Los fondos, cada vez más buitres, siguen exigiendo más
El gobierno de Fernández se estiró al máximo y ofreció 53,5
centavos por dólar. Los tres grupos de bonistas acreedores, insaciables,
exigieron 56,3. Parece poco, pero es mucho.
El 6 de julio el gobierno argentino formalizó ante la SEC
estadounidense su cuarta oferta de pago a los fondos acreedores de la deuda
externa por 64.800 millones de dólares.
El 22 de abril, cuando formalizó la primera propuesta, se
mostraba dispuesto a pagar 38 centavos de dólar, que fueron en aumento en mayo
y otro tanto en junio. En ese cuarto intento Martín Guzmán -siguiendo órdenes
de Alberto Fernández – llegó a ofrecerles 53,5 centavos.
Como en las oportunidades anteriores, sabiendo de las
mayores exigencias de la contraparte liderada por BlackRock, el gobierno
reiteró que era la “última oferta”. Los acreedores debían entender que más no
podía pagarles pues se pondría en riesgo la sustentabilidad de la deuda y la
seguridad de los pagos.
Como esas advertencias se dieron en abril -en rigor antes -,
es difícil creer que esta cuarta propuesta sea la definitiva. Debería serlo
porque los 53,5 por dólar ya era una gravísima hipoteca que pesará sobre
generaciones de argentinos. ¿Será la última?
Con esos antecedentes de retrocesos, queda un margen de duda
para determinar si esta oferta será o no la última. En su diálogo virtual con
los representantes del capital financiero internacional agrupados en el Consejo
de las Américas, Fernández les dijo el martes 21: “Pueden acusarnos de muchas
cosas, pero no de no haber sostenido el diálogo y de no haber hecho un esfuerzo
enorme para encontrar una solución. Y no tengan ninguna duda de que haremos
todo el esfuerzo que podamos, pero créanme también que esto es lo que podemos,
no podemos más que esto, no es un capricho, es sensatez”.
Su expresión de que “no tengan dudas de que haremos todo el
esfuerzo que podamos” podría interpretarse de dos maneras: que cumplirá con su
propuesta de pago de 53,5 centavos, o que podría estirarse a pagar algún dólar
más. En el curso de agosto, quizás antes del 4, habría un resultado final de la
negociación que hoy no pinta como halagüeña.
Para atrás
Las cuatro ofertas sucesivas del gobierno fueron aumentando
los millones de dólares a pagar en esta reestructuración de la deuda. Entre el
22 de abril y el 6 de julio lo propuesto por Fernández-Guzmán supuso un
beneficio extra a los acreedores de entre 13.800 y 15.000 millones de dólares
extras.
Pese a la enormidad de esas sumas, sólo pudo seducir a un
par de acreedores como Fintech y Gramercy que participaban de uno de los tres
grupos conformados, el ACC (Argentina Creditor Committee).
Los otros dos fondos, Ad Hoc Group (BlackRock) y Exchange
Bondholders Group (Monarch), venían reclamando más y más. Habían rechazado las
ofertas argentinas de abril, mayo y junio, y reiteraron su oposición a la
formulada el 6 de julio. La negativa de estos usureros primermundistas fue
fundamentada por partida triple: querían 56 centavos de dólar, como mínimo;
reclamaban condiciones contractuales más favorables para demandar a Argentina y
embargar bienes en casos de incumplimiento, y acusaron a Guzmán (y por
elevación al presidente) de no haber negociado de buena fe durante estos meses.
Las exigencias de los fondos, cada vez más buitres, fueron
difundidas y defendidas por los amigos argentinos del capital concentrado, la
derecha política y los medios monopólicos de incomunicación.
El 20 de julio los tres fondos de acreedores difundieron por
todos esos canales amigos su respuesta negativa a la última oferta
gubernamental. El agravante fue que el ACC, que en principio había manifestado
su acuerdo con lo propuesto por Guzmán, también suscribió ese rechazo. Fintech
y Gramercy, los más amigables, quedaron en minoría y abandonaron ACC, que
orgánicamente se alineó con los otros dos más intransigentes y liderados por
BlackRock.
De ese comunicado tripartito lo más preocupante para
Fernández y Guzmán es que, además de reiterar sus demandas máximas disfrazadas
de mínimas, es que les mostró sus músculos al aclarar que ellos tres tienen el
30 por ciento de los bonos que se están negociando. Con eso le dijeron al
gobierno que su cuarta oferta no podrá lograr el 66 ni el 85 por ciento de
aceptación de los acreedores (según corresponda a unos y otros títulos) como
para poder obligar a todos los bonistas a aceptar la propuesta del Estado
argentino.
Primero, auditoría
Cada una de las partes embellece su programa.
Según el gobierno argentino su propuesta de pago es muy
exigente, pero resultaría compatible con pagar y volver a crecer, algo muy
dudoso.
Por el lado de los fondos, aseguran que cobrarían 56,3
centavos, pero de todos modos el país pagaría 35.000 millones de dólares menos.
Guzmán en cambio advirtió que “aceptar lo que ellos piden significa más
desempleo, tener que, por ejemplo, ajustar jubilaciones”.
Todos esos números son ominosos por los graves sacrificios
que implicarán para los argentines. Los 64.800 de dólares que se vienen
negociando (más intereses devengados, 66.000 millones), implicarían en la
oferta de Guzmán abonar 91.700 millones de dólares por capital e intereses
hasta el año 2041. Los bonistas exigen 7.000 millones de dólares más que ese
planteo gubernamental, o sea casi 99.000 millones.
Estos buitres alegan, mentirosos, que entre esos 99.000
millones que quieren cobrar y la deuda actual que se renegocia, 64.800
millones, ellos estarían “beneficiando” a Argentina en 35.000 millones de
dólares menos. A esta falacia la difunden como verdad mediante Clarinete y
Desinfobae.
Pagar hasta 2041 los 91.700 millones que ofertaron Fernández
y Guzmán, o abonar en ese lapso 98.700 millones como quieren BlackRock, Monarch
y demás buitres, no es lo mismo pero muy parecido. Del fondo del mar, 8.000
metros, quedaríamos mil metros más arriba, pero lejos de la superficie.
Ahogados.
Y lo peor es que se acepta pagar este tramo (falta la deuda
en dólares de tenedores locales, el fugado crédito macrista con el FMI, la
deuda con el Club de París, etc) sin haber hecho una auditoría previa, para
discernir qué es legal y qué no lo es.
Pagar a ciegas una factura en gran parte ilegítima es un
acto de grave irresponsabilidad política. Lejos de desendeudamiento, esto
implicará mayor deuda y pagos, con el agravante de reanudar esos giros en 2021
cuando la economía vaciada por Mauricio Macri y luego afectada por el COVID-19
(el PBI caería este año 12,5 por ciento) estará, en el mejor de los casos, como
un débil enfermo en sala de terapia intermedia.
Fernández persiste en ese grave error. Y peor aún, busca
aliados dentro del país, como los monopolios del G-6. Y en EE UU, a la
administración Trump, el FMI, el Council of America, Chevron, General Motors,
Pfizer y las mineras. ¡A buen monte vas por leña!
ortizserg@gmail.com
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