En Argentina, cada 22 horas la policía asesina a un pibe o
una piba que, indefectiblemente, es parte de la clase más humilde. Por eso,
desde hace cinco años se realiza la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Un
recorrido por la movilización que ayer caminó por las calles porteñas hacia
Plaza de Mayo para denunciar que las fuerzas de seguridad continúan matando con
total impunidad.
Los fierros que brillan en la Plaza de los Dos Congresos
está vez no son los de los policías. Ahora son trompetas, trombones y platillos
que un grupo de pibes hace sonar en el centro de la movilización que empieza a
caminar hacia Plaza de Mayo para denunciar, otra vez, que las balas de las fuerzas
de seguridad siguen matando a los chicos y a las chicas del país.
Al ritmo de bombos y redoblantes, la música que sale de los
instrumentos siempre es acompañada por cantos en contra de la policía. No es
para menos: en Argentina, cada 22 horas la policía asesina a un pibe o una piba
que, indefectiblemente, es parte de la clase más humilde. Por eso, desde hace
cinco años se realiza la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que en esta
ocasión también se llevó a cabo en las principales ciudades del país.
En un martes soleado y claro, cuando Buenos Aires llega a
sus límites de un caos generado por autos, gente casi corriendo por las
veredas, y un ritmo citadino que raya la locura, cientos de personas se reúnen
para reclamar justicia por sus pibes, pero también para llamar la atención –a
quienes quieran oírlo y verlo- sobre la escalada represiva que parece no tener
fin desde que asumió la presidencia Mauricio Macri. Aunque los casos de gatillo
fácil no son una exclusividad del gobierno de Cambiemos: desde que volvió la
democracia al país en 1983, se registraron 6.500 casos, como lo denuncian los
organizadores de la marcha.
“No puedo creer que
haya tanta gente… ¿Esto cuándo va a parar?”, me dice Silvia Rosito, madre de
Fernando Latorre, uno de los siete pibes que murieron el 2 de marzo de 2017 en
la comisaría primera de la ciudad de Pergamino, luego de que los policías
dejaron que un incendio se lleve sus vidas. Silvia se conmueve porque sabe,
aunque por momentos no lo pueda creer, que cada año se suman más familias a la
marcha. Esa es la confirmación de que la policía continúa matando con total
impunidad.
Cuando la movilización avanza por avenida de mayo, en pleno
centro porteño, las banderas flamean al ritmo de la música y de consignas
contra la policía. “¡Yuta asesina!”, explota en las voces de los manifestantes.
“Lacras”, es el calificativo que más se repite entre las personas. Seis letras
que, en la Argentina de hoy, resumen de forma casi milimétrica a los
uniformados y a las uniformadas que gatillan sus armas, aplicando la doctrina
de disparar y después preguntar.
Emilia Vassallo, madre de Pablo “Paly” Alcorta –asesinado en
2013 por el policía bonaerense Diego Ariel Tolaba-, me dice que no hay problema
con una entrevista, pero que la siga. Y eso no es tarea fácil. Emilia va,
viene, organiza, grita “como a los nazis les va a pasar, a dónde vayan los
iremos a buscar”, se acerca al camión que lleva el sonido, habla con las demás
madres.
“Este es un día muy especial, porque hoy están todas las
voces de nuestros pibes, de los que ya no están y de los que están. Por eso es
que luchamos y denunciamos a este Estado asesino y represor”, cuenta Emilia.
Para ella, como para los cientos de familiares que marchan, “el gatillo fácil
es una política de Estado, porque gobierno quién gobierne, a los pibes los
matan, los desaparecen y los torturan”.
Emilia dice que, si no nos organizamos y salgamos a las
calles, el gatillo fácil va a seguir existiendo. “Está bien visibilizar y pedir
justicia, pero hay que cambiar de fondo a este sistema para que esto no siga
pasando”, afirma.
La mamá de Paly alerta que en estos cuatro años la represión
se recrudeció, que ahora los denominados “justicieros” –civiles que asesinan a
una persona, sea un ladrón o “sospechoso”- tienen vía libre, amparados por el
discurso gubernamental, y que la sociedad se deja arrastrar por el tema de la
“inseguridad” con el que machacan los grandes medios de comunicación.
“Siguen poniendo en la agenda mediática que el gatillo fácil
es consecuencia de que los pibes roban y no de que el pueblo está muerto de
hambre, tiene necesidades que no son cubiertas por el Estado, que es el que los
lleva a eso”.
Durante toda la movilización, la ministra de Seguridad
Patricia Bullrich fue el principal blanco de críticas y repudios. “¡Fuera,
fuera, fuera Bullrich, fuera!”, se coreó en todas las cuadras que separan el
Congreso de la Nación y Plaza de Mayo. La mamá de Juan Pablo Kukoc, Ivonne,
sintetizó lo que muchos y muchas sentían: “A mi hijo lo mató Chocobar, pero el
presidente Macri lo felicitó. Por eso: fuera Bullrich. Pase lo que pase, nadie
me lo va a devolver. Le quiero decir a Chocobar: no solo mataste a mi hijo sino
a toda la familia”.
Para Pablo Pimentel, titular de la Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, “es lamentable que, en un país, que
en 1983 empezamos a construir sobre los valores de los derechos humanos, hoy
haya miles y miles de familias que reclaman justicia por la violencia que
ejerce el Estado”.
“El discurso del gobierno asentó los anti-valores –explica
Pimentel-. No respetando ningún protocolo del accionar policial, se ha matado a
muchos chicos y jóvenes, sobre todo de los barrios humildes”. Frente a esta
situación, el presidente de la APDH asegura que es necesario “reforzar la
conciencia del pueblo y exigirles a los gobernantes que respeten la ley. Si se
respeta la Constitución, se respetan los derechos humanos”.
Pimentel señala que las “fuerzas de seguridad tienen que
tener otros valores, basadas en la prevención y en cuidar a los ciudadanos,
pero lo que hacen es reprimir y garantizar las políticas económicas vigentes.
En realidad, lo que hay que cambiar es el sistema capitalista, porque mientras
exista el capitalismo se tiene que valer de estas fuerzas represivas”.
Al llegar a Plaza de Mayo, varios familiares de las víctimas
leyeron el comunicado consensuado para la marcha. Es una radiografía macabra de
todos los delitos y crímenes que comenten las fuerzas de seguridad. Desde el
gatillo fácil al narcotráfico, de corrupciones varias a sus transas políticas,
en el comunicado queda en evidencia a quiénes responden los uniformados: a un
Estado capitalista que los necesita como fuerza de choque y difusores de la
represión.
leandroalbani@gmail.com
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