En Guatemala se vivió un período extraordinario durante el
cual salieron a la luz, por primera vez y con evidencias contundentes, las
redes intocadas de corrupción e impunidad entre los sectores político y
empresarial. Las escandalosas revelaciones de negocios ilícitos desde las
organizaciones del sector privado y funcionarios públicos –algunas de las
cuales se sospechaban desde mucho antes- abrieron un boquete en el sistema
blindado construido por quienes poseen la riqueza y quienes operan los poderes
del Estado. Este tsunami de denuncias, la mayoría de las cuales desembocaron en
procesos judiciales y cárcel para un número inaudito de intocables, despertó la
conciencia de la ciudadanía y sacudió una modorra de siglos.
Las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, Cicig, en conjunto con el
Ministerio Público, recibidas con expectación y esperanza por un pueblo
agobiado por la pobreza, la injusticia y los abusos desde los círculos de poder
fueron, sin embargo, el detonante que puso en marcha todos los recursos de las
mafias. Estas, conscientes de la amenaza
que significaba la permanencia de la Comisión, utilizaron hábiles estrategias
para dividir a la opinión pública debilitando así cualquier intento de movimiento
popular capaz de poner en peligro sus planes. De este modo y de manera
irregular, violando acuerdos internacionales, pusieron fin a la misión de la
Cicig consolidando así su reino de la total impunidad.
Lo que espera a Guatemala a partir de la elección de un
equipo de gobierno cuyo perfil revela el continuismo del sistema, es el
acelerado empoderamiento de un sector económico enfocado en la explotación
máxima de su influencia sobre las políticas públicas y la protección de sus
redes en todos los estamentos del Estado, incluyendo por supuesto al sector
justicia. Para el pueblo de Guatemala la salida de la Cicig –forzada por el
gobierno más corrupto y descaradamente destructivo de los últimos tiempos- será
un regreso a los períodos oscuros de los regímenes autoritarios, con la pérdida
de libertades y derechos ciudadanos como primera medida de las nuevas
autoridades.
Si la presencia de la Cicig fue dolorosa para las
organizaciones criminales enquistadas en la institucionalidad, su ausencia
constituye la amenaza de un huracán categoría 5 para la precaria sostenibilidad
de los entes en donde se apoya el débil sistema democrático y la vida social,
económica y política de ese país centroamericano. A ello es preciso añadir la
amenaza implícita en el absurdo acuerdo de declarar “tercer país seguro” al más
inseguro, peligroso y empobrecido de la región y convertirlo en centro de
concentración para migrantes pobres, desesperados y perseguidos, cuyas mínimas
perspectivas de conseguir la visa de ingreso a Estados Unidos auguran una
estancia prolongada.
La contradicción entre los intereses de grupo y los de todo
un país quedan en evidencia al observar cómo las huestes defensoras del sistema
de privilegios y saqueo de los recursos nacionales han reaccionado ante el
cierre de operaciones de la Comisión, pero especialmente ante el fin de la
misión del Comisionado Iván Velásquez, quien representó para esas estructuras
el mayor de los peligros. Sin embargo, lo hecho, hecho está; y será muy difícil
hacerse el desentendido ante un panorama que, gracias a profundas y bien
desarrolladas investigaciones, denuncias y procesos, es ya parte de la historia
política y jurídica de Guatemala.
elquintopatio@gmail.com
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