Desde hace más de 7 años la vida de Assange es un infierno.
Aislado en la embajada de Ecuador en Londres y luego en una cárcel británica.
¿Delito? Dar información verdadera.
Julián Assange tiene 48 años y se hizo conocido en 2010 por
su sitio WikiLeaks, cuando publicó 750.000 cables secretos norteamericanos
develando crímenes en Irak y Afganistán, incluyendo videos donde se asesinaba a
civiles.
El australiano se convirtió así en el enemigo público número
1 de EEUU, por encima de Saddam Hussein que ya había sido asesinado en Irak, y
de Bashar Al Assad que recién en 2011 llegaría a ese podio con el inicio de la
guerra para derrocarlo en Siria.
La gran diferencia es que Assange no tenía gobierno,
recursos ni misiles. Sí un arma formidable, WikiLeaks, para develar esas
miserias del imperialismo global. Este hablaba de democracia y derechos
humanos, pero bombardeaba pueblos, saqueaba recursos y secuestraba y torturaba
en prisiones ilegales manejadas por la CIA, en países aliados como Arabia
Saudita, amén de Guantánamo, robada a Cuba.
Las pesquisas de las 16 agencias de seguridad
estadounidenses, todas en la órbita del Pentágono, llegaron a la conclusión de
que Assange había tenido la colaboración de una analista militar, Chelsea
Manning (ex Bradley). La detuvieron y condenaron en 2013 a 35 años de prisión,
de los cuales cumplió 7 hasta ser indultada por Barack Obama en su tramo final
de la Casa Blanca.
Chelsea se mantuvo leal a Assange y se negó a testimoniar en
su contra. Toda una lección de humanidad y valentía de este ex hombre, devenido
en mujer.
En ese momento, EEUU le abrió un primer cargo a Assange:
conspiración para cometer acto criminal. Aunque sonara muy fuerte, por lo de
criminal, tenía una pena de 5 años. Era parte de la táctica: entrégate que no
la vas a pasar muy mal, con buena conducta en 3 años te vas. También perseguía
engañar a los países donde se asilara el australiano: mándenlo a Virginia, que
los cargos no son tan graves.
En el medio el de WikiLeaks tuvo dos acusaciones de mujeres
en Suecia. Una de las denunciantes, de 30 años, lo acusó «de haber mantenido
relaciones sexuales mientras ella dormía y sin preservativo, a pesar de que
ella había rechazado cualquier relación sin protección». ¿Raro no? Si a cierta
edad no es tan fácil tener relación entre dos personas despiertas, más
complicado lo es cuando una de las dos está dormida…
Esta causa en Suecia, abierta en 2010, fue cerrada por la
fiscalía en 2017, ante la imposibilidad de conseguir pruebas. Reabierta en mayo
de 2019, esta semana la fiscal general adjunta sueca, Eva-Marie Persson,
informó que cerró la investigación contra Assange. Detalló que la investigación
adicional realizada desde mayo «demostró que las evidencias utilizadas en el
caso no eran lo suficientemente convincentes». Una buena para Julián.
Esas denuncias en Suecia dieron lugar en 2010 a un pedido de
extradición al Reino Unido, donde Assange residía. Lo detuvieron brevemente y
lo dejaron en libertad al aguardo de una resolución sobre la extradición. Ante
el temor de ser enviado a Suecia, como estación de paso hacia EEUU, donde las
acusaciones serían gravísimas en su contra, incluso con la posibilidad de ser
condenado a muerte, Assange se refugió en la embajada de Ecuador en Londres.
Era el 19 de junio de 2012.
Todo en contra.
Su ingreso allí fue autorizado por Rafael Correa, quien
luego le extendió un salvoconducto para que pudiera viajar a Quito. El gobierno
inglés no le permitió salir y estuvo 2.488 días (casi 7 años) viviendo en 20
metros cuadrados, con sus movimientos acotados. Mientras en EEUU se preparaban
más y graves acusaciones en su contra, el asilado no podía armar su defensa
porque la CIA lo espiaba con cámaras y grababa todo lo que hacían y decían él y
sus abogados en su albergue.
Esa embajada se convirtió en cárcel cuando Correa fue
reemplazado por «Kautsky» Moreno, quien -coherente con su traición a su mentor
y a su pueblo- la completó contra Assange. Luego de recibir en Quito a Mike
Pence y luego a Mike Pompeo, le quitó el asilo y permitió que el 11 de abril de
2019 la policía británica lo llevara detenido.
En mayo pasado la justicia inglesa dictaminó que debía estar
preso 50 semanas mientras se resolvía sobre la extradición solicitada por EEUU.
Y lo recluyó en la prisión casi de máxima seguridad de Belmarsh, en el sudeste
de Londres, construida para alojar terroristas luego de los atentados de 2001.
Si lo mandan a Virginia lo estarán condenando a morir porque
el 23 de mayo pasado allí le sumaron otros 17 cargos, que junto con el original
tienen una pena potencial de 175 años de cárcel.
Por eso el relator especial de las Naciones Unidas sobre la
tortura, Nils Melzer, declaró en octubre que el fundador de WikiLeaks había
sido sometido «a la tortura psicológica y violaciones sistemáticas de su
derecho al debido proceso por parte de los Estados involucrados». Ya en junio
pasado había dictaminado igual sobre la situación vejatoria del detenido. Su
nota periodística fue enviada a los principales diarios de Europa y EE UU, y
sus respectivos gobiernos, pero ninguno se hizo eco. Eso se llama censura.
El juicio sobre extradición será en febrero de 2020 de modo
que el australiano seguirá recluido las 23 horas en una celda de 4 metros,
aislado, con la sola visita de un abogado, deprimido, enfermo, pesando 9 kilos
menos y sometido a fuerte presión psicológica.
Entre el asilo en la embajada y su prisión actual, lleva 7
años, cinco meses y dos días privado de su libertad. Y su perspectiva es
sombría, pues hasta febrero estará recluido en Belmarsh. Después se abren dos
perspectivas: ser extraditado a Alexandria, en el estado asiento de la CIA
(Virginia), o la libertad.
Esto interpela a los comunicadores, que en forma amplia y
universal deberíamos reclamar por la vida y libertad de Assange. Su único
«delito» fue desnudar los procedimientos criminales y secretos del imperio.
No hay que esperar nada de la Sociedad Interamericana de
Prensa (SIP). En su 75° Asamblea de Coral Gables, Florida, del 4 a 7 de octubre
pasado, defendió al periodista de Clarín, Daniel Santoro, que sería cómplice de
la red extorsiva de Marcelo D’Alessio. La SIP está obsesionada con Cuba y
denunció los supuestos crímenes castristas: «a Sandra Haces, Henry Constantin,
Yunier Gutiérrez y Ariel Maceo, se les prohibió el acceso a zonas donde se
desarrollan eventos noticiosos. Fuentes de información y algunos lectores de
Ricardo Fernández Izaguirre y Constantín han sido hostigados. A Inalkis
Rodríguez Lora, Yoe Suárez y Constantín se les han practicado revisiones
exhaustivas de equipaje en aeropuertos». Uy, ¡qué barbaridades!
En cambio, a Donald Trump no le votaron ninguna resolución
crítica específica reclamando por Julián Assange.
ortizserg@gmail.com
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