
entonces presidente Ricardo Lagos dijo que el indulto que favoreció al
suboficial (r) del Ejército Manuel Contreras Donaire, uno de los condenados por
el asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, era una "señal
potente para dejar las cosas en el pasado". Agregó que le concedió este
beneficio porque le pareció "indispensable" ya que el autor del
crimen “cumplía órdenes”. Y, sin más, el criminal quedó en libertad condicional
con firma en el Patronato Nacional de Reos.
Y fue Sebastián Piñera, experto en esto de tribunales, quien
concedió indulto al coronel de ejército René Cardemil, prisionero en Punta
Peuco por el asesinato de 6 personas en octubre de 1973 en el túnel Lo Prado.
Beneficio que no alcanzó a usar el delincuente puesto que falleció mientras se
tramitaba administrativamente lo resuelto por el mandatario.
Piñera insiste y en mayo del presente año anunció que
otorgaba indulto presidencial por razones humanitarias al ex agente de la
Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), Demóstenes Cárdenas Saavedra, de 65
años, lo que generó el inmediato rechazo de organizaciones de Derechos Humanos.
El funcionario de la Fuerza Aérea está condenado a 10 años y un día de cárcel
por el secuestro calificado del militante comunista Stalin Aguilera Peñaloza, y
mantiene pendientes otras tres condenas relativas a la llamada “Operación
Colombo”. Un operativo montado por la DINA entre 1974 y 1975 para encubrir la
desaparición de más de 100 detractores de la dictadura de Augusto Pinochet. Y
fue recién en julio del presente año que el ministro de Justicia, Hernán
Larraín, por encargo de Piñera, firmó dos indultos para beneficiar a presos del
penal Punta Peuco, condenados por violaciones a los derechos humanos. Se trata
de Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzmán, quienes ya estarían en sus casas.
Tampoco cabe olvidar ejemplos de decisiones judiciales
graves. Como aquel fallo dividido de la Corte Suprema de fines del 2016 en que,
con el voto en contra de los ministros Haroldo Brito y Jorge Dahm, la Suprema
otorgó libertad condicional al funcionario de Carabineros Claudio Salazar
Fuentes, condenado a cadena perpetua por el secuestro, asesinato y
degollamiento de José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en
1985. Según se logró establecer en el juicio, además, Salazar Fuentes fue quien
degolló personalmente a José Manuel Parada usando un corvo.
Lo impactante del fallo – que deja chico el caso de la juez
que dio beneficios al asesino de Ámbar – es que se afirma allí que Salazar está
preso ya desde 1992 y que por tanto la libertad condicional puede ser concedida
ya que“no se divisan fines posibles de resocialización que pudieran
efectivamente lograrse con una prolongación de la reclusión”. Agreguemos que por este mismo caso en 2015 se
le otorgó la libertad condicional a Alejandro Sáez Mardones y más tarde se liberó
a José Florentino Fuentes y Guillermo González Betancourt
Debe recordarse además que los gobiernos post dictadura se
cuidaron de levantar lujosas y cómodas instalaciones para que los asesinos
estuvieran cómodos en recintos que más que prisiones parecen hoteles de lujo.
Han prometido poner fin a esos privilegios. Por supuesto, ningún mandatario ha
cumplido. Y otro recuerdo viene al caso: los actuales ministros Hernan Larraín
y Víctor Pérez, fueron amigos de los nazis de la llamada “Colonia Dignidad”, en
especial de Paul Schaefer.¿No sabían estos personajes que a la misma hora de
sus almuerzos y cenas allí se torturaba y se asesinaba salvajemente? Por
cierto, eso además de todas las depravaciones, abusos y violaciones de menores.
Hay muchísimo más que evocar. Pero por ahora damos estos
pocos ejemplos para que, por supuesto que sin dejar de lado el caso de Ámbar
Cornejo y la condena a su asesino, nunca olvidemos que la historia reciente de
Chile conoce de miles de casos iguales y peores. Son crímenes de lesa
humanidad, impunidad de los culpables y responsabilidad de gobiernos que les
han amparado.
eduardocontreras2@gmail.com
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