Por Carolina Vásquez Araya:
Contrabando de drogas, eliminación de opositores, crímenes y
mentiras a granel...
El Estado de Guatemala está tomado por los cárteles de la
droga y por un ejército que ha traicionado la naturaleza de su misión,
claramente descrita en la Constitución como “…una institución destinada a
mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad
del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior” (CPR). Dedicado durante más de 65 años a fortalecer
su poder haciendo el trabajo sucio de los sectores de mayor influencia económica
y política, ha logrado entronizarse sólidamente tras el sillón presidencial
buscando no solo la cobertura de la impunidad, también la libertad y los medios
para depredar al país en las actividades ilícitas más diversas.
Dueños de una buena –e inexplicable- porción del presupuesto
de la nación gracias a su presión sobre los gobernantes de turno, los
integrantes de la alta cúpula militar mantienen a la tropa con salarios de
miseria y sufriendo la carga de su trabajo en condiciones infrahumanas.
Expuestos estos frente a los cárteles de la droga y las organizaciones
criminales de tráfico y trata de personas, cuyos nexos con altas autoridades
les permiten premunirse de un equipo bélico infinitamente superior al de los
soldados que a ellos se enfrentan, estos efectivos se cuentan también entre las
víctimas de la codicia de una institución cuyos objetivos se han divorciado de
manera radical de su misión original.
Por estas razones es comprensible, entonces, la debilidad
endémica de la oposición política cuyas filas han sido sistemáticamente
golpeadas por la represión y la persecución en todos los ámbitos. Amparados por
un Estado débil, corrupto y vulnerable a las presiones externas, miembros de la
alta oficialidad del ejército han aparecido con una frecuencia pavorosa como
protagonistas en secuestros, desapariciones, organizaciones de robo y tráfico
ilegal de vehículos, asesinatos de líderes políticos y comunitarios, genocidio,
contrabando de piezas arqueológicas, invasión de territorios con expulsión de
las comunidades que los ocupaban y un sinnúmero de otros delitos.
Por lo tanto, pretender aparecer como héroes ante una
ciudadanía consciente de la verdadera naturaleza de sus operaciones no solo es
indignante, también es una burla ante el dolor de quienes han perdido a sus
seres queridos por la violencia de la represión, sin tener el consuelo de
darles una digna sepultura. El proceso experimentado por Guatemala desde el
regreso a la democracia ha tenido indefectiblemente esa sombra negra del poder
castrense sobre todas sus instituciones. Esta ha sido una forma de continuum de
una dictadura solapada y nefasta, cuyos efectos en la psiquis de la ciudadanía
se percibe en su temor a manifestarse, a opinar, a actuar de manera decidida y
abierta contra los desmanes de sus autoridades. Más aún, su actitud pasiva
frente a la participación política, se ha transformado en un factor capaz de
abortar cualquier iniciativa de recuperación de la institucionalidad y la
corrección política, de la justicia y el estado de Derecho.
El escenario solo deja una salida y es un nuevo despertar de
la juventud, un renacer de la conciencia política y una mirada crítica a un
sistema colapsado por los delitos y la complicidad de sus representantes en las
Cortes, en el congreso y en todas las instituciones de cuyo desempeño depende el
cumplimiento del orden constitucional, un ejercicio indispensable para salir de
la ruta actual de pérdida de derechos civiles y libertades ciudadanas. La
Constitución es, en la actualidad, letra muerta en un país que regresa a las
épocas más oscuras de su historia. Una medida recomendable es leerla.
elquintopatio@gmail.com
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