Por Verónica Zapata:
El día 28 de julio del 2019 se llevó a cabo una
multitudinaria y masiva marcha nacional en Bolivia para exigir que se realicen
las elecciones del 6 de septiembre, que fueron postergadas, por tercera vez,
para el 18 de octubre con la excusa de la pandemia, pese a que son numerosos
los países que han llevado a cabo en este contexto sus elecciones bajo medidas
de bioseguridad con éxito.
La movilización fue convocada a primera hora de la mañana en
el simbólico lugar de Senkata, La Paz donde el 19 de noviembre del 2019 ocurrió
una masacre, desde allí se marchó rumbo a la región de la Ceja, donde se llevó
a cabo un cabildo multitudinario. Esta masiva movilización marca el inicio de
una nueva etapa de lucha en el país, participaron todas las organizaciones
sociales de Bolivia a la cabeza de la central obrera boliviana (C.O.B.) y el
pacto de unidad de organizaciones indígenas y vecinales, a ellos se sumaron
miles de personas de a pie, no aglutinadas en una organización social o partido
político que demuestran el descontento de la sociedad en general frente a las
políticas y el accionar antidemocrático del gobierno de facto. Además, la
movilización se replicó en diferentes puntos del país.
En el cabildo la central obrera boliviana (C.O.B.) a la
cabeza de Juan Carlos Huarachi dio un plazo de 72 horas al Tribunal Supremo
Electoral (T.S.E.) para que se dé marcha atrás en la postergación de las
elecciones y se lleven a cabo el 6 de septiembre. De no ser escuchada esta
demanda, a partir del lunes 3 de agosto se iniciará una huelga general
indefinida con bloqueo nacional de caminos en los 9 departamentos de Bolivia.
Su discurso frente a una multitud consistió en expresar el sentir del pueblo:
“El problema en el país no es el Covid-19, el problema es este gobierno incapaz
que no ha brindado atención en el momento oportuno (…) politizan la pandemia y
juegan con la salud y la vida de las personas”.
Por otra parte, Huarachi rechazó las acusaciones del
gobierno de que las marchas implican contagio de Covid-19. Señaló que los responsables
de los contagios que hay en el país es de los gobernantes por no abastecer de
insumos de bioseguridad y respiradores a los hospitales”.
Por otro lado, Orlando Gutiérrez, secretario ejecutivo de la
federación sindical de trabajadores mineros sostuvo en una entrevista: “El día
de hoy están empezando a sonar los tambores de lucha y va a empezar a sonar el
clarín de la victoria de los movimientos sociales del país (…) Estamos en
contra de este gobierno tirano (…) esta marcha es una pequeña muestra de que
los trabajadores estamos más unidos que nunca en contra de estos gobernantes,
que son el peor error político de la historia de Bolivia. El pueblo va a
reclamar sus derechos por lo tanto el pueblo unido jamás será vencido”.
En relación a la postergación de la elección de parte del
T.S.E. exigió el respeto de las vías legales y rechazó que avasallen la
constitución: “Exigimos que respeten la constitución política de estado, el
camino legal de pasar por la asamblea legislativa que es quién debe promulgar una
ley para modificar otra ley, (respecto a la decisión unilateral del T.S.E. de
postergar elecciones) nosotros estamos en defensa del sistema democrático del
país”.
Bolivia es el país que más dictaduras ha tenido en la
región, también es un país vanguardia de resistencia con una experiencia de
lucha de más de 500 años con un triunfo histórico arrollador el 2005, que
inauguró un proceso revolucionario inédito a nivel mundial parido desde las
entrañas del continente de Abya Yala. El pueblo boliviano debe rescatar la
memoria larga de lucha ancestral y la memoria corta de las luchas por el gas y
por el agua que consagraron a Morales de presidente que trazaran el camino.
Gutiérrez al respecto rememoró la historia de Bolivia: “No existe dictadura
alguna que ha estado contra del pueblo que haya podido con el pueblo, la
historia nos va a cantar el movimiento de lucha”.
Las demandas del pueblo: democracia, salud, educación y
trabajo.
En defensa de la democracia: La principal demanda durante el
cabildo fue la exigencia de que se lleven a cabo las elecciones el 6 de
septiembre en el país para elegir un gobierno democrático y legítimo con el fin
de poder enfrentar la crisis política, social, económica y sanitaria que
atraviesa el país.
Estas sucesivas postergaciones de la fecha electoral
permiten que el gobierno de facto se siga auto prorrogando en el poder con el
fin de ganar tiempo y desplegar diversas estrategias que garanticen poder
quedarse indefinidamente en el gobierno. Entre ellas, vehiculizar la
proscripción del M.A.S. o planificar el gran fraude al estilo Honduras, dar un
autogolpe militar y si no pueden cerrar la asamblea legislativa como se ha
intentado en varias oportunidades, lo que se pretende es gobernar solo mediante
decretos y utilizar a esta de fachada “democrática” a una dictadura. Otra
alternativa es intentar vericuetos legales a fin de lograr una nueva
convocatoria para el proceso electoral, que implicaría una indefinición en el
tiempo y daría tiempo a la derecha para presentar una alianza que una a todo su
arco y lograr mejores condiciones.
El objetivo es consolidar un proyecto político neoliberal y
un estado terrorista, policial y militar a punta de pistola con represión,
persecución política y judicial (Lawfare), tortura, secuestros, encarcelamientos
ilegales hacia dirigentes, militantes y todo aquel que reclame sus derechos o
piense diferente.
También, promete niveles altos de violencia al estilo
colombiano con auto atentados, grupos paramilitares, creación de grupos
terroristas, falsos positivos, encarcelamientos selectivos de dirigentes,
incluso asesinatos, etc., para convulsionar el país y suspender las elecciones.
Este es el panorama que se avizora de acuerdo a los últimos sucesos en la
represa de Misicuni, Kara Kara y el trópico de Cochabamba.
Salud: Una demanda es que establezca un plan de contingencia
contra el Covid-19, que hasta la fecha no existe en la agenda del ministerio de
salud, lo que hay es una mera administración de contagios y muertes. La
situación es de extrema gravedad con cuerpos en las calles, hospitales
colapsados, falta de medicamentes, de médicos, equipos de bioseguridad, insumos
de salud, etc. Cada vez es más evidente de que el gobierno de facto ha
planificado un genocidio indígena dejando al pueblo sin atención médica frente
al Covid-19 para utilizar la crisis sanitaria a fin de evitar elecciones. Los
pacientes suplican atención médica en hospitales sin recibirla debido a que
están colapsados. Bolivia a más de cuatro meses del inicio de la cuarentena, el
22 de marzo pasado, aún espera los 500 respiradores prometidos por los
múltiples ministros de salud que han pasado por el gobierno de facto.
No hay medicinas, la población ha acudido al uso de yerbas
medicinales como el wira wira, el eucalipto, etc., y la medicina ancestral. En
este contexto el nivel de sadismo e ignorancia de parte de los golpistas es
fenomenal. Murillo, ministro de facto se ha burlado de quienes utilizan estas
alternativas: “Esa gente que cree cuentos y cree que el Covid-19 se cura con
hierbas medicinales, el wira wira y eso, esa gente es estúpida”. Por otro lado,
la dirección de medicina ancestral ha sido cerrada.
Educación: El sector docente exigió la renuncia de Víctor
Cárdenas, ministro de educación y la abrogación del decreto 4.260 sobre
educación virtual que encubre un plan de privatización y exclusión de la
educación de las comunidades indígenas rurales, la destrucción de la escuela
fiscal y rural. No hay norma que regule a los privados en todos los niveles
educativos donde los valores se han disparado.
Economía: Desde la implementación de la cuarentena se
conocieron tres casos de suicidios por hambre. Los bonos de ayuda que se han
entregado gracias a la presión del pueblo son una miseria y no alcanzan. Se
anunciaron créditos bancarios para emprendimientos con requisitos
inalcanzables. La recesión en el país ha empezado a sentirse hasta en las
familias de clase media alta que apoyaron el golpe, los despidos masivos y
rebajas salariales están a la orden del día, y nada indica que vaya a
reactivarse la economía, sino que se profundizara mucho más. El 24 de junio se
anunció el decreto 4.272 de reactivación de la economía, que no destina monto
alguno a las empresas estatales con el fin de quebrarlas para su posterior
privatización, poniendo en riesgo el fondo que garantiza el bono Juancito Pinto
de incentivo escolar.
Por otra parte, el decreto solo destinaría una mínima suma a
la creación de empleos temporales y no permanentes. El fantasma de la
devaluación y la hiperinflación está al acecho, el 22 de julio se conoció que
el ejecutivo desea flexibilizar el tipo de cambio del dólar que se mantiene
inamovible desde noviembre del 2011 en el país, logrando que el 92% de los
depósitos y créditos bancarios sean en bolivianos, fortaleciendo la moneda
nacional. La dolarización de la economía boliviana profundizaría al límite la
situación.
Mientras tanto el país se endeuda vía préstamos al F.M.I. a
un ritmo sin precedentes y esa plata desaparece sin llegar al pueblo vía
políticas sociales o inversión pública, esta última paralizada. Este mismo
destino tienen las numerosas donaciones que han llegado de parte de diferentes
países y organismos internacionales para la lucha contra el Covid-19.
Bolivia, único país que atraviesa la pandemia con una
dictadura.
Las imágenes de la multitudinaria movilización son
asombrosas, dado que es difícil de asimilar para otros pueblos de otros países,
que en plena pandemia un país se convoque en su totalidad y se movilice tan
organizadamente, respetando las normas de bioseguridad, barbijos,
distanciamiento social, utilización de alcohol en gel, etc., incluso se contó
con la presencia de personal específico para cuidar que se respeten estas
medias de bioseguridad. Aquí los contextos y móviles de lucha son opuesto y
diferentes a los de las marchas anti cuarentenas dirigidas por sectores de
derecha en EU, Argentina, Brasil, etc.
La explicación reside
en que, en Bolivia a diferencia de los demás países, es el único país que
atraviesa la pandemia con un golpe de estado que llegó al poder a través de la
violencia con un saldo de tres masacres. Ello implica que en vez de que el
gobierno ayude y proteja a su población, lo que se sucede es lo contrario, se
abandona al pueblo a la deriva, el estado está ausente y/o simplemente no le
interesa la vida del otro, menos del que conceptualiza como opositor, masista o
indígena.
Por si fuera poco, lo
macabro es que es el mismo gobierno de facto quién debería cuidar a su
población, el que mediante un plan sistemático fomenta y manipula los contagios
a fin de profundizar el colapso sanitario para poder seguir postergando las
elecciones. La primera fecha de elecciones estaba programada para el 3 de mayo,
luego se pospuso para el 6 de septiembre debido que Eidy Roca, la ministra de
salud sostuvo que se esperaba un pico de 130 mil contagios para esa fecha.
Apenas se conoció la nueva fecha electoral del 18 de octubre, la misma ministra
informó que en La Paz, Cochabamba a y Chuquisaca el pico llegará en octubre.
Cada vez que se establece una fecha electoral en simultáneo se hace pública una
proyección de contagios por Covid-19 con picos que casualmente coinciden con la
fecha electoral. Por otro lado, la agencia boliviana (A.B.I.) y el periódico
Bolivia, que administra el gobierno boliviano, publicó en una nota que “Bolivia
llegará a los picos máximos en septiembre, octubre y Noviembre”.
periodista y psicóloga boliviana.
zapataveronica513@gmail.com
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