AVANCE DISPAR DE LAS INVESTIGACIONES POR CRÍMENES DE LA
DICTADURA
Por:Mauricio Pérez:
La defensa de uniformados logró postergar la resolución de
dos indagatorias por crímenes de la dictadura; por otro lado, dos militares
fueron procesados por el homicidio de Julián Basilicio López.
La jueza Isaura Tortora ordenó el procesamiento con prisión
de los militares responsables del homicidio del militante comunista Julián Basilicio
López. Magdalena Gutiérrez
Los cuatro imputados por torturas en el Batallón Florida en
1972 debían declarar el miércoles 29 ante la Justicia en audiencia
ratificatoria. Se trata de una instancia relevante del anterior proceso penal:
sólo después de esta audiencia, el juez queda habilitado para resolver sobre la
responsabilidad de los imputados en un crimen. Pero eso no se concretó.
La defensa de Armando Méndez (director de Aduanas en el
gobierno de Luis Alberto Lacalle) presentó una acción de inconstitucionalidad
que paralizó la indagatoria. El recurso criticó la legalidad del artículo 9 de
la Ley de Humanización y Modernización del Sistema Carcelario –que regula la privación
de libertad en el viejo Código Penal– y fue acompañado por la defensa del resto
de los imputados: Carlos Legnani –comandante del Batallón Florida–, Sergio
Caubarrere y Alberto Grignoli.
El fiscal Ricardo Perciballe solicitó el procesamiento de
estos militares por los delitos de lesiones graves y de privación de libertad.
El fiscal consideró que fueron responsables de las torturas sistemáticas contra
detenidos políticos –en su mayoría militantes del MLN-T– tras la declaración
del estado de guerra interno que suspendió las garantías constitucionales y
otorgó a las Fuerzas Armadas poderes de represión interna (veáse «Ellos son»,
Brecha, 28-II-20).
La presentación del recurso retrasó una resolución que
parecía inminente. El expediente deberá pasar a estudio de la Suprema Corte de
Justicia, cuyo fallo puede demorarse varios meses. Sin embargo, el fiscal
Perciballe solicitará que sea rechazado in limine, o sea, de entrada, sin
demora. Según fuentes de Fiscalía, la aplicación del citado artículo es una facultad
del juez, no preceptiva, por lo que no puede ser cuestionada.
La presentación de recursos en cascada para dilatar lo más
posible la resolución de las causas por violaciones a los derechos humanos –y
evitar así la audiencia ratificatoria– es una de las estrategias utilizadas por
las defensas de los militares. Un caso emblemático es la investigación por las
torturas perpetradas en el Grupo de Artillería Número 2, de Trinidad; en esa
causa, la Fiscalía solicitó el procesamiento del coronel Mario Ramos y del
médico militar Nelson Fornos, pero a casi tres años de ese dictamen aún no
existe resolución.
La defensa presentó cuatro excepciones de
inconstitucionalidad contra tres leyes, todas rechazadas por la Suprema Corte.
Una dinámica que llevó a que el fiscal Perciballe solicitara la sanción
administrativa del abogado defensor (veáse «Paren un poco», Brecha, 3-I-20).
Tras el rechazo del último recurso, se fijó fecha para la audiencia
ratificatoria, de forma de cerrar la investigación, pero la defensa volvió a
presentar una inconstitucionalidad, la quinta, y la causa volvió a detenerse.
La Fiscalía volverá a pronunciarse en contra y argumentará que este recurso es
una burla a las víctimas y a la Justicia.
JUZGADOS
Pese a los avatares que sufren varias causas, otras
comienzan a resolverse. La jueza Isaura Tórtora dispuso el martes 28 el
procesamiento con prisión de los militares (r) Nelson Coitinho y Hugo
Garciacelay por el «homicidio muy especialmente agravado» del militante
comunista Julián Basilicio López en 1976.
López fue detenido el 31 de diciembre de 1975, en su casa en
Piedras Blancas, y trasladado al Batallón de Artillería Número 1. López fue
detenido por personal del OCOA, como parte de la Operación Morgan, la ofensiva
represiva desplegada en dictadura contra el Partido Comunista. Seis días
después se le informó a la familia que había muerto y que debían retirar el
cuerpo en el Hospital Militar.
La indagatoria oficial en dictadura concluyó que López
falleció a causa de un accidente –al caer por una escalera– o por un presunto
suicidio. Sin embargo, la investigación judicial desmintió esta versión. En la
audiencia, oficiales y subalternos declararon que el expediente de la justicia
militar fue una puesta en escena para justificar la muerte.
Los restos de López fueron exhumados en 2015 y analizados
por el Grupo de Antropología Forense. Esta pericia reveló inconsistencias en la
autopsia oficial realizada en 1976 y firmada por el médico José Mautone. En
tanto, una junta médica de la Cátedra de Medicina Legal estimó que López sufrió
una muerte violenta en un contexto de torturas. Tenía 66 años.
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