Por Eduardo Contreras:
El justo clamor nacional para que el inepto mandatario deje
la Presidencia de la República de Chile crece día a día y el reciente y
lapidario Informe de Amnistía Internacional respalda y justifica ampliamente
ese clamor. Consta allí el enorme saldo de asesinados, torturados, prisioneros,
resultado de la represión ordenada por el empresario. Si a ello sumamos la
ausencia total de respuestas serias a las justas demandas del pueblo se explica
sobradamente la justeza del reclamo nacional.
Piñera debe irse, ahora ya, y luego deberá aplicarse los
mecanismos previstos respecto de su reemplazo y, finalmente, convocarse a
nuevas elecciones presidenciales.
En rigor la crisis chilena es extremadamente seria e importa
una derrota no sólo para el gobierno sino para todas las fuerzas políticas
reaccionarias del país. Así lo demuestra el acelerado rechazo nacional a un
espurio acuerdo de los partidos más derechistas con otros de centro derecha y
más de algún despistado “progresista” que, reunidos el 15 de noviembre en el
Parlamento, lograron un “acuerdo de cambio constitucional” para, supuestamente,
superar la crisis.
Los grandes titulares y la foto a colores a todo lo ancho de
la portada de El Mercurio del 16 de noviembre anunciando el acuerdo de
madrugada logrado por la centroderecha en relación al tema constitucional
bastaban para que cualesquier chilena o chileno pudiera darse cuenta de qué se
trataba en realidad y a quién favorecía el dichoso acuerdo. El diario de los
Edwards y otros de su calaña no se equivocan cuando están en juego sus intereses
de clase. Y el acuerdo constitucional de los sectores reaccionarios era de todo
gusto de la burguesía que ese periódico representa
Por cierto, lo que decimos no puede entenderse en absoluto
como que se sugiere la no participación en el debate que se dará
institucionalmente y en la calle. Todo lo contrario, se trata de participar con
fuerza para aclarar las cosas y darle su sentido político correcto en favor del
pueblo trabajador, como ha señalado el Partido Comunista de Chile. Pero de lo
que se trata es de evitar que se traicione el clamor popular expresado en las
calles del país durante más de un mes en una movilización sin precedentes y
que, entre otros efectos, precipitó ese acuerdo político parlamentario de los
propios sectores que son precisamente los que no interpretan con justeza dicho
clamor popular.
El asunto entonces ahora es darle su real sentido a ese
debate de modo que no se deje de lado las exigencias del pueblo y, al
contrario, atenderlas debidamente.
No olvidar jamás que fue precisamente la exigencia de las
masas en la calle, de trabajadores, estudiantes, profesionales, pobladores,
campesinos, pueblos originarios, dueñas de casa, sindicatos, federaciones y
asociaciones, la que puso en el centro la cuestión de una nueva matriz
constitucional que abra paso a un nuevo modelo de sociedad, a una nueva construcción socio
económica que garantice los derechos de los trabajadores, que devuelva la
fuerza que la dictadura le robó al Estado de modo que éste pueda cumplir con
sus obligaciones en materia de Salud, Educación, Previsión Social, Trabajo,
Transporte público, Desarrollo económico, entre otras tareas propias que desde
1973 no ha podido ejercer.
Asunto esencial es no olvidar quiénes fueron los que
llegaron a ese acuerdo que tanto deleita al periódico El Mercurio. Y esos
fueron por una parte los representantes públicos del pinochetismo, militantes
hoy de UDI, RN y otros grupos; es decir los partidarios del sangriento golpe
del 73, los que apoyaron los crímenes de la DINA y la CNI, con miles de
detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados de modo brutal. Y fueron, por
otra parte, los representantes de aquellas fuerzas políticas centroderechistas
que transaron con el pinochetismo de modo de no tocar la Constitución del 80 y
de mantener fielmente el mismo modelo económico social instaurado a sangre y
fuego tras el 11 de septiembre de 1973.
Es decir, aquellos partidos políticos que nombraron a
Pinochet “Senador Vitalicio” luego de traerlo libre tras su detención en
Londres salvándolo así de una segura condena judicial penal en España por el
juez Baltasar Garzón. Son los mismos entusiastas admiradores de la OEA y del
llamado “Grupo de Lima”. Es decir, todo a gusto del gobierno de los EEUU de
Norteamérica.
A esas fuerzas políticas de centro derecha - que son las
mismas que apoyaron el modelo impuesto en dictadura y legitimado en la así
llamada “transición” - se sumaron aquella noche del 15 de noviembre algunos
miembros del Frente Amplio que recibieron rápidamente el rechazo de sus pares.
Quede claro entonces que una cosa es el hecho trascendental
que puede provocar que, por primera vez en su Historia, Chile tenga una
Constitución de origen democrático y otra muy distinta es el contenido de la
propuesta de ese trasnoche, tanto en lo procedimental como en el fondo. Se
trata pues de una disputa política y social presente hoy con fuerza en el
escenario nacional. Y los que transaron hasta la madrugada de aquel día en el
Congreso no las tienen todas consigo; desde luego es un hecho público las
diversas contradicciones que afloraron poco después de firmar el papel y que
aumentan con el paso de los días.
Para muestra el botón de las recientes declaraciones del
senador Andrés Allamand acerca de la inamovilidad de los dos tercios para
aprobar todo de todo y la inviabilidad del traspaso a proyecto de ley de aquellas
materias en que no se alcance dicho porcentaje, como algunos de los conjurados
había creído entender. Quien fuera ministro de Defensa de triste recuerdo en el
primer gobierno de Piñera les ha dejado las cosas claras.
Así las cosas, resulta obviamente mucho más democrática la
Consulta ciudadana que un buen número de alcaldes comunales ha decidido
impulsar. Un hecho que puede marcar caminos.
Pero sea lo que fuere, han sido las multitudinarias
movilizaciones sociales las que han abierto en serio la posibilidad de un
camino a una nueva Carta Magna. El asunto es cómo garantizar que ese trayecto
sea realmente democrático.
De las respuestas y actitudes del gobierno ya todo mundo
está enterado. Un Piñera incapaz y confundido, inexistente en lo concreto. No
ha encontrado mejor respuesta que la brutal represión. Crece la cantidad de
asesinados y heridos por los uniformados, así como aquellos jóvenes y adultos
que han perdido sus ojos, los torturados, los prisioneros. Mientras los
ministros de gobierno siguen divagando con exceso, hasta el punto que por
ejemplo Mañalich, ministro de Salud y copropietario de clínicas privadas, acaba
de afirmar suelto de cuerpo que “.el sistema de salud pública de Chile es uno
de los mejores del mundo”
¿En qué mundo viven, a quién creen poder engañar si
precisamente los gravísimos problemas de Salud Pública son parte de la crisis?
En estricto rigor cuanto sucede deja al descubierto por una parte que la
situación que se vive en Chile es insoportable, insostenible y, por otra parte,
surgen claros síntomas de ausencia de gobernabilidad por parte del actual
gobierno. Lo cual además trae a la memoria la posibilidad que el infausto
“Acuerdo por la Paz” haya sido, como circuló entonces, el producto de la
presión ante una supuesta amenaza de golpe de Estado.
En cuanto al contenido concreto de una propuesta
constitucional seria, entre otras varias exigencias, desde luego ella debe
establecer el voto obligatorio para el plebiscito de entrada, para la elección
de una Asamblea Constituyente y para el plebiscito de salida. Debe suprimirse
la exigencia de los dos tercios y debe asegurarse la paridad de género respecto
de los constituyentes, así como los derechos y participación de los pueblos
originarios y de los chilenos y chilenas en el exterior.
En fin, dar seguridad plena del carácter democrático de un
proceso que cuente con la más amplia participación ciudadana y cuyo resultado
final sea una Ley Fundamental que ponga fin a la estructura neoliberal como se
ha llamado el funesto modelo de sociedad impuesto en 1973 a sangre y fuego por
la burguesía chilena y los institutos armados de la época con el apoyo de los
grandes medios de comunicación privados, todo ello bajo la conducción del
gobierno de la época de los EEUU de Norteamérica.
Una Nueva Constitución para Chile que nos ayude a recuperar
lo perdido y abra paso a un Estado que nos devuelva una Educación Pública
gratuita y de calidad, la Salud Pública, la Vivienda Social, la Previsión
Estatal y no el negocio de un pequeño grupo como son las AFP, Recuperación del
Agua, de los caminos, de los medios de locomoción pública, de las riquezas
naturales, el Cobre para Chile, el Litio para Chile, Soquimich del Estado. Lo
que tuvimos hasta el 73 y que nos robaron por la fuerza, más todo lo que la
época actual debe poner a disposición del conjunto de la sociedad y no sólo de
unos pocos.
De esto debe hablarse cuando se habla de una Nueva
Constitución y asumir que sólo de este modo habrá garantía de que los urgentes
problemas sociales de nuestro pueblo se solucionen de veras, no sólo con
medidas parciales, sino que vayamos de una vez al fondo del problema.
eduardocontreras2@gmail.com
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